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OCHO ARGUMENTOS FALSOS DE MANCERA SOBRE LA JUSTICIA PENAL


Bertha Alcalde

A un año de implementación de la reforma penal en todo el país, Miguel Ángel Mancera anunció que la Comisión Nacional de Gobernadores que preside, presentaría un paquete de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), lo que pone en riesgo el futuro del sistema acusatorio. Este anuncio va precedido de constantes críticas y pronunciamientos del jefe de gobierno sobre el sistema acusatorio que son falaces, por ello es fundamental someterlas a debate público.

 

  1. El alza en la inseguridad en la Ciudad de México se debe a la liberación de 12 mil reos que se dio gracias al Sistema Acusatorio[1].

Falso. Con dicha cifra, cuya fuente nunca cita, no se puede llegar a tan atrevida conclusión. Para afirmar que esto causó el incremento en la delincuencia Mancera debió acreditar cuántos de ellos cometieron posteriormente un delito, de lo contrario, su afirmación se basa únicamente en un prejuicio contra personas que probablemente ni siquiera han sido declaradas culpables. Por otro lado, nunca menciona las causas de la liberación, por lo que no justifica que se deba al sistema acusatorio. Esto último es muy improbable, ya que si bien las reglas de prisión preventiva cambiaron, no operan en automático, para que un juez pueda imponer otra medida cautelar se requiere que caso por caso se desahogue una audiencia que le permita concluir que el imputado no implica un riesgo para la víctima o la sociedad o de que evada la acción de la justicia, si el ministerio logra justificar lo contrario no se otorga ese beneficio[2].

 

  1. En el sistema acusatorio se deja que la víctima enfrente toda la carga al momento de enjuiciar al delincuente y de su decisión depende si se procesa o no al imputado[3]

Falso. Lo que hace el sistema es darle la posibilidad a la víctima de que participe en el proceso, incluso que la represente un asesor jurídico distinto al Ministerio Público, pero se trata de un derecho no de una obligación. Esto es algo positivo, ya que la Reforma Penal hizo que la víctima tuviera por fin un rol importante dentro del proceso, que su opinión fuera tomada en cuenta. Sin embargo, sigue siendo el Ministerio Público quién tiene la responsabilidad de investigar, y de probar la culpabilidad del imputado, la Víctima no tiene la carga de aportar pruebas o argumentar en su favor.

 

Por otro lado, también es falso que dependa de la víctima la decisión de si se procesa o no al imputado, esa decisión le compete exclusivamente a las autoridades, pues es el Ministerio Público quien ejerce la acción penal y un juez quien decide si se inicia un proceso o no contra una persona. Es verdad que existe la posibilidad de que la víctima llegue a un acuerdo con el imputado luego de un proceso de mediación, pero existen candados para poder optar por esta alternativa. Solo proceden para delitos de querella y no intencionales. Soslaya el Jefe de Gobierno que en estos casos, en el sistema anterior, la víctima también podía otorgar el perdón al imputado. La diferencia es que antes no se controlaban los acuerdos informales a los que llegaban las partes y nunca se registraban favoreciendo la impunidad.

 

  1. La laxitud del sistema pone a las víctimas en la disyuntiva de volver a enfrentarse al presunto delincuente, por lo que éstas viven permanentemente con el temor de verse nuevamente en esa situación[4].

Falso. La víctima no está obligada a intentar conciliar con el imputado, ni siquiera tiene que asistir a todas las audiencias. Únicamente en caso de un juicio oral, si quiere que su testimonio sea tomado en cuenta, tendría que presentarse para que el juez la escuche directamente. Incluso en estos casos existen además excepciones y procedimientos especiales para el caso de víctimas vulnerables y delitos vulnerables. Además, en el sistema anterior ya existía la figura del “careo”, en donde la víctima tenía que enfrentarse cara a cara con el imputado.

 

  1. Todos los días detenemos personas armadas, gracias al nuevo sistema todos los días ellos saben que no van a tener ningún problema y que van a salir inmediatamente[5].

Falso. Este hecho no se debe a las reglas del sistema acusatorio. Cuando se detiene a una persona en flagrancia, ya sea por portación de arma o por el delito que sea, el Ministerio Público tiene la facultad de mantener a la persona detenida hasta que sea presentada a un juez, no está obligado a liberarlas. Así mismo, si bien la portación de arma no es un delito de prisión preventiva oficiosa, el juez de todas formas puede determinar que se aplique la prisión preventiva si considera que el imputado implica un riego para la sociedad.

 

  1. Es opcional para la víctima que se decrete una prisión preventiva[6].

Falso. La Víctima no decide en ningún caso cuando se aplica la prisión preventiva, esa es una decisión que compete única y exclusivamente al juez a partir de la petición que haga el Ministerio Público.

 

  1. Cuando se trata de delitos por los que no procede la prisión preventiva oficiosa la víctima se ve forzada a aceptar un acuerdo reparatorio[7].

Falso. No existe relación entre la prisión preventiva y el acuerdo reparatorio. La primera es una medida cautelar y el segundo es una mecanismo de solución voluntario que facilita la reparación del daño a la víctima. Además, los acuerdos reparatorios proceden solo por delitos menores sin violencia. Existe una amplia gama de delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa y aún así no procede el acuerdo reparatorio.

 

Pueden existir casos en lo que se presiona a la víctima a llegar a un acuerdo, pero se debe a conductas indebidas del Misterio Público ligadas con la corrupción. Estás prácticas ocurrían también en el sistema anterior solo que antes se presionaba a la víctima a otorgar el perdón al imputado, lo que generaba mayor impunidad e indefensión.

 

  1. Con el Nuevo Sistema se lentifica la obtención de las órdenes de aprehensión lo que incrementa los índices de inseguridad[8]

Falso. Todo lo contrario, en el sistema acusatorio se facilita la solicitud y obtención de órdenes de aprehensión, las cuales se pueden pedir por cualquier medio (art. 142 del CNPP), esto podría incluir por medio de correo electrónico o incluso por teléfono, no únicamente por escrito como en el sistema anterior. Además hay que considerar que más del 95% de los casos que se procesan son por detenciones en flagrancia, casos en lo que no se requiere orden de aprehensión, por lo que es equivocado vincularlas con la inseguridad.

 

  1. 70% de los asesinatos en la capital son cometidos durante riñas, en todos los casos ocurridos recientemente serán sueltos gracias al sistema acusatorio[9].

Falso.   En primera el homicidio en riña sí es un delito de prisión preventiva de oficio, lo que quiere decir que cuando se detiene a alguien por este delito la prisión preventiva opera en automático. El art. 19 de Constitucional y el art. 167 del CNPP contempla dentro de esta lista al homicidio doloso, lo que cualquier penalista sabría que incluye al homicidio en riña. Además incluso si no se tratara de un delito de prisión preventiva oficiosa, esto no quiere decir que el juez no pueda imponer la prisión preventiva, lo único que quiere decir es que tiene que hacer una evaluación caso por caso para evaluar su pertinencia.

 

Como se ha demostrado, los argumentos que da el Jefe de Gobierno para descalificar el sistema acusatorio carecen de sustento, lo cuál es especialmente criticable por su condición de gobernante y especialista en materia penal. Doblemente criticable sería que se hicieran con motivos políticos o con el objeto de ganar popularidad. Muchos de ellos son tan ajenos a la realidad que denotan desconocimiento de las reglas del sistema acusatorio, o en el peor de los casos ánimo de confundir a la sociedad. Ello incrementa el enojo social y la desconfianza en el sistema de justicia, el aumento de las cifras negras de delitos y la venganza por propia mano.

 

Los problemas del sistema de justicia y la incidencia delictiva nada tienen que ver con el CNPP o con el sistema acusatorio, se deben a causas imputables a los gobernantes como la falta de profesionalización de sus operadores, de servicios de atención a víctimas eficientes, de modelos de investigación eficaces y de mecanismos para combatir los vicios existentes en los que destaca la corrupción.

[1] http://www.milenio.com/policia/cdmx-violencia-asaltos-sistema_penal_acusatorio-12_mil_liberados-milenio-noticias_0_924507913.html. Consultado el 19/06/2017.

[2] Diversos Tribunales de Circuito ya se han pronunciado en ese sentido: Tesis I.3o.P.55 P (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo IV, p. 2765. Marzo 2017; Tesis XXVII.1o.3 P (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, junio 2017.

[3] http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/11/1162747. Consultado el 19/06/2017

ue caso por caso se desahogue . ivos polraciones se hicieransentido: la prisicidio en riña. quien riña tengan que ser liberadas.

[4] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/06/7/mas-delitos-culpa-del-nuevo-sistema-penal-mancera. Consultado el 16/06/2017.

[5] http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/06/17/1170376. Consultado el 19/06/2017.

[6] http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/urge-ampliar-catalogo-de-delitos-para-imponer-prision-preventiva-mancera-31. Consultado el 19/06/2017.

[7] http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-06-15/analisis-nuevo-sistema-justicia-penal-despierta-loret/. Consultado el 19/06/2017.

[8] http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/11/1162747. Consultado el 19/06/2017.

[9] http://www.jornada.unam.mx/2017/06/18/capital/030n1cap. Consultado el 19/06/2017.

Fuente: reformapenal.org

Saludos

¿Subieron los #homicidios porque los jueces liberan a personas detenidas con armas? Renato Sales


El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, dijo que aumentaron los homicidios con el nuevo sistema de justicia penal y la liberación de detenidos con armas, pero los datos demuestran que su argumento es falso.

El récord de homicidios que se alcanzó en mayo de este año se debe a que, con el nuevo sistema de justicia penal vigente desde junio de 2016, los jueces liberan a quienes son detenidos con armas, y tras ser liberados cometen ese delito, según el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales.

El funcionario lo explicó así en entrevista con Ciro Gómez Leyva el pasado 22 de junio, y éste se ha convertido en el argumento del gobierno federal para justificar el aumento de la violencia en el país.

Sin embargo, no existen datos públicos oficiales que sostengan esa afirmación. Además, El Sabueso verificó que el aumento en los homicidios ocurrió antes de la entrada en vigor del sistema penal. El argumento del Comisionado Nacional de Seguridad y el gobierno federal es Falso.

El nuevo sistema de justicia penal

El 18 de junio de 2016 el Sistema Penal Acusatorio entró en vigor en todo el país. Con dicho sistema, la prisión automática (oficiosa) sólo se aplica para seis delitos considerados graves, entre los que no se encuentra la portación y/o posesión de armas aún cuando sean de alto poder.

Así quedó establecido en el artículo 19 de la Constitución.

Según Renato Sales, eso provoca que criminales y homicidas queden en libertad: el funcionario dijo que con el nuevo sistema solo 1 de cada 100 personas detenidas con armas permanecen en prisión.

Pero hasta ahora, el gobierno federal no cuenta con datos que respalden dicha afirmación, y tampoco hay información pública disponible. Este viernes 23 de junio, en el programa Atando Cabos de Denise Maerker, se le preguntó al comisionado de Seguridad, Renato Sales, la cantidad de personas que cometieron homicidio y que antes fueron detenidos y liberados por posesión de armas, y reconoció que no tenían ese dato disponible.

Y hay más.

El Sabueso revisó las estadísticas oficiales sobre la incidencia del homicidio doloso, y confirmó que el repunte de los homicidios comenzó desde el año pasado, mucho antes de que entrara en funcionamiento el nuevo sistema de justicia penal en todo el país.

Entre enero y mayo de 2016 se registraron 7 mil 656 averiguaciones por homicidio doloso que, comparadas con las 6 mil 718 averiguaciones de homicidio del mismo periodo de 2015, dan un aumento de 14% en los asesinatos en el país.

Si se hace el cálculo por tasa, los homicidios crecieron de una tasa de 5.5 casos por 100 mil habitantes de enero a mayo de 2015, a una tasa de 6.2 asesinatos en el mismo periodo de 2016.

Todo ello sin el nuevo sistema penal

Si hablamos solo de mayo de 2016, el mes fue suficientemente malo en homicidios sin que entrara en vigor el nuevo sistema. Los mil 736 homicidios registrados en ese mes significaron un incremento del 18.3% de los homicidios, respecto a mayo de 2015.

Por otro lado, sólo en el caso de la Ciudad de México, El Sabueso publicó el pasado 3 de abril un análisis de una frase del Jefe de Gobierno Miguel Mancera que sostenía —al igual que Sales— que los delitos en la capital iban en aumento porque más presos han alcanzado la libertad, a causa del nuevo sistema de justicia. Sin embargo, no se encontró relación entre los delitos en la Ciudad y la población penitenciaria.

Debido a que el gobierno no tiene datos que sostengan su hipótesis de que la violencia sube por delincuentes liberados, y a que los datos de homicidios evidencian que el repunte en asesinatos inició desde antes de que entrara en vigor el nuevo sistema penal, El Sabueso concluye que la frase de Sales es Falsa.

Fuente: www.animalpolitico.com

Saludos

Mario Meneses

Investigaciones de la PGR, en riesgo por filtraciones.


Foto
Tras su detención en mayo pasado, Dámaso López, El Licenciado, decidió no declarar ministerialmente, porque, aseguró: No diré nada porque antes de que termine de hablar ya lo sabrán afueraFoto Alfredo Domínguez
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Lunes 19 de junio de 2017, p. 14

La afirmación los tomó por sorpresa:No diré nada porque antes de que termine de declarar ya lo sabrán afuera. Tenemos infiltrados aquí y allá. Los funcionarios trataron de hurgar: A ver, cuéntenos, díganos quiénes. Dámaso López, el presunto sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en el cártel de Sinaloa, concluyó con un ¿para qué?, no quiero que me maten.

Eso ocurrió el pasado 2 de mayo en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), horas después de que El Licenciado fue detenido en un departamento en la colonia Anzures, de la Ciudad de México.

Desde tiempo atrás las alarmas en esa área de la Procuraduría General de la República (PGR) se habían encendido. La desconfianza se generó no sólo por las filtraciones de información sobre investigaciones importantes, sino también por el descubrimiento de que allí se falsifican mandamientos ministeriales de comparencia, se hacen supuestos oficios que dan cuenta de averiguaciones previas o carpetas de investigación inexistentes, pero que sirven para extorsionar a ciudadanos y delincuentes.

El descubrimiento o el surgimiento de indicios de infiltración del crimen organizado en áreas gubernamentales no es nuevo. Ex jefes de la Policía Judicial Federal, del Servicio Secreto o de la Dirección Federal de Seguridad colaboraron con grupos criminales entre los años 70 y 90, incluso formaron parte de los mandos de cárteles de las drogas.

En 2005, fue dejado en libertad, porfalta de elementos para procesar, Nahúm Acosta Lugo, ex director de giras de la Presidencia de la República durante la gestión de Vicente Fox. El funcionario fue acusado de delincuencia organizada y colaborar con el narcotráfico, por sus supuestos vínculos con integrantes de los hermanos Beltrán Leyva, que en ese entonces servían a El Chapo.

Luego de seis días de permanecer encarcelado y tras 52 de investigación policiaca bajo arraigo en una casa de la PGR, Acosta Lugo recuperó su libertad, mientras la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (Siedo) trató de revertir la sentencia del juzgado sexto de distrito con sede en Toluca, sin éxito.

Uno de los casos más recientes se conoció en abril de este año, cuando Iván Reyes Arzate, ex director de la División Antidrogas de la Policía Federal (PF), se entregó voluntariamente en la ciudad de Chicago a autoridades de Estados Unidos, y reconoció haber entregado información a la organización de los hermanos Beltrán Leyva.

Cuando Reyes Arzate se entregó a Estados Unidos, en la Seido ya se había iniciado una investigación interna de la que aún no existen resultados públicos. La indagatoria comenzó tras el descubrimiento de un oficio que falsamente refería la existencia de una investigación en contra de un presunto narcotraficante que opera en Morelos.

En enero de este año, la Siedo abrió una carpeta de investigación relacionada con la desaparición de dos agentes del Ministerio Público y un elemento de la Policía Federal.

Los tres funcionarios: Víctor Andrés Vilchis Renata y Miguel Ángel Rodríguez Cuéllar, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de la Seido, y Marco Antonio Álvarez Gómez de la Policía Federal, desaparecieron.

La noche del 24 de enero, los dos agentes salieron de la Seido. Dejaron sus vehículos en un estacionamiento cercano a su centro de trabajo y abordaron un taxi con rumbo a la calzada de Tlalpan, allí se encontraron con el agente federal, subieron a su unidad y tomaron rumbo a la carretera México-Cuernavaca.

Como parte de las investigaciones, las autoridades obtuvieron grabaciones de la caseta en su paso rumbo a la ciudad de la eterna primavera. Una camioneta los seguía. Ya no se supo más de ellos, solamente que llegaron a los límites de Cuernavaca y Huitzilac.

El vehículo de Antonio Álvarez Gómez fue localizado días después calcinado. La investigación sigue abierta, aunque en mayo pasado la PGR detuvo a dos presuntos implicados en la desaparición, fueron identificados como José Manuel Abarca, líder de una célula del cártel de Los Rojos y Justino González Hernández.

Este caso derivó en una indagatoria interna, cada computadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros ha sido revisada, en dos de ellas se encontraron rastros de documentos elaborados y luego borrados que se relacionaban con la falsificación de averiguaciones previas, mandamientos ministeriales de presentación.

Pero no es el único caso, el pasado 3 de junio, un día antes de las elecciones en los estados de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit, se dieron a conocer supuestos citatorios emitidos por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para diversos dirigentes locales de partidos políticos con el fin de que comparecieran ante ese organismo, pero el titular de la misma, Santiago Nieto Castillo, desmintió la veracidad de esos documentos en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, la Fepade emitió un comunicado de prensa en el que señaló: “Se niega categóricamente que esté entregando citatorios a los representantes generales de los partidos políticos y de casillas, esos citatorios son falsos, así como supuestas llamadas telefónicas que está realizando la Fepade a los ciudadanos.

El Fiscal Santiago Nieto en ningún momento ha firmado algún citatorio para la jornada electoral. Asimismo, invita a la ciudadanía a salir a votar este 4 de junio y no tomar en consideración ningún mensaje o correo falso que pretenda inhibir el voto libre y secreto. La Fepade abrió carpetas de investigación por estos hechos.

La infiltración de los grupos criminales o la existencia de funcionarios que utilizan sus cargos para obtener beneficios económicos por desaparecer las investigaciones (falsas) o no cumplir órdenes de aprehensión o de citación ministerial, son parte del negocio que investiga la PGR.

El 2 de mayo, con El Licenciado en las instalaciones de la Seido también se puso en evidencia que los grupos criminales tienen infiltrada a la institución ministerial, por ello decidió no declarar ministerialmente y solicitar que lo enviaran a una prisión donde estuviera seguro, y fue llevado a Ciudad Juárez, donde permanece bajo condiciones de máxima seguridad, aislado, con una hora de patio y sin contacto con otros internos.

Fuente: jornada.unam.mx

Saludos

Mario Meneses

Inseguridad es culpa de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública. ONG @ObsNalCiudadano @frarivasCoL


Ante los señalamientos del gobierno de la Ciudad de México de que la inseguridad en la capital es por culpa del nuevo Sistema de Justicia Penal, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) aseguró que la culpa es de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública por no capacitar adecuadamente a su personal.

Francisco Rivas, director del ONC, consideró que es una debilidad de la autoridad responsable que se cumplan los objetivos que mandata el nuevo Sistema.

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“¿Pues qué están haciendo para subsanar estas deficiencias? Me parece que nadie puede descartar que exista una posible corrupción en otros poderes, sin embargo, no podemos siempre justificar las fallas por debilidades del sistema.

“Porque las debilidades del nuevo sistema penal son debilidades de la autoridad, si el nuevo sistema de justicia penal no funciona es por que las procuradurías y las secretarías de seguridad pública no lograron capacitar bien a su gente, es admitir que quienes no hicieron su trabajo son las cabezas de las autoridades”

Rivas aseguró que en cierta forma es parcialmente válido que hayan fallas en la ejecución de las nuevas normas, pero rechazó que sea utilizado como una justificación para “maquillar” los registros de violencia que han aumentado en la capital del país.

Fuente: www.noticiasmvs.com

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Mario Meneses

México Alternativo. #MxAlternativo @CIDAC


mexico

México Alternativo es una aplicación web que te ayuda a entender mejor los derechos que tienes dentro de un proceso penal acusatorio, y te explica cómo y cuándo ejercerlos. También te ofrece herramientas para ir preparado a las audiencias, compartir tu experiencia con otros usuarios y evaluar el desempeño de jueces, abogados y agentes del ministerio público.

En el #MxAlternativo creemos que ejercer y respetar nuestros derechos es el camino para construir una mejor justicia. También estamos convencidos de que la justicia no es castigo, sino diálogo y reparación. Por eso te invitamos a conocer tus derechos y a participar en este esfuerzo por hacer de México un país más justo.

¡Únete al #MxAlternativo!

Fuente: mexicoalternativo 

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Mario Meneses

Preocupación ante posible imposición de una Ley de #SeguridadInterior contraria a los #DerechosHumanos


Organizaciones y especialistas expresan su preocupación ante posible imposición de una Ley de Seguridad Interior contraria a los derechos humanos.

Ciudad de México a 10 de enero de 2017.- El día de hoy, en el Senado de la República, comenzaron formalmente los trabajos para la discusión de una eventual Ley de Seguridad Interior, en una reunión con representación de ambas Cámaras y del Ejecutivo. Desde la perspectiva de las organizaciones y especialistas que suscribimos la presente, estamos ante el inicio de lo que podría ser un debate excluyente de las perspectivas de derechos humanos cuyo desenlace anunciado sería la adopción de una legislación que -sin solucionar la crisis de inseguridad y de corrupción que vive el país- constituirá una amenaza para los derechos humanos y el Estado de Derecho.

En este sentido, reiteramos que la reglamentación del concepto de seguridad interior, en los términos a los que hoy se allanaron de forma coincidente las fracciones del PRI, del PAN y del PRD, incumpliría abiertamente la Constitución. Actualmente, el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en este día se anunció.

Por otro lado, la adopción de una Ley a partir de este concepto rector, incumpliría también con los tratados internacionales que México se ha obligado a respetar y garantizar. En ese sentido, vale la pena recordar de nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos. Así lo expresó dicha Comisión, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que optó por ese marco jurídico.

El día de hoy, los tres partidos mayoritarios y el representante de la Presidencia de la República coincidieron en señalar que aspiran a que, al cabo de esta discusión, se apruebe un marco jurídico que diseñe los supuestos en los que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en determinadas porciones del territorio nacional que se consideren objeto de una afectación a la seguridad interior. Bajo esta lógica, es latente el peligro de que se apruebe una regulación que no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas. Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó “impunidad institucional castrense”.

Además de las preocupaciones por el fondo conceptual de la discusión, es igualmente grave el formato con el que hoy comenzaron las discusiones. En la mesa del Senado no estuvieron representados todos los partidos y fueron excluidas las perspectivas críticas. La inclusión de especialistas fue parcial y condicionada a la de un jurista carente de especialidad en al ámbito de la seguridad que se limitó a replicar la visión oficial. Con el precedente que hoy se genera, queda anunciado un debate precipitado y poco diverso que socavará las bases democráticas de una discusión que, por su propia naturaleza, tendría que ser dotada de la máxima publicidad y pluralidad.  En ese sentido, exigimos que las próximas discusiones se realicen bajo un formato abierto e incluyan todas las perspectivas planteadas, abarcando aquellas que han señalado los riesgos de que una ley de seguridad interior atente contra los derechos humanos.

A nadie escapa que a diez años de la guerra contra el narcotráfico el país es hoy más violento que hace una década por lo que la efectividad de la militarización en el ámbito de la seguridad no es, como hoy se dijo en el Senado, evidente. Empero, es también claro que las Fuerzas Armadas no pueden dejar de hacer súbitamente las labores que hoy efectúan en regiones del país donde el Estado mexicano no detenta el monopolio legítimo de la violencia. Sin embargo, no por ello deben adoptarse falsas soluciones: no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal; máxime cuando el propio Secretario de la Defensa Nacional ha aceptado que el Ejército y la Marina no están capacitados para las labores que hoy realizan.

Frente a la posibilidad de que se imponga una Ley de Seguridad Interior de forma apresurada y opaca, llamamos a ampliar el debate incorporando todas las perspectivas. Es fundamental profundizar la discusión, hoy tibiamente señalada por el PRD, en el sentido de que debe priorizarse –como lo ha recomendado la ONU- el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas que hoy realizan, que se acompaña de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad.

El diseño de una política de seguridad compatible con los derechos humanos y el Estado de Derecho es posible. Pero esto sólo ocurrirá mediante la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el paradigma de seguridad que ha imperado en la última década.

 

Organizaciones Sociales:

 

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.

Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.

México Unido contra la Delincuencia

Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la república mexicana)

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 

Firmas individuales (sugerimos anotar nombre e institución académica entre paréntesis) :

 

Alejandro Madrazo

Antonio Zavala Sánchez

Carolina Pimentel

Denise Dresser

Guadalupe Barrena

Javier Martin Reyes

Jorge Javier Romero

Jorge Javier Romero Vadillo

José Antonio Guevara Bermudez

José Pablo Girault

Josefina Ricaño de Nava

Juan Francisco Torres Landa

Luis F. Fernández

Martha Tagle

Margarita Griesbach

Miguel Concha Malo

Simón Hernández León

Fuente: MUCD

Saludos

Mario Meneses

El peligro de la #Cultura Mafiosa por Lic. Francisco Rivas @frarivasCoL


 

No importa cuánto lo nieguen nuestras autoridades, es innegable la crisis de seguridad, acceso a la justicia y violación de derechos humanos que vivimos en el país.

No importa que tanto la autoridad insista con estadísticas imprecisas, comparaciones metodológicamente cuestionables, con falseo de la estadística oficial, desacreditando activistas o incluso especialistas internacionales, en México los índices de homicidio, secuestro, extorsión, las violaciones a derechos humanos, la falta de piso parejo en el acceso a la justicia para las personas, las desapariciones forzadas, la tortura y fabricación de culpables, nos hace vulnerables, inhibe la credibilidad en las instituciones y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

La energía puesta por muchas de nuestras autoridades en desestimar, mal informar, desacreditar, mentir o abiertamente agredir a los ciudadanos, es un desperdicio bajo todo punto de vista: rinde poco políticamente, mantiene vigente la problemática y cuesta, en término de usos económicos del erario público, millones.

Esa energía, esos recursos mal empleados, deberían, por el contrario, estar puestos al servicio de la sociedad, generando oportunidades de desarrollo dentro de la ley de manera equitativa, fortaleciendo instituciones y servicios del Estado (educación, salud, seguridad y justicia) para combatir el avance de los estados paralelos, territorios y población que viven bajo el cobijo y las normas de la delincuencia organizada.

En esta columna y a través de otros espacios he insistido: Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, es un asesino, es un delincuente que le ha robado al país condiciones aceptables de seguridad, ha promovido el subdesarrollo, la impunidad y la corrupción. El daño hecho por este delincuente tardará años, quizá décadas en revertirse y por eso debe pagar una justa sentencia, apegada a derecho.

Esta declaración que puede ser obvia para muchos resulta falsa para otros, ante los mensajes en Twitter, los comentarios a las columnas y hasta las conversaciones entre amigos, en muchas ocasiones he escuchado como, para muchos “por lo menos El Chapo hace algo”, “Le hace bien a mucha gente”, “Le da a muchos lo que las autoridades y el Estado no les puede dar”. Decir que El Chapo es un homicida y que debe pagar por ello, me ha acarreado insultos, amenazas y señalamientos de que soy un inocente que no entiende la realidad.

Lo peor es que sí la entiendo y que no puedo negar parte del contenido de las mismas: Los criminales mantienen comunidades, administran justicia y, aparentemente, suplen las fallas del Estado. Todo esto, sumado a la falta y desigualdad de oportunidades, al desvío de recursos públicos para fines privados, la serie de fallas sistemáticas de las instituciones, la tolerancia o abierta colusión de autoridades, líderes empresariales o incluso religiosos, genera el caldo de cultivo ideal para que un individuo decida convertirse en un criminal, un policía o ministerio público se pase de bando, un juez no administre justicia, una comunidad dé protección a un capo, una sociedad tolere la ilegalidad y normalice el crimen.

Precisamente aquí deben estar abocados los esfuerzos del Estado y de la sociedad en su conjunto, demostrar la falacia de estos argumentos, fortaleciendo instituciones, reconstruyendo el tejido social, generando justicia.

Lo que se debe combatir es el arraigo a la cultura mafiosa; a una cultura de corrupción, intimidamiento; a una cultura que falsea el concepto de lo correcto y propone a los criminales como autoridad aceptada y a las instituciones del Estado como el enemigo; que aparentemente genera riqueza para algunos mientras lo que en realidad hace es mantener en el subdesarrollo a una sociedad; una cultura que no respeta la vida y no respeta las reglas.

Sociedad en conjunto debemos manifestar un rechazo total a lo ilegal, al amiguismo, al compadrazgo, al nepotismo, a la impunidad y demostrar con los hechos que la mejor forma de vida la garantiza el Estado de Derecho.

Debo reconocer que es una tarea titánica en un contexto donde las personas preferimos meternos en la fila, no respetamos los derechos del otro; donde evitamos pagar impuestos; donde abusamos del poder; donde las autoridades, los empresarios y poderosos del país viven por encima de la norma que se nos pide a otros respetar; donde se desvían o abiertamente roban los recursos necesarios para tener mejores escuelas, hospitales, calles, policías y procuradurías de justicia; donde medios de comunicación se prestan a golpear o a proteger a algunos; donde el colectivo hace poco por involucrarse.

Sin embargo, no sólo es posible, es fundamental. En días pasados Roberto Scarpinato, Fiscal Antimafia de Palermo, Italia, propuso la creación de un Comité que desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por un lado, coadyuve con las autoridades confiables y, por otro, vigile el desempeño de la autoridad, en el fortalecimiento de la seguridad y justicia.

Scarpinato recordó la experiencia siciliana en el combate a la mafia y el fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad, donde Leoluca Orlando, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Piersanti Mattarella han sido piezas clave, e hizo un paralelo de lo que se vive en México: un problema que trasciende la mera incidencia de delitos, que toma sus raíces de la cultura mafiosa donde la penetración y aceptación de la criminalidad y la corrupción trasciende las instituciones y se encuentra arraigada en la sociedad.

El análisis de Scarpinato es correcto, la dificultad de la reproducción del modelo es la diferencia que existe en combatir el enraizamiento del fenómeno mafioso en una entidad y en ciertas instituciones a tenerlo a lo largo de un país y de tantas y tantas comunidades.

¿Por dónde empezar? Por las instituciones del Estado, imposible esperar que un ciudadano respete normas e instituciones de un país donde autoridades e instituciones son los primeros en violar la ley.

Las instituciones deben mostrar que la ley importa, que su actuar es apegado a normas, protocolos, derechos de las personas; que su actuar es transparente y que busca en todo momento rendir cuentas. Paralelamente, los líderes sociales deben mostrar su capacidad de liderar, mostrar su apego y respeto a las normas del Estado, a los derechos de personas y sociedad; deben impulsar desde su cancha los incentivos para que el respeto de la norma sea conveniente para el colectivo; deben ser ejemplo.

Señor Presidente de la República, señores Secretarios de Estado, Gobernadores, Procuradores y Fiscales, dejemos a un lado la confrontación de cifras y concentrémonos en mejorar el acceso a la justicia, los niveles de desarrollo humano para la población, las condiciones laborales de servidores públicos, los derechos humanos de toda persona, sólo así habrá una conveniencia política para ustedes, económica y de desarrollo para el país pero, sobre todo, de seguridad humana y bienestar para toda persona, incluso para sus hijos, a quienes heredarán su legado y el tipo de país que hayan ayudado a construir.

Fuente: http://lasillarota.com

SOBRE EL AUTOR

Director General del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad y Consultor para México del National Strategy Information Center. Licenciado en Economía y Comercio por la Università degli Studi di Perugia, Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con una Especialidad en Cultura de la Legalidad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México, es Maestro en Psicología por el Centro de Estudios Tecnológicos y Superiores de México y es Doctor en Estudio del Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de California en Los Ángeles. Cuenta con diferentes publicaciones en el tema de Cultura de la Legalidad. Líneas de investigación: Seguridad Pública, transparencia y Cultura de la Legalidad.

Saludos

@Mario Meneses_ 

 

México: 10 formas de reducir la violencia


 

México: 10 formas de reducir la violencia

Por David Lee

Marzo 24, 2016

Recomendaciones para reducir los niveles de violencia en México

La violencia en México, durante el 2015, se incrementó respecto del año anterior: la tasas de homicidio se elevaron en al menos un 11%, a pesar de que desde el 2012 habían disminuido de forma consistente. Si bien existen diversos programas de prevención en marcha, es preciso impulsar, de manera urgente, más y mejores acciones que guíen a la ciudadanía para revertir este nueva tendencia que afecta al país.

Diversos especialistas y profesores de la Universidad de Harvard, en este sentido, analizaron más de 1,400 estudios e intervenciones para reducir la violencia, considerando 3 perspectivas fundamentales: 1) basada en los lugares donde ocurre la violencia; 2) observando a las personas violentas; y 3) analizando su comportamiento, considerando su acceso a las armas y su relación con el mundo de las drogas.

Determinaron que las intervenciones más efectivas para reducir la violencia no son tanto aquellas que apuntan a las grandes áreas urbanas o incluso a barrios específicos, sino las que se enfocan en las pequeñas redes de individuos que han incurrido en comportamientos violentos y se han involucrado en hechos de violencia y delictivos.

Resaltaron que es preciso dejar de pensar en eliminar la violencia de los comunidades o de controlar lugares violentos, debiendo reconocer que la violencia está mas bien focalizada en algunas áreas y que es provocada por unas cuantas personas dentro de un grupo.

Con base en ello, los observadores de la problemática consideran importante, a fin de reducir la violencia en México, el atender las siguientes 10 recomendaciones:

  1. Dejar de pensar en la prevención de delitos a través de polígonos.
    Los programas de prevención en el país operan con intervenciones en polígonos geográficos, los cuales son muy grandes para enfocar la violencia comunitaria. Es por esta razón que una visión menos amplia logrará mejores resultados.
  2. Desarrollar capacidades de inteligencia comunitaria.
    La gente en su propia comunidad y las organizaciones no gubernamentales locales, tienen un mejor conocimiento de los lugares, los momentos y los involucrados en la violencia. Su profesionalización permitirá establecer procesos estandarizados para recopilar información, compartirla con las autoridades y combatir, de esta forma, el delito.
  3. Impulsar actividades de enseñanza más que invertir en el espacio público.
    Los programas de intervención comunitaria destinan más recursos en el equipamiento urbano, ya que logran una mayor visibilidad y beneficio político. Invertir, por el contrario, en talleres que desarrollen más habilidades y mejores conductas, son más baratos y efectivos para reducir la violencia.
  4. Aprovechar los programas de la Secretaría de Educación.
    Las intervenciones para prevención de delitos deben aprovechar los programas existentes, en particular aquéllos como Construye T, para lograr mejores resultados.
  5. Otorgar los recursos suficientes a los programas de prevención.
    El presupuesto al programa principal de prevención de delito en México, PRONAPRED, sufrió un recorte presupuestal de un 25% en el último año. Si la prevención del delito es verdaderamente una prioridad, se le debe asignar mayor presupuesto o, al menos, darle consistencia al mismo a lo largo del tiempo.
  6. Emprender la guerra contra las armas, en lugar de contra las drogas.
    Es preciso impulsar políticas para evitar el flujo de armas ilegales que acaben en manos de criminales y tratar el problema de las drogas como un problema de salud, más que de seguridad.
  7. Implementar el Mando Único con una visión local.
    La eventual centralización de mando que se discute actualmente en el país, necesita generar inteligencia local propia a fin de identificar problemas y lograr un mejor combate a la violencia y delincuencia. Un mando único federal, sin el suficiente contacto con las comunidades locales, fracasará en la reducción de la violencia.
  8. Evaluar el impacto con base en evidencia.
    Es preciso que se evalúen a nivel nacional la eficiencia y eficacia de los programas de prevención con base, más allá de estudios internacionales, en evidencia propia para que las evaluaciones de impacto nos permitan conocer lo que funciona y lo que no, a fin de replicar o desechar intervenciones.
  9. Considerar la prevención del delito como parte de la Reforma Judicial.
    El sistema de justicia en México está mayormente orientado a la procuración e impartición de justicia, considerando a la prevención como un apéndice, con programas simples y mal fondeados. El sistema judicial debe considerar a las políticas de prevención y reducción de violencia como un todo, capacitando y adiestrando a la policía para detención pero, asimismo, en prevención.
  10. Olvidarse de las policías comunitarias y de la teoría de las ventanas rotas.
    La policía comunitaria, aunque aumenta la confianza, no reduce necesariamente la violencia, pues no está capacitada para focalizar sus acciones en individuos y comportamientos que promueven la violencia. La teoría de las ventanas rotas, que propone que la policía imponga castigos ejemplares a los comportamientos criminales, por menores que sean, no funciona, pues una policía represora y castigadora es percibida como un intruso y no como un aliado.

Para que tengas una mejor perspectiva de análisis y te logres adentrar en estos temas, considera los siguientes recursos:

1) Video del panel What Works in Reducing Community Violence: Spotlight on Central America and México llevada a cabo en el Woodrow Wilson Center, en Washington, DC. Basado en el estudio realizado por Thomas Abt del Kennedy School of Goverment de la Universidad de Harvard.

2) El estudio What Works in reducing community violence: a meta-review and field study for the northern triangle. Publicado por USAID y preparado por Democracy International, Inc.

3) El artículo 10 Ways to reduce Violence in México de Viridiana Ríos

Fuente: manualdeseguridad.com.mx

Saludos

Mario Meneses

Nueva Guía de apoyo para capacitar a los guardias de Seguridad Privada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.


Capacitan a 70 mil guardias para juicios orales

A tres meses de la aplicación nacional del nuevo sistema de justicia penal, el gobierno federal inició la capacitación de personal de seguridad privada, alrededor de 70 mil elementos, según registros oficiales, que tendrán la facultad de auxiliar a las autoridades policiacas y ministeriales ante la comisión de delitos, como en el resguardo de la escena del crimen, y, de ser necesario, deberán declarar en procesos penales.
A fin de regular la formación de los elementos se creó la Guía de apoyo para la actuación del personal operativo de seguridad privada, como auxiliar de las autoridades que actúan como primer respondiente, que establece su capacitación en cuatro temas: conocimiento del hecho, arribo de la autoridad primer respondiente al lugar de los hechos o del hallazgo, preservación de los hechos y acciones posteriores.
Elaborado por la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, el documento reconoce como necesaria la capacitación del personal para colaborar con autoridades de seguridad pública y procuración de justicia.
El documento indica que “es inminente la necesidad de proveer material de apoyo al personal operativo de seguridad privada con el objetivo fundamental de estrechar la colaboración con las autoridades que funjan como primer respondientes: la policía y el Ministerio Público”, indica la guía que obtuvo EL UNIVERSAL.
Establece que el personal operativo de seguridad privada que tome conocimiento de un hecho tiene la obligación de avisar a la autoridad, resguardar el lugar, informar al Ministerio Público del fuero federal o común y auxiliar a la autoridad que actúe como primer respondiente de algún ilícito.
Respecto al arribo de la autoridad primer respondiente al lugar de los hechos o del hallazgo, los elementos ayudarán a los policías a identificar víctimas o testigos y, en su caso, deberá darles apoyo y desalojarlos del lugar.
“En la preservación de los hechos, darán el apoyo a la autoridad que actúe como primer respondiente, por lo que deberán evitar en todo momento contaminar los indicios que se encuentran en el lugar. Deberán cerrar las entradas y salidas, puertas y ventanas, las cuales vigilarán para permitir el paso únicamente al Ministerio Público, el personal de servicios periciales o el personal especializado en el procesamiento de los indicios”, instruye la guía.
En el rubro de acciones posteriores, los elementos de seguridad privada tendrán la obligación de suministrar la información que le requiera el Ministerio Público y la policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto, según lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, pueden ser citados a declarar en caso de que la autoridad lo requiera.
“El programa está diseñado para capacitar a todos los elementos operativos de los asociados. Sin embargo, no se puede realizar en un solo momento, porque no se puede quitar de sus funciones a todo el personal que está en operación; en este sentido, la formación será piramidal”, explica Mónica Chávez Chávez, gerente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).
Detalla que la capacitación que recibirá el personal operativo inició este mes y tendrá una duración de 40 horas. “Será en varias etapas. La primera consiste en la formación de instructores, para que a su vez repliquen el conocimiento a otros?. Se les instruye sobre el marco legal, los lineamientos generales del sistema penal acusatorio, el plan de capacitación, el contenido, la forma de ejecución”.
Los cursos se darán en todos los estados, sin embargo, la prioridad son las zonas del país en las que el personal de seguridad privada tiene más presencia, como el Distrito Federal, Estado de México y Nuevo León.
Destaca que el Estado es responsable de la instrumentación del sistema de justicia, puesto que la seguridad privada sólo actúa para prevenir el delito. La seguridad pública seguirá siendo la responsable directa, según sus facultades y atribuciones. “Sin embargo, los elementos deben estar capacitados para cumplir con su función de auxiliares cuando se presenten las circunstancias o se solicite su apoyo”, explica.
Según el registro de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de las empresas que tienen autorización federal para prestar servicios de seguridad privada, en el país existen mil 100 compañías autorizadas en las 32 entidades federativas para dar el servicio. Algunas de ellas cuentan con más de 10 sucursales en el país.
Según datos de la Asociación Mexicana de Seguridad Privada, Información, Rastreo e Inteligencia Aplicada, en los últimos años la Dirección General de Seguridad Privada, de la Comisión Nacional de Seguridad, registró que las empresas oficiales emplean a 70 mil elementos.
Al iniciar el actual sexenio el gobierno federal estimaba que en el país existían cerca de 8 mil empresas de seguridad privada, de las cuales sólo 700 cumplían con los requisitos necesarios para laborar.

Fuente: www.eluniversal.com.mx

Saludos

Mario Meneses

#SeguridadPrivada apoyará a la Policía y el Ministerio Público, durante la preservación de evidencias, de conformidad a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.


Guardias de seguridad privada auxiliarán a autoridades penales

Durante la preservación de evidencias, personal de seguridad privada apoyará a la Policía y el Ministerio Público.
NOTIMEX
18 de enero 2016
18:14

La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) inició la capacitación de sus elementos para que puedan participar en calidad de auxiliares de las autoridades penales, con capacidades para preservar la escena del hecho o hallazgo, en el caso de la comisión de un delito.

En un comunicado, la AMESP señaló que esto conforme al nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio y oral que entrará en vigor en el país a partir del próximo junio.

Indicó que personal de seguridad privada apoyará a la Policía y el Ministerio Público, durante la preservación de evidencias, de conformidad a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Los cursos que puso en marcha la asociación, fueron autorizados y validados por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación, para la implementación del nuevo sistema de justicia de la Secretaría de Gobernación, refirió.

Una vez capacitados, los elementos de seguridad privada podrán tomar conocimiento de un hecho que la ley señale como delito, darán aviso de inmediato a la autoridad, mantendrán la seguridad perimetral de la zona evitando modificarla.

Añadió que esto con el objetivo de garantizar la integridad de los indicios, hasta en tanto los integrantes de la policía con capacidades para preservar la escena del hecho arriben al lugar.

Coadyuvarán con las instituciones de Seguridad Pública dando cumplimiento a su obligación de aportar datos para la investigación de delitos, cuando así se lo requieran los cuerpos de seguridad pública o el Ministerio Público.

En los juicios orales, deberán suministrar la información que le requiera el Ministerio Público y la Policía investigadora. Por lo que en caso de ser citados tienen la obligación de comparecer.

Indicó que en caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con la ley.

Estos cursos están dirigidos al personal operativo registrado ante la Dirección General de Seguridad Privada, de la Secretaría de Gobernación y ante las autoridades locales competentes.

Fuente: www.eluniversaledomex.mx

Saludos

Mario Meneses