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OCHO ARGUMENTOS FALSOS DE MANCERA SOBRE LA JUSTICIA PENAL


Bertha Alcalde

A un año de implementación de la reforma penal en todo el país, Miguel Ángel Mancera anunció que la Comisión Nacional de Gobernadores que preside, presentaría un paquete de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), lo que pone en riesgo el futuro del sistema acusatorio. Este anuncio va precedido de constantes críticas y pronunciamientos del jefe de gobierno sobre el sistema acusatorio que son falaces, por ello es fundamental someterlas a debate público.

 

  1. El alza en la inseguridad en la Ciudad de México se debe a la liberación de 12 mil reos que se dio gracias al Sistema Acusatorio[1].

Falso. Con dicha cifra, cuya fuente nunca cita, no se puede llegar a tan atrevida conclusión. Para afirmar que esto causó el incremento en la delincuencia Mancera debió acreditar cuántos de ellos cometieron posteriormente un delito, de lo contrario, su afirmación se basa únicamente en un prejuicio contra personas que probablemente ni siquiera han sido declaradas culpables. Por otro lado, nunca menciona las causas de la liberación, por lo que no justifica que se deba al sistema acusatorio. Esto último es muy improbable, ya que si bien las reglas de prisión preventiva cambiaron, no operan en automático, para que un juez pueda imponer otra medida cautelar se requiere que caso por caso se desahogue una audiencia que le permita concluir que el imputado no implica un riesgo para la víctima o la sociedad o de que evada la acción de la justicia, si el ministerio logra justificar lo contrario no se otorga ese beneficio[2].

 

  1. En el sistema acusatorio se deja que la víctima enfrente toda la carga al momento de enjuiciar al delincuente y de su decisión depende si se procesa o no al imputado[3]

Falso. Lo que hace el sistema es darle la posibilidad a la víctima de que participe en el proceso, incluso que la represente un asesor jurídico distinto al Ministerio Público, pero se trata de un derecho no de una obligación. Esto es algo positivo, ya que la Reforma Penal hizo que la víctima tuviera por fin un rol importante dentro del proceso, que su opinión fuera tomada en cuenta. Sin embargo, sigue siendo el Ministerio Público quién tiene la responsabilidad de investigar, y de probar la culpabilidad del imputado, la Víctima no tiene la carga de aportar pruebas o argumentar en su favor.

 

Por otro lado, también es falso que dependa de la víctima la decisión de si se procesa o no al imputado, esa decisión le compete exclusivamente a las autoridades, pues es el Ministerio Público quien ejerce la acción penal y un juez quien decide si se inicia un proceso o no contra una persona. Es verdad que existe la posibilidad de que la víctima llegue a un acuerdo con el imputado luego de un proceso de mediación, pero existen candados para poder optar por esta alternativa. Solo proceden para delitos de querella y no intencionales. Soslaya el Jefe de Gobierno que en estos casos, en el sistema anterior, la víctima también podía otorgar el perdón al imputado. La diferencia es que antes no se controlaban los acuerdos informales a los que llegaban las partes y nunca se registraban favoreciendo la impunidad.

 

  1. La laxitud del sistema pone a las víctimas en la disyuntiva de volver a enfrentarse al presunto delincuente, por lo que éstas viven permanentemente con el temor de verse nuevamente en esa situación[4].

Falso. La víctima no está obligada a intentar conciliar con el imputado, ni siquiera tiene que asistir a todas las audiencias. Únicamente en caso de un juicio oral, si quiere que su testimonio sea tomado en cuenta, tendría que presentarse para que el juez la escuche directamente. Incluso en estos casos existen además excepciones y procedimientos especiales para el caso de víctimas vulnerables y delitos vulnerables. Además, en el sistema anterior ya existía la figura del “careo”, en donde la víctima tenía que enfrentarse cara a cara con el imputado.

 

  1. Todos los días detenemos personas armadas, gracias al nuevo sistema todos los días ellos saben que no van a tener ningún problema y que van a salir inmediatamente[5].

Falso. Este hecho no se debe a las reglas del sistema acusatorio. Cuando se detiene a una persona en flagrancia, ya sea por portación de arma o por el delito que sea, el Ministerio Público tiene la facultad de mantener a la persona detenida hasta que sea presentada a un juez, no está obligado a liberarlas. Así mismo, si bien la portación de arma no es un delito de prisión preventiva oficiosa, el juez de todas formas puede determinar que se aplique la prisión preventiva si considera que el imputado implica un riego para la sociedad.

 

  1. Es opcional para la víctima que se decrete una prisión preventiva[6].

Falso. La Víctima no decide en ningún caso cuando se aplica la prisión preventiva, esa es una decisión que compete única y exclusivamente al juez a partir de la petición que haga el Ministerio Público.

 

  1. Cuando se trata de delitos por los que no procede la prisión preventiva oficiosa la víctima se ve forzada a aceptar un acuerdo reparatorio[7].

Falso. No existe relación entre la prisión preventiva y el acuerdo reparatorio. La primera es una medida cautelar y el segundo es una mecanismo de solución voluntario que facilita la reparación del daño a la víctima. Además, los acuerdos reparatorios proceden solo por delitos menores sin violencia. Existe una amplia gama de delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa y aún así no procede el acuerdo reparatorio.

 

Pueden existir casos en lo que se presiona a la víctima a llegar a un acuerdo, pero se debe a conductas indebidas del Misterio Público ligadas con la corrupción. Estás prácticas ocurrían también en el sistema anterior solo que antes se presionaba a la víctima a otorgar el perdón al imputado, lo que generaba mayor impunidad e indefensión.

 

  1. Con el Nuevo Sistema se lentifica la obtención de las órdenes de aprehensión lo que incrementa los índices de inseguridad[8]

Falso. Todo lo contrario, en el sistema acusatorio se facilita la solicitud y obtención de órdenes de aprehensión, las cuales se pueden pedir por cualquier medio (art. 142 del CNPP), esto podría incluir por medio de correo electrónico o incluso por teléfono, no únicamente por escrito como en el sistema anterior. Además hay que considerar que más del 95% de los casos que se procesan son por detenciones en flagrancia, casos en lo que no se requiere orden de aprehensión, por lo que es equivocado vincularlas con la inseguridad.

 

  1. 70% de los asesinatos en la capital son cometidos durante riñas, en todos los casos ocurridos recientemente serán sueltos gracias al sistema acusatorio[9].

Falso.   En primera el homicidio en riña sí es un delito de prisión preventiva de oficio, lo que quiere decir que cuando se detiene a alguien por este delito la prisión preventiva opera en automático. El art. 19 de Constitucional y el art. 167 del CNPP contempla dentro de esta lista al homicidio doloso, lo que cualquier penalista sabría que incluye al homicidio en riña. Además incluso si no se tratara de un delito de prisión preventiva oficiosa, esto no quiere decir que el juez no pueda imponer la prisión preventiva, lo único que quiere decir es que tiene que hacer una evaluación caso por caso para evaluar su pertinencia.

 

Como se ha demostrado, los argumentos que da el Jefe de Gobierno para descalificar el sistema acusatorio carecen de sustento, lo cuál es especialmente criticable por su condición de gobernante y especialista en materia penal. Doblemente criticable sería que se hicieran con motivos políticos o con el objeto de ganar popularidad. Muchos de ellos son tan ajenos a la realidad que denotan desconocimiento de las reglas del sistema acusatorio, o en el peor de los casos ánimo de confundir a la sociedad. Ello incrementa el enojo social y la desconfianza en el sistema de justicia, el aumento de las cifras negras de delitos y la venganza por propia mano.

 

Los problemas del sistema de justicia y la incidencia delictiva nada tienen que ver con el CNPP o con el sistema acusatorio, se deben a causas imputables a los gobernantes como la falta de profesionalización de sus operadores, de servicios de atención a víctimas eficientes, de modelos de investigación eficaces y de mecanismos para combatir los vicios existentes en los que destaca la corrupción.

[1] http://www.milenio.com/policia/cdmx-violencia-asaltos-sistema_penal_acusatorio-12_mil_liberados-milenio-noticias_0_924507913.html. Consultado el 19/06/2017.

[2] Diversos Tribunales de Circuito ya se han pronunciado en ese sentido: Tesis I.3o.P.55 P (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo IV, p. 2765. Marzo 2017; Tesis XXVII.1o.3 P (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, junio 2017.

[3] http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/11/1162747. Consultado el 19/06/2017

ue caso por caso se desahogue . ivos polraciones se hicieransentido: la prisicidio en riña. quien riña tengan que ser liberadas.

[4] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/06/7/mas-delitos-culpa-del-nuevo-sistema-penal-mancera. Consultado el 16/06/2017.

[5] http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/06/17/1170376. Consultado el 19/06/2017.

[6] http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/urge-ampliar-catalogo-de-delitos-para-imponer-prision-preventiva-mancera-31. Consultado el 19/06/2017.

[7] http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-06-15/analisis-nuevo-sistema-justicia-penal-despierta-loret/. Consultado el 19/06/2017.

[8] http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/11/1162747. Consultado el 19/06/2017.

[9] http://www.jornada.unam.mx/2017/06/18/capital/030n1cap. Consultado el 19/06/2017.

Fuente: reformapenal.org

Saludos

El objetivo de #AMESP es impulsar una ley única para las empresas de #SeguridadPrivada en #Mexico


ROBERTO RIVERA MIER, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA (AMESP)

“Nuestro objetivo más importante es impulsar una ley única que regule la actividad de la seguridad privada en México”

20/06/2017 – Por Bernardo Valadés.

En la actualidad, en México conviven normativas federales y estatales de seguridad privada, un escenario, según Roberto Rivera Mier, “que ha dado lugar a la informalidad y el incumplimiento”. Por ello, el máximo responsable de AMESP anhela la aprobación de una ley nacional que ponga orden en el sector, así como una capacitación constante de sus profesionales. De esta forma, comenta a ‘Segurilatam’, “conseguiremos que se contraten empresas responsables que cuenten con trabajadores competentes”.

-¿Cuándo se fundó la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) y cuáles son sus principales objetivos?

AMESP se creó en junio de 2012 con el fin de ser una asociación democrática e incluyente, crear mejores estándares de servicio en beneficio de nuestros clientes fomentando la competitividad, hacer escuchar los intereses legítimos de los asociados entre las autoridades y contribuir a la creación de la Cámara Nacional de Seguridad Privada.

Somos una asociación civil que surgió porque el sector necesitaba unirse y organizarse con bases firmes, claras y transparentes. Y, al mismo tiempo, para ser un órgano que colaborase con el Gobierno para diseñar, divulgar y ejecutar políticas, programas e instrumentos que posibilitasen fomentar la industria de la seguridad privada en México.

AMESP tiene como asociados a las empresas nacionales e internacionales más grandes y representativas que operan en el territorio nacional en todas sus modalidades: monitoreo de alarmas, guardias intramuros, traslado de valores, seguridad canina, seguridad electrónica, seguridad logística, protección de ejecutivos, consultoría de seguridad, seguridad aeroportuaria, etc.

-Al frente de AMESP, ¿qué iniciativas le gustaría materializar durante el presente año?

El objetivo más importante es impulsar una ley única que regule la actividad de seguridad privada. Actualmente, en México existen regulaciones federales y estatales, un marco que ha dado lugar a la informalidad y el incumplimiento. Y de ello se han beneficiado las empresas que operan irregularmente.

Otro de nuestros anhelos es la creación de la Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad Privada. Este es un reclamo constante a la Secretaría de Economía, que lleva más de 12 años sin crear ni otorgar reconocimiento a una nueva cámara industrial. En el caso de la de la seguridad privada, cumple ya con todos los requisitos para gozar del respaldo que se merece.

Asimismo, entre los objetivos de AMESP figuran la profesionalización y el desarrollo responsable del sector. Mediante la capacitación constante, se busca convertir a un inexperto en un profesional con el fin de generar valor y dignificar el sector. Y a través de la promoción de los procesos de certificación del personal de seguridad privada conseguiremos que se contraten empresas responsables que cuenten con trabajadores competentes. Al respecto, ya se está preparando a los primeros grupos de oficiales y supervisores de empresas asociadas a AMESP para que se desarrollen profesionalmente.

-Teniendo en cuenta el primer objetivo de la asociación, parece claro que AMESP coincide con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en que es necesaria una nueva ley de seguridad privada que garantice una operación homogénea y regulada a nivel nacional.

Así es. Coincidimos con Coparmex por las razones anteriormente esgrimidas, que, por supuesto, buscan que nuestro sector mejore y siga contribuyendo a la seguridad de los ciudadanos y al desarrollo económico del país.

-¿Qué conversaciones mantienen con el ámbito público?

Tenemos una excelente relación con las autoridades locales, estatales y federales. En el caso de estas últimas, en numerosas ocasiones hemos manifestado que estamos dispuestos a colaborar, siempre que se nos solicite, para lograr la regularización, profesionalización y dignificación del sector. Para el Gobierno, AMESP es un interlocutor confiable, serio y responsable. Lejos de llamar la atención de las autoridades a través de gestos, deseamos marcar la diferencia y trabajar con ellas de una manera conjunta.

-Bajo su punto de vista, al margen de la legislación, ¿qué aspectos han de mejorarse para que el sector de la seguridad privada mexicano siga creciendo tanto profesional como económicamente?

En primer lugar, como he mencionado anteriormente, debe existir una sola ley que regule la actividad de seguridad privada. Igualmente, han de simplificarse los procesos y reducirse la burocracia, las empresas tienen que seguir comprometiéndose en el desarrollo profesional de sus empleados y la autoridad ha de ejercer su función reguladora, especialmente sobre quienes operan al margen de la ley.

-¿Cuál es el grado de colaboración existente entre las seguridades pública y privada en México? En el caso de la segunda, ¿qué papel juega en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que entró en vigor en 2016?

Junto a la Dirección de Seguridad Privada entrenamos a instructores de empresas de nuestros afiliados, quienes, a su vez, han formado a otros empleados. Por ello, podemos concluir que nos hemos preocupado de capacitar al personal y contribuir ante cualquier hecho que se pudiese presentar en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Por lo tanto, en relación a este último todos los guardias de seguridad privada adscritos a AMESP se encuentran capacitados para participar en calidad de auxiliares, ya que los elementos de seguridad privada no son ni pueden ser considerados como autoridad; de ser así, estarían invadiendo esferas y usurpando funciones. Según esta reforma constitucional, el personal de seguridad privada es auxiliar de la policía y del Ministerio Público, en el caso de la comisión de un delito, y de la citada cartera, durante su procesamiento, de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por iniciativa propia, previa autorización y validación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, AMESP puso en marcha una serie de cursos de capacitación para el personal de seguridad privada. Hoy podemos decir con orgullo que los empleados de las empresas adscritas a la asociación están debidamente capacitados.

-A finales del año pasado, usted manifestó que en México operaban en torno a 6.000 empresas de seguridad privada, de las cuales sólo la mitad estaba en regla. ¿Cómo afecta esta situación irregular al buen funcionamiento del sector?

La existencia de empresas al margen de la ley tiene un impacto muy negativo para nuestro sector: perdemos competitividad y los usuarios se arriesgan a contratar servicios que pueden ocasionarles pérdidas, en el mejor de los casos, e incidentes graves. Consideramos que las empresas de seguridad privada que no cumplen con ningún ordenamiento legal carecen de capacitación y equipos adecuados. Y además de ser un riesgo para la sociedad y quienes las contratan, representan una competencia desleal para las que sí están en regla.

-¿Hasta qué punto contribuye el sector de la seguridad privada a reducir los índices delictivos en el país?

La actual normativa deja claro que nuestro sector es colaborador de la seguridad pública en casos de catástrofes, emergencia, etc. En ese sentido, tenemos presente que nuestra labor es ayudar a la comunidad. De igual manera, actuamos como elemento disuasorio ante la ausencia de la autoridad formal.

Fuente: www.segurilatam.com

Saludos

Mario Meneses

Investigaciones de la PGR, en riesgo por filtraciones.


Foto
Tras su detención en mayo pasado, Dámaso López, El Licenciado, decidió no declarar ministerialmente, porque, aseguró: No diré nada porque antes de que termine de hablar ya lo sabrán afueraFoto Alfredo Domínguez
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Lunes 19 de junio de 2017, p. 14

La afirmación los tomó por sorpresa:No diré nada porque antes de que termine de declarar ya lo sabrán afuera. Tenemos infiltrados aquí y allá. Los funcionarios trataron de hurgar: A ver, cuéntenos, díganos quiénes. Dámaso López, el presunto sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en el cártel de Sinaloa, concluyó con un ¿para qué?, no quiero que me maten.

Eso ocurrió el pasado 2 de mayo en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), horas después de que El Licenciado fue detenido en un departamento en la colonia Anzures, de la Ciudad de México.

Desde tiempo atrás las alarmas en esa área de la Procuraduría General de la República (PGR) se habían encendido. La desconfianza se generó no sólo por las filtraciones de información sobre investigaciones importantes, sino también por el descubrimiento de que allí se falsifican mandamientos ministeriales de comparencia, se hacen supuestos oficios que dan cuenta de averiguaciones previas o carpetas de investigación inexistentes, pero que sirven para extorsionar a ciudadanos y delincuentes.

El descubrimiento o el surgimiento de indicios de infiltración del crimen organizado en áreas gubernamentales no es nuevo. Ex jefes de la Policía Judicial Federal, del Servicio Secreto o de la Dirección Federal de Seguridad colaboraron con grupos criminales entre los años 70 y 90, incluso formaron parte de los mandos de cárteles de las drogas.

En 2005, fue dejado en libertad, porfalta de elementos para procesar, Nahúm Acosta Lugo, ex director de giras de la Presidencia de la República durante la gestión de Vicente Fox. El funcionario fue acusado de delincuencia organizada y colaborar con el narcotráfico, por sus supuestos vínculos con integrantes de los hermanos Beltrán Leyva, que en ese entonces servían a El Chapo.

Luego de seis días de permanecer encarcelado y tras 52 de investigación policiaca bajo arraigo en una casa de la PGR, Acosta Lugo recuperó su libertad, mientras la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (Siedo) trató de revertir la sentencia del juzgado sexto de distrito con sede en Toluca, sin éxito.

Uno de los casos más recientes se conoció en abril de este año, cuando Iván Reyes Arzate, ex director de la División Antidrogas de la Policía Federal (PF), se entregó voluntariamente en la ciudad de Chicago a autoridades de Estados Unidos, y reconoció haber entregado información a la organización de los hermanos Beltrán Leyva.

Cuando Reyes Arzate se entregó a Estados Unidos, en la Seido ya se había iniciado una investigación interna de la que aún no existen resultados públicos. La indagatoria comenzó tras el descubrimiento de un oficio que falsamente refería la existencia de una investigación en contra de un presunto narcotraficante que opera en Morelos.

En enero de este año, la Siedo abrió una carpeta de investigación relacionada con la desaparición de dos agentes del Ministerio Público y un elemento de la Policía Federal.

Los tres funcionarios: Víctor Andrés Vilchis Renata y Miguel Ángel Rodríguez Cuéllar, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de la Seido, y Marco Antonio Álvarez Gómez de la Policía Federal, desaparecieron.

La noche del 24 de enero, los dos agentes salieron de la Seido. Dejaron sus vehículos en un estacionamiento cercano a su centro de trabajo y abordaron un taxi con rumbo a la calzada de Tlalpan, allí se encontraron con el agente federal, subieron a su unidad y tomaron rumbo a la carretera México-Cuernavaca.

Como parte de las investigaciones, las autoridades obtuvieron grabaciones de la caseta en su paso rumbo a la ciudad de la eterna primavera. Una camioneta los seguía. Ya no se supo más de ellos, solamente que llegaron a los límites de Cuernavaca y Huitzilac.

El vehículo de Antonio Álvarez Gómez fue localizado días después calcinado. La investigación sigue abierta, aunque en mayo pasado la PGR detuvo a dos presuntos implicados en la desaparición, fueron identificados como José Manuel Abarca, líder de una célula del cártel de Los Rojos y Justino González Hernández.

Este caso derivó en una indagatoria interna, cada computadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros ha sido revisada, en dos de ellas se encontraron rastros de documentos elaborados y luego borrados que se relacionaban con la falsificación de averiguaciones previas, mandamientos ministeriales de presentación.

Pero no es el único caso, el pasado 3 de junio, un día antes de las elecciones en los estados de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit, se dieron a conocer supuestos citatorios emitidos por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para diversos dirigentes locales de partidos políticos con el fin de que comparecieran ante ese organismo, pero el titular de la misma, Santiago Nieto Castillo, desmintió la veracidad de esos documentos en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, la Fepade emitió un comunicado de prensa en el que señaló: “Se niega categóricamente que esté entregando citatorios a los representantes generales de los partidos políticos y de casillas, esos citatorios son falsos, así como supuestas llamadas telefónicas que está realizando la Fepade a los ciudadanos.

El Fiscal Santiago Nieto en ningún momento ha firmado algún citatorio para la jornada electoral. Asimismo, invita a la ciudadanía a salir a votar este 4 de junio y no tomar en consideración ningún mensaje o correo falso que pretenda inhibir el voto libre y secreto. La Fepade abrió carpetas de investigación por estos hechos.

La infiltración de los grupos criminales o la existencia de funcionarios que utilizan sus cargos para obtener beneficios económicos por desaparecer las investigaciones (falsas) o no cumplir órdenes de aprehensión o de citación ministerial, son parte del negocio que investiga la PGR.

El 2 de mayo, con El Licenciado en las instalaciones de la Seido también se puso en evidencia que los grupos criminales tienen infiltrada a la institución ministerial, por ello decidió no declarar ministerialmente y solicitar que lo enviaran a una prisión donde estuviera seguro, y fue llevado a Ciudad Juárez, donde permanece bajo condiciones de máxima seguridad, aislado, con una hora de patio y sin contacto con otros internos.

Fuente: jornada.unam.mx

Saludos

Mario Meneses

Inseguridad es culpa de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública. ONG @ObsNalCiudadano @frarivasCoL


Ante los señalamientos del gobierno de la Ciudad de México de que la inseguridad en la capital es por culpa del nuevo Sistema de Justicia Penal, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) aseguró que la culpa es de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública por no capacitar adecuadamente a su personal.

Francisco Rivas, director del ONC, consideró que es una debilidad de la autoridad responsable que se cumplan los objetivos que mandata el nuevo Sistema.

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“¿Pues qué están haciendo para subsanar estas deficiencias? Me parece que nadie puede descartar que exista una posible corrupción en otros poderes, sin embargo, no podemos siempre justificar las fallas por debilidades del sistema.

“Porque las debilidades del nuevo sistema penal son debilidades de la autoridad, si el nuevo sistema de justicia penal no funciona es por que las procuradurías y las secretarías de seguridad pública no lograron capacitar bien a su gente, es admitir que quienes no hicieron su trabajo son las cabezas de las autoridades”

Rivas aseguró que en cierta forma es parcialmente válido que hayan fallas en la ejecución de las nuevas normas, pero rechazó que sea utilizado como una justificación para “maquillar” los registros de violencia que han aumentado en la capital del país.

Fuente: www.noticiasmvs.com

Saludos

Mario Meneses

Vida privada y datos personales de servidores no serán públicos: SCJN #Ley3de3


Acción de Inconstitucionalidad 70/2016

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la validez de los artículos 29, 34 párrafo tercero, 48 párrafo primero y el artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, impugnados por diputados integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso del Unión.

Asimismo confirmó la validez del artículo tercero transitorio de la Ley General del Sistema Anticorrupción y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, esto al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 70/2016 cuyo proyecto de sentencia fue elaborado bajo la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Por los siguientes argumentos los accionantes impugnaron los artículos citados:

  • Artículo 29: Fue impugnado por diversos diputados pues atentaba, desde su perspectiva, con el punto central de la reforma constitucional en materia de anticorrupción, es decir, sobre la publicidad total de las declaraciones que deben rendir los servidores públicos pues dicha disposición es una garantía para generar confianza social respecto a la autoridades, combatir la corrupción y evitar abuso del poder.
  • Artículos 29, 34, 48 y tercero transitorio: Se consideraron estos artículos dentro de la Acción de Inconstitucionalidad pues parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión vieron en el esquema previsto en ellos viola el principio de reserva de ley, pues el legislador no estableció el marco legal para graduar el alcance del derecho a la información pública que contendrían las declaraciones de los servidores públicos, facultándose al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para delimitar esa información, generando así la posibilidad de que se constituyan tipos administrativos en blanco.

Por su parte, el Ministro ponente defendió la validez de los preceptos impugnados de la siguiente manera:

  • Artículo 29: El Ministro José Ramón Cossío Díaz concluyó que la salvaguarda que presenta este artículo no es inconstitucional, pues si bien la expectativa de privacidad de los servidores públicos disminuye, ésta no desaparece. Que no toda su información personal es necesaria y además, existe la posibilidad de poner en riesgo la vida e integridad del funcionario y ninguna justificación de interés público puede superar un riesgo de ese tipo.
  • Artículo 34, 48: Se confirmó la validez de éstos pues no son más que mecanismo de aplicación de la competencia establecida por el artículo 29.
  • Articulo tercero transitorio: Hace correctamente la relación temporal entre lo formatos del ámbito federal que debe utilizarse hasta antes de la entrado en vigor de la Ley General y los emitidos con base en la nuevo ley.

Los resolutivos del proyecto fueron:

  1. Es procedente pero infundada la Acción de Inconstitucionalidad.
  2. Se reconoce la validez de los artículos 29, 34 párrafo tercero, y 48 párrafo primero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. También la validez del artículo tercero transitorio, párrafo sexto de la Ley General de Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
  3. Que se publique la resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta.

Conclusión: Los preceptos de las leyes que fueron impugnados se quedarán tal y como fueron escritos por los legisladores pues para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia son constitucionales. Con una votación de 6 votos a favor y 4 en contra se reconocieron su validez.

Fuente: bordejuridico.com

Saludos

Mario Meneses

Descarga Protocolos de #CadenaDeCustodia y Preservación de Prueba (Campeche, Distrito Federal y Puebla) 2014


INSTITUTO MEXICANO DE DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA  A. C.

http://reformapenal.org/wp-content/uploads/2016/06/IMDHD2_Protocolos-cadena-de-custodia.pdf

Fuente: reformapenal.org

Saludos

Mario Meneses

 

SCJN declara constitucional #Prisión preventiva para #Adolescentes


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La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió declarar constitucional la prisión preventiva para adolescentes en sesión del Pleno. Esto al resolver la Acción de inconstitucionalidad 60/2016 promovida por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde se impugnaban diversos artículos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes (art. 72 fr. II, inciso a); art. 119 fr. XI y art.122) bajo la ponencia del Ministro Franco González Salas.

Se avaló dicha medida con 8 votos a favor y 3 en contra de la constitucionalidad de la medida cautelar para adolescentes que recordaron, sólo será una medida excepcional, que puede aplicarse a jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 y por un periodo no mayor a 5 meses con revisiones mensuales.

El titular de la CNDH alegaba que la prisión preventiva sólo era constitucional en el caso que el menor fuera declarado culpable pues de lo contrario sería una violación al derecho de presunción de inocencia.

Descartaron que existiera confusión entre los términos internamiento preventivo y prisión preventiva pues el Sistema penal para adolescentes es integral y autónomo del de los adultos.

Durante la sesión los Ministros argumentaron que la prisión preventiva para adolescentes tiene la finalidad de garantizar tanto la seguridad del propio menor así como la integridad de las víctimas, testigos y la comunidad, es decir, se constituye como un mecanismo de equilibrio procesal para respetar los derechos de las partes. Asimismo destacaron que esta medida tiene la finalidad de garantizar la comparecencia de hechos y el desarrollo de la investigación.

Ministra Luna Ramos: “Estoy de acuerdo con la declaración de constitucionalidad de la prisión preventiva para adolescentes, tiene asidero en el artículo 18 de la CPEUM sobre la restricción de la libertad personal. Esta medida supone un equilibrio procesal donde se garantiza los derechos de las víctimas y la comunidad.”

Sin embargo acotaron que se deben preferir otra medidas de menor intensidad antes de optar por la prisión preventiva, se tiene la obligación de separar a los adolescentes detenidos preventivamente de los sentenciados. El Ministro Cossío Díaz, en contra de declarar constitucional la esta medida para adolescentes, contravino a la mayoría mencionando que el Ministerio Público debe ser quien proteja a las víctimas y no mediante el internamiento preventivo.

Fuente: http://bordejuridico.com

Saludos

Mario Meneses

El #CrimenOrganizado es la principal amenaza para la #LibertadDeExpresión. 


El oficio más peligroso.

Héctor de Mauleón. (Cuartoscuro)

“Me tenía sin cuidado el ídolo, lo que me preocupaba al escribir la nota eran los casos de las dos menores”. Habla el historiador y periodista Héctor de Mauleón, quien la semana pasada recibió el Premio Nacional de Periodismo –en la categoría de columna– del Club de Periodistas de México; próximamente recibirá la Medalla al Mérito en Ciencias y Artes de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Los reconocimientos son muy merecidos, tomando en cuenta que Héctor publica de lunes a jueves la columna que ha revelado algunos de los fenómenos delictivos más estremecedores de los últimos tiempos. El ‘ídolo’ al que se refiere De Mauleón es el finado cantautor José Manuel Figueroa, mejor conocido como Joan Sebastian o El Poeta del Pueblo. Las dos menores son ‘Amanda’ y ‘Julieta’, víctimas de trata de personas, quienes de forma independiente identificaron en sus declaraciones ministeriales a Joan Sebastian como explotador sexual.

Publicar la columna “Joan Sebastian, señalado por víctimas de trata”
–donde simplemente se reproducen los testimonios de ‘Amanda’ y ‘Julieta’– le ha valido a Héctor una demanda y un nuevo dolor de cabeza. Lo acusan miembros de la familia Figueroa, de la cual forma parte Federico Figueroa (hermano del Poeta del Pueblo), quien ha sido señalado por el propio gobernador Graco Ramírez como líder del grupo delictivo Guerreros Unidos. La demanda es particularmente preocupante, pues fue presentada ante un juzgado de Morelos, donde es bien sabido que en los sistemas de procuración e impartición de justicia opera una mafia de funcionarios corruptos, dedicados a proteger los intereses de los criminales.

Desafortunadamente, la demanda de la familia Figueroa es sólo el último de los frentes que Héctor tiene abiertos como resultado de su labor periodística. El año pasado trascendieron las amenazas de las que fue víctima, luego de denunciar públicamente las prácticas mafiosas de la Asamblea de Barrios para apoderarse de predios ‘vulnerables’ (sólo en la Delegación Cuauhtémoc, donde se ubican varias de las colonias con mayor plusvalía de la capital, la Asamblea de Barrios ha ocupado más de 700 predios).

El caso de un edificio ubicado en la Calle Benjamín Hill, en la colonia Condesa, que se había convertido en base para el narcomenudeo y el cobro de cuota, adquirió particular notoriedad. Cosa excepcional, la presión de los medios y de los vecinos logró que se recuperara el inmueble. Posteriormente, Héctor Mauricio González, líder de la Asamblea de Barrios, fue detenido por despojo. Después de documentar ese caso, De Mauleón, junto con Denise Maerker y Rafael Pérez Gay, recibieron una avalancha de tuits que buscaban intimidarlos (incluyendo imágenes grotescas y amenazas de muerte). A De Mauleón también le han llegado rumores de que el líder de la Asamblea de Barrios, quien sigue preso, le guarda un profundo rencor.

En México investigar y denunciar el poder criminal es una labor esencial, pero tremendamente ingrata. En un país donde se puede criticar al gobierno (con algunas excepciones, como el caso que comenté la semana pasada), el crimen organizado es la principal amenaza para la libertad de expresión. Hemos cambiado el autoritarismo de los viejos tiempos, por una democracia con espacios de represión: las regiones y las actividades que controla el crimen organizado (que desafortunadamente constituyen ya enormes porciones del territorio y de la economía).

La Secretaría de Gobernación cuenta con un mecanismo para brindar protección a periodistas y defensores de derechos humanos amenazados. Desafortunadamente, las medidas de protección son intrusivas, e incluso pueden obstruir la labor de los beneficiarios (en las regiones más golpeadas por la delincuencia, la única forma eficaz de proteger a una persona amenazada es mandarla a vivir fuera de su localidad). En este contexto es importante que los medios y el gremio periodístico dejen del lado fobias y celos profesionales, y hagan frente común para defender a los periodistas amenazados, y para denunciar a los criminales.

La entrega del Premio Nacional de Periodismo, la semana pasada, no tuvo un carácter festivo. Se guardó un minuto de silencio por el brutal asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua; un nombre más a una lista larga. En su discurso, Héctor de Mauleón lamentó que el periodismo se haya convertido en el oficio “más peligroso del mundo”. Sin embargo, cuando platico con Héctor en privado, no percibo miedo en su voz, sólo un profundo malestar por el asfixiante poder intimidador que las mafias criminales han acumulado en el país, y que en ocasiones se confunde con el poder político y hasta con el poder judicial. Para mi sorpresa, en otros momentos de la conversación Héctor cambia de tono y me pide que le “dé nota”. Ni las amenazas ni las demandas lo han doblegado. Héctor de Mauleón quiere seguir desentrañando el lado oscuro de México y siempre está ávido de nuevas pistas.

Twitter: @laloguerrero

Fuente: www.elfinanciero.com.mx

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Mario Meneses

EL #HostigamientoSexual es una conducta en la que no necesariamente se incluye algún contacto físico.


acoso-sexual

La Corte emitió criterios para valorar el testimonio de víctimas y reconoció que, dados los hechos traumáticos, éste puede presentar inconsistencias.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo que el hostigamiento sexual es una conducta en la que no necesariamente se incluye algún contacto físico.

“Este tipo de actos atentan de manera especial contra la libertad, dignidad e integridad física y psicológica de las mujeres y constituyen una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre las mujeres, al denigrarlas y concebirlas como objetos”, dijo el Máximo Tribunal del país.

Este miércoles, la Primera Sala estableció criterios para valorar los testimonios de víctimas de delitos que involucren actos de violencia sexual contra las mujeres.

El modelo propuesto por los ministros se dio en el contexto de la resolución de un amparo directo en revisión que fue negado al quejoso, a quien se declaró penalmente responsable del delito de hostigamiento sexual. En dicho caso, “una servidora pública fue víctima del constante acoso sexual de su superior jerárquico, el cual consistió en constantes insinuaciones, comentarios sobre su apariencia e invitaciones, por lo que denunció y finalmente, se le condenó por dicho ilícito”, informó la Corte.

Dentro del modelo de criterios elaborado por la Primera Sala, se llama a considerar que las declaraciones de la víctima constituyen una prueba fundamental sobre el hecho, ya que los delitos sexuales se producen generalmente en ausencia de otras personas, por lo que las pruebas que se requieren son distintas las tradicionales.

“Dada la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual, puede ser usual que el recuento de los hechos presente algunas inconsistencias o variaciones cuando se hace, lo que no debe restar valor probatorio a la declaración de la víctima”, determinó la Corte en el siguiente inciso de los criterios.

De acuerdo con un comunicado, en el modelo se estableció que la declaración de la víctima se debe valorar junto con otros dictámenes médicos, testimonios y otros medios.

“Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros”, agregó la SCJN.

Fuente: aristeguinoticias.com

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Mario Meneses