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Senado aprueba en segunda lectura proyecto de Ley de Seguridad Privada. #RepublicaDominicana


El proyecto fue sancionado con la modificación en el artículo 22.

El Senado aprobó este miércoles en segunda lectura el proyecto de Ley de Seguridad Privada, de la autoría del senador Adriano Sánchez Roa, y sancionado con la modificación en el artículo 22.

La iniciativa persigue regular los guardianes de seguridad, transporte de valores, seguridad electrónica y los detectives privados en el país.

Sánchez Roa destacó que el proyecto de Ley de Seguridad Privada, que tenía 7 años bajo análisis y estudios del Senado de la República, es un proyecto esencial en la seguridad ciudadana.

Explicó que las empresas de seguridad privada tienen más integrantes que la Policía Nacional, unos 42 mil miembros, y los guardianes conviven junto con la Policía en el cuidado de propiedades y personas.

Añade, además, que este sector se había desmejorado bastante, con una gran cantidad vigilantes sin entrenamiento, armas no reguladas, y extranjeros ilegales trabajando como seguridad y recibiendo salarios muy mínimos, con horarios por encima de lo que establece el Código de Trabajo.

Indicó que el proyecto de Ley de Seguridad Privada velará porque los vigilantes reciban salarios dignos, evitará que personas con 70 años brinden servicios de vigilantes y prohíbe que esos servidores laboren más de doce horas diaria.

El Senado sancionó, además, en primera lectura el proyecto de Ley de Certificación de Cítricos, de la autoría del senador Rubén Darío Cruz.

Asimismo, el que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la provincia San Juan (CORASANJUAN), de la autoría del senador Félix Bautista.

También el proyecto que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la provincia María Trinidad Sánchez, de la autoría de Amable Aristy Castro.

Este miércoles los senadores sancionaron el proyecto que designa con el nombre “Licenciada Patria Pelagia Méndez Germán” la escuela primaria Nuestra Señora de La Altagracia, en el municipio de Santo Domingo Oeste.

En segunda lectura, los legisladores sancionaron  el proyecto de ley que declara la provincia Espaillat como “Provincia Ecoturistica”.

Noticias Generales | 9:1 PM – 19 de  julio,  2017 |  Francisco Javier Mena

Fuente: proceso.com.do 

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Balam #SeguridadPrivada es una de las empresas intermediarias que vendió al gobierno mexicano el polémico software Pegasus


POR , 25 JUNIO, 2017 

Balam Seguridad Privada es una de las empresas intermediarias que vendió al gobierno mexicano el polémico software Pegasus, cuyo propósito es infectar teléfonos celulares a través de mensajes de texto para tomar el control del dispositivo, incluido su micrófono y su cámara. Los estrategas de esa singular firma son el empresario mexicano Rodrigo Ruiz Treviño y el israelí Asaf Zanzuri, quienes en sociedad lograron posicionarse como proveedores de sistemas de inteligencia y seguridad en sólo dos años. Esta es su historia.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Para convertir a su empresa Balam Seguridad Privada en uno de los principales proveedores del gobierno federal en sistemas de inteligencia y seguridad en menos de dos años, un par de jóvenes empresarios decidió asociarse y adoptar una exitosa estrategia comercial.

Asaf Zanzuri, oriundo de Israel, se encargó de conseguir las tecnologías con compañías de su país natal, mientras que su socio mexicano Rodrigo Ruiz Treviño abrió las puertas de las agencias nacionales del sector.

Ruiz Treviño, de 35 años, está relacionado con la élite política: es sobrino de Guillermo Ruiz de Teresa, amigo cercano del senador priista Emilio Gamboa Patrón que se desempeña como “coordinador” de Puertos y Marina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la administración de Enrique Peña Nieto.

Ruiz de Teresa escaló en la política siempre de la mano de Gamboa Patrón. Ambos han estado juntos incluso en momentos difíciles, como en el caso Pemexgate, pues participaron en la estructura ilegal de financiamiento a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida en el año 2000.

Aunque en el organigrama de la SCT Ruiz de Teresa aparece como coordinador de área, tiene el rango de subsecretario, con una percepción bruta de 161 mil pesos mensuales. En la reestructuración que se proyecta para esa coordinación de Puertos se planteó la posibilidad de convertirla en subsecretaría.

Antes de fundar Balam Seguridad Privada –el 15 de mayo de 2012– y convertirse en proveedor oficial, Ruiz Treviño sólo tenía experiencia en el negocio de restaurantes y bares. En las redes sociales solía presumir su vida de mirrey. Zanzuri, por su parte, había trabajado en la industria del espionaje en Israel y Europa, según su currículum.

Balam es una de las empresas intermediarias que vendió al gobierno mexicano el polémico software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO, cuyo propósito es infectar teléfonos celulares a través de mensajes de texto para tomar el control del dispositivo, incluido su micrófono y su cámara.

En julio de 2015 Proceso reveló que Balam Seguridad Privada –y su filial Grupo Tech Bull– surtieron a diversas agencias de seguridad mexicana material de intercepción, así como un centro de mando desarrollado por Elbit, una de las principales compañías de Defensa de Israel.

Las agencias receptoras pertenecían a la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Policía Federal, así como “una gran cantidad de procuradurías, incluida la del Estado de México”.

Meses antes, el 6 de febrero de 2014, Balam Security sirvió de intermediario en la venta de dos aviones de espionaje Dominator XP –fabricados por Aeronautics Ltd– a las Fuerzas Armadas de México. El negociador del contrato fue Zanzuri.

Este semanario también reveló, en la investigación global Panama Papers, que a principios de 2015 Ruiz Treviño y Zanzuri pretendieron abrir dos fideicomisos: uno en Nueva Zelanda –The Diamond Trust y The Sapphire Trust– y otro en Holanda, para evadir sus obligaciones fiscales y mover dinero desde cuentas abiertas en Suiza.

Para ello, contrataron los servicios del despacho panameño Mossack Fonseca y del abogado mexicano Alejandre Doporto, ambos especializados en la incorporación de estructuras offshore.

En caso de que las autoridades emprendieran una investigación, sólo aparecerían como directores de los fideicomisos empleados de Mossack Fonseca en Nueva Zelanda. Tenían todo calculado; incluso dos años antes crearon la firma llamada Orion Trust, la misma oficina puesta al servicio de Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor de la Casa Blanca de Lomas de Chapultepec de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto.

El enlace

A fines de 2014 un empleado de Balam Security se comunicó con la empresa italiana Hacking Team, una firma rival de NSO en el desarrollo de programas espías para gobiernos, para informarle que Balam Security representaba “una gran cantidad de empresas israelíes porque uno de los propietarios, Asaf Zanzuri, es de Israel”.

Los archivos internos de Hacking Team, que WikiLeaks publicó en julio de 2015 –incluidos miles de correos electrónicos–, muestran que Ruiz Treviño era el enlace de la empresa con agencias del gobierno mexicano.

En un correo electrónico fechado el 29 de noviembre de 2014, un intermediario israelí llamado Eric Banoun presentó a Ruiz Treviño como “uno de los mayores jugadores hoy en el campo de las soluciones de inteligencia en México”, e informó que era el principal negociador con la PGR, entonces a cargo de Jesús Murillo Karam.

En aquél entonces, Balam se encontraba en una situación difícil: había vendido –y cobrado– a la PGR por la venta de un paquete de 500 infecciones del sistema Pegasus. Sin embargo, cuando NSO se enteró que la venta se había concretado, aumentó sus precios 50%. Balam buscó una solución que permitiera sustituir Pegasus; se acercó con Hacking Team, que desarrollaba el sistema Remote Control System, capaz, como Pegasus, de tomar el control de los dispositivos móviles.

En su edición del miércoles 21, el periódico Reforma informó que, pese a una serie de problemas, Balam finalmente pudo vender Pegasus a la PGR. El presupuesto asignado para esa compra fue de 148.5 millones de pesos, pero el costo pudo ser mayor.

En septiembre de 2016, el diario The New York Times informó que el gobierno mexicano había pagado 15 millones de dólares en 2014 por el sistema de espionaje, equivalente a 202 millones de pesos, al tipo de cambio de entonces.

Según los correos de Hacking Team filtrados por WikiLeaks, Ruiz Treviño también intervino en la negociación para abastecer equipos de seguridad a por lo menos cinco estados de la República: su correo electrónico apareció en la negociación de contratos para el Estado de México, Chiapas, Baja California, Puebla y Michoacán, aunque no se precisa si las ventas se concretaron.

Bajo la sombra de Gamboa

Guillermo Ruiz de Teresa, el tío de Ruiz Treviño, tiene mucha influencia en los círculos políticos. Hace 17 años estuvo involucrado en el desvío de fondos del sindicato petrolero a la campaña presidencial del PRI. En ese escándalo de corrupción también participó Emilio Gamboa Patrón, su amigo desde hace décadas.

Ambos crearon, casi a la par, dos asociaciones civiles que sirvieron como fachada para traspasar por lo menos 500 millones de pesos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a la campaña del priista Francisco Labastida Ochoa el año 2000. Las asociaciones compartían el mismo objeto social, domicilio y secretario técnico: Jorge Cárdenas Elizondo, tesorero del PRI en la campaña presidencial del 2000 y principal señalado en el desvío de fondos en el Pemexgate.

En aquellos días, Ruiz de Teresa y Gamboa tenían cargo en el PRI: el primero era secretario general adjunto y secretario particular del candidato Labastida; el segundo era secretario técnico del Consejo Político Nacional y coordinador de gestión de la campaña presidencial. Pese a las pruebas y testimonios, este caso de corrupción nunca fue castigado, y dos de los principales involucrados continuaron su ascenso político.

Y aunque el PRI perdió la elección ese año, Gamboa y Ruiz de Teresa se posicionaron. El primero logró un escaño en el Senado, luego fue diputado federal y de ahí pasó a la secretaría general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, organismo que también cobijó a Ruiz de Teresa como secretario de Comunicación, coordinador ejecutivo y secretario adjunto.

En septiembre de 2009 Gamboa ayudó a su amigo a llegar al Congreso federal, en una maniobra que se convirtió en un escándalo nacional: la renuncia colectiva de diputadas para ceder su lugar a sus suplentes. Yulma Rocha, quien venía de ocupar una diputación local en Guanajuato, cedió su posición en el Congreso federal a Ruiz de Teresa, quien pese a ser oriundo de la Ciudad de México, declaró ser residente de San Miguel de Allende, donde tiene una casa de descanso.

Ruiz de Teresa y Gamboa refrendaron su amistad en octubre de 2016, cuando viajaron al área natural protegida Arrecife Alacranes, frente a la costa de Yucatán, donde fueron de paseo con el empresario Emilio Díaz Castellanos, contratista del gobierno federal y dueño del helicóptero en el que se trasladaron.

Un grupo de lugareños tomó imágenes de los visitantes cuando descendieron de la aeronave. El video se viralizó en redes sociales en medio de protestas de grupos ambientalistas. Ruiz de Teresa se justificó. Dijo que había ido a Yucatán invitado por Díaz Castellanos, un empresario que impulsa proyectos de infraestructura portuaria en el sureste del país.

El “mirrey”

Rodrigo Ruiz Treviño, nacido en San Miguel de Allende y dedicado a un negocio marcado por el sello de la secrecía y la inteligencia militar, no mantiene el perfil discreto que podría esperarse de un empresario dedicado a esos menesteres. Todo lo contrario: presume una vida de lujos al estilo mirrey, que adoptan algunos integrantes de la clase pudiente de México.

Acostumbra aparecer en revistas de sociales –una de ellas lo retrató como “uno de los empresarios más guapos de México”– y recordó su amorío con Anahí Puente, ahora primera dama de Chiapas. El joven empresario inunda sus cuentas de redes sociales con fotografías suyas practicando sus hobbies –sobre todo golf– o alardeando su cercanía con personajes famosos.

El 26 de junio de 2012, incluso publicó una fotografía con la camisa desabrochada y la mano izquierda sobre el hombro de Enrique Peña Nieto, entonces candidato presencial. Acompañó la imagen con la leyenda: “Aquí con mi próximo Presidente de México @EPN!!! #PeñaPresidente”.

Previo a la creación de Balam Security, Ruiz Treviño administraba los negocios familiares. El 11 de octubre de 2007 su padre incorporó tres empresas en Manzanillo, Colima, en las que incluyó a su esposa e hijos –entre ellos Rodrigo– como accionistas, según las actas constitutivas de esas firmas, consultadas para la elaboración de este reportaje.

Operadora Moorea se dedicaba a la administración de bares y restaurantes y a la organización de eventos; Diversiones Moorea, se especializada en la vida nocturna, y Centros de Negocios del Club, vendía ropa y distribuía productos diversos. En las tres empresas el padre nombró a su hijo mayor, Alberto Ruiz Treviño, administrador único.

El año siguiente, el 19 de noviembre de 2008, Rodrigo Ruiz cofundó la empresa Comercializadora Integral de Querétaro, con tres amigos, uno de los cuales era Enrique Fausto Zorrilla Vázquez Mellado, un empresario de su edad que presidió entre 2010 y 2013 el Instituto Político Empresarial, una asociación civil perteneciente al PRI.

De acuerdo con el registro público de la propiedad, Ruiz Treviño y Zorrilla Vázquez Mellado son ahora los únicos dos accionistas de la empresa.

Empresa “de papel”

En la importación de equipos de Israel realizados en febrero y marzo de 2017, Balam Seguridad Privada reportó que su domicilio estaba en la calle Nebraska 157, interior 1, en la colonia Nápoles de la Ciudad de México.

Esta dirección conduce a un edificio corporativo de cuatro pisos. Ninguno de los 10 nombres que aparecen en el interfono coincide con el de la empresa. Sin embargo, al tocar el timbre correspondiente al piso 2 O2, una mujer respondió de manera afirmativa cuando se le preguntó por la empresa Balam Security.

La empleada esperaba la visita de un empleado de banco, pero al enterarse que su interlocutor era periodista y buscaba a Ruiz Treviño su tono cambió. “¿Qué empresa me dijo que buscaba?”, preguntó. Y terminó por decir: “No, no somos (de esa empresa)”. Y agregó: “Me confundí”. Nunca abrió la puerta.

Balam oculta a otra compañía asentada en un bodegón vacío en San Luis Potosí, cuya única actividad comercial visible ha sido la importación de obras de arte de una lujosa red de galerías de Estados Unidos. Cabe destacar que la esposa de Ruiz Treviño, Alejandra Gómez Sainz, es artista plástica.

En junio de 2012 los dueños de Balam decidieron registrar el nombre de la empresa como marca comercial y encargaron el trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual a la compañía CITELAE del Centro, que tiene su domicilio en la calle Pedro Moreno 750, en la capital potosina.

Sin embargo, el domicilio corresponde a una bodega vacía, a una refaccionaria y a un pequeño local que vende alarmas para coches. El único rastro de la empresa es una pared con el nombre de CITELAE del Centro.

En un trámite realizado ante el IMPI, los representantes de la compañía aportaron otro domicilio: Pedro Moreno 911, también en San Luis, pero en esa dirección hay una bodega Aurrerá y una pollería, junto a una estación de gasolina.

Las plataformas Importgenious y Panjiva, especializadas en rastreo de transacciones de comercio exterior, reportan sólo una operación de esa misteriosa empresa ligada a Balam: el 25 de enero de 2013, CITELAE del Centro importó a través del aeropuerto de Toluca, piezas de arte con valor de 190 mil dólares, equivalente a 2.4 millones de pesos al tipo de cambio de entonces.

Las piezas de arte las compraron en Martin Lawrence, la exclusiva cadena de galerías de Estados Unidos que ha vendido obras de Marc Chagall, Salvador Dalí, Joan Miró, Pablo Picasso, Rembrandt, Renoir y Andy Warhol.

* Olmos y Lizárraga son integrantes de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Fuente: www.proceso.com.mx

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Mario Meneses

El objetivo de #AMESP es impulsar una ley única para las empresas de #SeguridadPrivada en #Mexico


ROBERTO RIVERA MIER, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA (AMESP)

“Nuestro objetivo más importante es impulsar una ley única que regule la actividad de la seguridad privada en México”

20/06/2017 – Por Bernardo Valadés.

En la actualidad, en México conviven normativas federales y estatales de seguridad privada, un escenario, según Roberto Rivera Mier, “que ha dado lugar a la informalidad y el incumplimiento”. Por ello, el máximo responsable de AMESP anhela la aprobación de una ley nacional que ponga orden en el sector, así como una capacitación constante de sus profesionales. De esta forma, comenta a ‘Segurilatam’, “conseguiremos que se contraten empresas responsables que cuenten con trabajadores competentes”.

-¿Cuándo se fundó la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) y cuáles son sus principales objetivos?

AMESP se creó en junio de 2012 con el fin de ser una asociación democrática e incluyente, crear mejores estándares de servicio en beneficio de nuestros clientes fomentando la competitividad, hacer escuchar los intereses legítimos de los asociados entre las autoridades y contribuir a la creación de la Cámara Nacional de Seguridad Privada.

Somos una asociación civil que surgió porque el sector necesitaba unirse y organizarse con bases firmes, claras y transparentes. Y, al mismo tiempo, para ser un órgano que colaborase con el Gobierno para diseñar, divulgar y ejecutar políticas, programas e instrumentos que posibilitasen fomentar la industria de la seguridad privada en México.

AMESP tiene como asociados a las empresas nacionales e internacionales más grandes y representativas que operan en el territorio nacional en todas sus modalidades: monitoreo de alarmas, guardias intramuros, traslado de valores, seguridad canina, seguridad electrónica, seguridad logística, protección de ejecutivos, consultoría de seguridad, seguridad aeroportuaria, etc.

-Al frente de AMESP, ¿qué iniciativas le gustaría materializar durante el presente año?

El objetivo más importante es impulsar una ley única que regule la actividad de seguridad privada. Actualmente, en México existen regulaciones federales y estatales, un marco que ha dado lugar a la informalidad y el incumplimiento. Y de ello se han beneficiado las empresas que operan irregularmente.

Otro de nuestros anhelos es la creación de la Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad Privada. Este es un reclamo constante a la Secretaría de Economía, que lleva más de 12 años sin crear ni otorgar reconocimiento a una nueva cámara industrial. En el caso de la de la seguridad privada, cumple ya con todos los requisitos para gozar del respaldo que se merece.

Asimismo, entre los objetivos de AMESP figuran la profesionalización y el desarrollo responsable del sector. Mediante la capacitación constante, se busca convertir a un inexperto en un profesional con el fin de generar valor y dignificar el sector. Y a través de la promoción de los procesos de certificación del personal de seguridad privada conseguiremos que se contraten empresas responsables que cuenten con trabajadores competentes. Al respecto, ya se está preparando a los primeros grupos de oficiales y supervisores de empresas asociadas a AMESP para que se desarrollen profesionalmente.

-Teniendo en cuenta el primer objetivo de la asociación, parece claro que AMESP coincide con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en que es necesaria una nueva ley de seguridad privada que garantice una operación homogénea y regulada a nivel nacional.

Así es. Coincidimos con Coparmex por las razones anteriormente esgrimidas, que, por supuesto, buscan que nuestro sector mejore y siga contribuyendo a la seguridad de los ciudadanos y al desarrollo económico del país.

-¿Qué conversaciones mantienen con el ámbito público?

Tenemos una excelente relación con las autoridades locales, estatales y federales. En el caso de estas últimas, en numerosas ocasiones hemos manifestado que estamos dispuestos a colaborar, siempre que se nos solicite, para lograr la regularización, profesionalización y dignificación del sector. Para el Gobierno, AMESP es un interlocutor confiable, serio y responsable. Lejos de llamar la atención de las autoridades a través de gestos, deseamos marcar la diferencia y trabajar con ellas de una manera conjunta.

-Bajo su punto de vista, al margen de la legislación, ¿qué aspectos han de mejorarse para que el sector de la seguridad privada mexicano siga creciendo tanto profesional como económicamente?

En primer lugar, como he mencionado anteriormente, debe existir una sola ley que regule la actividad de seguridad privada. Igualmente, han de simplificarse los procesos y reducirse la burocracia, las empresas tienen que seguir comprometiéndose en el desarrollo profesional de sus empleados y la autoridad ha de ejercer su función reguladora, especialmente sobre quienes operan al margen de la ley.

-¿Cuál es el grado de colaboración existente entre las seguridades pública y privada en México? En el caso de la segunda, ¿qué papel juega en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que entró en vigor en 2016?

Junto a la Dirección de Seguridad Privada entrenamos a instructores de empresas de nuestros afiliados, quienes, a su vez, han formado a otros empleados. Por ello, podemos concluir que nos hemos preocupado de capacitar al personal y contribuir ante cualquier hecho que se pudiese presentar en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Por lo tanto, en relación a este último todos los guardias de seguridad privada adscritos a AMESP se encuentran capacitados para participar en calidad de auxiliares, ya que los elementos de seguridad privada no son ni pueden ser considerados como autoridad; de ser así, estarían invadiendo esferas y usurpando funciones. Según esta reforma constitucional, el personal de seguridad privada es auxiliar de la policía y del Ministerio Público, en el caso de la comisión de un delito, y de la citada cartera, durante su procesamiento, de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por iniciativa propia, previa autorización y validación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, AMESP puso en marcha una serie de cursos de capacitación para el personal de seguridad privada. Hoy podemos decir con orgullo que los empleados de las empresas adscritas a la asociación están debidamente capacitados.

-A finales del año pasado, usted manifestó que en México operaban en torno a 6.000 empresas de seguridad privada, de las cuales sólo la mitad estaba en regla. ¿Cómo afecta esta situación irregular al buen funcionamiento del sector?

La existencia de empresas al margen de la ley tiene un impacto muy negativo para nuestro sector: perdemos competitividad y los usuarios se arriesgan a contratar servicios que pueden ocasionarles pérdidas, en el mejor de los casos, e incidentes graves. Consideramos que las empresas de seguridad privada que no cumplen con ningún ordenamiento legal carecen de capacitación y equipos adecuados. Y además de ser un riesgo para la sociedad y quienes las contratan, representan una competencia desleal para las que sí están en regla.

-¿Hasta qué punto contribuye el sector de la seguridad privada a reducir los índices delictivos en el país?

La actual normativa deja claro que nuestro sector es colaborador de la seguridad pública en casos de catástrofes, emergencia, etc. En ese sentido, tenemos presente que nuestra labor es ayudar a la comunidad. De igual manera, actuamos como elemento disuasorio ante la ausencia de la autoridad formal.

Fuente: www.segurilatam.com

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Mario Meneses

IMSS declara desierta licitación del servicio de #SeguridadPrivada para el norte del país.


Al concluir el proceso de licitación para el servicio de seguridad privada para 2 mil 211 inmuebles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se declararon desiertas las propuestas para las regiones Noreste y Noroeste del país.

David Palacios, director de Administración de la institución, indicó que la seguridad en las instalaciones en esas entidades la seguirán brindando las empresas contratadas hasta el momento, las que extenderán su contrato hasta diciembre del presente año, mientras se abre una nueva licitación para esa zona.

La Región Noreste de IMSS cuenta con cinco Unidades Médicas de Alta Especialización (UMAEs) y cinco delegaciones, en los estados de:

  • Nuevo León
  • Durango
  • Coahuila
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí

En la Región Noroeste, la institución cuenta con una UMAE y cinco delegaciones, en los estados de:

  • Sonora
  • Sinaloa
  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Chihuahua

Al presentar los resultados de la Licitación Pública Internacional para la contratación del servicio de seguridad privada, para un plazo de 36 meses que comenzarán a partir del próximo 1 de julio del presente año, Palacios informó que se generará un ahorro de 198 millones de pesos con los nuevos contratos.

Con motivo del fallo que se está en estos momentos elaborando y firmando por parte de todos los participantes, la licitación generó ahorros de casi 200 millones de pesos en un inicio, que equivalen a cerca del 6 por ciento del costo de seguridad durante los próximos 36 meses”, indicó el director de Administración del IMSS.

Palacios indicó que se presentaron propuestas de empresas para bridar el servicio de seguridad en las siete regiones que se dividió la institución, pero por fallas técnicas o falta de documentación se declararon desiertas las regiones 4 Noreste y 5 Noroeste.

La Región 4 está desierta, a pesar de no se sostiene el hecho de que no se presentó propuesta, ya que sí hubo una propuesta, pero estaba mal integrada, está región por ese motivo se declaró desierta.

La Región 5, que es la Noroeste, también se declaró desierta en virtud de que el licitante que se presentó no cumplió con los extremos que indica la ley en la evaluación”, explicó Palacios.

El funcionario rechazó las condiciones de inseguridad que se viven en la zona Norte del país, haya sido el motivo principal por el que se hayan declarado desiertas las licitaciones en las dos regiones de la institución.

Respecto al tema de la inseguridad, nosotros no queremos especular respecto a ese tema, lo que sí es evidente por la licitación, es que hubo interesados y por razones que ya explicamos se quedaron fuera”, dijo Palacios.

La licitación establece la contratación de 4 mil 793 turnos de puestos de servicios, para la vigilancia en el edificio sede del IMSS, en Paseo de la Reforma, oficinas, clínicas, UMAEs e instalaciones deportivas.

La licitación se circunscribe a turnos, por puestos de servicio, sin embargo, todo el servicio de seguridad que es protección y vigilancia en los inmuebles del Instituto incluye equipo de video vigilancia, que cada vez es más importante en este tipo de actividad.

También equipo de monitoreo, que son walkie-talkie y ese tipo de cosas, una central de servicios por cada uno de los inmuebles, una central de monitoreo por cada inmueble y la infraestructura necesaria para hacer rondas de supervisión”, dijo Palacios.

La seguridad consiste en personal sin armas, para el control de ingreso de personas a las instalaciones del IMSS, que además deben estar capacitados para atender casos de emergencia ante casos de protección civil y seguridad pública.

Fuente: m.excelsior.com.mx

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MarioMeneses_

Comisionado Nacional de Seguridad, Lic. Renato Sales Heredia, en el Foro “La #SeguridadPrivada en México, Retos y Prospectivas”.


“El mundo actual nos obliga a vincular al gobierno con sociedad civil, con organizaciones no gubernamentales y con empresas de seguridad privada, porque si se regula de manera efectiva y responsable, representa una esencial contribución a la provisión de seguridad para los ciudadanos”, destacó el Comisionado Nacional de Seguridad, Lic. Renato Sales Heredia, en el Foro “La Seguridad Privada en México, Retos y Prospectivas”.
Ante reguladores estatales reunidos en la capital del estado de Aguascalientes, Renato Sales reafirmó que la ciudadana debe colocarse en el centro de atención de los gobiernos, empresas y sociedad civil, “es imperativo trabajar conjuntamente, trabajar coordinadamente en aras, insisto, que ese entendimiento que se está generando a partir de esta reunión, seguridad pública y seguridad privada converjan en un tema esencial que es seguridad ciudadana”, enfatizó.

El Gobernador de Aguascalientes, Lic. Martín Orozco Sandoval, acentuó que “la seguridad es un tema de todos, es una responsabilidad que va desde la familia hasta el gobierno pasando por la seguridad privada, y debemos hacer con ello una sola sinergia para trabajar todos en el mismo sentido: que es mantener la tranquilidad de este país”.

El titular de la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada, Mtro. Luis Esteban Islas Bacilio, ratificó que se ha trabajado de manera estrecha con reguladores estatales, con el sector privado, con los empresarios, para establecer los puntos específicos de la propuesta legislativa para la regulación de este sector, y “este espacio es una oportunidad para intercambiar ideas sobre cómo lograr una ley que verdaderamente funcione para la actividad del sector y los ciudadanos”, puntualizó.

Fuente: www.cdnoticias.com.mx

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Mario Meneses

Empresas de #SeguridadPrivada serían “fachadas” para #Crimen, advierte Diputada Patricia Rodriguez


Miércoles, 17 de mayo de 2017

La diputada local de MORENA, Patricia Rodríguez Cueto, señaló que existe un vacío legal en la entidad en cuanto a la regulación de las empresas de seguridad privada, las cuales podrían estar siendo utilizadas como “fachadas” para realizar actividades ilícitas.

“Ha existido en el Estado un rubro en donde todavía no se legisla completamente, me refiero a todas aquellas empresas que prestan los servicios de seguridad privada en el Estado”, alertó.

Por esta razón, en la sesión ordinaria de este martes, presentó una iniciativa de Ley para regular dichas compañías.

“Hoy en día es importante llenar ese vacío legal que existe, ya que si bien existen empresas de seguridad privada que se dedican realmente a brindar los servicios, pudieran existir otras que solamente son fachadas para realizar otro tipo de actividades que pudieran ser ilícitas.

“Entonces es necesario tener una Ley que dé certeza jurídica, no sólo a las empresas que contratan estos servicios, sino a todos los ciudadanos”.

Refirió que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) establece que hasta abril de 2017 se cuentan con un registro activo de 40 empresas que laboran a lo largo y ancho de la entidad.

Sin embargo, según datos del INEGI en Veracruz hay 68 empresas de seguridad privada registradas, con mil 348 trabajadores, de ahí que no se sabe qué sucede con las 28 que no están en operaciones.

Rodríguez Cueto recordó que a nivel federal se cuenta con una Ley en la materia, sin embargo esto no pasa a nivel local.

Comentó que dichas compañías están destinadas a la prestación de servicios de seguridad y protección personal o de bienes; traslado de valores y bienes, así como de información, capacitación o adiestramiento.

Explicó que a la fecha estos establecimientos están regulados por conducto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública a través de su coordinación, lo que es insuficiente.

Enumeró que otros estados como Yucatán, Nuevo León, Chihuahua, Hidalgo, Ciudad de México, Chiapas y Puebla, ya cuentan con leyes locales que regulan las actividades de las empresas de seguridad privada, así también supervisan a su personal, infraestructura, equipo e instalaciones, teniendo con ello un auténtico Estado de Derecho.

Fuente: www.seguridadenamerica.com.mx

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Mario Meneses

Primera empresa de #SeguridadPrivada a nivel nacional en recibir la nueva Cédula de Identificación Personal (CIP)


Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI), que preside Alejandro Desfassiaux, se convirtió en la primera empresa a nivel nacional en recibir la nueva Cédula de Identificación Personal (CIP) emitida por la Dirección General de Seguridad Privada del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) de la Secretaría de Gobernación.

Este documento permitirá a particulares y autoridades verificar en el sistema del CNS, a través del nuevo Registro Nacional de Empresas de Seguridad, si el personal operativo de las distintas empresas que dan estos servicios en el país está debidamente registrado ante las autoridades federales. La base de datos contiene los datos generales de cada elemento que porta armas de fuego, a fin de garantizar transparencia y calidad en los servicios de seguridad privada.

“Este avance tecnológico y regulatorio garantiza la transparencia, capacitación y calidad de los servicios de seguridad privada que le ofrecemos a las empresas de diferentes sectores”, afirmó Alejandro Desfassiaux, presidente de Grupo Multisistemas, durante el evento de entrega de reconocimiento a la firma que comanda como la primera en recibir la CIP.

El directivo indicó que su empresa busca brindar servicios de excelencia a todos sus clientes, siempre diferenciándose de negocios que no cumplen con los estándares mínimos requeridos por las autoridades y que finalmente afectan a los contratantes y al sector.

Por su parte, el director general de Seguridad Privada del Consejo Nacional de Seguridad, Juan Antonio Arámbula Martínez, entregó de manera simbólica la primera Cédula de Identificación y expresó que Grupo Multisistemas es un pionero en materia de regulación e innovación en el país en materia de seguridad.

Fuente: www.mundoejecutivo

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Mario Meneses

El papel de la #SeguridadPrivada en la lucha contra el #yihadismo


1 Febrero, 2017

Hasta no hace poco, el terrorismo de etiología yihadista en el entorno occidental era considerado un fenómeno aislado, esporádico y casi anecdótico. Actos reflejos de un terrorismo que tenía su campo de lucha natural en los países musulmanes, sin embargo, de un tiempo a esta parte, se ha incorporado a la vida cotidiana de forma paulatina. Es cada vez más frecuente que los noticieros de medio mundo abran sus ediciones anunciando un atentado de esta naturaleza, y que incluso cualquier accidente, aéreo o ferroviario, sea visto como un posible  atentado con aquel origen. En terminología yihadista, estos atentados en el entorno occidental, es lo que ellos llaman la lucha contra el enemigo lejano, opuesta a la lucha contra el enemigo próximo; los países musulmanes apostatas, por considerar que estos han abandonado el auténtico Islam, para aliarse con Occidente.

En cómo estructurar y priorizar la lucha contra uno u otro enemigo se diferencian las estrategias de las dos grandes franquicias del yihadismo global; Al Qaeda y Daesh. Algunos expertos, como Gilles Kepel, en su reciente obra “el terror entre nosotros”, tildan el actual estado de las cosas, en esa materia, como la tercera oleada de terrorismo yihadista. En dicha estrategia, planificada por el sirio español Mustafa Setmarian, después de haber agotado las dos anteriores, nacidas de la lucha contra los soviéticos en Afganistán a finales de los ochenta y contra Estados Unidos y sus atentados contra los intereses americanos, se abre paso un nuevo concepto de terrorismo. Este histórico yihadista, cuyo verdadero nombre es Abu Musab al –Suri que remonta su vínculo con España a los años 80, a donde llegó tras huir de la represión en Siria, en unos levantamientos contra el régimen del padre del actual presidente Basar El Asad. En aquella época, algunos lo han vinculado al atentado del Restaurante Descanso en las inmediaciones de la base americana de Torrejón, en el año 1985. Dicho yihadista, considerado uno de los principales ideólogos del yihadismo global, en su obra “Llamamiento a la resistencia islámica global”, difundida en internet en el año 2005, abogaba por trasladar el campo de batalla a las calles de Occidente.

En esa premonitoria estrategia se abandonaba la estructura reticular y jerarquizada de cualquier organización terrorista, para dejar a la iniciativa individual el cómo, cuándo y dónde. En su concepción de la nueva etapa de la lucha, dejaba claro que la importancia de cada atentado no radica tanto en el calado e importancia del objetivo, como había venido siendo habitual (Torres del WTC, Pentágono, 11M, atentados de Londres, etc), como en la popularización de la lucha. En dicha estrategia lo que prima es en primer lugar provocar el aislamiento y la escisión de las comunidades musulmanas en occidente respecto de su entorno. Para ello era necesario dinamitar cualquier posibilidad de integración, entendimiento y convivencia entre ambas comunidades; la migrada musulmana y la occidental. Siendo el camino mas corto en ese trayecto instalar la desconfianza entre ambas, por sentirse una amenaza y la otra discriminada. Junto a esta estrategia de largo recorrido hay otra en el terreno policial; la dificultad de las fuerzas de seguridad de, a través del control de las estructuras de las organizaciones terroristas, llegar a las terminales de estos; a sus operativos en Occidentes. Era la idea primigenia de las distintas formas que ha venido tomando lo que se denominan periodísticamente los “lobos solitarios”.

El esquema es bien sencillo: Se pretende que el ciudadano medio se sienta objetivo, en si mismo, y no solo recele del terrorismo habitual dirigido contra los símbolos del poder (Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas, clase política, etc.), sino que acabe rechazando todo signo identitario islámico porque lo vea como una amenaza directa contra la ciudadanía occidental. Conseguido esto, el entorno musulmán empezará a sentirse rechazado y menospreciado, generando sentimientos de humillación y discriminación. Pues bien, partiendo de ese sencillo esquema de fondo, se pretende sumir a la sociedad en su conjunto en una paranoia global de amenaza generalizada. Y para ello, nada más efectivo que atentar contra objetivos soft, esto es, contra objetivos sencillos, asequibles y poco o nada protegidos como son los espacios públicos y las grandes aglomeraciones. Lo hemos visto en la sala Bataclan, los aeropuertos de Bruselas y Estambul, en el paseo marítimo de Niza, etc.

De otra parte, estamos acostumbrados a que la lucha contra esta lacra se aborde desde la perspectiva de los servicios de inteligencia o policiales, quienes, tras arduas y agudas investigaciones, sin duda que imprescindibles, llegan a determinar la célula o grupo que está detrás de este tipo de ataques. Pero son muchos los expertos que coinciden en que se ha trabajado poco en el frente de la prevención. Esto es en el diseño de un modelo de trabajo preventivo que dificulte la materialización de este tipo de atentados. El paso más decisivo que se ha dado en nuestro país, en este ámbito, lo podemos cifrar, tras la firma del acuerdo antiterrorista en enero de 2015, entre los dos grandes partidos nacionales, en la puesta en escena del PLAN ESTRATEGICO NACIONAL CONTRA LA RADICALIZACION VIOLENTA. En este plan, siguiendo las directrices de la UE, se pretendió ser lo mas inclusivo posible, y se incorporó tanto a las administraciones (12 ministerios, CNI, ayuntamientos, etc.) a los colectivos en riesgo o vulnerables, y otros sectores de la sociedad civil, como es la fundación pluralismo y convivencia, dejando abierta la posibilidad de que se incorpore otras entidades públicas o privadas que se consideren necesarias.  Pero no se ha ido mas lejos. El Plan está inacabado y con grandes vacíos en su definición. Las mesas de trabajo a nivel local, con una gran participación por parte de los ayuntamientos, no están constituidas. Únicamente funciona de manera estable, el órgano de aviso, con un teléfono, un correo electrónico y una página web; STOP RADICALISMO, coordinada y mantenida por el CITCO, con muy buenos resultados.

El sistema está configurado como una alerta temprana para detectar signos de radicalización, y en él no se ha contemplado de forma determinada la participación de la seguridad privada. Cuando precisamente, los mas de 75.000 empleados de la seguridad privada es la fuerza que va a ser y estar probablemente involucrada en aquel tipo de atentados. Hasta ahora, no se ha profundizado lo suficiente en como muchos de aquellos espacios, que cuentan con una seguridad propia, pueden aportar un plus de seguridad preventiva a esos entornos, y también a la inteligencia básica que ayuden en investigaciones posteriores desarrolladas a partir de la ejecución de  esos atentados. Falta sistemática en el desarrollo de los protocolos de actuación tanto en la prevención, como en la reacción a estos atentados, pero sobre todo formación en ese entorno profesional para que las distintas empresas que operan en nuestro país, en materia de seguridad privada, tengan a su personal formado en materia de lucha antiterrorista.

Esta lucha es como bien define el Plan Estratégico Nacional, una lucha de toda la sociedad, por ello resulta imprescindible que un sector tan crítico como es la seguridad privada, en este tipo de terrorismo, se vea representada en los comités locales y nacional que vertebra ese Plan. Es un olvido, y en cualquier caso, un error esa ausencia.

D. Manuel Llamas Fernández es Coronel-Jefe de la Comandancia  de la Guardia Civil de Granada

Fuente: cronicaseguridad.com

Saludos

Mario Meneses

El Senado modifica la Ley General de #ProtecciónCivil para definir “Instalaciones Vitales” e “Innovaciones Tecnológicas”.


  • Las entidades federativas deberán promover la fácil accesibilidad al Atlas Nacional de Riesgos.

 

El Pleno del Senado avaló con 88 votos, modificar la Ley General de Protección Civil a efecto de establecer las definiciones de “Instalaciones Vitales” e “Innovaciones Tecnológicas”, a efecto de que el Atlas Nacional de Riesgos sea de fácil acceso para todos los ciudadanos y que la Escuela Nacional de Protección Civil acredite una capacitación en la materia.

 

El documento busca incluir la definición de “Instalaciones Vitales”, ya que la Ley no prevé este concepto, y su inclusión ayudaría a identificar instalaciones que, por sus características, en caso de sufrir algún daño, ocasionaría una afectación a la población, sus bienes o entorno.

 

Las entidades federativas deberán promover, de acuerdo a su competencia, la fácil accesibilidad al Atlas Nacional de Riesgos, siguiendo las bases del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

 

El documento establece que la Escuela Nacional de Protección Civil fijará las competencias y conocimientos necesarios para la acreditación de la capacitación formal de protección civil que ofrezcan o comercialicen personas físicas y morales.

 

Dicha capacitación será temática o en grado ascendente, de acuerdo a lo establecido por el Sistema Educativo Nacional en materia de acumulación de créditos y el marco cualificaciones.

 

Se envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Fuente: Senado de la Republica

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Mario Meneses

Verifica #SSP #CDMX a más de dos mil escoltas. #ProteccionEjecutiva #SeguridadPrivada


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COMUNICADO 479/17

Durante lo que va del presente año, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX) ha revisado en calles de la capital del país a dos mil 307 trabajadores que prestan el servicio de seguridad privada y ha remitido a 75 personas ante el Ministerio Público al tiempo en que ha instalado 51 puntos de supervisión.

La SSP-CDMX desplegó este jueves el operativo Verificación de Escoltas, para supervisar que quienes prestan el servicio de seguridad privada operen con apego a la normatividad vigente, así como para evitar malas prácticas que puedan poner en riesgo a la ciudadanía.

Personal de la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP), adscrito a la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial, instaló un punto de inspección en el cruce de Ingeniero Sué y Emilio Castelar, colonia Polanco, delegación Miguel Hidalgo.

Con apoyo de policías de proximidad, adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Polanco, así como metropolitanos, adscritos al agrupamiento Fuerza de Tarea, se realizó la revisión de 22 vehículos.

Un automotor fue trasladado por policías de tránsito al depósito vehicular de Río San Joaquín, por contar con la instalación de un dispositivo acústico similar al que utilizan las unidades de emergencia, conforme al Artículo 48, fracción 1, del Reglamento de Tránsito.

En la acción preventiva fueron entrevistados 19 choferes y 12 escoltas, además de que se verificó la matrícula de 12 armas cortas, así como las licencias de conducir de los conductores, a quienes se les permitió retirarse al no presentar irregularidades en su documentación.

Los dispositivos son aplicados con respeto a los derechos humanos y realizados conforme a la Ley de Seguridad Privada, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, relativo a las personas físicas o morales que prestan servicios o realizan actividades de seguridad privada en la CDMX y tengan vigentes sus respectivos permisos, autorizaciones, constancias del aviso de registro o licencias.

La SSP-CDMX, a cargo del licenciado Hiram Almeida Estrada, refrenda su compromiso de servicio a la ciudadanía y pone a su disposición la línea de emergencia 911 para ofrecer apoyo de seguridad, así como el teléfono de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS) 52 08 98 98 y su cuenta de Twitter @UCS_CDMX para atender denuncias.

Fuente. www.ssp.cdmx.gob.mx

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Mario Meneses