Nuevo estándar internacional para la certificación de empresas de #SeguridadPrivada


 

El ISO 18788 es un estándar diseñado para la ejecución de funciones y tareas de seguridad alineadas con buenas prácticas de negocio y de manejo de riesgos

Eduardo Jiménez Granados

En un mundo globalizado no solo por los negocios, sino también por la diversidad y naturaleza de las amenazas, la creación, difusión e implementación de un estándar internacional desarrollado por entidades ampliamente reconocidas y calificadas representa una prometedora herramienta de mejora continua sostenible y sistematizada. Esta es la perspectiva que se vislumbra en el estándar ISO 18788, oficialmente nombrado “Sistema de Gestión para Operaciones de Seguridad Privada – Requerimientos con guía para su utilización”.

El ISO 18788 es un estándar diseñado para la ejecución de funciones y tareas de seguridad alineadas con buenas prácticas de negocio y de manejo de riesgos, incluyendo aquellos relacionados con gente y activos tangibles e intangibles, que son realizadas por empresas de seguridad privada encargadas de la protección de instalaciones gubernamentales o del sector privado, y que han sido contratadas para brindar sus servicios como un componente crítico en la cadena de suministro.

Los objetivos de ISO 18788 están estratégicamente concebidos para que las empresas de seguridad puedan ser evaluadas, auditadas y contratadas bajo un criterio de calidad operativa superior y homologado, para que demuestren consistencia y cumplimiento de sus obligaciones legales y respeto a los derechos humanos, ofrezcan servicios efectivos a un costo razonable, sus operaciones estén diseñadas en la prevención de incidentes y manejo de riesgos, e integren y desarrollen compatibilidad con otros estándares internacionales como ISO 31000 (Gestión de Riesgos) o ISO 28000 (Administración de la Seguridad en la Cadena de Suministro)… en pocas palabras, para profesionalizar los servicios de seguridad logrando cumplir o incluso exceder las expectativas de sus clientes y accionistas.

Las 4 fases de la certificación

Basado en el Ciclo de Mejora Continua de Deming, ISO 18788 agrupa su filosofía y esencia en las cuatro fases

1. La organización lógica del trabajo, estableciendo las necesidades de la empresa, definiendo amenazas y criterios de riesgo mediante análisis detallados de causa raíz.

2. La correcta planificación y realización de las tareas necesarias, desarrollando soluciones efectivas y planes de acción, garantizando su implementación exitosa de forma sistemática.

3. La comprobación de los logros obtenidos mediante la comparación de los resultados contra los objetivos del plan original, identificando desviaciones y potenciales fallas.

4. La posibilidad de aprovechar y extender aprendizajes y experiencias adquiridas a otros casos a través de la estandarización de soluciones y la revisión, identificación y redefinición de otras posibles fallas, incorporando el entrenamiento, ejercitación y pruebas como elementos fundamentales.

El ISO 18788 basa su efectividad en el liderazgo y compromiso de la alta gerencia para la implementación del Sistema de Gestión y su mejora continua, mediante la creación y difusión permanente de políticas internas claras y la implementación de competencias, roles, responsabilidades y niveles de autoridad apropiados.

También la organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de comunicación formal y documentada, así como prácticas eficaces de consulta interna y externa durante el proceso de evaluación de riesgos, de tal forma que se garantice lo siguiente:

1. El entendimiento claro de los objetivos de la operación y de los intereses del cliente, incluyendo personas, instalaciones, activos, organizaciones y la comunidad.

2. Que los riesgos y su manejo apropiado sean identificados y comunicados adecuadamente, generando interacción con otras disciplinas de la administración como calidad, seguridad ocupacional y continuidad del negocio.

3. Que el análisis de riesgo sea entendido y extendido a lo largo de toda la cadena de suministro.

Finalmente, para aquellas operaciones de seguridad que por su naturaleza requieren la utilización y manejo de herramientas especiales, el ISO 18788 describe metodologías claras que ayudan a una implementación exitosa, siempre en cumplimiento de los derechos humanos, las consideraciones culturales, la diversidad, la privacidad y dignidad de las personas.

Dentro de estas herramientas especiales se pueden mencionar la portación de armamento, el uso de la fuerza física, el manejo de sustancias peligrosas, la inspección corporal de personas, la necesidad de atención médica, la respuesta a emergencias y desastres naturales, la investigación y el manejo de incidentes en otras.

Referencias

-ISO 18788. Management system for private security operations — Requirements with guidance for use. International Standard. First edition. 2015

-Private Security in High Risk Environments. Dr. Marc Siegel. Commissioner. Global Standards Initiative, ASIS International. Brussels, Belgium

Fuente: Revista Seguridad en América

Saludos

Mario Meneses

No hay estrategia “de seguridad” en México, hay “de impunidad” por @edbuscaglia


 

BUSCAGLIA

Los altos índices de violencia que sufre el país alcanzó de manera alarmante a los alcaldes de distintos municipios, ante esta tragedia el especialista Edgardo Buscaglia consideró que en México no existe una estrategia de seguridad y que más bien padece por un pacto de impunidad. Además, dijo, el país tiene democracia que ha sido asesinada por los altos niveles de corrupción. Por si fuera poco, no existe presión de los países extranjeros en contra del Estado mexicano y éste “brilla por su ausencia”. También se refirió a la posible llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos: sería una tragedia para México y para el planeta por las políticas que plantea lanzar en materia de economía, política y sociedad, afirmó.

Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).­– El ambiente de violencia que prevalece en el país y privó de la vida, en menos de 10 días, a los ediles de Hehuetlán El Grande, Puebla; San Juan Chamula, Chiapas, y Pungarabato, Guerrero, y que tan sólo en el último fin de semana de julio cobró la vida de al menos 99 personas, se debe a la estrategia de impunidad  que ha implementado el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, dijo Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México.

En entrevista con SinEmbargo, el también especialista en política y seguridad afirmó que México tiene una estrategia de impunidad “maquillada con espasmos de leyes anticorrupción y espasmos de simulación de reformas al Código Penal, pero realmente es una estrategia de impunidad”.

En un intento por innovar las acciones que el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa había implementado en materia de seguridad, en el año 2013, Enrique Peña Nieto presentó en Michoacán su estrategia de seguridad, la cual prometía una acción conjunta entre la Policía Federal y la estatal para crear un frente común contra el crimen organizado.

Sin embargo, para Buscaglia lo que Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), realmente hicieron fue tomar lo peor de la estrategia de Calderón y le agregaron sus propios errores.

“Tomaron los peores ejemplos de la incompetente administración de Calderón y empeoraron la estrategia con los errores propios del PRI [Partido Revolucionario Institucional]. Que son los errores de un partido que está acostumbrado a los pactos de impunidad”.

Buscaglia afirmó que uno de eso errores fue la negociación que el Gobierno federal tuvo en 2014 con diferentes grupos paramilitares en Michoacán y que, de acuerdo con el experto, formaban parte de la delincuencia organizada y se encarceló a otros que no lo eran.

“Se aproximaron desde el punto de vista político a negociar con ángeles y demonios, y la delincuencia organizada quedó más fortalecida”, dijo.

Esta fuerza se vio reflejada en  las cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP) donde en los primeros seis mese de 2016 Michoacán registró 2.9 homicidios dolosos diarios.

El experto puntualizó que una verdadera estrategia de seguridad es la que ha sido implementada en países como Argentina, Colombia y Brasil donde se ven políticos encarcelados por sus vínculos con las mafias. “De la Presidenta hacia abajo en Argentina, de la Presidenta hacia abajo en Brasil, de los primos y ministros del Presidente Uribe hacia abajo en Colombia”, dijo.

Pero en México, comentó, los grupos delictivos parecen haber tomado fuerza y perdido el miedo a las autoridades, lo que ha provocado que la administración de Peña Nieto supere, en desgracias, a la de Felipe Calderón.

Las vidas que la guerra contra el narco cobró durante los primeros tres años de Gobierno calderonista [de 2006 a 2009] fueron más de 20 mil. Por su parte, la administración priista tuvo en el mismo periodo [de 2012 a 2015] más de 54 mil. Es decir, Peña Nieto dobló, en sólo tres años, las condiciones de violencia que amenazaba al territorio nacional.

Además, en el primer semestre del cuarto año del sexenio peñista se han registrado los homicidios de 9 mil 413 personas, 15.4 por ciento más que lo reportado de enero a junio de 2015.

VIOLENCIA CONTRA ALCALDES

Esta ola de violencia alcanzó de manera alarmante a los alcaldes de distintos municipios del país. La madrugada del martes pasadoel Presidente Municipal de Huehuetlán El Grande, Puebla, José Santamaría Zavala, fue asesinado a tiros.

El homicidio de Santamaría Zabala es el tercero que se realiza contra ediles en los últimos nueve días.

Domingo López González, Edil de San Juan Chamula, Chiapas, y Ambrosio Soto Duarte, Alcalde del municipio de Pungarabato, Guerrero, fueron ejecutados el pasado 23 de julio en diferentes hechos violentos. Esto dejó al descubierto es escaso control que le Gobierno federal tiene en materia de seguridad.

Al respecto, el investigador internacional dijo que los casos de los ediles asesinados se deben de investigar, pero generalmente el asesinato de alcaldes se da por dos razones: porque no se dejan comprar o porque forman parte de organizaciones criminales y son asesinados por sus adversarios.

En lo que va del 2016, cinco ediles han sido ejecutados, por lo que en los casi cuatro años del Gobierno de Peña Nieto suman al menos 17 presidentes municipales muertos.

Edgardo Buscaglia hizo énfasis en que México es un país donde adolece un pacto de impunidad, que el ex Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reconoció en 2014, “y este parto hace que sea imposible combatir la corrupción que ha invadido los procesos electorales y las licitaciones públicas. Lo que ayuda a la expansión de la delincuencia organizada”.

“Si la clase política no acepta una ‘autopurga’ –como la que se esta realizando en Brasil– no se va a poder terminar con esta trágica orgía de violencia”, declaró.

Si los alcaldes no se salvan de la violencia, ¿qué espera uno de a pie?: partidos y grupos civiles.

SE ASESINÓ LA DEMOCRACIA

Para el Director de International Law and Economic Development Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, los altos niveles de corrupción en el país asesinaron la democracia y a las instituciones.

“Desde el punto de vista técnico, México tiene la peor práctica internacional debido a que la clase política se ha acostumbrado a vivir en hoteles cinco estrellas, a comprarse casas de 8 millones de dólares, a viajar por Europa. Se ha acostumbrado a vivir de dinero mal habido. Entonces, cuando ese dinero proviene de la delincuencia organizada la delincuencia cobra un precio y el precio es la muerte, y la corrupción descontrolada que hace que los procesos electorales mexicanos sean tan sucios que hayan asesinado a la democracia”, expuso.

El experto insistió que hasta que en México no se controle la relación de la clase política con los grupos criminales, como se hizo en Colombia en los años 90, o en Brasil hace 10 años, y en Argentina en los últimos seis meses, y se empiece una limpieza política, con funcionarios encarcelados y mansiones de políticas decomisadas, “se seguirá viviendo este tsunami de violencia mafiosa”.

De no controlar el incremento de esta violencia, México corre el peligro de que la violencia emanada por la delincuencia organizada llegue a la cúspide de la política, dijo. Entonces, agregó, “el país no va a tener otra opción que aplicar las 45 políticas públicas que yo recomiendo”.

Entre estas políticas públicas, el especialista destacó un ataque real contra la corrupción, y especialmente en lo que se refiere a las campañas políticas; un poder judicial más efectivo y realmente independiente que se lance contra las redes criminales.

En el tema de prevención, planteó, la política de la corrupción debe ser especial para países como México, “donde todos los gobiernos mexicanos están oliendo a podrido”. Por ello, consideró, la prevención social es fundamental para que la delincuencia no absorba a cientos de miles de jóvenes por año y los incorpore a pandillas y a la delincuencia organizada.

NO EXISTE PRESIÓN DEL EXTRANJERO

A 10 años del inicio de la guerra contra el narco y con múltiples casos de impunidad, corrupción y violencia, aunado al enojo social, el país vive una situación trágica “porque le Estado mexicano brilla por su ausencia”.

Buscaglia dijo que en esta situación no existe presión del extranjero para que las condiciones mejoren debido a una complicidad entre gobiernos extranjeros que han transformado a México en un “capitalismo de cuates corrupto”, donde pueden llegar a invertir su dinero en mercados políticamente cautivos y sin competencia económica

“El capitalismo internacional ha conspirado para que México siga siendo un capitalismo prostituido, de cuates, con dinero sucio y una clase política fácilmente corrompida por estos oligopolios privados”.

Sin embargo, “el mexicano promedio quiere trabajar en paz, trabajar sin estar pagando mordidas, quiere trabajar sin sufrir extorsiones, fraudes. No quiere vivir bajo la situación actual”.

TRUMP, UNA TRAGEDIA PARA EL PLANETA

Al cuestionar al asesor de gobiernos internacionales en Derecho y Economía sobre la posibilidad de que Donald Trump gane la Presidencia de Estados Unidos, Edgardo Buscaglia coincidió con el Presidente estadounidense Barack Obama y señaló a Trump como “una persona que no es mental ni éticamente competente para gobernar ningún país del mundo, ni siquiera en Zimbabue”.

Aseveró que todo lo que represente una victoria de Trump representa una catástrofe para México y para el planeta desde el punto de vista económico, político, social y militar, pues “no sería un costo que sólo pague México”.

Buscaglia dijo que se debe confiar en que la cordura de los estadounidenses va a impedir que este “mono con pistolas” llegue a ser Presidente de Estados Unidos.

“Habría que ponerle todas las ganas para que Hillary Clinton sea la primera mujer Presidenta de Estados Unidos y que, de alguna manera paradójica, sea la salvadora de EU si gana la Presidencia [… ] Ella sí se merecería la portada deTime y no Peña Nieto”, concluyó Buscaglia.

Fuente: http://www.sinembargo.mx

Saludos

Mario Meneses

 

La #SeguridadPrivada: una industria en auge y fuera de control


La seguridad privada: una industria en auge y fuera de control

Varios mercenarios de Blackwater en una imagen de archivo.

Eduardo Muriel

emuriel@lamarea.com

Finales de los 1990. Bosnia. La empresa de seguridad privada DynCorp, contratada por el gobierno estadounidense para operar en Bosnia, se ve envuelta en una red de prostitución de menores y trata de blancas. 2007, EEUU. El Congreso denuncia que la firma Blackwater, desplegada en Irak, es responsable de muertes de civiles, uso incorrecto de armamento, abuso de alcohol y drogas y comportamientos violentos. Son sólo dos ejemplos del impacto de la seguridad privada en los derechos humanos en los últimos años.

La ola privatizadora no sólo afecta a servicios públicos como la sanidad o la educación: cada vez más, los ejércitos regulares y de gestión estatal están siendo sustituidos en muchos lugares de conflicto por fuerzas armadas de empresas de seguridad. El caso más paradigmático es Irak, donde en 2007 los agentes privados superaron en número a los soldados regulares. Un crecimiento que rebasa límites sin que, de forma paralela, se haya desarrollado una legislación internacional al respecto que permite someterlos a un control efectivo.

Éstas son algunas de las principales ideas que denuncia la organización International Institute for Nonviolent Action (Novact) en su informe The invisible force (La fuerza invisible), en el que realizan un análisis comparativo de tres casos paradigmáticos: el de Irak, el de Colombia y el de Palestina. “Se está viviendo un proceso de privatización brutal en estos países y nadie lo está poniendo en cuestión”, alerta Felip Daza, codirector de Novact. Además la organización cuenta con varios investigadores sobre el terreno en cada uno de estos países.

Pese a que el escenario posterior a la guerra de Irak fue el punto de inflexión para esta industria, en puntos como Palestina, en ocasiones, los agentes de seguridad “tienen más autoridad que el mismo ejército”, asegura Daza. “En Jerusalén se está llevando a cabo parte del proceso de ocupación mediante seguridad privada”, explica. El país contrata a este tipo de empresas para asegurar la confiscación de tierras o asentamientos ilegales y no pocas veces se producen excesos, que acaban, incluso, con la muerte de sospechosos, según se recoge en el informe.

La inseguridad, una fuente de negocio

El creciente grado de conflicto en el mundo está produciendo un auge “alarmante” de este sector. Países como Colombia, donde también se detiene el documento de Novact, se han convertido en un buen lugar para reclutar a agentes, llegado el proceso de paz. Para el negocio, vale cualquier bando: “Se contrata a paramilitares y exguerrilleros, gente desmovilizada cuyo único oficio ha sido siempre lo militar y que son transladados a países en conflicto”, detalla Daza.

Tal y como se recoge en el informe, estas empresas, lejos de lograr la estabilización de países en conflicto, ocasionan lo contrario. “Provocan una fragmentación de los actores armados que al final acaba resultando en un impacto negativo en los derechos humanos, en un aumento de la inseguridad”, señala.

La principal conclusión del documento elaborado por Novact es la necesidad de ordenamientos jurídicos internacionales, que pongan coto a la privatización de la seguridad para que no se base en intereses exclusivamente privados. Algunos países, como EEUU, son partidarios de utilizar el actual Derecho Internacional. Sin embargo, éste no operaría en situaciones de preconflicto y postconflicto, donde se produce un vacío legal. “Ya no sólo operan estas empresas en zonas de conflicto, sino en diferentes momentos, sectores y con distintos clientes, por lo que hace falta ya una regulación a nivel internacional”, concluye Daza.

Fuente:  http://www.lamarea.com

Saludos

Mario Meneses

CEREMONIA DE PROMULGACIÓN DE LAS LEYES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN


 

México puede derrotar la corrupción y reducir la impunidad: @rgilzuarth @PresiSenadoMX

México puede derrotar la corrupción y reducir la impunidad

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH, PRESIDENTE DEL SENADO, EN LA CEREMONIA DE PROMULGACIÓN DE LAS LEYES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LLEVADA A CABO EN PALACIO NACIONAL

*”Advertimos que de alguna manera nos estábamos acostumbrando a vivir con la corrupción, que estábamos incluso dispuestos a tolerarla”.

La transición a la democracia prometió la regeneración de nuestro sistema político. En la expectativa de esa evolución, la competencia democrática transformaría los incentivos de todos. El riesgo de la alternancia, del castigo electoral, alentaría mejores gobiernos y haría más auténtica la representación popular. La pluralidad activaría de forma natural, casi automática, las distintas formas de la rendición de cuentas.

Ciertamente, la transición se ocupó de crear y ajustar instituciones para vigilar el uso de los recursos públicos, para mejorar la gestión de los programas, para hacer más transparente la tarea de gobernar.

Gradualmente, se fueron incorporando a la gramática de las instituciones mexicanas, las contralorías internas, la fiscalización superior y del dinero de las campañas, las auditorías y la evaluación de los programas públicos, las distintas etapas de la transparencia.

Pero la legitimidad de nuestro avance democrático se puso a prueba en el momento mismo en que la corrupción se evidenció como el mayor de los problemas de México y como la principal preocupación de los ciudadanos; cuando en algunos lugares y zonas de gobierno, la corrupción se convirtió en política pública; cuando la impunidad reveló que nuestras instituciones eran ineficaces por diseño o por ausencia de voluntad política para inhibir la transacción ilegal que mercantiliza los bienes de todos en beneficio de unos cuantos.

Como suele suceder en circunstancias límite, la sociedad tomó conciencia a golpe de experiencias, de la condición estructural de la corrupción y su extendida presencia en nuestra vida pública. Empezamos a asimilar los enormes costos económicos y hasta en vidas humanas que provoca; los múltiples factores que inciden en ella; la complejidad de capturar en términos regulatorios todas sus posibles manifestaciones; las zonas grises que no tienen sanción y los círculos viciosos en los que la corrupción gravita; la bajísima capacidad de respuesta del Estado frente al acto corruptor y frente a la subordinación corrupta.

Advertimos que de alguna manera nos estábamos acostumbrando a vivir con la corrupción, que estábamos incluso dispuestos a tolerarla a cambio de eficacia, que la empezamos a convertir en el lubricante de nuestra gobernabilidad.

Se hizo evidente que la corrupción hace más profunda y lastimosa la desigualdad, porque reproduce privilegios y por tanto, condena definitivamente a los que menos tienen.

Amanecimos, en efecto, una mañana en la ensoñación del cambio democrático y de dos alternancias, con la corrupción instalada en la sala, amenazando nuestra forma de convivencia, al acecho de la legitimidad del sistema político en su conjunto.

Pero entonces, la democracia mexicana dio signos de vitalidad. El impulso por reformar cobró forma y ritmo de manera ejemplar e inédita, con la participación de la sociedad civil. La indignación se convirtió en agenda; el enojo se activó en movimiento cívico; la exigencia social encontró cauce y salida en nuestras instituciones representativas.

Redactamos juntos la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Se organizó un esfuerzo en torno a una iniciativa ciudadana sobre las responsabilidades de los servidores públicos, que encontró eco en el Poder Legislativo. Nos hicimos cargo de los detalles, para asegurarnos de que no habría ningún retroceso en la decisión de combatir a la corrupción.

Me consta personalmente la dedicación de muchos ciudadanos, activistas y académicos que abrazaron esa causa, como también el compromiso plural y responsable de los actores políticos.

Soy testigo directo de la disposición y apertura de legisladores y grupos parlamentarios, empezando por los presidentes de las comisiones dictaminadoras en la cámara de origen, los senadores Pablo Escudero, Fernando Yunes y Alejandro Encinas.

Y también, hay que decirlo, estamos aquí, este día, porque también el Presidente de la República hizo la parte que el sentido del deber le exigía.

Gracias, gracias a la tenacidad de la sociedad civil se lograron contenidos que de otra manera hubieran sido sencillamente impensables.

La Federación nunca perderá jurisdicción sobre los recursos transferidos a estados y municipios.

Se separan y especializan los órganos de auditoría, investigación y sanción.

Se perfecciona la descripción de las conductas que dan lugar a responsabilidad administrativa o penal.

Se garantizan procesos ágiles y un fiscal con dientes; sí, con dientes, porque no comparte con nadie el colmillo del ejercicio de la acción penal.

La prueba del éxito del esfuerzo de la sociedad civil que puso esta agenda como prioridad nacional y de la política que la logró materializar, radica precisamente en el conjunto de las definiciones constitucionales y de las leyes que conforman el nuevo sistema anticorrupción.

La prueba de éxito, es la construcción de un piso común para todos los ámbitos y niveles de gobierno del cual nadie puede evadirse.

El éxito radica en la perspectiva integral de instituciones de prevención, de participación ciudadana, de control y mejora de la gestión, de sanción a los servidores públicos que abusan del Poder, pero también de aquellos particulares que obtienen un beneficio indebido a través de una tentación corruptora.

La victoria de todos es un sistema potente y robusto, de incentivos y disuasivos; de controles y consecuencias.

Y si me permiten la licencia: la victoria de todos es un sistema que éste sí, como dicen por ahí, probablemente no lo tiene ni Obama.

Tenemos, amigas y amigos, que reivindicar lo que se ha alcanzado.

Debemos, todos, legitimar con nuestro testimonio no sólo el precedente de participación ciudadana constructiva, sino también el resultado de la voluntad concertada de la política, de la pluralidad.

Debemos, unos y otros, evitar ser víctimas de nuestro propio éxito.

No tenemos derecho a decir a la gente que el sistema está cojo, que es insuficiente o que de poco o nada va a servir.

No tenemos derecho a hacer creer a los ciudadanos que no estamos haciendo nada para abatir la corrupción.

Y es que en los grados de publicidad de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, no está la conquista del territorio enemigo, el Desembarco de Normandía, o la bandera que simboliza triunfo o derrota alguna.

La Reforma alcanza un balance ponderado entre el principio de máxima publicidad y el derecho a la privacidad que gravita en la protección de los datos personales.

Un equilibrio que establece la obligación de todo servidor público de presentar sus tres declaraciones.

Un equilibrio que somete esas declaraciones a un sistema de seguimiento para detectar sus inconsistencias y sancionar el enriquecimiento ilícito.

Un equilibrio que impone el deber de hacer públicos aquellos datos que determine el Comité Coordinador, a propuesta de la instancia ciudadana.

Es, efectivamente, un equilibrio legal y éticamente correcto.

Es legal, porque debemos tener siempre presente que un servidor público no deja de ser, por ese sólo hecho, un ciudadano en pleno goce de sus derechos.

Y es éticamente correcto, porque debemos recordar que se debilita al Estado cuando se coartan las garantías mínimas de los servidores públicos, cuando se les hace vulnerables frente a los intereses a los que se enfrentan, cuando sienten incertidumbre al momento de actuar o de decidir.

Hay miles de servidores públicos honestos y leales con la República, auténticos patriotas, en todos los partidos y en todas las funciones de gobierno.

Millones de ciudadanos sortean todos los días las trampas burocráticas, sin prestarse a un acto de corrupción.

La corrupción no es un mal que sólo aqueja a unos, ni la honestidad monopolio de bien que siempre ostentan otros.

No está en el ADN de los mexicanos una u otra, la corrupción o la honestidad vive en las decisiones que todos los días tomamos los ciudadanos.

Ser servidor público no debe ser oportunidad para el saqueo, pero tampoco origen o causa de sospecha. Hicimos esta reforma para dejar atrás la perversa tesis de que todo servidor público es corrupto, hasta que demuestre lo contrario. Hicimos esta reforma para devolver dignidad, honor y confianza a la función pública; y eso sólo será posible si trascendemos a la idea de que la corrupción es un problema que sólo ha de enfrentarse desde la política criminal y nos hacemos cargo, de una vez por todas, que la lucha contra la corrupción exige la mejora integral del funcionamiento de nuestro sistema político.

El combatir la corrupción es en realidad una apuesta por el buen gobierno, que la agenda que tenemos por delante es mejorar la calidad de todas nuestras instituciones. Poner fin a la colonización del poder, a la patrimonialización de lo público, a la parcelación de lo común en beneficio propio.

Reformar el fuero para que no sea pretexto de impunidad; mérito y capacidad antes que lealtad de partido; profesionalización en lugar de cuotas; imparcialidad como obligación exigible en toda la gestión pública; estabilidad y digna retribución a los servidores públicos para cerrar los márgenes del subsidio corruptor, porque en la incertidumbre, en la precariedad salarial de soldados y marinos, de policías, de ministerios públicos, de maestros, doctores y enfermeras, y en general de los servidores públicos que hacen que el Estado funcione todos los días, se gesta también el destructivo impulso a la corrupción.

Y por supuesto, reducir el mercado negro de favores recíprocos y los medios por los que se canalizan, ésta legalmente recursos públicos y privados, a la competencia política y electoral.

Señor Presidente. Señoras y señores:

El Sistema Nacional Anticorrupción responde al objetivo de fortalecer la efectiva rendición de cuentas. Pero también tiene un propósito todavía más alto: regenerar la legitimidad del sistema democrático, renovar nuestro pacto de confianza con los ciudadanos, reanimar la credibilidad de los que servimos al Estado.

México puede, en democracia y en su pluralidad, derrotar a la corrupción y reducir la impunidad. No necesitamos justicieros para consolidar un auténtico Estado de Derecho y de derechos; necesitamos incentivos correctos, procesos debidos y autoridades que funcionen bien.

Necesitamos poner en orden, con la razón de la ley y de las instituciones, desde nuestros partidos y hasta los Tribunales, a quienes piensan que el poder les pertenece y lo usan para provecho propio.

Comprometernos todos con la plena eficacia de las nuevas instituciones y sobre todo con la integridad y la decencia públicas. Hacer y exigir buenos gobiernos, reconciliar a la sociedad con la política y con los políticos; darnos la mano sociedad y gobierno, porque en democracia, sociedad y gobierno significan una y la misma cosa.

Por su atención, muchas gracias.

Fuente: www.orosolido.com.mx

Saludos

Mario Meneses

Traje a la medida.


Dra. Muna D. Buchahin
CFE, CGAP, CRMA, CFI

La integridad es la estructura fundamental que debe soportar a toda organización. Las cualidades más apreciadas por la alta dirección son el compromiso, la honestidad y la solidaridad. En el entorno para el fortalecimiento de la integridad deben considerarse la adecuación y actualización permanente de un programa de cumplimiento donde es necesario reconocer, aprender, corregir y rectificar errores o políticas -cuando un proyecto, lineamiento o estrategia dejó de funcionar- que otorgan y significan un alto valor profesional a la alta dirección.

Conocer los riesgos y vulnerabilidades en una organización nos permite planear, ajustar o implementar detalladamente un programa de cumplimiento adaptado a las necesidades específicas como un “traje a la medida”, lo que permite reducir las oportunidades a tentaciones y desincentivar actos deshonestos.

Hablando de estrategias preventivas en las organizaciones, me gustaría señalar una que es escencial, me refiero a una metodología rigurosa para el reclutamiento y el fortalecimiento integral de los recursos humanos a partir de los procesos de selección y la posterior contratación, para buscar el aseguramiento del ingreso de los mejores talentos comprometidos para desarrollar actividades innovadoras e intensas, pero siempre alineadas con la cultura organizacional.

La adopción de sistemas transparentes de selección, desarrollo y permanencia basados en el mérito, la equidad y las aptitudes, son pilares fundamentales para robustecer un programa de prevención, si consideramos que las prácticas deshonestas o corruptas involucran siempre al personal entenderemos entonces no solo la importancia del blindaje y protección de áreas sensibles -puerta de entrada a los defraudadores- sino la necesidad de mostrar las cualidades y características esperadas del factor humano: la honestidad, la generosidad, la solidaridad y el compromiso absoluto para responder ante los retos y las oportunidades, agregando valor a la organización, entendido esto como las acciones o actividades aportadas por profesionales competentes y exigentes de sí mismos pero respetuosos en el desarrollo de las funciones. Es indispensable asegurar que se sientan valorados y apreciados para que se desenvuelvan en un entorno apegado a valores y principios éticos con una remuneración justa y competitiva, estos elementos en su conjunto se convierten en incentivos positivos para generar en ellos confianza y seguridad de que creemos en su apego a la cultura organizacional y tienen bajo su responsabilidad el cumplimiento de las mejores prácticas pues son parte integral de una empresa que tiene puesta la vista en la prevención y disuasión de actos que puedan generar un riesgo. Esto muestra cuán importante resulta asegurar que la política institucional incluya y mandate la obligación de acatar el programa de cumplimiento, como un disuasor para evitar las tentaciones, y quebrantarlo implique sanciones severas.

En este sentido reconocer, corregir o rectificar errores, programas o estrategias, -por parte de la alta dirección- implica la capacidad de adaptación al entorno real, por ejemplo, cuando un proyecto dejó de funcionar o de ser útil hay que descartarlo, cambiarlo, modificarlo o ajustarlo. Estas acciones demuestran un alto valor de la autoridad moral y dan cuenta de un liderazgo consistente con la política antifraude al enviar un claro mensaje de los esfuerzos para reducir las posibilidades o las oportunidades de involucrarse en actos deshonestos. Estos son algunos factores clave que apuntan hacia la integridad y dan cuenta de la importancia que se otorga para la prevención y detección de actos deshonestos.

Luego entonces, trazamos la estrategia y aseguramos su cumplimiento para la óptima selección del personal, compartimos la visión de integridad, de responsabilidad y el rol que cada miembro de la organización debe asumir, se resalta que la participación de quienes viven el día a día de una organización es la clave para prevenir y disuadir conductas fraudulentas, por estas razones resaltamos la confianza en cada uno de los integrantes y lo que se espera de ellos, pero aun así no es suficiente. El otro componente adicional en el sistema organizacional de prevención consiste en tener claros los riesgos y las vulnerabilidades y entonces viene el otro tema que es la concientización individual y grupal donde se clarifican y se les dan a conocer las conductas que no son aceptadas -bajo ninguna circunstancia- en la organización, para evitar confusiones, falsas percepciones y lo que para algunos puede parecer bueno, para otros sería impensable; entonces seguiremos creando un “traje a la medida”.

Como ejemplos, se considerarían inapropiadas las invitaciones a comidas o eventos; obsequios para entretenimientos, eventos de lujo o privados; qué se considera en los límites de las atenciones hacia los clientes, esto es considerado conflicto de interés, porque habrá empresas privadas, educativas o sin fines de lucro que no prevean políticas de contrataciones de proveedores o empleados, diversos al sector público o a entidades financieras. Es indispensable introducir programas de inducción y difusión para ejemplificar claramente con cursos de capacitación presencial y en línea, situaciones concretas que excederían la norma y las sanciones establecidas. Entonces subrayo la importancia de crear un área con personal especializado para la atención de dilemas o dudas éticas para asesorar y brindar respuestas o consejos en relación a hechos que puedan parecer irregulares, que permitan revelar o discutir tópicos controversiales o generen conflictos internos/externos o cargas de conciencia tanto para proveedores, prestadores de servicio, o cualquier parte interesada en torno a hechos de los cuales conocen pero dudan para denunciar. Se sugiere establecer un solo canal de comunicación para este fin con el asesoramiento especializado que provoque el valor en el denunciante y la fuerza para actuar de manera adecuada, convencidos de que compartir o revelar es un medio de inhibir conductas deshonestas que acabarán dañando a la organización pues el empleado conforma parte de ella –también el bienestar de su familia- y por eso la conciencia del cuidado colectivo forma parte de su responsabilidad.

Los programas de inducción, difusión y reforzamiento de las actividades de cumplimiento en las organizaciones deberan incluir claramente las normas y sanciones, comunicar la política de integridad y considerar discusiones abiertas preferentemente grupales de casos prácticos, con una interacción que detalle desde los niveles de responsabilidad hasta como confrontar discusiones, guiadas de ejemplos de situaciones inapropiadas. Lo anterior permitirá identificar en los asistentes, sus valores y percepciones y el manejo adecuado en situaciones similares que pudieran suscitarse. Recordemos que en cada organización sus riesgos y vulnerabilidades serán distintos; por ello tampoco podemos aplicar el mismo entrenamiento a todos los niveles por igual.

En algunas instituciones existen programas de incentivos a denuncias con políticas claramente definidas, que no tienden a ser monetarios; por ejemplo, se premia con el pago de cursos o se brinda apoyo como despensas, becas para los hijos, pases para actividades familiares de entretenimiento, apoyo en la compra de libros; retribuciones a su honestidad que son siempre bien recibidas. Alejar la tentación y dejar claro que quien rompa las reglas tendrá una sanción y será visible, son algunas acciones fundamentales para reforzar el mensaje y el tono ético de acatamiento obligado de la norma.

Para concluir con el tema sobre la importancia del recurso humano en la prevención y su papel preponderante en cualquier organización, debemos destacar el papel de las Líneas Ética de Denuncia, cuya efectividad dependerá de varios elementos, como son su manejo externo y profesional, un protocolo de atención estructurado que no pueda ser manipulado o modificado, confiable y seguro que garantice la tranquilidad del anonimato. Para mayor información se Pueden consultar más sobre el tema leyendo el Reporte a las Naciones y la estadística de Fraude ocupacional y de abuso 2016, donde claramente destaca los controles antifraude y revela que un 40% de fraudes fueron reportados a través de las líneas éticas de denuncia. Aquí entra en juego la confianza con un papel fundamental: sin los canales de denuncia1, nadie o muy pocos intentarán revelar hechos deshonestos. Si el número de denuncias o quejas; y que se reciben es muy por debajo de la operación, habrá que revisar este tema; si tampoco se cuenta con un lineamiento claro que sea público, del protocolo de atención establecido, ni es clara la línea de autoridad y mucho menos existe el área especializada para investigar los hechos denunciados; traerá como consecuencia que los empleados no sentirán la obligación moral de reportar algún incidente de fraude o conducta inapropiada que puedan conocer, simplemente, no les interesará

.

Pero, ¿quién pierde entonces? La condición humana de manera natural, nos urge a compartir algo que nos es incómodo, cuando sentimos el ambiente propicio para hacerlo, para buscar respuestas y orientación y seguramente en estas circunstancias la organización será la última en enterarse, por ello también las estadísticas se mantienen de 18 a 24 meses en promedio para descubrir un fraude.

Construir la confianza cuesta y mucho. Evitar hacer negocios a cosa de cualquier acto que pudiera ser considerado indeseable, es parte del modelo de un liderazgo acorde a la política de integridad, vinculada con trabajo duro, perseverancia y que cierre espacios a la mediocridad. Todas las acciones descritas se precisan para la prevención o disuasión y deben establecerse sanciones claras y ejemplificantes, para quien trasgreda la norma. Y por supuesto, el área de investigación debe integrarse con personal especializado para la atención de las denuncias de actos deshonestos, fraudes o corrupción.

En materia de prevención y disuasión tenemos mucho por hacer, y por su naturaleza, es una labor intensa con actividades perfeccionables pero inacabables: Working always in progress.

mdbuchahin@acfe-mexico.com.mx

Fuente: Revista Especializada ACFE

Saludos

Mario Meneses

 

Hacia una nueva Ley General de Seguridad Pública


FRANCISCO RIVAS

El pasado 16 de junio, el Senado aprobó el proyecto de decreto que reforma los artículos 21, 73, 104, 105 y 116 de nuestra Constitución referentes a la actuación policial y que busca sentar las bases sobre cómo las entidades y la Federación podrán intervenir las policías municipales y estatales respectivamente.

Esta reforma busca atender y mitigar uno de los diez puntos que el presidente Enrique Peña Nieto lanzara como respuesta a los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014, la desaparición de las policías municipales en favor de 32 —mal llamados— Mandos Únicos Estatales, bajo el argumento de la debilidad de las mismas y su permeabilidad a integrantes del crimen organizado.

Los puntos aprobados en el proyecto de decreto de reforma constitucional, si bien quitan el carácter constitucional de la facultad de los municipios para atender y dirigir sus asuntos de seguridad pública, logran mantener la posibilidad de que los gobiernos municipales, cuyas policías muestren que cuentan con los mínimos indispensables para poder responder a las necesidades de la comunidad, mantengan esta facultad y el mando de sus cuerpos policiacos. Además, establece la posibilidad de que las entidades intervengan las policías municipales y la federal las estatales, si existen condiciones particulares que se definirán posteriormente.

Muchas dudas levantó en la sociedad civil esta reforma en término de evaluación y controles de confianza, mecanismos y contrapesos para que la autoridad cumpla con la ley y obviamente con el mantenimiento del contenido del apartado C del artículo 123, que establece que un elemento cesado por alguna investigación en curso, aun cuando demuestre su inocencia, no puede ser reinstalado en sus funciones. Dicho de otra manera, si por algún motivo hay sospecha de mala actuación de un policía y éste es cesado, no podrá volver a sus funciones aun siendo inocente, lo que es evidentemente una abierta violación a los derechos humanos del personal de seguridad del País.

Acerca de nuestras dudas, los legisladores comentan que será subsanada, a través de la ley reglamentaria, la Ley General de Seguridad Pública que definirá los cómo, cuándo y para qué de las instituciones de seguridad.

Ante esto, como sociedad, es importante centrar nuestra atención en cómo podemos transformar este esfuerzo en acciones que impacten en las condiciones laborales, la actuación y el desempeño policial; hacer efectiva una reforma y no un mero referente en papel.

Hace siete años, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con dicha Ley se dio vida a la Policía Federal, al Sistema de Desarrollo Policial, al Plan Rector de Profesionalización, al Cardex Policial, el Régimen Disciplinario, entre otros aspectos que buscaban fortalecer a las policías del País (desde las municipales hasta la federal) y, por ende, los resultados en seguridad.

De esta manera, la actual reforma se suma a un proceso iniciado hace siete años, que entendía la necesidad de profesionalizar a las policías, generar incentivos positivos alrededor de la buena actuación, la sistematización y homologación de las capacitaciones, competencias desarrolladas, estructura policial, posibilidad de carrera, prestaciones, al tiempo que ponía en evidencia la consistencia en los castigos y los mecanismos que prevenían y disuadían que las autoridades de seguridad se viesen involucradas con la criminalidad.

¿Qué falló entonces? La falta de voluntad política por cristalizar lo que dice la ley, la falta de contrapesos políticos que permitieron que la Ley General —perfectible pero positiva en términos generales— fuese mera referencia, la cultura de vivir de inmediatos, actuar de inmediatos, más que construir a largo plazo; la impunidad ante autoridades omisas, la falta de cultura de la legalidad.

Bienvenida una Ley General de Seguridad Pública que busque atender los actuales retos, sin embargo, no debemos olvidar que, por sí misma, la ley no es suficiente, son fundamentales los contrapesos, controles y supervisión ciudadana que busquen evidenciar simulación, irresponsabilidad u omisión.

Los altos índices delictivos y de violencia, la baja efectividad en el combate al delito, la alta desconfianza del ciudadano en las autoridades de seguridad y la corrupción que imperan en los tres niveles de gobierno, nos hacen exigir que ésta realmente impacte en la calidad y profesionalización de los cuerpos policiacos de una forma eficaz a partir de diagnósticos realistas enfocadas en la cultura de la legalidad y la realidad delictiva del País.

Una vez más, es evidente que no podemos ceder en esta exigencia, pues nuevamente hemos confirmado que lo que se está haciendo, evidentemente, no ha funcionado lo suficiente para que nuestra seguridad humana sea una garantía en México.

Twitter: @frarivasCoL

Fuente: http://www.vanguardia.com.mx

Saludos

Mario Meneses

4 Casos de corrupción corporativa en México


Además del caso de OHL México en que la CNBV aún no resuelve las investigaciones por supuesto soborno a jueces y funcionarios, EL FINANCIERO detectó al menos otros tres en que no se ha dado una respuesta respecto a presuntos actos de corrupción corporativa.

Axel Sánchez

13.04.2016 Última actualización 14.04.2016 

Corruptos, corrupción

Pese a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó con 71.7 millones de pesos a OHL México y determinó que la empresa no incurrió en un fraude contable, aún están pendientes de resolver las investigaciones por supuesto soborno a jueces y funcionarios, así como el incremento artificial de costos de sus concesiones.

El caso de OHL México no es el único en el país que carece de una resolución final. EL FINANCIERO detectó al menos otros tres en que las autoridades aún no han dado una respuesta respecto a presuntos actos de corrupción corporativa.

Wal-Mart fue culpada de cohecho para acelerar permisos en la apertura de tiendas hace una década, mientras que Grupo Higa tiene una denuncia ciudadana por posible conflicto de interés en su relación con la Presidencia de la República.

Tampoco se tiene una resolución sobre las fallas que se presentaron en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, donde el consorcio ICA-Alstom-Carso mantiene un litigio contra el gobierno de la capital del país por falta de pagos de los trabajos realizados.

Se trata de cuatro casos que aún no han sido concluidos en México y que, en teoría, siguen en investigación.

“En México, 25 por ciento de las empresas considera como principal riesgo para su operación la corrupción y el soborno”, comentó Arturo del Castillo, director ejecutivo asociado de la consultoría Kroll en México, quien destacó que las herramientas con que cuentan para evitar estos casos no son suficientes.

El presidente Enrique Peña Nieto dijo en una reunión reciente de la Coparmex que la corrupción no es un elemento privativo del ámbito público, también está en el privado y a veces van de la mano.

En marzo de 2012, The New York Times publicó que ejecutivos mexicanos de Wal-Mart pagaron 52 mil dólares para que las autoridades cambiaran el uso de suelo alrededor de la zona arqueológica de Teotihuacán en 2003. También dio cuenta de sobornos realizados en 2005 para que se aceleraran permisos en la apertura de tiendas.

En 2013, la Secretaría de la Función Pública emitió una resolución preliminar donde no encontró ilícitos, sin embargo, 3 años después, no se ha dado ningún veredicto concluyente.

El último reporte emitido sobre el caso fue en octubre del año pasado donde The Wall Street Journal publicó que tras una investigación de tres años contra la cadena de autoservicios Wal-Mart en México, se habrían encontrado pocas evidencias de corrupción por parte de la minorista. Con esto, según el diario, era probableque el caso fuera menor al previsto. La empresa aún realiza una auditoría interna sobre el tema.

En el caso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, el consorcio responsable de la obra ICA-Alstom-Carso se amparó y demandó al gobierno de la capital del país el pago de los adeudos por la construcción, sin embargo, las autoridades no han cubierto los pagos bajo el argumento de las fallas de la obra.

Por otro lado, en el conflicto de interés en que se vio involucrado Grupo Higa con el gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública determinó que los funcionarios públicos no cometieron falta alguna. Sin embargo, con 58 mil firmas, el Congreso Nacional Ciudadano denunció en diciembre pasado ante la PGR a la empresa de Juan Armando Hinojosa por conflicto de interés y exigió que se castigara a la compañía.

empresas implicadas

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Mario Meneses
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