El #CrimenOrganizado es la principal amenaza para la #LibertadDeExpresión. 


El oficio más peligroso.

Héctor de Mauleón. (Cuartoscuro)

“Me tenía sin cuidado el ídolo, lo que me preocupaba al escribir la nota eran los casos de las dos menores”. Habla el historiador y periodista Héctor de Mauleón, quien la semana pasada recibió el Premio Nacional de Periodismo –en la categoría de columna– del Club de Periodistas de México; próximamente recibirá la Medalla al Mérito en Ciencias y Artes de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Los reconocimientos son muy merecidos, tomando en cuenta que Héctor publica de lunes a jueves la columna que ha revelado algunos de los fenómenos delictivos más estremecedores de los últimos tiempos. El ‘ídolo’ al que se refiere De Mauleón es el finado cantautor José Manuel Figueroa, mejor conocido como Joan Sebastian o El Poeta del Pueblo. Las dos menores son ‘Amanda’ y ‘Julieta’, víctimas de trata de personas, quienes de forma independiente identificaron en sus declaraciones ministeriales a Joan Sebastian como explotador sexual.

Publicar la columna “Joan Sebastian, señalado por víctimas de trata”
–donde simplemente se reproducen los testimonios de ‘Amanda’ y ‘Julieta’– le ha valido a Héctor una demanda y un nuevo dolor de cabeza. Lo acusan miembros de la familia Figueroa, de la cual forma parte Federico Figueroa (hermano del Poeta del Pueblo), quien ha sido señalado por el propio gobernador Graco Ramírez como líder del grupo delictivo Guerreros Unidos. La demanda es particularmente preocupante, pues fue presentada ante un juzgado de Morelos, donde es bien sabido que en los sistemas de procuración e impartición de justicia opera una mafia de funcionarios corruptos, dedicados a proteger los intereses de los criminales.

Desafortunadamente, la demanda de la familia Figueroa es sólo el último de los frentes que Héctor tiene abiertos como resultado de su labor periodística. El año pasado trascendieron las amenazas de las que fue víctima, luego de denunciar públicamente las prácticas mafiosas de la Asamblea de Barrios para apoderarse de predios ‘vulnerables’ (sólo en la Delegación Cuauhtémoc, donde se ubican varias de las colonias con mayor plusvalía de la capital, la Asamblea de Barrios ha ocupado más de 700 predios).

El caso de un edificio ubicado en la Calle Benjamín Hill, en la colonia Condesa, que se había convertido en base para el narcomenudeo y el cobro de cuota, adquirió particular notoriedad. Cosa excepcional, la presión de los medios y de los vecinos logró que se recuperara el inmueble. Posteriormente, Héctor Mauricio González, líder de la Asamblea de Barrios, fue detenido por despojo. Después de documentar ese caso, De Mauleón, junto con Denise Maerker y Rafael Pérez Gay, recibieron una avalancha de tuits que buscaban intimidarlos (incluyendo imágenes grotescas y amenazas de muerte). A De Mauleón también le han llegado rumores de que el líder de la Asamblea de Barrios, quien sigue preso, le guarda un profundo rencor.

En México investigar y denunciar el poder criminal es una labor esencial, pero tremendamente ingrata. En un país donde se puede criticar al gobierno (con algunas excepciones, como el caso que comenté la semana pasada), el crimen organizado es la principal amenaza para la libertad de expresión. Hemos cambiado el autoritarismo de los viejos tiempos, por una democracia con espacios de represión: las regiones y las actividades que controla el crimen organizado (que desafortunadamente constituyen ya enormes porciones del territorio y de la economía).

La Secretaría de Gobernación cuenta con un mecanismo para brindar protección a periodistas y defensores de derechos humanos amenazados. Desafortunadamente, las medidas de protección son intrusivas, e incluso pueden obstruir la labor de los beneficiarios (en las regiones más golpeadas por la delincuencia, la única forma eficaz de proteger a una persona amenazada es mandarla a vivir fuera de su localidad). En este contexto es importante que los medios y el gremio periodístico dejen del lado fobias y celos profesionales, y hagan frente común para defender a los periodistas amenazados, y para denunciar a los criminales.

La entrega del Premio Nacional de Periodismo, la semana pasada, no tuvo un carácter festivo. Se guardó un minuto de silencio por el brutal asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua; un nombre más a una lista larga. En su discurso, Héctor de Mauleón lamentó que el periodismo se haya convertido en el oficio “más peligroso del mundo”. Sin embargo, cuando platico con Héctor en privado, no percibo miedo en su voz, sólo un profundo malestar por el asfixiante poder intimidador que las mafias criminales han acumulado en el país, y que en ocasiones se confunde con el poder político y hasta con el poder judicial. Para mi sorpresa, en otros momentos de la conversación Héctor cambia de tono y me pide que le “dé nota”. Ni las amenazas ni las demandas lo han doblegado. Héctor de Mauleón quiere seguir desentrañando el lado oscuro de México y siempre está ávido de nuevas pistas.

Twitter: @laloguerrero

Fuente: www.elfinanciero.com.mx

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Mario Meneses

Microsoft abre centro de #Ciberseguridad en Ciudad de México


Microsoft abrirá un centro de ciberseguridad en México

Escrito por Alistair ThompsonMiércoles, 01 Marzo 2017 

Microsoft abrirá un centro de ciberseguridad en Ciudad de México buscando combatir una industria ilegal con un valor estimado de US$4 mil millones, una decisión que indica la creciente preocupación por este delito en el país.

En un comunicado expedido el 24 de febrero,Microsoft anunció la apertura del nuevo centro y destacó el rol que espera que cumpla en el avance de la ciberseguridad en la región.

“Con la apertura de este centro, llevamos la oferta de seguridad de Microsoft más cerca de los clientes para ser parte estratégica de su transformación, y juntos crear un país y una región que sean más prósperas y productivas y, sobre todo, más seguras”, señaló Jorge Silva, gerente general de Microsoft México.

Según cálculos de Microsoft, México pierde hasta US$4 mil millones al año por el cibercrimen. El secretario técnico en el Consejo de Seguridad Nacional de México, Tomás Zerón de Lucio, comentó recientemente que México es el segundo país de Latinoamérica más afectado por el cibercrimen, después de Brasil, y ocupa el décimo lugar en todo el mundo.

Aunque el centro de Microsoft busca atender a la región en general, la Policía Federal Mexicana firmó un acuerdo especial con el equipo de Microsoft, mediante el cual se busca fomentar la seguridad en las tecnologías de la información y ayudar en investigaciones relacionadas con crímenes en internet.

Análisis de InSight Crime

Después de la apertura de un centro de ciberdelitos en Colombia en 2013 (Silva era el director de Microsoft Colombia en ese momento), parece que Microsoft está dirigiendo su atención a México. Este ofrece un mercado mayor para los productos de seguridad de la firma a la par que plantea una mayor variedad de amenazas que atacar. Los grupos criminales más grandes y complejos de Latinoamérica tienen su base en México, y con la adaptación de estos grupos y a una mayor importancia del ciberdelito como arma,México y Microsoft pueden quedar en la primera línea en cuanto a la prevención de estos delitos en la región.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre crimen cibernético 

No cabe duda de que el crimen organizado ya incursiona en esta floreciente industria criminal. Un especialista en ciberseguridad señaló a medios locales en diciembre que los ciberrobos son perpetrados por “bandas bien estructuradas, con especialistas en cada proceso: infiltración, captura, comercialización”.

Mientras tanto, los funcionarios mexicanos se han esforzado por hacer los cambios necesarios para enfrentar y contrarrestar los ciberdelitos. México se ha ganado la reputación de ser una zona de operaciones relativamente segura para los ciberdelincuentes dedicados al robo de información personal. Los críticos dicen que los criminales actúan con impunidad y que las autoridades carecen de las herramientas y la legislación para procesar judicialmente los casos de ciberdelincuencia.

Fuente: es.insightcrime.org

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Mario Meneses

Las funciones de la #Seguridad


 

Tamaulipas, seguridad. (Cuartoscuro)

La seguridad es un problema de instituciones. Es el resultado de la aplicación de distintas formas de respuesta pública frente a lo socialmente indeseable. Surge del uso eficiente de los instrumentos de disuasión y coacción que ostenta el Estado. Si la seguridad es la ecuación del castigo suficiente y probable, la fuerza inhibitoria de la amenaza depende de los recursos material y legalmente disponibles. La razón democrática de la seguridad exige maximizar la eficacia que cada recurso aporta, con la menor afectación a los derechos. El carterista afecta a la sociedad de manera diferente que una banda de crimen organizado. Un policía con tolete puede ser suficiente para inhibir al ladrón, pero inútil como riesgo para los asaltantes de un banco. Disponer de un batallón para desalentar al carterista es un claro despropósito en la racionalidad entre medios y fines. Y es que el Estado de derecho no reacciona del mismo modo frente a las distintas manifestaciones criminales. Su deber es racionalizar su esfuerzo, porque sus medios son limitados, modular la intensidad de sus intervenciones en función de los bienes y daños involucrados, colocar la sanción ahí donde conviene multiplicar la resonancia social del ejemplo.

Dada la complejidad de las causas, efectos y la diversidad de los fenómenos criminales y de sus causantes, la responsabilidad de la seguridad se desdobla en tramos funcionales que se definen por el tipo de respuesta estatal. Cada adjetivo denota alcances, habilitaciones y fines: la seguridad pública constituye el mandato de cuidar a las personas de otras personas; la seguridad nacional es la custodia de la integridad del Estado frente a desafíos equivalentes. El carterista pone en juego el patrimonio de otros; la invasión extranjera amaga la existencia misma del Estado. Cada función es un inventario de propósitos y recursos: órbitas de atribuciones y poderes para que el Estado pueda responder a distintos grados de agresión o de resistencia.

La realidad ha superado el binomio clásico entre seguridad pública y nacional. Los delitos entre personas no son las únicas tensiones a nuestra tranquilidad. Las amenazas externas a la seguridad nacional provienen ahora de agentes sin territorio, sin gobierno, con alta capacidad de fuego e influencia trasnacional. Hay causas endógenas que, por sus alcances, no pueden ser prevenidas o contenidas sólo desde la dimensión básica de policía. Son delitos con implicaciones que trascienden la vida, la libertad o el patrimonio de las víctimas. Su expansión merma la viabilidad del Estado para ejercer efectivamente el monopolio de la violencia legítima.

Y de eso sabemos bien en México. Las condiciones de inseguridad sobrepasan las dimensiones del delito común. El narcotráfico como negocio ha evolucionado hacia formas más sofisticadas de extracción de rentas. Las cinco organizaciones criminales que operaron durante los noventa, se han pulverizado en poco más de 208, que compiten en cada trinchera de las actividades ilegales, rivalizan por el control de territorios y disputan la complicidad institucional. Pequeñas corporaciones con altísimas capacidades de reclutamiento, operativas y corruptoras. Escurridizas organizaciones que recurren a la violencia para desplazar al adversario y para someter a la autoridad. Microempresas que se aprovechan de esa debilidad institucional para aumentar sus ganancias e imponer su ley.

De eso se trata la Ley de Seguridad Interior: de regular una función del Estado que sirve para responder a situaciones que comprometen el funcionamiento de instituciones, o bien, para generar espacios de tiempo para la regeneración de capacidades ahí donde están cooptadas, son precarias o no existen. Sus alcances son sustancialmente mayores a la presencia legítima o no de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Su objetivo es normar los supuestos y procedimientos para que la Federación, con todo su instrumental de gobierno, pueda intervenir ante una situación que escala a la posibilidad de acción de los primeros respondientes. Su fin es la presencia oportuna y subsidiaria de una autoridad frente a fenómenos que se han salido de control por desidia, negligencia o corrupción. Nada más y nada menos.

* El autor es senador de la República. Roberto Gil Zuarth

Fuente: elfinanciero

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Mario Meneses

Las extorsiones de las que ha sido objeto la #CFE ponen de presente que los grupos criminales están aprovechando las debilidades del Estado mexicano.


Soldados patrullando planta eléctrica en el estado de Michoacán

Escrito por Leonardo GoiViernes, 24 Marzo 2017 

Los grupos del crimen organizado están extorsionando a la compañía de electricidad federal de México, lo que indica que las organizaciones criminales están explotando la debilidad del Estado para incrementar sus ingresos.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México ha sido objeto de las extorsiones de los grupos del crimen organizado en el norte y el oeste del país, informó Zeta Tijuana.

Según Gustavo Cuevas, ejecutivo de CFE, los delincuentes están presuntamente diciéndoles a las empresas locales que no le paguen por sus servicios a la empresa de energía, y que en su lugar les paguen a los grupos del crimen organizado.

“Llegan a una empresa, a una maquiladora, y le dicen: ‘A partir de ahora tú no pagas la luz. Me la vas a pagar a mí’”, le dijo Cuevas a Reforma.

Al mismo tiempo, los grupos criminales están presuntamente amenazando a los empleados de CFE para que no les corten el servicio de energía a las empresas que les están pagando a los criminales en lugar de hacer los pagos a la empresa de energía.

“Pero tampoco se le puede cortar [la energía a estas empresas], porque también está amenazado el superintendente de la CFE”, explicó Cuevas.

Cuevas también denunció que, aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el personal de la Armada de México deben ayudar a proteger las 125 plantas de energía de CFE, los grupos del crimen organizado les han ordenado a los superintendentes de la compañía que retiren el personal de seguridad asignado a las plantas.

“Les puedo asegurar que el personal [de CFE] ya ha pedido retirar los helicópteros usados para vigilar las líneas de alta tensión”, dijo, y agregó que los criminales “han llamado para decir: ‘quita tu helicóptero o lo bajo’”.

Análisis de InSight Crime

Las extorsiones de las que ha sido objeto la CFE ponen de presente que los grupos criminales están aprovechando las debilidades del Estado mexicano para consolidar su control sobre las comunidades y para aumentar sus ganancias.

Por cierto, CFE no es la primera empresa de energía que ha sido víctima del crimen organizado en México. El robo de combustible de Pemex, la petrolera estatal mexicana, ha aumentado dramáticamente en los últimos años. La Fiscalía General de la República de México registró un promedio de 1,6 incidentes de robo de petróleo por día en 2010. En el año 2015, esta cifra había aumentado a 8 por día. Esta práctica ha sido por mucho tiempo un lucrativo negocio de los grupos criminales del país, en especial de Los Zetas y el Cartel del Golfo.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre el hurto de petróleo

Pero México no es el único país de la región cuya infraestructura energética ha sido afectada por el crimen organizado. Se sabe que grupos de milicianos de Río de Janeiro, Brasil, han obligado a los residentes de las favelas a pagar servicios como lo son el gas y la electricidad a precios inflados, y que al parecer utilizan su control sobre las comunidades locales para influir en los resultados electorales.

Sin embargo, el caso de México parece potencialmente más nefasto que el de Brasil. Al prohibirles a las empresas locales que les paguen por el servicio de electricidad a la CFE, los grupos del crimen organizado mexicano están en efecto sumiendo a la empresa estatal en un círculo vicioso. Si las empresas no le pagan a la CFE, los ingresos de la compañía disminuirán y no tendrá el dinero requerido para los costos de seguridad, lo que a su vez significa menos protección frente a los grupos del crimen organizado.

Fuente: es.insightcrime.org

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Mario Meneses

La información gubernamental sobre #SeguridadPublica es manipulada. Mensaje de los ciudadanos!!!


Uno de cada dos residentes urbanos en México considera que la información gubernamental sobre seguridad pública ha sido manipulada, ¿será? Jonathan Fdr explica algunos hallazgos de Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable.

La #policía ya no puede utilizar la data de #Facebook para monitorearte


Facebook le está quitando a los departamentos de policía un gran tesoro de datos que ha sido utilizado cada vez más para vigilar a los manifestantes y activistas.

La medida, que la red social anunció el lunes pasado, surge tras la preocupación por el seguimiento de las cuentas de medios sociales de los manifestantes en lugares como ­Ferguson, Missouri y Baltimore­. También llega en un momento en que su director ejecutivo Mark Zuckerberg­ dice que está ampliando la misión de la empresa de simplemente “conectar el mundo” en redes de amigos para promover la seguridad y la comunidad.

Aunque el negocio principal de la red social es la publicidad, Facebook junto con Twitter e Instagram, propiedad de Facebook, también proporciona a los desarrolladores acceso a los feeds públicos de los usuarios. Los desarrolladores usan los datos para monitorear tendencias y eventos públicos.

Por ejemplo, los anunciantes han rastreado cómo y qué consumidores están discutiendo sus productos, mientras que la Cruz Roja ha utilizado datos sociales para obtener información en tiempo real durante desastres como el huracán Sandy.

Sin embargo, las redes sociales han estado bajo el fuego por trabajar con terceros que comercializan los datos a la policía. El año pasado, ­Facebook, Instagram y Twitter cortaron el acceso a Geofeedia, una startup que compartió datos con la policía, en respuesta a una investigación de la Unión Americana de Libertades ­Civiles (ACLU, por su sigla en inglés).

La ACLU publicó documentos que hicieron referencias para rastrear activistas en las protestas en ­Baltimore en el 2015 después de la muerte de un hombre negro, Freddie Gray, mientras estaba bajo custodia policial y también en las protestas en ­Ferguson, Missouri, en el 2014 después de que la policía le disparó a ­Michael Brown, un negro de 18 años que estaba desarmado.

El lunes, Facebook actualizó sus instrucciones para que los desarrolladores dijeran que no pueden “usar los datos obtenidos de nosotros para proporcionar herramientas que se utilizan para la vigilancia”.

La compañía también dijo, en un blog, que había expulsado a otros desarrolladores de la plataforma desde que cortó sus lazos con Geofeedia.
Hasta ahora, Facebook no ha sido explícito sobre quién puede utilizar la información que los usuarios publican. Esto puede incluir la lista de amigos de una persona, la ubicación, el cumpleaños, la imagen del perfil, la historia de la educación, el estatus de la relación y la afiliación política, si hacen que su perfil o ciertos posts sean públicos. Algunos departamentos han elogiado las herramientas, que dicen que les ayuda a combatir la delincuencia, por ejemplo, si los líderes de pandillas publican referencias a sus crímenes.

En una declaración sobre los cambios, que fueron los resultados de varios meses de conversaciones con activistas, la ACLU y otros grupos elogiaron el movimiento de Facebook como un “primer paso”.

“Dependemos de las redes sociales para conectarnos y comunicarnos sobre los asuntos más importantes de nuestras vidas y los principales problemas políticos y sociales de nuestro país”, dijo Nicole Ozer, directora de Tecnología y Libertades civiles de la ACLU de California.

“Ahora más que nunca, esperamos que las compañías cierren las puertas laterales de vigilancia y se aseguren de que nadie pueda usar sus plataformas para perseguir a personas de color y activistas”.

Algunos dijeron que Facebook no había ido lo suficientemente lejos. “Cuando las compañías de tecnología permiten que sus plataformas y dispositivos sean utilizados para llevar a cabo una vigilancia masiva de activistas y otras comunidades focalizadas, frena la disidencia democrática y da al autoritarismo una licencia para prosperar”, dijo Malkia Cyril, directora ejecutiva y fundadora del Center for Media Justice.

“Está claro que hay más trabajo por hacer para proteger a las comunidades de color de los medios sociales de espionaje, censura y acoso”.
El nuevo lenguaje de políticas no excluye a la policía de la plataforma. Por un lado, la compañía coopera con la aplicación de la ley en casos específicos para la ayuda en la resolución de crímenes.

La policía y las agencias federales aún puede extraer los feeds de la gente en casos de desastres y emergencias nacionales, dijeron funcionarios de Facebook. No ha quedado claro cómo la red social decidirá qué emergencias y eventos públicos justificarán el monitoreo de los datos de los ciudadanos y que constituiría una “vigilancia” irrazonable. La “vigilancia” tampoco fue definida en la entrada del blog, un área gris potencial que los forasteros pueden explotar. Facebook dijo que continuará auditando a terceros por violaciones de políticas y exigirá que los desarrolladores revelen lo que planean hacer con los datos a los que están solicitando acceso.

Departamentos de policía locales en Estados Unidos han gastado unos 5 millones de dólares en monitoreo de medios sociales en los últimos años, de acuerdo con el Centro de Justicia Brennan. La cantidad relativamente pequeña muestra cómo es barato realizar un seguimiento y monitorear el comportamiento de un gran número de personas.

Elizabeth Dwoskin es la corresponsal en Silicon Valley para The Washington Post.

Fuente: eleconomista.com.mx

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Mario Meneses

Policías privadas, bomba de tiempo. #SeguridadPrivada


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Nadie sabe cuántas corporaciones policiacas privadas existen, qué servicios ofrecen ni de cuántos elementos disponen. Así viene el asunto desde el foxismo. Con el calderonismo y su “guerra”, el número de empresas que se aventuraron a ofrecer servicios de protección se incrementó exponencialmente: con tantos secuestros, asesinatos y extorsiones, el éxito comercial de estas compañías estaba asegurado. Y es que la protección ya no la necesitaron sólo los potentados. Integrantes de las clases medias también buscaron proteger su vida y su raquítico patrimonio.

Las empresas brotaron sin control alguno y rebasaron a las autoridades. Van desde aquellas que ofrecen veladores y escoltas hasta las que venden protección de los sistemas de cómputo contra los hackers. Y en ese abanico de posibilidades están las que blindan carros, cuidan inmuebles, rastrean vehículos de manera satelital, instalan cámaras, proveen de botones de pánico, ofrecen servicios paramédicos de emergencia…

No es el amplio espectro de servicios que ofrecen y que ha rebasado al ámbito jurídico lo que preocupa, sino la negligencia de las autoridades que ni la cuenta llevaron de las “policías” privadas que aparecieron. También preocupa que, ante la falta de regulación y la omisión gubernamental, la gran mayoría de estas empresas no cuenta con la certificación profesional (de la oficial ni hablamos) que acredite su capacidad para proporcionar lo servicios que dice vender.

De acuerdo con el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha concluido el proceso de registro de las empresas de seguridad privada. Pasan los sexenios y la promesa de “poner orden” en ese sector nunca se concreta.

El máximo organismo de fiscalización del país encontró que en el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada que ejecuta la Segob, a julio de 2016, ha quedado asentada la existencia de 1 mil 168 empresas que laboran en el ámbito federal, con 80 mil 788 elementos de “personal operativo”, 44 mil 684 armas y 12 mil 50 vehículos. Y se han contabilizado 4 mil 43 empresas con 282 mil 924 elementos “operativos” de las que prestan servicios a nivel estatal. Hasta ahí van las cuentas y no se ve para cuándo concluyan.

Pasan los años y el registro no está completo. Pero no es lo peor. Los auditores encontraron que no se acreditó “que la información fuera utilizada para dar cumplimiento a funciones de supervisión, control, vigilancia y evaluación de los prestadores de servicios de seguridad privada”.

La misma Segob se llevó una sorpresa en sus escasas 313 visitas de supervisión a las empresas: sólo 38 (el 12.1 por ciento) acataron las obligaciones establecidas en la normativa. La amplia mayoría, 275 (el 87.9 por ciento), incumplió con los requisitos.

Pese a todo (o tal vez a causa de ello), resulta que la Segob ejerció apenas el 59.8 por ciento del presupuesto que se le asignó precisamente para atender el “problema público” (así se le llama en la auditoría) de las empresas de seguridad privada.

La Cámara de Diputados le asignó un monto de 76 millones 603 mil 600 pesos para el programa presupuestario E905 Regulación de los Servicios de Seguridad Privada para Coadyuvar a la Prevención del Delito. La Segob sólo ejerció 45 millones 789 mil 700 pesos. Ante su incapacidad, habría tenido que reintegrar a la Tesorería de la Federación el 40.2 por ciento de lo que le había sido asignado para la ejecución del mencionado programa, es decir, 30 millones 813 mil 900 pesos.

Aunque la ASF busque ser condescendiente con el desastre encontrado, el dictamen es contundente. Señala que en el periodo revisado: “se desconoció el universo de empresas que operan en territorio nacional, su personal y equipo, no se contó con los manuales que garanticen el adecuado desarrollo de sus procesos de emisión de resoluciones y la cobertura de supervisión de los prestadores de servicios de seguridad privada disminuyó 69.8 puntos porcentuales durante el periodo 2009-2015”.

El escenario todavía puede ser peor. Ojalá el “control” llegue antes de que integrantes o exintegrantes de estas policías privadas sean pillados cometiendo actividades ilícitas en ámbitos en los que supuestamente son expertos: manejo de armas de fuego, combate cuerpo a cuerpo, espionaje cibernético, rastreo de vehículos y personas, blindaje ilegal de vehículos… Se le acaba el tiempo a la Segob. Que reaccione antes de que un escándalo mayor la haga reaccionar. ¿O de eso se trata?

Fuente: www.voltairenet.org

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Mario Meneses