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7 derechos laborales que (sí o sí) debes tener. #Empleado


En México, los trabajadores no tienen la cultura de informarse sobre sus derechos laborales. En ocasiones esto deriva en abusos por parte de algunos empleadores; por eso, te decimos los 7 básicos que debes tener presente.

En México no existe una cultura sobre sus derechos laborales. (Shutterstock)

En México existen tres tipos de trabajadores: sindicalizados, no sindicalizados y de confianza. Sin importar en qué grupo te encuentres, por ley debes tener un contrato por escrito en el que consten los términos y condiciones en los que laborarás.

En caso de no contar con dicho documento, corresponderá al empleador acreeditar las condiciones de trabajo en caso de conflicto. Éste es tan solo un ejemplo de los derechos laborales que nos corresponden y que muchas veces ignoramos.

Es importante que como trabajadores (y empleadores) sepamos cuáles son estos derechos laborales básicos, por ello, los especialistas Hugo Hernández-Ojeda y Luis Ruiz Gutiérrez, socios de Hogan Lovells, nos detallan siete de ellos, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo vigente.

1. Vacaciones. Cada trabajador tiene seis días de vacaciones por el primer año de servicio, incrementándose en dos días por cada año hasta el cuarto año de servicios y, a partir de entonces, los días de vacaciones se aumentan dos días cada cinco años; además te corresponde una prima vacacional equivalente al 25 por ciento del monto percibido durante los días de vacaciones; aguinaldo correspondiente a 15 días de sueldo; un máximo de 48 horas de trabajo semanales; un día de descanso por semana; goce de sueldo y percibir al menos el salario mínimo (actualmente éste es de 80.04 pesos).

2. Contrato individual de trabajo.
 Como indicamos al inicio siempre debe existir un contrato laboral de por medio. Estos documentos deberán contener: Información de las partes, duración del empleo, servicios a ser prestados por el empleado, lugar en que se prestarán los servicios, información de salario (es decir, cantidad, términos a pagar, día y medio de pago), referencias de formación, vacaciones y cualquier otra condición de trabajo acordada por las partes.

3. No discriminación. La Ley Federal de Trabajo prohíbe cualquier tipo de discriminación. Todas las personas involucradas en una relación de trabajo están protegidas contra discriminación por: raza, nacionalidad, preferencia sexual, nacionalidad, religión, estado civil, condición social, edad, género y/o discapacidad. Asimismo, las prácticas discriminatorias también están prohibidas durante los procesos de contratación, por lo que si eres víctima de esta práctica puedes denunciar.

4. Protección de datos personales. Aunque la legislación laboral no señala una provisión específica sobre el tema, la Constitución Federal establece el derecho a la protección personal de datos. Por otro lado, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece que el tratamiento (obtención, uso, divulgación o almacenamiento) de datos personales está sujeto al consentimiento de la persona a la que estos pertenecen. Asimismo, los patrones, como ‘controladores de los datos’, deben compartir el aviso de privacidad correspondiente con sus empleados. 

5. Maternidad. Durante este periodo, el salario, beneficios y derechos de las mujeres, no deben verse afectados. El Instituto Mexicano del Seguro Social pagará a la madre trabajadora el 100 por ciento de su salario diario como aporte de seguridad social. Si se prolonga el período de licencia de maternidad, tiene derecho al 50 por ciento del salario diario de la contribución a la seguridad social por un período de hasta 60 días.

6. Terminación de la relación de trabajo. Si la relación laboral se rescinde sin causa justificada, el empleador deberá indemnizar al trabajador mediante el pago de un pago correspondiente a tres meses de salario integrado, más 20 días de salario integrado por año de servicio, además de una prima de antigüedad. Lo anterior independientemente del pago de las prestaciones y salarios devengados.

7. Pago de utilidades. Todos los trabajadores de una Empresa, con excepción de los expresamente mencionados por la Ley Federal del Trabajo, tienen derecho a participar en las utilidades de la Empresa.

Fuente: www.elfinanciero.com.mx

Saludos

Mario Meneses

Investigaciones de la PGR, en riesgo por filtraciones.


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Tras su detención en mayo pasado, Dámaso López, El Licenciado, decidió no declarar ministerialmente, porque, aseguró: No diré nada porque antes de que termine de hablar ya lo sabrán afueraFoto Alfredo Domínguez
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Lunes 19 de junio de 2017, p. 14

La afirmación los tomó por sorpresa:No diré nada porque antes de que termine de declarar ya lo sabrán afuera. Tenemos infiltrados aquí y allá. Los funcionarios trataron de hurgar: A ver, cuéntenos, díganos quiénes. Dámaso López, el presunto sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en el cártel de Sinaloa, concluyó con un ¿para qué?, no quiero que me maten.

Eso ocurrió el pasado 2 de mayo en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), horas después de que El Licenciado fue detenido en un departamento en la colonia Anzures, de la Ciudad de México.

Desde tiempo atrás las alarmas en esa área de la Procuraduría General de la República (PGR) se habían encendido. La desconfianza se generó no sólo por las filtraciones de información sobre investigaciones importantes, sino también por el descubrimiento de que allí se falsifican mandamientos ministeriales de comparencia, se hacen supuestos oficios que dan cuenta de averiguaciones previas o carpetas de investigación inexistentes, pero que sirven para extorsionar a ciudadanos y delincuentes.

El descubrimiento o el surgimiento de indicios de infiltración del crimen organizado en áreas gubernamentales no es nuevo. Ex jefes de la Policía Judicial Federal, del Servicio Secreto o de la Dirección Federal de Seguridad colaboraron con grupos criminales entre los años 70 y 90, incluso formaron parte de los mandos de cárteles de las drogas.

En 2005, fue dejado en libertad, porfalta de elementos para procesar, Nahúm Acosta Lugo, ex director de giras de la Presidencia de la República durante la gestión de Vicente Fox. El funcionario fue acusado de delincuencia organizada y colaborar con el narcotráfico, por sus supuestos vínculos con integrantes de los hermanos Beltrán Leyva, que en ese entonces servían a El Chapo.

Luego de seis días de permanecer encarcelado y tras 52 de investigación policiaca bajo arraigo en una casa de la PGR, Acosta Lugo recuperó su libertad, mientras la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (Siedo) trató de revertir la sentencia del juzgado sexto de distrito con sede en Toluca, sin éxito.

Uno de los casos más recientes se conoció en abril de este año, cuando Iván Reyes Arzate, ex director de la División Antidrogas de la Policía Federal (PF), se entregó voluntariamente en la ciudad de Chicago a autoridades de Estados Unidos, y reconoció haber entregado información a la organización de los hermanos Beltrán Leyva.

Cuando Reyes Arzate se entregó a Estados Unidos, en la Seido ya se había iniciado una investigación interna de la que aún no existen resultados públicos. La indagatoria comenzó tras el descubrimiento de un oficio que falsamente refería la existencia de una investigación en contra de un presunto narcotraficante que opera en Morelos.

En enero de este año, la Siedo abrió una carpeta de investigación relacionada con la desaparición de dos agentes del Ministerio Público y un elemento de la Policía Federal.

Los tres funcionarios: Víctor Andrés Vilchis Renata y Miguel Ángel Rodríguez Cuéllar, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de la Seido, y Marco Antonio Álvarez Gómez de la Policía Federal, desaparecieron.

La noche del 24 de enero, los dos agentes salieron de la Seido. Dejaron sus vehículos en un estacionamiento cercano a su centro de trabajo y abordaron un taxi con rumbo a la calzada de Tlalpan, allí se encontraron con el agente federal, subieron a su unidad y tomaron rumbo a la carretera México-Cuernavaca.

Como parte de las investigaciones, las autoridades obtuvieron grabaciones de la caseta en su paso rumbo a la ciudad de la eterna primavera. Una camioneta los seguía. Ya no se supo más de ellos, solamente que llegaron a los límites de Cuernavaca y Huitzilac.

El vehículo de Antonio Álvarez Gómez fue localizado días después calcinado. La investigación sigue abierta, aunque en mayo pasado la PGR detuvo a dos presuntos implicados en la desaparición, fueron identificados como José Manuel Abarca, líder de una célula del cártel de Los Rojos y Justino González Hernández.

Este caso derivó en una indagatoria interna, cada computadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros ha sido revisada, en dos de ellas se encontraron rastros de documentos elaborados y luego borrados que se relacionaban con la falsificación de averiguaciones previas, mandamientos ministeriales de presentación.

Pero no es el único caso, el pasado 3 de junio, un día antes de las elecciones en los estados de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit, se dieron a conocer supuestos citatorios emitidos por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para diversos dirigentes locales de partidos políticos con el fin de que comparecieran ante ese organismo, pero el titular de la misma, Santiago Nieto Castillo, desmintió la veracidad de esos documentos en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, la Fepade emitió un comunicado de prensa en el que señaló: “Se niega categóricamente que esté entregando citatorios a los representantes generales de los partidos políticos y de casillas, esos citatorios son falsos, así como supuestas llamadas telefónicas que está realizando la Fepade a los ciudadanos.

El Fiscal Santiago Nieto en ningún momento ha firmado algún citatorio para la jornada electoral. Asimismo, invita a la ciudadanía a salir a votar este 4 de junio y no tomar en consideración ningún mensaje o correo falso que pretenda inhibir el voto libre y secreto. La Fepade abrió carpetas de investigación por estos hechos.

La infiltración de los grupos criminales o la existencia de funcionarios que utilizan sus cargos para obtener beneficios económicos por desaparecer las investigaciones (falsas) o no cumplir órdenes de aprehensión o de citación ministerial, son parte del negocio que investiga la PGR.

El 2 de mayo, con El Licenciado en las instalaciones de la Seido también se puso en evidencia que los grupos criminales tienen infiltrada a la institución ministerial, por ello decidió no declarar ministerialmente y solicitar que lo enviaran a una prisión donde estuviera seguro, y fue llevado a Ciudad Juárez, donde permanece bajo condiciones de máxima seguridad, aislado, con una hora de patio y sin contacto con otros internos.

Fuente: jornada.unam.mx

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Mario Meneses

Descarga Protocolos de #CadenaDeCustodia y Preservación de Prueba (Campeche, Distrito Federal y Puebla) 2014


INSTITUTO MEXICANO DE DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA  A. C.

http://reformapenal.org/wp-content/uploads/2016/06/IMDHD2_Protocolos-cadena-de-custodia.pdf

Fuente: reformapenal.org

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Mario Meneses

 

“Desafíos para lograr un nuevo régimen en #México” @JohnMAckerman y @EdgardBuscaglia


¡Conéctate a una apasionante mesa de debate!
“Desafíos para lograr un nuevo régimen en México”
Las elecciones del 2018, los dedazos electorales, el modelo de negociación con el poder, la amnistía anticipada y otros temas de interés nacional.
No te pierdas esta extraordinaria mesa de debate entre John Ackerman, académico de la UNAM y articulista de La Jornada; y Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana (IAC) e investigador de la Universidad de Columbia, moderada por Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV.

Fuente: Rompeviento

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Mario Meneses

SCJN declara constitucional #Prisión preventiva para #Adolescentes


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La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió declarar constitucional la prisión preventiva para adolescentes en sesión del Pleno. Esto al resolver la Acción de inconstitucionalidad 60/2016 promovida por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde se impugnaban diversos artículos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes (art. 72 fr. II, inciso a); art. 119 fr. XI y art.122) bajo la ponencia del Ministro Franco González Salas.

Se avaló dicha medida con 8 votos a favor y 3 en contra de la constitucionalidad de la medida cautelar para adolescentes que recordaron, sólo será una medida excepcional, que puede aplicarse a jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 y por un periodo no mayor a 5 meses con revisiones mensuales.

El titular de la CNDH alegaba que la prisión preventiva sólo era constitucional en el caso que el menor fuera declarado culpable pues de lo contrario sería una violación al derecho de presunción de inocencia.

Descartaron que existiera confusión entre los términos internamiento preventivo y prisión preventiva pues el Sistema penal para adolescentes es integral y autónomo del de los adultos.

Durante la sesión los Ministros argumentaron que la prisión preventiva para adolescentes tiene la finalidad de garantizar tanto la seguridad del propio menor así como la integridad de las víctimas, testigos y la comunidad, es decir, se constituye como un mecanismo de equilibrio procesal para respetar los derechos de las partes. Asimismo destacaron que esta medida tiene la finalidad de garantizar la comparecencia de hechos y el desarrollo de la investigación.

Ministra Luna Ramos: “Estoy de acuerdo con la declaración de constitucionalidad de la prisión preventiva para adolescentes, tiene asidero en el artículo 18 de la CPEUM sobre la restricción de la libertad personal. Esta medida supone un equilibrio procesal donde se garantiza los derechos de las víctimas y la comunidad.”

Sin embargo acotaron que se deben preferir otra medidas de menor intensidad antes de optar por la prisión preventiva, se tiene la obligación de separar a los adolescentes detenidos preventivamente de los sentenciados. El Ministro Cossío Díaz, en contra de declarar constitucional la esta medida para adolescentes, contravino a la mayoría mencionando que el Ministerio Público debe ser quien proteja a las víctimas y no mediante el internamiento preventivo.

Fuente: http://bordejuridico.com

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Mario Meneses

La CAPUFE ha otorgado 770 millones de pesos en licitaciones bajo un esquema de filtración de información


Seis empresas nacionales han obtenido ventaja en licitaciones para el mantenimiento de autopistas y carreteras por medio de filtraciones ilegales de información en Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), lo que les ha permitido ganar contratos que superan los 770 millones de pesos –alrededor de 41.3 millones de dólares-.

El tráfico de información ha emanado desde la oficina del número dos del organismo público encargado de administrar y modernizar las carreteras en el país, entre otras tareas. Mauricio Sánchez Woodworth,  director de Infraestructura en CAPUFE, filtró datos que por ley están reservados a un conjunto de compañías para que pudieran “competir”  con ventaja en las licitaciones. Lo hizo por medio de su cuñada, Estela Vega Montaño.

Las empresas involucradas recibieron con semanas de anticipación los montos máximos que puede pagar CAPUFE por obras, así como detalles técnicos. Estos datos, a la postre, han permitido a esas firmas tomar ventaja sobre sus competidores cuando se abren los concursos.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso a alrededor de 80 correos electrónicos en los que cuatro personas, uno de ellos el número dos de CAPUFE, se ponen de acuerdo para las licitaciones. Según el contenido de esos mensajes, el esquema ha venido operando desde 2013.

El tráfico de información incluyó un documento oficial de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C (BANOBRAS), que contiene los techos presupuestales de las obras de CAPUFE para 2016, calculadas en 5 mil 868 millones de pesos.

Como se dice en ese oficio, del cual MCCI tiene copia, ese documento está reservado por 12 años, es decir, su contenido debería permanecer en sigilo hasta el año 2027.

Tras el análisis de los correos electrónicos, los contratos amañados en CAPUFE para este grupo de empresas fueron localizados en 20 expedientes de licitaciones. Al revisar los mismos, se advierte que las empresas que tuvieron información adelantada y confidencial dejaron en el camino a 152 ofertas de otras compañías aun cuando eran más económicas que las propuestas ganadoras.

Publicación completa: http://contralacorrupcion.mx/web/capufeleaks/

Saludos

Mario Meneses

La información gubernamental sobre #SeguridadPublica es manipulada. Mensaje de los ciudadanos!!!


Uno de cada dos residentes urbanos en México considera que la información gubernamental sobre seguridad pública ha sido manipulada, ¿será? Jonathan Fdr explica algunos hallazgos de Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable.

La #policía ya no puede utilizar la data de #Facebook para monitorearte


Facebook le está quitando a los departamentos de policía un gran tesoro de datos que ha sido utilizado cada vez más para vigilar a los manifestantes y activistas.

La medida, que la red social anunció el lunes pasado, surge tras la preocupación por el seguimiento de las cuentas de medios sociales de los manifestantes en lugares como ­Ferguson, Missouri y Baltimore­. También llega en un momento en que su director ejecutivo Mark Zuckerberg­ dice que está ampliando la misión de la empresa de simplemente “conectar el mundo” en redes de amigos para promover la seguridad y la comunidad.

Aunque el negocio principal de la red social es la publicidad, Facebook junto con Twitter e Instagram, propiedad de Facebook, también proporciona a los desarrolladores acceso a los feeds públicos de los usuarios. Los desarrolladores usan los datos para monitorear tendencias y eventos públicos.

Por ejemplo, los anunciantes han rastreado cómo y qué consumidores están discutiendo sus productos, mientras que la Cruz Roja ha utilizado datos sociales para obtener información en tiempo real durante desastres como el huracán Sandy.

Sin embargo, las redes sociales han estado bajo el fuego por trabajar con terceros que comercializan los datos a la policía. El año pasado, ­Facebook, Instagram y Twitter cortaron el acceso a Geofeedia, una startup que compartió datos con la policía, en respuesta a una investigación de la Unión Americana de Libertades ­Civiles (ACLU, por su sigla en inglés).

La ACLU publicó documentos que hicieron referencias para rastrear activistas en las protestas en ­Baltimore en el 2015 después de la muerte de un hombre negro, Freddie Gray, mientras estaba bajo custodia policial y también en las protestas en ­Ferguson, Missouri, en el 2014 después de que la policía le disparó a ­Michael Brown, un negro de 18 años que estaba desarmado.

El lunes, Facebook actualizó sus instrucciones para que los desarrolladores dijeran que no pueden “usar los datos obtenidos de nosotros para proporcionar herramientas que se utilizan para la vigilancia”.

La compañía también dijo, en un blog, que había expulsado a otros desarrolladores de la plataforma desde que cortó sus lazos con Geofeedia.
Hasta ahora, Facebook no ha sido explícito sobre quién puede utilizar la información que los usuarios publican. Esto puede incluir la lista de amigos de una persona, la ubicación, el cumpleaños, la imagen del perfil, la historia de la educación, el estatus de la relación y la afiliación política, si hacen que su perfil o ciertos posts sean públicos. Algunos departamentos han elogiado las herramientas, que dicen que les ayuda a combatir la delincuencia, por ejemplo, si los líderes de pandillas publican referencias a sus crímenes.

En una declaración sobre los cambios, que fueron los resultados de varios meses de conversaciones con activistas, la ACLU y otros grupos elogiaron el movimiento de Facebook como un “primer paso”.

“Dependemos de las redes sociales para conectarnos y comunicarnos sobre los asuntos más importantes de nuestras vidas y los principales problemas políticos y sociales de nuestro país”, dijo Nicole Ozer, directora de Tecnología y Libertades civiles de la ACLU de California.

“Ahora más que nunca, esperamos que las compañías cierren las puertas laterales de vigilancia y se aseguren de que nadie pueda usar sus plataformas para perseguir a personas de color y activistas”.

Algunos dijeron que Facebook no había ido lo suficientemente lejos. “Cuando las compañías de tecnología permiten que sus plataformas y dispositivos sean utilizados para llevar a cabo una vigilancia masiva de activistas y otras comunidades focalizadas, frena la disidencia democrática y da al autoritarismo una licencia para prosperar”, dijo Malkia Cyril, directora ejecutiva y fundadora del Center for Media Justice.

“Está claro que hay más trabajo por hacer para proteger a las comunidades de color de los medios sociales de espionaje, censura y acoso”.
El nuevo lenguaje de políticas no excluye a la policía de la plataforma. Por un lado, la compañía coopera con la aplicación de la ley en casos específicos para la ayuda en la resolución de crímenes.

La policía y las agencias federales aún puede extraer los feeds de la gente en casos de desastres y emergencias nacionales, dijeron funcionarios de Facebook. No ha quedado claro cómo la red social decidirá qué emergencias y eventos públicos justificarán el monitoreo de los datos de los ciudadanos y que constituiría una “vigilancia” irrazonable. La “vigilancia” tampoco fue definida en la entrada del blog, un área gris potencial que los forasteros pueden explotar. Facebook dijo que continuará auditando a terceros por violaciones de políticas y exigirá que los desarrolladores revelen lo que planean hacer con los datos a los que están solicitando acceso.

Departamentos de policía locales en Estados Unidos han gastado unos 5 millones de dólares en monitoreo de medios sociales en los últimos años, de acuerdo con el Centro de Justicia Brennan. La cantidad relativamente pequeña muestra cómo es barato realizar un seguimiento y monitorear el comportamiento de un gran número de personas.

Elizabeth Dwoskin es la corresponsal en Silicon Valley para The Washington Post.

Fuente: eleconomista.com.mx

Saludos

Mario Meneses

Analisis sobre la regulación de la #SeguridadPrivada


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Para poder entender la actual situación de la sobre regulación en la prestación de servicios de seguridad es importante conceptualizar como nace la ley y se ha ido transformando ya que la seguridad pública no estaba  reconocida en la constitución de la república México como un derecho, por lo que se incluye en la constitución bajo el gobierno de Ernesto Zedillo,  en 1995 y se acuerda que la seguridad en el país es una responsabilidad de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y el Congreso de la Unión será el responsable de escribir una Ley Federal  que distribuya competencias y bases de coordinación a estos tres niveles y como cada estado puede regular sus leyes de seguridad pública, es como inician los problemas de sobre regulación.

¿Qué problemática nace con la prestación de servicios? es que se comenzaron a multiplicar las obligaciones lo que generó que empresas que no podían cumplir con éstas trabajen de manera ilegal. Se  dice en todo el país que se debe regular a la seguridad privada pues existen más de 10 mil empresas que ofrecen servicios pero únicamente están habilitarlas a la ley federal y estatal poco más de 2000 a la fecha. Entre más se regula, más empresas no pueden cumplir y salen del sector regular sumando el problema de corrupción que crece. En 2006 nace la Ley Federal de seguridad privada sin ninguna oposición pues se pensó que pondría orden en la multiplicidad de pagos de derechos pero no fue así. y ahora se busca una nueva ley que regule al sector.

Existe un régimen de autoridad y un  régimen de libertad que está consagrado en los artículos 14 y 16 constitucional, que sustenta que las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley dice, garantía de legalidad,  y para los particulares hay un régimen de libertad, es decir que pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba, esta información es importante para el sector puesto que los prestadores de servicios de seguridad privada son personas físicas o personas morales, es decir, particulares que prestan servicios; lo interesante es que si se participa en un régimen de autoridad, no son autoridades pues todo debe estar autorizado por la ley. Esta es la naturaleza política del sector que forma parte de la seguridad pública en la función de prevención del delito. En 2009 nace la actual Ley General del Sistema Nacional de seguridad pública la cual paró a la anterior (de 2006) que establece las bases de coordinación del sistema nacional de seguridad pública  la que en sus artículos 150, 151 y 152 regula la prestación de servicios de seguridad privada agregando en su artículo 150 que aquellos que presten servicios en 2 o más localidades deben cumplir con las regulaciones locales y federales, por lo que comienza la doble o triple tributación.

Y qué es lo que sector debe hacer ahora, en opinión del El Dr. Mario Ballado, Asesor del Consejo Coordinador Empresarial, se debe cambiar la constitución, atacar la naturaleza jurídica en la prestación de servicios para que ya no sea  pública para poder federalizar y no tener esa tributaciones, sin embargo al momento de ir atacando los estados cambian su legislación y reglamentos creciendo así la controversia; tan sólo en el artículo 150 que se reformó en junio de 2012 hay 114 diferencias de la legislación de los estados a la ley general. Todas las leyes de seguridad del país regulan al prestador de servicios y en los estados se cobra nuevamente algo constitucionalmente no válido. Debido a todo esto es como nace el proyecto de proponer una Ley General de Seguridad Privada, desde el 2012  el artículo segundo transitorio señala que deben  homologar la normatividad de los estados, adecuarla  a la ley federal pero  esto no se ha  hecho a la fecha.

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Otro problema real es que en el sector hay más empresas irregulares que regulares, la demanda de seguridad en el país es elevada en estos momentos lo que contribuye al crecimiento de este número de empresas y en opinión de Ballado el tema que aqueja al sector no es la falta de leyes pues sobran, es la falta de coordinación y la continua sobreregulación. Tiene que haber una ley que resuelva el problema de la homologación, por lo que ya se están reuniendo las asociaciones a través de especialistas y abogados para presentar al comisionado un proyecto de ley que regule las circunstancias de forma adecuada porque existe  una sobreregulación que deriva en corrupción por ejemplo en Guanajuato, Tamaulipas y Chihuahua sus municipios ya están regulando a la seguridad privada, si no se frena esto la mayoría el sector crecerá en empresas ilegales pues pagar todas las regulaciones será cada vez más complicado. Los trabajos se están haciendo en la búsqueda de un cambio, pero el camino y el proceso serán largos.

Fuente: xtremsecure.com.mx

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Mario Meneses