Nuevo Reglamento de #SeguridadPrivada para servicios de #ProteccionEjecutiva.


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El actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, publicó el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para la Ciudad de México, donde en un capítulo regula a aquellos que prestan el servicio de protección a personas, lo que comúnmente se conoce como escoltas. En opinión del abogado Mario Ballado Parra, por la forma en la que se reguló dicho servicio, no se advirtió lo delicado del tema; toda vez que se pone en peligro la vida, tanto de los escoltas, como de las personas que van custodiando, debido a que ahora existe la obligación de que los vehículos deben ser emplacados y balizados, señalando que son seguridad privada; es decir, deben estar plenamente identificados. “Quien contrata ese tipo de seguridad son personas que han trascendido para bien en el país, pueden ser artistas, políticos o empresarios, lo cual de alguna forma los hace sujetos de un atentado sea secuestro, asalto o de cualquier otro tipo y, lo que buscan al contratar estos servicios (por regla general), es pasar desapercibidos, aunque hay quienes gustan de llamar la atención (son la excepción)”, menciona Ballado.

Es necesario que exista una regulación para la prestación de este tipo de servicios; porque se ha registrado prepotencia por parte de los elementos que los prestan (siendo mayormente policías complementarias del Estado de México y de la Ciudad de México y no empresas de seguridad privada), pero la forma en que se reguló no fue operativa y legalmente la correcta.

Ante las acciones que se deberían de tomar, Ballado Parra destacó lo mencionado por el Presidente de la Asociación Mexicana de Protección Ejecutiva, (AMPE) Denis Reynaud Kolin especialista en este tipo de temas; los vehículos que deben ser balizados y emplacados son los de 6 y 8 cilindros y/o blindados, no aquellos “normales” que pasan desapercibidos pues destacó, que para prestar el servicio de protección a personas no se necesita un vehículo de grandes características, lo que se busca, se insiste, es pasar desapercibido por lo que estos vehículos no tendrían porque emplacarse y balizarse.

Este nuevo reglamento también obliga a emplacar y balizar sus vehículos a las personas morales oficiales; esto es, a quienes presten dicho servicio a personas que laboran para órganos del Estado. En opinión del abogado muchas de las normas que forman parte del citado Reglamento son anticonstitucionales; en virtud, que van más allá de la Ley que pretende regular; esto es, la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, por lo que cual se puede controvertir.

  • 23 marzo, 2017

Fuente: xtremsecure.com.mx

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Mario Meneses

La #policía ya no puede utilizar la data de #Facebook para monitorearte


Facebook le está quitando a los departamentos de policía un gran tesoro de datos que ha sido utilizado cada vez más para vigilar a los manifestantes y activistas.

La medida, que la red social anunció el lunes pasado, surge tras la preocupación por el seguimiento de las cuentas de medios sociales de los manifestantes en lugares como ­Ferguson, Missouri y Baltimore­. También llega en un momento en que su director ejecutivo Mark Zuckerberg­ dice que está ampliando la misión de la empresa de simplemente “conectar el mundo” en redes de amigos para promover la seguridad y la comunidad.

Aunque el negocio principal de la red social es la publicidad, Facebook junto con Twitter e Instagram, propiedad de Facebook, también proporciona a los desarrolladores acceso a los feeds públicos de los usuarios. Los desarrolladores usan los datos para monitorear tendencias y eventos públicos.

Por ejemplo, los anunciantes han rastreado cómo y qué consumidores están discutiendo sus productos, mientras que la Cruz Roja ha utilizado datos sociales para obtener información en tiempo real durante desastres como el huracán Sandy.

Sin embargo, las redes sociales han estado bajo el fuego por trabajar con terceros que comercializan los datos a la policía. El año pasado, ­Facebook, Instagram y Twitter cortaron el acceso a Geofeedia, una startup que compartió datos con la policía, en respuesta a una investigación de la Unión Americana de Libertades ­Civiles (ACLU, por su sigla en inglés).

La ACLU publicó documentos que hicieron referencias para rastrear activistas en las protestas en ­Baltimore en el 2015 después de la muerte de un hombre negro, Freddie Gray, mientras estaba bajo custodia policial y también en las protestas en ­Ferguson, Missouri, en el 2014 después de que la policía le disparó a ­Michael Brown, un negro de 18 años que estaba desarmado.

El lunes, Facebook actualizó sus instrucciones para que los desarrolladores dijeran que no pueden “usar los datos obtenidos de nosotros para proporcionar herramientas que se utilizan para la vigilancia”.

La compañía también dijo, en un blog, que había expulsado a otros desarrolladores de la plataforma desde que cortó sus lazos con Geofeedia.
Hasta ahora, Facebook no ha sido explícito sobre quién puede utilizar la información que los usuarios publican. Esto puede incluir la lista de amigos de una persona, la ubicación, el cumpleaños, la imagen del perfil, la historia de la educación, el estatus de la relación y la afiliación política, si hacen que su perfil o ciertos posts sean públicos. Algunos departamentos han elogiado las herramientas, que dicen que les ayuda a combatir la delincuencia, por ejemplo, si los líderes de pandillas publican referencias a sus crímenes.

En una declaración sobre los cambios, que fueron los resultados de varios meses de conversaciones con activistas, la ACLU y otros grupos elogiaron el movimiento de Facebook como un “primer paso”.

“Dependemos de las redes sociales para conectarnos y comunicarnos sobre los asuntos más importantes de nuestras vidas y los principales problemas políticos y sociales de nuestro país”, dijo Nicole Ozer, directora de Tecnología y Libertades civiles de la ACLU de California.

“Ahora más que nunca, esperamos que las compañías cierren las puertas laterales de vigilancia y se aseguren de que nadie pueda usar sus plataformas para perseguir a personas de color y activistas”.

Algunos dijeron que Facebook no había ido lo suficientemente lejos. “Cuando las compañías de tecnología permiten que sus plataformas y dispositivos sean utilizados para llevar a cabo una vigilancia masiva de activistas y otras comunidades focalizadas, frena la disidencia democrática y da al autoritarismo una licencia para prosperar”, dijo Malkia Cyril, directora ejecutiva y fundadora del Center for Media Justice.

“Está claro que hay más trabajo por hacer para proteger a las comunidades de color de los medios sociales de espionaje, censura y acoso”.
El nuevo lenguaje de políticas no excluye a la policía de la plataforma. Por un lado, la compañía coopera con la aplicación de la ley en casos específicos para la ayuda en la resolución de crímenes.

La policía y las agencias federales aún puede extraer los feeds de la gente en casos de desastres y emergencias nacionales, dijeron funcionarios de Facebook. No ha quedado claro cómo la red social decidirá qué emergencias y eventos públicos justificarán el monitoreo de los datos de los ciudadanos y que constituiría una “vigilancia” irrazonable. La “vigilancia” tampoco fue definida en la entrada del blog, un área gris potencial que los forasteros pueden explotar. Facebook dijo que continuará auditando a terceros por violaciones de políticas y exigirá que los desarrolladores revelen lo que planean hacer con los datos a los que están solicitando acceso.

Departamentos de policía locales en Estados Unidos han gastado unos 5 millones de dólares en monitoreo de medios sociales en los últimos años, de acuerdo con el Centro de Justicia Brennan. La cantidad relativamente pequeña muestra cómo es barato realizar un seguimiento y monitorear el comportamiento de un gran número de personas.

Elizabeth Dwoskin es la corresponsal en Silicon Valley para The Washington Post.

Fuente: eleconomista.com.mx

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Mario Meneses

Tailandia: #policías bajan armas y se unen a #manifestantes.


En un giro sorprendente, el cuerpo de policía tailandés que había sido enviado a detener a un grupo de manifestantes pacíficos se sublevó, dejando al margen las vallas de contención, sus chalecos, armas y escudos. Se trató de un gesto solidario, donde los policías reconocieron el reclamo y los métodos pacíficos de los presentes.

Ocurrió hace apenas algunos días, en Bangkok, Tailandia, pero la repercusión de lo ocurrido tiene total vigencia, tanto en el tiempo como en lugares tan remotos en el mundo como nuestra convulsionada Sudamérica. No es extraño que, ante un reclamo del pueblo frente a los políticos, las autoridades envíen a policías pesadamente uniformados a reprimir y acosar a los manifestantes, aún si estos eligen modalidades pacíficas. Lo que es inusual – y esperanzador – es que los hombres y mujeres de azúl depongan sus armas y se sumen a la protesta.

Noticia relacionada: Tailandia avanza hacia una mayor libertad individual

Los manifestantes se habían reunido en Bangkok con el objetivo de mostrar su descontento con la maquinaria política del ex primer ministro del país, Thakskin Shinawatra, al que se lo acusa de corrupción a gran escala y abuso de poder. La actual primer ministro de la nación asiática, Yingluck Shinawatra, es la hermana de Thakskin y considerada por el pueblo como su títere político.

La reunión pacífica fue convocada por Suthep Thaugsuban, quien organizó a los manifestantes y los citó frente a las oficinas de la Policía Metropolitana de Bangkok, con el fin de expresar masivamente su inconformismo y rechazo hacia el gobierno de los hermanos Shinawatra.

Noticia relacionada: Habrá capacitación ambiental para policías metropolitanos

En un comienzo, hubo hostilidades entre la policía y los ciudadanos allí reunidos, pero pronto la policía sorprendió a todos con un gesto que conmovió hasta las lágrimas a los presentes: bajaron sus armas, las dejaron en la calle y se unieron a la gente, en un mismo reclamo: justicia y mejores condiciones de vida para el pueblo tailandés. Se pudo ver a cientos de policías arrodillados en las calles y saludando amablemente a cada uno de los manifestantes, lo que implica un fuerte mensaje hacia el poder reinante.

Noticia relacionada: Monjes budistas viajan como estrellas de rock

Más allá del destino de Tailandia, se trata de un acto que inspira, y esperamos que policías de todo el mundo descubran que también ellos pueden defender aquello en lo que creen, y que un traje no los hace tan diferentes de los civiles.

Visto en Political Blind Spot

Visto en Facebook gracias a Jonathan Fleischman.

Fuente: www.buendiario.com

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Mario Meneses

Analisis sobre la regulación de la #SeguridadPrivada


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Para poder entender la actual situación de la sobre regulación en la prestación de servicios de seguridad es importante conceptualizar como nace la ley y se ha ido transformando ya que la seguridad pública no estaba  reconocida en la constitución de la república México como un derecho, por lo que se incluye en la constitución bajo el gobierno de Ernesto Zedillo,  en 1995 y se acuerda que la seguridad en el país es una responsabilidad de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y el Congreso de la Unión será el responsable de escribir una Ley Federal  que distribuya competencias y bases de coordinación a estos tres niveles y como cada estado puede regular sus leyes de seguridad pública, es como inician los problemas de sobre regulación.

¿Qué problemática nace con la prestación de servicios? es que se comenzaron a multiplicar las obligaciones lo que generó que empresas que no podían cumplir con éstas trabajen de manera ilegal. Se  dice en todo el país que se debe regular a la seguridad privada pues existen más de 10 mil empresas que ofrecen servicios pero únicamente están habilitarlas a la ley federal y estatal poco más de 2000 a la fecha. Entre más se regula, más empresas no pueden cumplir y salen del sector regular sumando el problema de corrupción que crece. En 2006 nace la Ley Federal de seguridad privada sin ninguna oposición pues se pensó que pondría orden en la multiplicidad de pagos de derechos pero no fue así. y ahora se busca una nueva ley que regule al sector.

Existe un régimen de autoridad y un  régimen de libertad que está consagrado en los artículos 14 y 16 constitucional, que sustenta que las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley dice, garantía de legalidad,  y para los particulares hay un régimen de libertad, es decir que pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba, esta información es importante para el sector puesto que los prestadores de servicios de seguridad privada son personas físicas o personas morales, es decir, particulares que prestan servicios; lo interesante es que si se participa en un régimen de autoridad, no son autoridades pues todo debe estar autorizado por la ley. Esta es la naturaleza política del sector que forma parte de la seguridad pública en la función de prevención del delito. En 2009 nace la actual Ley General del Sistema Nacional de seguridad pública la cual paró a la anterior (de 2006) que establece las bases de coordinación del sistema nacional de seguridad pública  la que en sus artículos 150, 151 y 152 regula la prestación de servicios de seguridad privada agregando en su artículo 150 que aquellos que presten servicios en 2 o más localidades deben cumplir con las regulaciones locales y federales, por lo que comienza la doble o triple tributación.

Y qué es lo que sector debe hacer ahora, en opinión del El Dr. Mario Ballado, Asesor del Consejo Coordinador Empresarial, se debe cambiar la constitución, atacar la naturaleza jurídica en la prestación de servicios para que ya no sea  pública para poder federalizar y no tener esa tributaciones, sin embargo al momento de ir atacando los estados cambian su legislación y reglamentos creciendo así la controversia; tan sólo en el artículo 150 que se reformó en junio de 2012 hay 114 diferencias de la legislación de los estados a la ley general. Todas las leyes de seguridad del país regulan al prestador de servicios y en los estados se cobra nuevamente algo constitucionalmente no válido. Debido a todo esto es como nace el proyecto de proponer una Ley General de Seguridad Privada, desde el 2012  el artículo segundo transitorio señala que deben  homologar la normatividad de los estados, adecuarla  a la ley federal pero  esto no se ha  hecho a la fecha.

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Otro problema real es que en el sector hay más empresas irregulares que regulares, la demanda de seguridad en el país es elevada en estos momentos lo que contribuye al crecimiento de este número de empresas y en opinión de Ballado el tema que aqueja al sector no es la falta de leyes pues sobran, es la falta de coordinación y la continua sobreregulación. Tiene que haber una ley que resuelva el problema de la homologación, por lo que ya se están reuniendo las asociaciones a través de especialistas y abogados para presentar al comisionado un proyecto de ley que regule las circunstancias de forma adecuada porque existe  una sobreregulación que deriva en corrupción por ejemplo en Guanajuato, Tamaulipas y Chihuahua sus municipios ya están regulando a la seguridad privada, si no se frena esto la mayoría el sector crecerá en empresas ilegales pues pagar todas las regulaciones será cada vez más complicado. Los trabajos se están haciendo en la búsqueda de un cambio, pero el camino y el proceso serán largos.

Fuente: xtremsecure.com.mx

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Mario Meneses

 

 

Asesoría Legal para los #Trabajadores en #ConciliaciónYArbitraje SOLICITA LA INSPECCIÓN A TU TRABAJO… ES ANÓNIMA !!!


Entre las funciones de esta área de servicio, destacan las de monitoreo, atención y seguimiento de los accidentes de trabajo; canalizar y dar seguimiento a las quejas laborales promovidas por los trabajadores; orientar en materia de normatividad laboral y del proceso de inspección a patrones y trabajadores, así como vigilar y supervisar en línea las actividades que realizan Inspectores Federales del Trabajo y las Unidades Administrativas vinculadas con el proceso de inspección.

Para quejas laborales la STPS pone a disposición el número telefónico del Centro de Mando: 3000 2700 extensiones 65338, 65388 y 65394, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. También, a través del correo inspeccionfederal@stps.gob.mx, la cuenta Twitter @inspeccionSTPS e Inspección Federal del Trabajo en Facebook.

Para dar atención a quejas, es necesario especificar el nombre de la empresa o razón social, actividad del centro de trabajo, domicilio del centro de trabajo, nombre del representante legal o administrador, RFC del centro de trabajo o empresa y Motivo de la queja laboral.

Es importante señalar que todos estos campos son obligatorios para el seguimiento de la queja, aunque la misma se puede hacer de manera ANÓNIMA.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social salvaguarda los derechos de los trabajadores de México, favorece la transparencia en las relaciones entre trabajadores, empleadores y gobierno, promueve la participación ciudadana y moderniza la supervisión de centros de laborales en tiempo real.

Saludos

Mario Meneses

Policías privadas, bomba de tiempo. #SeguridadPrivada


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Nadie sabe cuántas corporaciones policiacas privadas existen, qué servicios ofrecen ni de cuántos elementos disponen. Así viene el asunto desde el foxismo. Con el calderonismo y su “guerra”, el número de empresas que se aventuraron a ofrecer servicios de protección se incrementó exponencialmente: con tantos secuestros, asesinatos y extorsiones, el éxito comercial de estas compañías estaba asegurado. Y es que la protección ya no la necesitaron sólo los potentados. Integrantes de las clases medias también buscaron proteger su vida y su raquítico patrimonio.

Las empresas brotaron sin control alguno y rebasaron a las autoridades. Van desde aquellas que ofrecen veladores y escoltas hasta las que venden protección de los sistemas de cómputo contra los hackers. Y en ese abanico de posibilidades están las que blindan carros, cuidan inmuebles, rastrean vehículos de manera satelital, instalan cámaras, proveen de botones de pánico, ofrecen servicios paramédicos de emergencia…

No es el amplio espectro de servicios que ofrecen y que ha rebasado al ámbito jurídico lo que preocupa, sino la negligencia de las autoridades que ni la cuenta llevaron de las “policías” privadas que aparecieron. También preocupa que, ante la falta de regulación y la omisión gubernamental, la gran mayoría de estas empresas no cuenta con la certificación profesional (de la oficial ni hablamos) que acredite su capacidad para proporcionar lo servicios que dice vender.

De acuerdo con el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha concluido el proceso de registro de las empresas de seguridad privada. Pasan los sexenios y la promesa de “poner orden” en ese sector nunca se concreta.

El máximo organismo de fiscalización del país encontró que en el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada que ejecuta la Segob, a julio de 2016, ha quedado asentada la existencia de 1 mil 168 empresas que laboran en el ámbito federal, con 80 mil 788 elementos de “personal operativo”, 44 mil 684 armas y 12 mil 50 vehículos. Y se han contabilizado 4 mil 43 empresas con 282 mil 924 elementos “operativos” de las que prestan servicios a nivel estatal. Hasta ahí van las cuentas y no se ve para cuándo concluyan.

Pasan los años y el registro no está completo. Pero no es lo peor. Los auditores encontraron que no se acreditó “que la información fuera utilizada para dar cumplimiento a funciones de supervisión, control, vigilancia y evaluación de los prestadores de servicios de seguridad privada”.

La misma Segob se llevó una sorpresa en sus escasas 313 visitas de supervisión a las empresas: sólo 38 (el 12.1 por ciento) acataron las obligaciones establecidas en la normativa. La amplia mayoría, 275 (el 87.9 por ciento), incumplió con los requisitos.

Pese a todo (o tal vez a causa de ello), resulta que la Segob ejerció apenas el 59.8 por ciento del presupuesto que se le asignó precisamente para atender el “problema público” (así se le llama en la auditoría) de las empresas de seguridad privada.

La Cámara de Diputados le asignó un monto de 76 millones 603 mil 600 pesos para el programa presupuestario E905 Regulación de los Servicios de Seguridad Privada para Coadyuvar a la Prevención del Delito. La Segob sólo ejerció 45 millones 789 mil 700 pesos. Ante su incapacidad, habría tenido que reintegrar a la Tesorería de la Federación el 40.2 por ciento de lo que le había sido asignado para la ejecución del mencionado programa, es decir, 30 millones 813 mil 900 pesos.

Aunque la ASF busque ser condescendiente con el desastre encontrado, el dictamen es contundente. Señala que en el periodo revisado: “se desconoció el universo de empresas que operan en territorio nacional, su personal y equipo, no se contó con los manuales que garanticen el adecuado desarrollo de sus procesos de emisión de resoluciones y la cobertura de supervisión de los prestadores de servicios de seguridad privada disminuyó 69.8 puntos porcentuales durante el periodo 2009-2015”.

El escenario todavía puede ser peor. Ojalá el “control” llegue antes de que integrantes o exintegrantes de estas policías privadas sean pillados cometiendo actividades ilícitas en ámbitos en los que supuestamente son expertos: manejo de armas de fuego, combate cuerpo a cuerpo, espionaje cibernético, rastreo de vehículos y personas, blindaje ilegal de vehículos… Se le acaba el tiempo a la Segob. Que reaccione antes de que un escándalo mayor la haga reaccionar. ¿O de eso se trata?

Fuente: www.voltairenet.org

Saludos

Mario Meneses