Fáctico presenta una herramienta tecnológica de empoderamiento ciudadano para combatir la #Corrupción


 

Fáctico, un emprendimiento con tres años de existencia, ganó un Hackathon en el que mostraron Escudo Ciudadano, una solución tecnológica que acompaña a los ciudadanos al levantar una denuncia ante el Ministerio Público y permite calificar el servicio.

 

Hackathon Ethos Anticorrupción convocó a expertos para crear una herramienta tecnológica que ayude al combate a la corrupción.

Como una iniciativa para promover el combate a la corrupción, este fin de semana se llevó a cabo el Hackathon Ethos Anticorrupción, organizado por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, con el apoyo de Hackers and Founders, el cual contó con 88 competidores, entre desarrolladores, diseñadores y especialistas en temas de corrupción y negocios.

Tras dos días de trabajo y actividad creativa para desarrollar la herramienta tecnológica, el juradoconformado por José Luis Chicoma (Ethos), Haydeé Pérez (Fundar), Salvador Camarena (MCCI), Roy Campos (Consulta Mitofsky), Greta Ríos (Ollin), Alejandra Lascuraín (AEM), Ismael Camargo (INAI), Gabriela Warkentin (W-Radio) y José Luis G. Chagoyán (COPARMEX), eligió a tres equipos ganadores que pusieron toda su creatividad en el diseño del proyecto, quienes recibieron un reconocimiento especial, además de premios diversos ofrecidos por los patrocinadores.

El equipo Fáctico conformado por Diego Mendiburu, Carlos Castellanos e Iván López Grané obtuvieron el primer lugar, al presentar una herramienta tecnológica de empoderamiento ciudadano. El equipo obtuvo la cantidad de 30,000 mil pesos, así como 300 mil pesos netos para el desarrollo formal de la aplicación. Además, Wayra, patrocinador de la sede del evento, les proporcionará 50,000 mil pesos para servicios legales.

La herramienta tecnológica elegida, llamada Escudo Ciudadano, busca generar una base de datos que evalúe los Ministerios Públicos, los cuales son, de acuerdo a las encuestas, de las instancias más corruptas del país. La aplicación permitirá que el ciudadano califique y describa su experiencia al momento que requiere ir a presentar una denuncia. Los rubros incluirían la calidad del trato de los servidores públicos, la rapidez con la que son atendidos, la honestidad en las gestiones, entre otros.

Con dicha aplicación se espera que la sociedad civil pueda prevenir, identificar, reportar y generaruna sana competencia entre los Ministerios Públicos para un mejor desempeño de los mismos; así como dignificar la labor de los servidores públicos que laboran en estas instancias.

Al mismo tiempo, buscará prevenir la proliferación de actos de corrupción al promover la cultura de la legalidad y valores cívicos entre la población, contribuyendo de esta manera a mitigar la problemática social que afecta a todos los mexicanos.

José Luis Chicoma de Ethos dijo sentirse muy satisfecho con los resultados y el entusiasmo de los participantes durante estos días.

“Los equipos tuvieron excelentes ideas y, al ser multidisciplinarios, generaron propuestas muy innovadoras. Sin duda, esta herramienta logrará mejoras positivas a futuro y representará beneficios para el país”, puntualizó José Luis Chicoma.

Entre los meses de febrero y abril el equipo ganador se encargará de desarrollar la aplicación; en mayo se harán ajustes y pruebas, y ya concluido este proceso, se realizará la presentación formal en el mes de junio.

 

Fuente: Ethos.org

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Mario Meneses

El #GobiernoMexicano ha fracasado en materia de #Seguridad.


Durante los últimos años en México se ha incrementado de forma alarmante el numero de homicidios, secuestros y desapariciones forzadas de personas a consecuencia de violentas pugnas entre poderosas organizaciones delictivas que compiten por el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas lucrativas.
Como reacción, el gobierno mexicano decidió militarizar diversas regiones del país, generando con esto un clima de caos y temor que predomina en todo México, ya que el combate frontal a la delincuencia organizada, ha provocado un fuerte incremento del número de homicidios, torturas y otros abusos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad.
Asimismo, para combatir la descomposición social e institucional que se vive, el Presidente Enrique Peña Nieto, ha impulsando un paquete de reformas en materia de seguridad con el objeto de revertir la crisis por la que atraviesa el país, militarizando los cuerpos policiacos e integrando a miles de soldados y marinos a la Gendarmería Nacional para sustituir a la Policía Federal en el combate al crimen organizado, pero es importante mencionarse, que este modelo en el que militares asumieron labores policiacas ya ha fracasado en el pasado, es un cuento autoritario de dictaduras como las de Francisco Franco en España, Augusto Pinochet en Chile y Alberto Fujimori en Perú.
En México, desde 1999, el entonces presidente Ernesto Zedillo, decidió transferir soldados del ejército para formar la Policía Federal, Vicente Fox y Felipe Calderón, siguieron el ejemplo con el mismo resultado negativo, se incrementaron los índices de criminalidad, aumento la violencia, se dispararon los niveles de corrupción y las violaciones a derechos humanos se convirtieron en algo cotidiano. En pocas palabras, la militarización de los cuerpos policiacos y la Gendarmería Nacional, son un remake de otros libretos del pasado, nada original, nada nuevo, nada que vaya a funcionar, pero eso si, con nuevos y más atractivos crímenes cometidos por el Estado como sucedió en Ayotzinapa, Guerrero.
Por lo anterior, la estrategia del gobierno para combatir la delincuencia organizada a través de la nueva Ley de Seguridad Interior, resultará ineficaz, cuando existen policías y políticos que forman parte de las estructuras criminales, la creación de una nueva policía de mando único con las mismas bases putrefactas es insuficiente, se trata de una propuesta superficial que arrastrará al Presidente Enrique Peña Nieto a un abismo sin fondo.
México, es un país donde la impunidad se ha convertido en una forma de gobierno, mientras los involucrados en la corrupción de alto nivel no sean controlados mediante mecanismos ciudadanos, el país continuará igual o peor a pesar de que nuestros políticos propongan millones de reformas como la Ley de Seguridad Interior. ¿Quizás en estos momentos y ante las recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos, resulta interesante cuestionarnos si fue adecuado que la Secretaria de Gobernación absorbiera a la Secretaria de Seguridad Pública? 
El Presidente Peña Nieto, debe blindar el sistema de seguridad antes de cualquier intento por modernizarlo. Militarizar los cuerpos policiacos será un grave error del gobierno debido a que en cada región del país se presentan fenómenos sociales distintos y no pueden atacarse de la misma forma. Por ejemplo, tanto en Ayotzinapa como en Noxchitlan, el ejercito intervino en los conflictos, actuando de la misma forma represora que caracteriza al actual gobierno federal, generando con sus acciones un conflicto social severo para los mexicanos.

Conforme a lo anterior, podemos concluir que la gendarmería nacional, el mando único policiaco y en general la militarización de los cuerpos policiacos son estrategias superficiales para solucionar los problemas de seguridad por los que traviesa México, un policía de la frontera requiere de distinta capacitación que un policía que combate el narcotráfico, por lo que una política pública encaminada a la unidad de los cuerpos policiacos generará ingobernabilidad.

En este sentido, ante el evidente fracaso del gobierno para restaurar la paz social, surge la necesidad de que exista un cambio de rumbo en materia de seguridad, el proyecto de la gendarmería nacional simplemente no funcionó y a falta de policía seria, más bien de políticos capacitados en el tema, la inseguridad continuará creciendo en todo el territorio nacional de forma descontrolada de la mano de los grupos de autodefensa que no han dejado de existir.

México, está en crisis no por sus instituciones, no por sus leyes, no por sus policías, no por su pueblo; sino por sus políticos corruptos, los esfuerzos del gobierno federal para combatir la corrupción y la delincuencia son un intento de curar un cáncer con una aspirina. Al Presidente Peña Nieto le urgen cambios en materia de seguridad, han fallado todas las estrategias, cada día estamos peor y esta situación está arrastrando a nuestro país a un colapso generalizado de todos los sectores del Estado.
Saludos
Mario Meneses

Metodología de evaluación del #Policía #PrimerRespondiente


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La participación del #Policía en general, pero particularmente del #PrimerRespondiente, lo convierte en un actor fundamental en el procedimiento penal.

Con la modificación del artículo 21 constitucional, que establece que la investigación de los delitos corresponde a los policías bajo el mando y dirección del Ministerio Público, el policía se convierte en el primer eslabón en el proceso penal y, por regla general, es la primera autoridad con la que la sociedad tiene contacto. Es decir, es la cara del sistema de justicia.

La participación del policía en general, pero particularmente del primer respondiente, lo convierte en un actor fundamental en el procedimiento penal. Al hablar del policía como primer respondiente nos referimos a la primera autoridad con funciones de seguridad pública que arriba al lugar en el que se ha cometido un hecho probablemente delictivo o en el que se localizan o aportan indicios relacionados con el mismo. Es así como los policías adquieren una mayor relevancia en el sistema de justicia, pues son generalmente los primeros en conocer la noticia criminal para dar inicio a la investigación. Por tal motivo, un factor fundamental para el éxito del Sistema de Justicia Penal recae en las acciones que realice oportuna y adecuadamente el primer respondiente.

De acuerdo con el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales y con el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, que pretende homologar y guiar la actuación del policía, éste debe realizar, por lo menos, las siguientes funciones:

  1. a) recibir denuncias de cualquier hecho posiblemente constitutivo de delitos;
  2. b) proteger a los involucrados, en especial a la víctima;
  3. c) evitar que el delito llegue a consecuencias ulteriores;
  4. d) ubicar y entrevistar a testigos;
  5. e) detener a cualquier persona que este cometiendo delito flagrante y hacer de su conocimiento los derechos que le asisten, poniéndolo en inmediata disposición del Ministerio Público;
  6. f) preservar y proteger el lugar de la investigación.

Derivado de lo anterior, en CIDAC consideramos de suma importancia desarrollar instrumentos que permitan evaluar la operación del policía en funciones de primer respondiente en el sistema penal acusatorio. Por ello, se ha desarrollado la versión base de la Metodología de Evaluación del Policía Primer Respondiente. Si bien se trata de una herramienta que ha pasado por un proceso de diseño y validación, resulta pertinente señalar que es probable que se realicen ajustes al documento base, derivados del proceso de aplicación y de los resultados que arroje.

En el presente documento “Metodologia de Evaluación del policía primer respondiente” se explica el esquema general de la metodología, la delimitación del objeto de estudio, los lineamientos de medición propuestos -indicadores y estándares-, así como su herramienta de evaluación.
Fuente: CIDAC
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¿Cómo combatir la #Corrupción policíaca en México? por @causaencomun


corrupción

Uno de cada dos mexicanos que ha tenido contacto con una institución de seguridad pública ha dicho ser víctima o cómplice en un acto de corrupción policial.

Las 7 claves detrás de la corrupción policíaca en México (y cómo combatirla)

Arturo Angel (@arturoangel20)

Un estudio de Causa en Común A.C. revela problemas estructurales que favorecen la corrupción y propone un Modelo ya aceptado por seis estados para remediar el problema.

La corrupción de las distintas corporaciones de policía en México tiene causas y detonantes generales. Un estudio ciudadano las identificó y planteó un modelo para solucionarlo.

El problema es grave: en promedio uno de cada dos mexicanos que ha tenido contacto con una institución de seguridad pública ha dicho ser víctima o cómplice en un acto de corrupción policial de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. De hecho, según la misma encuesta, la policía es percibida como la institución más corrupta de todas.

La corrupción tiene sus causas. Un diagnóstico elaborado por la organización Causa en Común identificó los factores claves que propician o favorecen la corrupción: falta de leyes y mecanismos claros de disciplina y sanción;ausencia de protocolos para el uso de la fuerza  y carencia de unidades de investigación realmente independientes.

A su vez dicha organización planteó un modelo de tres fases de implementación para revertir y disminuir los niveles de corrupción en las instituciones de seguridad pública. Ayer cuatro  gobernadores del país (Hidalgo, Estado de México, Morelos y Veracruz) y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, firmaron un acuerdo para adoptar y aplicar ese modelo.

“La corrupción policial puede atacarse, si se empiezan a aplicar estrategias que en primer lugar dejen de ver al problema como una cuestión individual, de “malos policías” y empiecen a generarse mecanismos por los que se identifiquen los factores estructurales e institucionales que hacen que los policías y los mandos sigan cometiendo perpetuando este tipo de conductas” dijo Marcela Figueroa, investigadora de Causa en Común.

Las causas de la enfermedad

El estudio denominado “Diagnóstico del Régimen Disciplinario Policial en México” realizado por Causa en Común analizó la normatividad que rige los sistemas disciplinarios de las corporaciones de seguridad públicas de los 32 estados del país; además estudió en terreno la operación de las Unidades de Asuntos Internos de policía en siete entidades.

Animal Político presenta las siete claves que resumen las deficiencias encontradas de acuerdo con el referido diagnóstico

1. Leyes y reglamentos confusos, obsoletos o inexistentes

El sistema de leyes y reglamentos que rige la actuación de los policías en los estados presenta múltiples deficiencias de acuerdo con Causa en Común.

Por ejemplo, hay estados donde ni siquiera existen estas normas que regulen los sistemas disciplinarios, es decir, no hay un reglamento que explique cómo debe de aplicarse lo que las leyes anticorrupción dicen. Tampoco existe claridad sobre que sanción  corresponde a cada falta y el motivo para ello.

A esto se suma que en casi todos los casos no existe un sistema que contemple la reparación del daño cuando un policía es erróneamente acusado, e incluso no existe la posibilidad de impugnar una sanción.

2. No hay protocolos de detenciones y uso de la fuerza

Los investigadores de Causa en  Común corroboraron al visitar seis estados (Chihuahua, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Tamaulipas) que dos de ellos carecen por completo de un protocolo para realizar detenciones y emplear el uso de la fuerza. Esta situación hace imposible al policía conocer cómo actuar en cada situación y  no incurrir en abusos.

3. Deficientes Unidades de Asuntos Internos

Los investigadores detectaron que en las unidades de Chihuahua o Tlaxcala no hay investigación de campo de las posibles irregularidades internas, sino solo un análisis de reportes documentales. En la Unidad de Nuevo León no se atiende de forma debida a los ciudadanos mientras que en la de Tamaulipas no se investiga de plano a ningún mando.

Incluso los expertos alertaron que en varios casos las indagatorias de Asuntos Internos solo se hacen por orden expresa de los jefes superiores.

4. Castigo solo para individuos, no instituciones

En ninguno de los casos analizados Causa en Común encontró que existan mecanismos institucionales para revertir situaciones de corrupción. Los sistemas de sanciones contemplan solamente castigos para los agentes en particular que incurran en una falta sin que siquiera existan recomendaciones a nivel de una base o corporación para evitar malas prácticas.

5. No se fomenta la denuncia ciudadana

Los investigadores de Causa en Común detectaron que en las secretarías de Seguridad Pública de los estados se fomenta muy poco la denuncia ciudadana de los hechos de corrupción e incluso, aunque esta existe, hay prácticas que no contribuyen a que se realice.

6. No hay programas preventivos

Causa en Común detectó que no existen a nivel institucional programas preventivos para prevenir hechos graves de corrupción.

En el análisis a fondo realizado a los seis estados mencionados se detectó que solo uno de ellos (Querétaro) cuentan con algo denominado “sistemas de alerta temprana” que si pueden contribuir a detectar a tiempo situaciones que luego derivan en riesgo de corrupción lo que permite revertirlas con anticipación.

7. Graves violaciones a derechos procesales

Los investigadores encontraron que los policías se encuentran en un total estado de indefensión al no existir elementos normativos que estructuren una posibilidad de una defensa adecuada en caso de denuncias en su contra.

La cura en tres pasos

Para revertir el problema de la corrupción en el país Causa en Común propuso el denominado “Modelo de Prevención y Combate a la Corrupción Policial”. La premisa es que la clave pasa por el fortalecimiento de las Unidades de Asuntos Internos, así como la introducción de mecanismos de control civil interno y externo

En los hechos se trata de una estrategia que requiere tres fases de implementación:

Primera Fase: La investigación interna

El objetivo de esta fase, de acuerdo con el Modelo, es fortalecer las Unidades de Asuntos Internos responsables de indagar los actos de corrupción.

Para ello se sugiere crear una base de ética y normativa con (entre otras cosas) un adecuado régimen disciplinario, un catálogo de faltas y sanciones, un código de ética actualizado, protocolos de uso de la fuerza en todos los casos, entre otros.

También se instruye poner en marcha un sistema de quejas y denuncias seguro para los ciudadanos y que funcione.

Segunda fase: supervisión a fondo

Lo que propone Causa en Común en esta fase es que se integre en cada estado un área de Disciplina y un área Combate a la Corrupción, cada una con su equipo independiente, que se encargue de investigar de forma diferenciada los hechos que sean meras faltas de conducta de aquellos que puedan representar incluso un delito.

Además se sugiere que dichas áreas no solo indaguen la actuación de los policías sino también de personal de civil que labora en las corporaciones de seguridad pública.

Causa en Común propone en esta fase la creación de comités que participen en el funcionamiento de estas áreas y que cuenten con representantes de la sociedad civil separados de las dependencias policiales.

Tercera fase: vigilancia externa

Como tercera fase del modelo para prevenir y erradicar la corrupción Causa en Común propone el diseño de un órgano externo y autónomo a la Policía que supervise periódicamente el funcionamiento de las áreas de Disciplina y Combate a la Corrupción de las corporaciones y que incluso tenga la facultad de ordenas investigaciones totalmente independientes cuando la gravedad de un caso lo amerite.

De acuerdo con la organización este nuevo órgano deberá contar con su presupuesto propio para funcionar adecuadamente y sus protocolos de operación.

Dicho órgano podrá su vez recibir quejas ciudadanas que remitirá a las áreas responsables de investigarlas. Incluso tendrá la capacidad de remitir al Ministerio Público evidencias de la comisión de un delito, de ser el caso.

Fuente: Animal Político

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Mario Meneses

Los principales #Riesgos mundiales en 2017, según el Foro Economico Mundial.


En seis años, esta es la segunda vez que la naturaleza supone el mayor riesgo a nivel global.

Problemas mundiales En seis años, esta es la segunda vez que la naturaleza supone el mayor riesgo a nivel global. (Foto: iStock by Getty Images)

Esta es la primera vez desde 2011 que los eventos climáticos extremos suponen una mayor amenaza que los problemas de origen humano.

Miércoles, 11 de enero de 2017 a las 3:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) –

El cambio climático será el principal riesgo para el mundo debido a que la probabilidad de que ocurra es más alta, de acuerdo con la decimosegunda edición del Informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial (WEF).

Esta es la primera vez desde 2011 que la posibilidad de eventos naturales adversos supera las amenazas de origen humano, como la disparidad salarial y los conflictos internacionales, según el documento publicado este miércoles.

“Si bien el mundo consiguió importantes avances en el área del cambio climático en 2016 tras la ratificación del Acuerdo de París por parte de una serie de países como Estados Unidos y China, el cambio político en Europa y Norteamérica pone en riesgo estos avances”, advirtió el organismo en un comunicado.

Recomendamos: La lucha contra el cambio climático: de la euforia a la incertidumbre por Trump

Otros de los riesgos más comunes que se tendrán que enfrentar en 2017 serán la inmigración masiva involuntaria —que ocupó el primer puesto durante 2016—, los desastres naturales de gran escala, los ataques terroristas y el robo de datos, señaló el organismo.

“Se requiere que los líderes tomen medidas urgentes para identificar formas de superar las diferencias políticas e ideológicas y que trabajen juntos para solucionar problemas críticos”, urgió la directora de competitividad y riesgos globales del WEF, Margareta Drzeniek-Hanouz.

El Foro Económico Mundial se celebrará en Davos, Suiza, del 17 al 20 de enero y entre los temas que abordará estarán el populismo y las posibles repercusiones de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.

Menos probables… pero más peligrosos

Aunque los eventos relacionados con el cambio climático son los más esperados para este año, hay otros que de ocurrir serían más catastróficos, de acuerdo con datos del WEF.

Tal es el caso de las armas de destrucción masiva, que por primera vez en las 12 ediciones de la publicación se encuentran en el primer lugar dentro del rubro de riesgos con el mayor impacto.

En segundo lugar están las catástrofes naturales y en tercero la crisis de agua.

Los resultados presentados en el informe del WEF este miércoles recopilan las opiniones de 750 expertos, quienes también analizaron 13 tendencias subyacentes que podrían agravarlos o alterarlos.

Fuente: Expansion

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Mario Meneses

Agenda Nacional de Riesgos –“documento confidencial” bajo custodia del Cisen– revela un escenario de desastre. #México


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I. Seguridad Nacional: México, al borde del colapso

El diagnóstico de país que ofrece la Agenda Nacional de Riesgos –“documento confidencial” bajo custodia del Cisen– revela un escenario de desastre: riesgos emergentes e incapacidad gubernamental de enfrentarlos. Lo peor, que los principales “riesgos” son los mexicanos que se organizan y protestan.

agosto 7, 2016 at 12:00 am   BY JOSÉ REYEZ 

La Agenda Nacional de Riesgos 2015 para la seguridad nacional del país retrata al gobierno federal como vulnerable, incapaz, represivo, corrupto e impune frente a una sociedad sumida en el hartazgo, la desesperación y al borde de una revolución silenciosa, sutilmente llamada por el presidente Enrique Peña Nieto como “coraje social”.

Y no es para menos. El orden prioritario de los riesgos y amenazas a la seguridad nacional contenidos en este “documento confidencial” (considerado el primero como el de mayor prioridad y así sucesivamente) son: delincuencia organizada; conflictos agudos focalizados; anarquismo; terrorismo; flujos migratorios descontrolados; corrupción e impunidad; ciberseguridad; tráfico ilícito de mercancías en fronteras y mares; desastres naturales y pandemias, y subversión.

Aunque en los últimos 10 años el Estado Mexicano ha invertido presupuesto, hombres y tiempo en combatir al crimen organizado, sigue siendo éste el mayor riesgo para el país, lo cual confirma que las acciones emprendidas por el aparato de gobierno en la última década han sido insuficientes por no atender los problemas de fondo como son educación, empleo y desarrollo social.

Considera también posible que se registren atentados terroristas en México contra blancos e intereses de Estados Unidos, así como la cooptación de miembros de la delincuencia organizada por terroristas.

En la versión de 2014 de dicha Agenda Nacional de Riesgos –que contiene los mismos temas que la de 2015, aunque varían en orden de importancia y jerarquía en una escala del 1 al 10– se incluyó por primera vez como nueva amenaza a la seguridad nacional la “corrupción e impunidad”, capaces de vulnerar la capacidad de respuesta de los tres niveles de gobierno frente a los problemas nacionales y el bienestar de la sociedad.

En su contenido, la Agenda Nacional de Riesgos 2013 advierte literalmente que el país está inmerso en un coctel de riesgos y amenazas que “atentan contra la seguridad nacional, socavan el estado de derecho, generan un grave descontento social y crean situaciones de ingobernabilidad”.

El documento del Cisen de 2013, caracterizado como “estratégico, confidencial y de circulación restringida”, confirma la vigencia actual de los riesgos a la seguridad nacional: terrorismo y armas de destrucción masiva; violencia provocada por la delincuencia organizada; vulnerabilidad cibernética; porosidad de la frontera sur; limitaciones para la atención a desastres naturales; ingobernabilidad por movilizaciones sociales; violencia provocada por la subversión y anarquistas; incapacidad frente a pandemias y epidemias, y deterioro del medio ambiente, en ese orden. (Ver cuadro).

Los escenarios de riesgo son alarmantes para el Estado mexicano y considerados como graves por el gobierno federal debido al grado de conflictividad que representan. El Cisen clasifica los temas de la Agenda Nacional de Riesgos en los niveles de 2, “bajo”; 3, “medio”; y 4, “alto”. Y reconoce “la vulnerabilidad del gobierno para enfrentarlos por incapacidad, corrupción de autoridades del gobierno, la falta de herramientas y mecanismos para frenar su ocurrencia y desarrollo”.

Los expertos en seguridad nacional Guillermo Garduño, Emilio Vizarretea, Martín Barrón y Edmundo Salas consideran que la pobreza, la crisis política, la deuda externa, la dependencia alimentaria, las reformas estructurales, la penetración del crimen organizado en los procesos electorales, en las fuerzas armadas y en las estructuras de gobierno como atentatorios a la seguridad del país. Empero, el Cisen no los incluye en la ANR porque no son de interés del gobierno de Estados Unidos y de los organismos internacionales.

Del mismo modo, el documento no registra la actividad de los grupos de presión empresariales ni las operaciones encubiertas de organismos del gobierno de Estados Unidos, como la agencia antidrogas (DEA) o el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y las funciones de espionaje que realizan en nuestro país y que vulneran la soberanía nacional, por las mismas razones.

En el tema del narcotráfico, el análisis de riesgos 2013 resalta la violencia en territorios controlados por el crimen organizado, pero omite  temas colaterales como el lavado de dinero, los delitos financieros y de cuello blanco, los grandes fraudes financieros, así como empresas y empresarios vinculados a este fenómeno como parte de los riesgos a la seguridad nacional, y a “incipientes esquemas de investigación orientados a los vínculos financieros y políticos de los grupos delictivos”.

Académicos y expertos en seguridad nacional advierten del caldo de cultivo que vive el país en estos tiempos, en donde no sólo está en juego la Presidencia de la República para 2018, sino frente a algo mucho más grave y delicado: el surgimiento de revueltas sociales en varias regiones del país.

La lista de amenazas a la seguridad nacional (en el argot de la inteligencia significan peligros ya existentes) contenidos en la Agenda Nacional de Riesgos 2013 es interminable, y se conjuga con la incapacidad de las instituciones para enfrentarlas y resolverlas a fondo. “Son sistémicas, peligros potenciales, riesgos”, comenta el doctor Vizarretea Rosales.

El panorama se complica si se toma en cuenta que los principales miembros de la estructura del Cisen –cuyo director general Eugenio Ímaz Gispert está delicado de salud por cáncer y en la mira presidencial para ser sustituido–, carecen de experiencia en sus áreas de trabajo, pese a que son los funcionarios mejor pagados del gobierno federal (Contralínea 336).

Para muestra, basta señalar el embrollo en que está inmerso el gobierno federal con la reforma educativa y sus tufos de represión frente a la incapacidad de respuesta de los secretarios de Educación y de Gobernación, Aurelio Nuño Mayer y Miguel Ángel Osorio Chong, respectivamente.

Aquí, un resumen del diagnóstico de la Agenda Nacional de Riesgos del aparato de inteligencia del gobierno federal, del que Contralínea desarrollará cada tema.

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Mario Meneses

Gerardo Laveaga Rendón fue nombrado por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, como director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe)


Ciudad de México, 4 de enero 2017.- La Procuraduría General de la República informó que Gerardo Laveaga Rendón fue nombrado por el presidente de la República Enrique Peña Nieto, como director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Haciendo un poco de memoria….

Laveaga y sus mentiras

Aupado por el presidente Calderón y el secretario de Gobernación, Gerardo Laveaga fue elegido en el IFAI a pesar de no cumplir con los requisitos. Los senadores prefirieron mirar para el costado y dejar que su designación corra.

ALFREDO JOYNER Y MARÍA IDALIA GÓMEZ

En agosto de 2001 Gerardo Laveaga Rendón fue designado director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), aunque no cubría los requisitos, pero en su currículum hizo parecer que así era.
Ocho años después, en 2009, cuando ya terminaba su segundo periodo al frente del INACIPE, logró ser ratificado para un tercero, a pesar de que el Estatuto Orgánico de ese organismo no lo permitía.
Aunque actualmente en los currículum vitae de Laveaga Rendón, que aparecen en Internet, varían algunos detalles, dependiendo si son para un libro, una conferencia o algún cargo público u honorífico, en varios de ellos oficiales presume que cuenta con dos maestrías cursadas en la Universidad Iberoamericana (UIA), la primera en Derecho y la segunda en Derechos Humanos. Sin embargo, estudió una sola.

Con todos estos antecedentes, Gerardo Laveaga se convertió el miércoles en consejero del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), promovido por el presidente Felipe Calderón, su antiguo compañero de la Escuela Libre de Derecho, y el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

Un nuevo cargo que obtuvo gracias a la omisión de los senadores, a pesar de su trayectoria y de la oposición de organismos no gubernamentales.

De cargo en cargo
En el círculo de juristas a Gerardo Laveaga se le considera como un abogado de derecha, con una carrera ascendente a partir de la llegada del PAN al poder.
Tras recibirse de abogado en 1986, con mención honorífica, de la Escuela Libre de Derecho, en donde coincidió con Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, inició estudios de posgrado en la Universidad de Londres, donde cursó algunas materias durante casi un año, entre 1989 y 1990, pero no obtuvo algún título oficial.
Su primer cargo público destacado fue como director general de Relaciones Institucionales del entonces Departamento del Distrito Federal, cuando era regente Manuel Camacho Solís. En ese cargo apenas permaneció un año entre 1991 y 1992.

Entre 1992 y 1996 transitó por las direcciones generales del Ministerio Público en lo Familiar y Civil de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por la de prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR) y por la de Prevención del Delito de la PGJDF. En cada dirección estuvo un año en promedio.
Para 1996 saltó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Director General de Comunicación Social, por invitación del ministro Vicente Aguinaco, cargo que ocupó hasta el año 2000 y al año siguiente se mantuvo dentro del Poder Judicial de la Federación como Director General de Publicaciones y Divulgación de la Cultura Jurídica.

El INACIPE
El 9 de abril de 1996, el presidente Ernesto Zedillo, firmó el decreto que creaba el INACIPE, el cual se publicaría dos días después en el Diario Oficial. La intención de revivir este órgano fue contar con una institución que de forma seria y permanente profesionalizara y actualizara, principalmente, a los funcionarios encargados de la procuración de justicia en México.
El Decreto especifica, en su artículo noveno, que el director general del Instituto será designado por el presidente o a indicación de éste a través del coordinador de sector, en este caso el titular de PGR, y debe cumplir tres condiciones, una de ellas, ser mexicano y las otras dos:

“Poseer grado académico superior al de licenciatura que implique conocimiento especializado en alguna de las disciplinas penales. Haberse distinguido en alguna de las áreas relacionadas con las Ciencias Penales, en la labor docente o en la investigación, y tener obra escrita de reconocida calidad científica”.
Ninguno de estos dos requisitos cumplía Gerardo Laveaga, porque no tenía distinción alguna por su labor docente, de investigación u obra reconocida. Para entonces sólo había sido profesor de asignatura en la Universidad La Salle, con la materia de Teoría del Estado, y en la Universidad Iberoamericana, en la materia Sociología Jurídica.

En cuanto las obras publicadas hasta entonces eran tres y en las dos primeras sólo fue coordinador: Juventud en la paz, editada por el CREA en 1986, Entre abogados te veas, editada por EDAMEX, y La cultura de la legalidad, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Pero tampoco cumplía los requisitos porque Laveaga Rendón no contaba con “un grado académico superior al de licenciatura”, como exigía el decreto del INACIPE. Ayer la Universidad Iberoamericana confirmó a un diario mexicano que cuando cursó la maestría en Derecho, entre 1994 y 1996, se le otorgó un diploma, pero “los estudios no eran reconocidos oficialmente por la Secretaría de Educación Pública”, especificó la UIA.
Fue hasta el 29 de junio de 2005, cuando Gerardo Laveaga recibió de esa Universidad el diploma de grado por esa misma maestría, pero ahora con el nombre de Derechos Humanos, porque con ese nombre fue incorporada ante la SEP. Precisamente en esas fechas, Laveaga Rendón logró su reelección al frente del INACIPE.
En una breve entrevista con este diario, Laveaga Rendón comentó: “cursé la maestría en la UIA y me dieron el título. Posteriormente, la UIA registró esa maestría, pero con otro nombre, y me expidieron otro. Tengo una maestría y dos títulos válidos”

“La legalidad y validez de un título depende de la institución que lo emite. En este caso, la Ibero. Tan fue legal que la SEP lo avaló”, añadió el director del INACIPE.

Su nombramiento como director de ese Instituto, sin cumplir los requisitos, se debió al entonces presidente Vicente Fox y, principalmente, al apoyo que recibió del entonces titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, a quien dos años después, en noviembre de 2003, el INACIPE otorgó el doctorado honoris causa.

Tercera reelección
A mediados de 2009, Gerardo Laveaga debía abandonar su cargo como director del INACIPE, porque de acuerdo al Estatuto Orgánico, en su artículo 23, sólo podía reelegirse una vez y eso ya había ocurrido:
“El director general es la autoridad administrativa de mayor jerarquía del Instituto, su representante legal y presidente del Consejo Académico. Durará en su cargo cuatro años y podrá ser designado por un nuevo periodo”.
Sin embargo, Laveaga Rendón tuvo el apoyo de Felipe Calderón y de Marisela Morales, entonces subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, además de otros funcionarios e integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto, por lo que fue reelecto para un tercer periodo que concluirá hasta 2013. La explicación: no era preciso el artículo 23 y se prestaba a distintas interpretaciones.
En 2010, el Estatuto Orgánico del INACIPE sufrió una modificación en varios de sus apartados y actualmente se lee en su artículo 30: El director general es la autoridad administrativa de mayor jerarquía del Instituto. Durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto por una sola vez”.

Saludos

Mario Meneses