Alertan crisis de #Seguridad por recorte en Plataforma México.


 

Foto: Archivo El Universal

Aseguran activistas que sistema no podrá operar; dinero gastado en seguridad se perderá, advierten.

Con el presupuesto aprobado para el próximo año la Plataforma México será inoperable y el país entraría en una crisis de seguridad al no contar con el sistema de información del Estado más importante en materia de seguridad, que genera productos estratégicos para el combate y prevención del delito, advirtieron funcionarios consultados.

Mientras en 2016 la Plataforma México tuvo mil 102 millones de pesos para su operación, para 2017 se autorizaron 386 millones 633 mil de pesos; es decir, 716 millones de pesos menos. Se trata de una reducción de 65% al presupuesto. Representantes de las organizaciones sociales advierten que prácticamente eso prevé el desmantelamiento de Plataforma México.

Con sólo 35% de presupuesto disponible, se prevé que este instrumento quedará paralizado, ya que no habrá recursos para su funcionamiento.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común; Francisco Rivas, director de Observatorio Nacional Ciudadano, y Armando Rodríguez Luna, especialista en temas de seguridad, coincidieron en que Plataforma México no debe ser desmantelada; por el contrario, se debe invertir para mejorar su funcionamiento.

Autoridades del gobierno federal consultadas por EL UNIVERSAL indicaron que como mínimo necesitaban el presupuesto de 2016 y ahora, con lo aprobado para el próximo año “se marca un retroceso serio en materia de seguridad que afectará a nivel nacional. Considerando eso podría aumentar la violencia en el país”.

Ese sistema cuenta con más de 100 base de datos, 600 millones de registros y 60 sistemas de información, mismas que no podrían ser consultadas a partir del próximo año por las más de 800 dependencias conectadas y 13 mil 500 usuarios activos.

En Plataforma México hay registros de criminales, huellas dactilares, registros de internos, armas de fuego y autos robados, entre otros que pueden ser consultados por los estados con grados de relación de manera automática.

Una evaluación realizada en 2016 por la Secretaría de Hacienda, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a siete programas de la Secretaría de Gobernación (Segob) calificó con 90% a Plataforma México por sus logros en metas y objetivos; seguido de la Política y servicios migratorios del INM, con 82.8%, y el Registro e Identificación de Población, 67%.

Morera mencionó que si bien ese instrumento aún no es lo que se esperaba, es una herramienta muy importante para el país “y si piensan reducir el presupuesto la van a tronar.

“Va en contra de los intereses del Estado, se tiene que seguir invirtiendo porque los sistemas informáticos necesitan por lo que se va desarrollando. Hay que mantenerla y mejorarla, me parece una falta de respeto y una incongruencia con lo que necesita el Estado”, dijo.

La activista afirmó que el sistema se encuentra en números rojos porque no pueden pagar las licencias, incluso hay policías que no tienen clave para meterse y “si no siguen invirtiendo en Plataforma México es como tirar a la basura todo el dinero que se ha gastado. Entiendo que se tienen que reducir los gastos, pero que sea en otras cosas y no en seguridad”.

Francisco Rivas, de Observatorio Nacional Ciudadano, enfatizó que es un sistema de información fundamental para el gobierno federal que desafortunadamente no ha logrado ser reconocido suficientemente para los gobiernos locales por problemas de operación.

“Habría que preguntarnos si la cantidad que se le está destinando le va a permitir subsistir porque es un sistema caro que requiere de insumos y una serie de manutenciones”, señaló.

Recordó que se creó para compartir inteligencia entre el gobierno federal y los gobiernos estatales de una manera eficaz y oportuna, por lo que su presupuesto debe ser fortalecido y no recortado.

“Plataforma México no ha sido explotada en su totalidad porque no hay la capacitación adecuada en los estados y otra serie de motivos que no tiene que ver con las personas que están a cargo del área.

“Si vamos a desmantelar un insumo tan importante, parecería una tontería; no se tiene que recortar en lo que genera inteligencia para combatir el delito en un país en que tenemos índices de violencia altos”, dijo.

Rivas indicó que como ahora, en otras ocasiones se tomaron decisiones en seguridad para hacer recortes sin preguntar si lo que se destina a una área les permite operar.

Armando Rodríguez Luna, especialista en materia de seguridad, afirmó que el hecho de que se pretenda reducir el presupuesto en un instrumento como éste implica que no les interesa transformarlo en algo más funcional y que redunde en resultados concretos.

“Si lo ve uno en contexto, el Estado está renunciando a aspectos claves de la seguridad, la justicia y la prevención en el país. Es interesante saber qué sucedería con esos registros de Plataforma México y quién los va a administrar”, agregó.

Dennis A. García | El Universal

Saludos

Mario Meneses

¿Que es una estrategia de #Seguridad Nacional? por el Instituto Español de Estudios Estratégicos, el gran think tank del ministerio de Defensa.


 

General Ballesteros: “La seguridad es lo primero que nos une a todos”

, Madrid

15/10/2016 00:09 | Actualizado a 15/10/2016 14:39

El General de Brigada, Miguel Ángel Ballesteros Martín, es el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el gran think tank del ministerio de Defensa. Su última obra, “En busca de una estrategia de Seguridad Nacional”, presentada en sociedad por el director del CNI, Félix Sanz Roldán, se configura como un manual imprescindible para tener un “método” en el análisis y el estudio de un asunto tan delicado. Ballesteros reclama a la población que esté al caso de lo que pasa en el mundo, compromisos presupuestarios a largo plazo para garantizar la mayor seguridad y tener claro que no estamos inmunizados al terrorismo yihadista. Y un aviso a navegantes:la unidad y el fraccionamiento da la seguridad.

¿Que es una estrategia de seguridad nacional?

Es aquella estrategia mediante la que se dirigen y coordinan todas las energías y fuerzas de la nación para proteger los intereses nacionales, allá donde se encuentren, y cumplir con los compromisos de las organizaciones internacionales de las que formamos parte como la UE, ONU o la OTAN. Organizaciones a las que hoy ayudas tú y mañana te ayudan a ti.

Su libro es un manual, una especie de método… ¿Por qué necesita un método la seguridad?

Primero hay que tener en cuenta que hay muy pocos países que tengan una Estrategia de Seguridad Nacional. Personalmente he vivido las dificultades con las que se encuentran los equipos encargados de su elaboración a partir de un papel en blanco y un bolígrafo.

Una tarea difícil

Precisamente, ese miedo escénico que genera el papel en blanco, es lo que he pretendido quitar con una metodología que va describiendo qué es lo que hay que analizar, estudiar y qué es lo que hay que escribir. El contenido será distinto para cada país. Pero en estos temas tan complejos, propios de un mundo globalizado y muy cambiante, conviene tener una metodología que te ayude y te evite irte por las ramas. Es un libro de utilidad para estudiantes de Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales y para aquellos países que antes o después van a verse abocados a elaborar una estrategia de seguridad nacional.

-¿En qué se diferencia una estrategia de una estrategia de seguridad nacional?

En que en esta última se establecen líneas de acción frente a riesgos y amenazas que aprovechan todas las capacidades de la nación: las públicas del Estado y las privadas, como son las grandes empresas que gestionan infraestructuras críticas. Siempre en un ambiente de colaboración. Y sin olvidar el importante papel que hoy en día juegan los ciudadanos.

-¿Qué rol tienen?

Marcan las políticas. Especialmente la política exterior. La política interior la definen las élites. Pero en la mayoría de países democráticos las decisiones en política exterior se toman teniendo en cuenta la opinión pública.

-¿Un ejemplo sería Irak? 

Por ejemplo. Si se hubiera prestado más atención a la opinión pública probablemente se hubiera adoptado otra política o estrategia.

-¿Hasta qué punto se imbrican en una estrategia de seguridad nacional la división clásica entre seguridad interior y exterior?

Con el final de la Guerra Fría desapareció la fractura entre los dos bloques, lo que permitió la libre circulación de personas, mercancías y capitales entre países que hasta ese momento eran antagónicos. A esto se añade el papel de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que favorecen el intercambio de conocimiento. La conjunción de estos factores da lugar a una progresiva globalización. Un fenómeno positivo en términos generales, pero que también es aprovechado por grupos terroristas y de crimen organizado en su beneficio. Y así, el 11 de Setiembre de 2001, Al Qaeda se mostró al mundo como un grupo terrorista global capaz de llevar a cabo mega atentados en cualquier parte del mundo, demostrando que los límites entre seguridad interior y exterior estaban desapareciendo. 

-Allí empezó todo

Los gobiernos toman conciencia de que es necesario articular una estrategia de seguridad nacional que aproveche todos los instrumentos del Estado: policías, Fuerzas armadas, tecnología, acuerdos internacionales, control financiero, etc. para luchar contra amenazas como el terrorismo global. Estrategias que promuevan la colaboración público-privada para proteger los intereses nacionales. Una estrategia capaz de prevenir y de preparar las capacidades que vamos a necesitar mañana para hacer frente a los nuevos riesgos y amenazas.

-¿Hay presupuesto para todo esto?

Los presupuestos siempre son escasos. La seguridad absoluta no existe; la seguridad es gradual, porcentual, comparativa… Así que hay que definir muy bien los intereses a proteger y priorizarlos. No es lo mismo proteger la vida de un individuo que de 33.0000 que fueron los fallecidos y afectados por los atentados del 11 S. Cada interés hay que clasificarlo y priorizarlo, y decidir qué recursos se dedican pero esto ya es política. El Gobierno dará prioridad a qué intereses proteger. Pero hay que tener en cuenta que no somos inmunes.

-La seguridad total no existe

Debemos conocer qué es lo que puede dañar nuestros intereses para evitarlo. Aunque la seguridad absoluta no existe, por muy eficaz que sean las fuerzas policiales, por mucha información que tenga el CNI, y por muy bien que trabajen nuestras Fuerzas Armadas dentro y fuera de nuestras fronteras, las 24 horas del día, los 365 días del año, siempre es posible recibir un atentado. Hay que saber asumirlo psicológicamente y ser capaces de resistir y de sobreponerse lo antes posible, es lo que se conoce con el nombre de resiliencia, uno de los pilares de la seguridad nacional.

-Habla de peligro, riesgo y daño. ¿Puede especificarlos?

Es lo que llamo “cadena estratégica”. El riesgo es aquello que sabemos que puede ocurrir pero no tenemos conocimiento cierto de que se pueda producir pero hay que poner los medios para evitarlo. Para entendernos, Al Qaeda siempre ha querido tener armas químicas pero no tenemos noticias de que las tenga. Eso es un riesgo. En cambio el DAESH o el mal llamado Estado Islámico sí sabemos que las tiene y que las ha utilizado. En este caso no se trata de una posibilidad sino de una certeza. El riesgo ha pasado a ser un peligro. Esas armas químicas procedentes de Siria, podrían llegar a utilizarse en Europa lo que constituye un peligro. Un peligro al que hay que hacer frente con planes adecuados y las capacidades necesarias para llevarlos a cabo.

-¿Cómo continúa la cadena? 

Si un enemigo utiliza sus armas para intentar doblegarnos nos encontramos en otro eslabón de la cadena, la amenaza. Y el daño, es el final de la cadena, se produce cuando se materializa la amenaza. La cadena hay que cortarla cuanto antes mejor y esto requiere planes y capacidades para afrontar los riesgos, los peligros y las amenazas. Sabemos que el DAESH a llevado ataques en Siria con armas químicas, deberíamos ser conscientes del peligro, como cualquier ciudadano es consciente del peligro cuando se entera que los ladrones han entrado en la casa del vecino, lo que le llevará a reflexionar si la seguridad de su casa debe ser reforzada.

-¿Hablando de vecinos, como intervienen nuestro entorno en esta estrategia?

Hay intereses comunes a varios países y en este caso lo lógico es desarrollar una seguridad colectiva. Obama ya lo dijo en un discurso en West Point durante su primer mandato: “La seguridad es lo que nos une”. La seguridad es más barata y mucho más fuerte y eficaz cuando estamos unidos.

-Volvemos al presupuesto…

España dispone de Estrategia de Seguridad Nacional y el Ministerio de Defensa ha desarrollado un sistema de planeamiento para determinar las capacidades que se necesitan. Esto nos sitúa a la cabeza de los países más avanzados en el planeamiento militar, lo que permitirá sacar el máximo rendimiento a los recursos humanos y materiales que los ciudadanos ponen en manos de sus Fuerzas Armadas. Pero no es suficiente con disponer de un sistema de planeamiento avanzado que nos permite definir las capacidades imprescindibles para hacer frente a los riesgos y amenazas, si no contamos con un compromiso presupuestario de las principales fuerzas políticas para los próximos años que permita llevar a cabo la fase de ejecución de capacidades que implican medios y personas preparadas y entrenadas para manejarlos.

Aunque estamos en una situación de crisis, esto no debería ser un problema para establecerse el compromiso presupuestario porque de otra manera no se puede llevar a cabo el planeamiento militar. Por otro lado es imprescindible una mayor implicación de los ciudadanos en la cultura de seguridad y defensa a través de un mejor conocimiento de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras pero que nos afecta muy directamente.

-¿El conocimiento de lo que ocurre en el mundo?

Si, de esa manera tendrá criterio bien formado sobre el papel que España debe realizar en cada escenario internacional, en función de nuestros intereses y del compromiso adquirido por nuestra pertenencia a organizaciones internacionales, como la UE.

Dos ejemplos. Somos un país dependiente en un 70% de las importaciones de petróleo y gas procedentes de zonas concretas y ese petróleo y la mayor parte del gas nos llega a través de rutas marítimas que deben ser seguras para garantizar nuestro suministro energético. Otro más evidente, nuestra primera fuente de ingresos es el turismo internacional que depende de la capacidad económica de los países emisores y de otros factores como son las amenazas sobre mercados como Egipto o Túnez. Un atentado como el sufrido por Francia el 13 de noviembre pasado cometido por terroristas de DAESH entrenados en Siria ha dañado el turismo en Paris. La economía española es de las más abiertas del mundo. Nuestro estado del bienestar se basa en esa economía, por eso el español debería prestar más atención a lo que ocurre en el mundo.

-Póngame un ejemplo

Es muy difícil que la opinión pública tome conciencia de que habría que haber puesto más interés en el inicio de la crisis de Siria, porque había desconocimiento e incluso falta de interés sobre un tema que no parecía afectar a los europeos. Pero la llegada a las costas europeas de cientos de miles de refugiados procedentes de Siria se convirtió en un problema para la UE.

-Un desconocimiento que se añade a la queja general que no hay cultura de defensa

Sin duda. Al no tener esa cultura de defensa no es fácil adoptar medidas en las primeras etapas de la crisis, que por otro lado serían medidas de bajo perfil militar, con un mayor componente civil y bajo coste lo que permitiría cortar la cadena estratégica evitando que el riesgo se convierta en un peligro. Si no se adoptan las medidas adecuadas es fácil que se produzca una escalada en el conflicto, lo que requerirá soluciones más complejas y más costosas. A nadie le gusta enviar tropas con la posibilidad de tener que hacer uso de sus armas y a los que menos, a los militares. Cuando los militares entramos en una zona de conflicto bélico tenemos la sensación que alguien ha fracasado por acción o por omisión en las etapas anteriores.

-¿Ha habido algún caso de medida barata?

Sí, por ejemplo la operación Artemis de la UE, que se realizó en la República del Congo, en la zona de Bunia en 2003. Allí había cascos azules para garantizar la estabilidad de una región con gran cantidad de refugiados que huyeron de las matanza de 1994 en Ruanda Burundi. Cuando empezó a desestabilizarse la zona y con la memoria de la matanza de Hutus a manos de los Tutsis, la ONU aprobó rápidamente una resolución solicitando la intervención internacional y en 23 días, algo excepcional, se organizó una operación con 1800 efectivos militares de Francia a la cabeza y de otros nueve países de la UE, que con expertos en administración civil, negociadores y recursos económicos, llevaron a cabo una operación que apenas duró tres meses, hasta la retirada de las fuerzas que no tuvieron que emplear sus armas y resolvieron la crisis. En cambio, las fuerzas internacionales llevan más de 20 años en Bosnia y aún no es posible retirar las fuerzas. Allí el conflicto belico se logró detener cuando ya se había cobrado más de 100.000 muertos.

-Usted define la estrategia de seguridad nacional como un elemento de cohesión territorial

Sí, se lo explicaré con un ejemplo. Uno de los doce riesgos y amenazas de la ESN de 2013 son las emergencias y catástrofes, como los incendios forestales. Si cada provincia tuviera su sistema de extinción propio sin compartirlo, tal vez podría tener un avión contraincendios, lo que resulta insuficiente en un incendio de mediana entidad, pero si se hace una estrategia a nivel español, podemos tener decenas de aviones y una Unidad Militar de Emergencias que unidos a los medios locales, si serán suficientes para atacar cualquier fuego, e incluso podremos llegan a acuerdos con Francia o Portugal porque tenemos una fuerza contraincendios capaz de ayudar a nuestros vecinos y ellos de ayudarnos a nosotros. Esto es un sistema más barato que la división de los recursos. Por otro lado la compartimentación hace inviable la seguridad. Insisto, la seguridad es lo primero que nos une. Vamos hacia una integración de Europa por una cuestión de seguridad y competitividad.

-Hasta qué punto se integran en la ESN las autonomías, especialmente, en aquellas como Catalunya que tienen policía propia

Tiene todo el sentido que arrimen el hombro. Hay que contar con las comunidades autónomas porque forman parte de ese sistema de seguridad no sólo porque, como pasa en Catalunya, están los Mossos, sino por infraestructuras que hay ubicadas como centrales nucleares. No podemos dejar ninguna puerta sin cerradura. El sistema de seguridad debe ser global, de todos y para todos.

Portada del libro En Busca de una Estrategia de Seguridad Nacional

Fuente: http://www.lavanguardia.com

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mariomenesessp@gmail.com

“Los #Policías también tienen #DerechosHumanos, también son personas y también hay que respetar la presunción de inocencia” @renatosalesh


 

 
Por José Landa Rosas

| 10:22 // 21 agosto, 2016

El Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, urgió a los medios y la sociedad mexicana a recordar que los policías también tienen derechos, pues éstos empiezan donde terminan los del otro y viceversa.

La opinión pública se dividió atendiendo dos temas paralelos, uno, el de la captura del operador financiero del Cártel de Jalisco Nueva Generación, y dos, la recomendación de la CNDH a la Policía Federal por la supuesta “ejecución arbitraria” de 22 presuntos criminales en Tanhuato (en mayo de 2015 cuando aún no estaba a cargo la CNS), Sales Heredia recordó que la ley también dota a los agentes del derecho a la “presunción de inocencia”.

Recordemos que aunque el funcionario federal aceptó la recomendación de la CNDH también aclaró que no existen en la actual legislación ciertos términos empleados por la institución encargada de los Derechos Humanos.

“Es muy radical hablar de ejecuciones extra judiciales porque en nuestro país no existe como tipo penal la ejecución extra judicial en el lenguaje de los derechos humanos, por supuesto, también por eso pedimos una ley”, dijo.

“Pero no existen ejecuciones extra judiciales en nuestro país como tipo penal también porque no existe la pena de muerte. Ejecución extra judicial supone, si escuchamos correctamente que existen ejecuciones judiciales. Y antes nuestra Constitución decía: nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus derechos sin previo juicio”, explicó.

“Actualmente, ya no habla de la vida, ya no habla de la privación de la vida; está absolutamente prohibida la pena de muerte en nuestro país.

Entonces, bueno, si –insisto- se acredita que hubo la comisión de ilícitos de esa gravedad por quien debe acreditarlo, en este caso la General de la República que ejercería la acción penal, y se sigue un proceso, el proceso correspondiente, por supuesto que nosotros estaríamos de acuerdo y que se sancione a quien haya que sancionar sin ninguna duda”.

Un reportero señaló a Sales Heredia que en los enfrentamientos “ha habido lesionados o muertos tanto de los presuntos criminales como de los propios uniformados, sabemos que a veces son víctimas y a veces son victimarios”, entonces Sales Heredia enfatizó que  “se derribó un helicóptero y días antes se había matado a gendarmes y días antes habíamos tenido también problemas en esa zona limítrofe entre Jalisco y Michoacán”.

“Los policías también tienen derechos, también son personas y también hay que respetar la presunción de inocencia de los policías”.

Fuente: http://bajopalabra.com.mx

Saludos

mariomenesessp@gmail.com

Insurrección Anarquista en Agenda Nacional de Riesgos 2015, documento de carácter “secreto” cuyo custodio es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).


50 células anarquistas en guerra contra el capitalismo y el Estado

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En México hay en curso una insurrección anarquista, con 50 grupos y células en guerra contra el capitalismo y el Estado. La seriedad de la “amenaza negra” ha provocado que en la Agenda Nacional de Riesgos se le considere de atención prioritaria, sólo por debajo del narcotráfico y los movimientos sociales, y muy por encima de las guerrillas rojas 

Octubre 16, 2016 at 12:00 am

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Que se ilumine la noche y que se sacuda la ciudad; que el estruendo despierte a los poderosos y su servidumbre. Que el sonido de las balas movilice a sus cuerpos represores; y que se derrumben sus templos civiles y financieros. La Revolución es hoy y no espera que se organicen las masas. Es la fiebrecontagiosa del clandestino anarquismo insurreccionalista. Se propala, festiva, entre lecturas, debates, conciertos; y conspira noche tras noche.

En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto (4 años), la insurrección anarquista ha concretado, al menos, 40 “acciones directas violentas” contra oficinas gubernamentales, bancos, centros comerciales, megaobras e intereses de las grandes empresas: enfrentamientos armados, ataques, explosiones, incendios, sabotajes, destrucciones, boicots.

Por “política de seguridad nacional”, estos hechos violentos no trascienden a los medios de comunicación. Sólo se llegan a conocer los que reivindican públicamente algunos de estos 50 grupos.

La efervescencia del movimiento clandestino ácrata insurreccionalista no ha pasado inadvertida para los organismos de inteligencia y seguridad nacional mexicanos. Hoy ocupa el mayor nivel de atención de las áreas de inteligencia, sólo después del narcotráfico y los movimientos sociales, según la Agenda Nacional de Riesgos 2015, documento de carácter “secreto” cuyo custodio es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

En los últimos 8 años, casi 50 grupos anarquistas de corte insurreccionalista han realizado más de 220 acciones violentas contra intereses capitalistas y estatales. El recuento está contenido en el expediente Acciones de grupos autodenominados anarquistas, insurreccionalistas, eco extremistas y/o eco terroristas, elaborado por el organismo de inteligencia civil del Estado mexicano, el Cisen.

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Por su parte, las versiones 2013, 2014 y 2015 de la Agenda Nacional de Riesgos, a las que Contralínea tuvo acceso, dan cuenta de la emergencia anarquista que “preocupa” a los encargados de elaborar productos de inteligencia para consumo de las Fuerzas Armadas y los órganos civiles de seguridad nacional.

Sobre todo porque en estos documentos confidenciales –para consulta exclusiva de funcionarios de la “comunidad” de inteligencia– se reconoce que las autoridades no cuentan con “un esquema de coordinación interinstitucional consistente para atender el tema”, como dice textualmente la Agenda Nacional de Riesgos.

Según este documento –que elabora anualmente el Cisen con base en la información propia y de las otras dependencias gubernamentales que integran el Consejo de Seguridad Nacional–, las acciones de los grupos anarquistas insurreccionalistas “son cada vez más violentas”. Incluso, en el “Diagnóstico General” del capítulo dedicado al anarquismo, se advierte de una  “radicalización de las acciones de las células anarquistas de acción directa”.

Ante la insurrección anarquista, la mayor vulnerabilidad que reconoce el Estado mexicano –según el documento– está constituida por las “insuficientes medidas de protección física en instalaciones estratégicas”. El grado de riesgo asignado a esta “vulnerabilidad” es “alto”.

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El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) participa en la elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos y le da seguimiento. De acuerdo con la vigente Ley de Seguridad Nacional, está integrado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto y los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong; Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda; Marina (Semar), Vidal Francisco Soberón Sanz; Hacienda y Crédito Público (SHCP), hoy José Antonio Meade Kuribreña; Función Pública (SFP, en estos momentos sin titular pero como encargado del despacho Javier Vargas Zempoaltécatl); Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu; Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza; la Comisión de Seguridad Pública (CSP), Renato Sales Heredia; la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Arely Gómez González, y el director del propio Cisen, Eugenio Ímaz Gispert.

Mientras, el documento del Cisen Acciones de grupos autodenominados anarquistas, insurreccionalistas, eco extremistas y/o eco terroristas fue elaborado por el organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) y entregado como “Anexo 1” de la respuesta a la solicitud de información con folio 0410000023116 presentada por Contralínea.

Los insurrectos

Aunque en el documento se señalan “306 acciones” cometidas por 74 organizaciones entre el 26 de marzo de 2008 y el 22 de julio pasado, no todas son obra de grupos anarquistas. Alrededor de 220 sí han sido realizadas por grupos anarquistas y ecoanarquistas insurrecionalistas, 40 de ellas ya durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Otras 82 acciones cometidas por 26 grupos en realidad son obra de ecoterroristas o ecoextremistas. Además, cuatro han sido reivindicadas por dos grupos fascistas.

En el documento no se establece si todos los grupos existen o si algunas acciones, como se puede inferir, son cometidas por células de organizaciones más grandes que en determinados ataques utilizan otros nombres.

En los últimos 8 años, los grupos anarquistas insurreccionalistas más activos han sido, según el documento elaborado por el Cisen: el Frente de Liberación de la Tierra, con participación en 52 acciones directas violentas; el Frente de Liberación Animal, con 44; las Células Autónomas de Revolución Inmediata Práxedis G Guerrero (CARI-PGG), con 32; la Federación Anarquista Informal, con 30; y, entre otras, la Conspiración de las Células de Fuego, con 12.

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Las CARI-PGG se disolvieron, como grupo, en noviembre de 2013. Permanecieron activas por casi 5 años. Como señalan en un comunicado de 2016, quienes las integraron dejaron de actuar como CARI-PGG pero de manera individual y en grupos siguen militando en el anarquismo insurreccionalista y realizando “acciones violentas”.

Algunas de las acciones de esta corriente de anarquismo se han llevado a cabo de manera coordinada entre dos o más agrupaciones. La Ciudad de México ha sido la entidad con mayor número de ataques: 91. Otros estados con más de 10 acciones cometidas por anarquistas insurreccionalistas de 2008 a la fecha son el Estado de México, con 79, y Jalisco, con 16. Y entre una y nueve acciones se han cometido en: Oaxaca, Baja California, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Quintana Roo, Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León, Tlaxcala y Puebla.

Atentados contra universidades y centros de investigación

En el documento de respuesta a Contralínea, el Cisen destaca que “el término anarquista no está especificado en la legislación mexicana vigente”. Y señala que el organismo “no atribuye la autoría de atentados a ninguna persona o grupo identificado por su ideología”.

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Lo que sí persigue el organismo encargado de preservar la seguridad nacional, dice, son “grupos violentos”. Agrega: “No se omite señalar que el objetivo de cualquier autoridad es contener acciones violentas, situación ajena a las ideologías”.

Es lo que señalan en la respuesta a la solicitud de información pública. Pero en la Agenda Nacional de Riesgos se condena al anarquismo en general. Incluso, no sólo a aquellos que han optado por la insurrección. En el apartado sobre las “vulnerabilidades” del Estado mexicano, se destaca la “falta de un marco legal para acotar el activismo de grupos anarquistas”. A esta consideración le asigna un nivel “medio” de riesgo. El activismo ácrata de cualquier tipo se encuentra bajo la lupa de los organismos de seguridad nacional.

Además, en el documento se considera anarquistas a grupos que no lo son y que, incluso, son contrarios al anarquismo, como Individualistas Tendiendo a lo Salvaje. Esta organización ha reivindicado el asesinato de trabajadores administrativos, científicos y el ataque a universidades y centros de estudio. En sus comunicados señalan que no creen en la revolución de ningún tipo, que aborrecen el anarquismo, el comunismo o cualquier proyecto de sociedad.

Sin embargo, en la Agenda se señala: “las células anarquistas perfilan un lento escalamiento en sus niveles de radicalidad, particularmente Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS) que amaga con atentar contra objetivos humanos”.

Incluso no se distinguen los atentados cometidos por grupos de insurreccionalistas de aquellos que se atribuyen otros grupos posmodernistas como el propio ITS y otras denominaciones que declaran estar en contra de la humanidad, como la disuelta Reacción Salvaje.

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Están también los casos de las organizaciones de corte fascista o neonazi, como el Frente de Salvación Tenochtitlan y su Cúpula de la Organización Secreta Tenochtitlan, quienes dicen luchar por restaurar la “sagrada” “nación azteca” e “instalar en el poder” a quienes “garanticen la protección de los derechos naturales de la especie humana”.

Para el documento de trabajo de los organismos de inteligencia, tanto militar como civil, todos estos grupos son “anarquistas”. Por lo tanto, todos los atentados son obra de “anarquistas”.

Y en el “diagnóstico general” del riesgo, se señala que se esperan “atentados contra bancos, instituciones y personas ligadas con centros de investigación y atentados directos contra objetivos humanos con tintes terroristas”.

También propala la especie de que “integrantes de grupos anarquistas operan como grupos de choque durante movilizaciones sociales diversas”.

Entre los “escenarios de riesgo” vislumbrados en la Agenda Nacional de Riesgos se destaca la “posibilidad de acciones violentas del alto impacto: atentados con explosivos y contra blancos humanos, y expansión de grupos anarquistas debido a la ausencia de un esquema de coordinación interinstitucional consistente para atender el tema”.

Esta situación originaría otra, igualmente considerada “escenario de riesgo”: los “impactos negativos en la percepción de seguridad ciudadana derivados de la reactivación violenta de grupos (anarquistas)”.

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El golpe que se prepara contra los ácratas

En cuanto a las “capacidades” de las entidades gubernamentales para enfrentar al anarquismo insurreccionalista, la Agenda Nacional de Riesgo destaca el “trabajo de inteligencia interinstitucional: Sedena, Semar, Segob, en zonas de presencia (anarquista)” (sic).

Entre las “recomendaciones” del Consejo de Seguridad Nacional” contenidas en la Agenda Nacional de Riesgos se encuentran: el “impulso a acciones de fortalecimiento del esquema interinstitucional para atender (el anarquismo)”, así como el “relanzamiento de los grupos operativos al interior del Cisen enfocados a objetivos específicos” (sic).

Los grupos operativos son, en el argot de los servicios de inteligencia, aquellos que se encargan de misiones especiales específicas: acciones encubiertas, seguimientos, infiltraciones, penetración en domicilios o instituciones para colocar micrófonos, por ejemplo. En algunos países a los grupos operativos se les encarga, incluso, la eliminación de personas que “atentan” contra la “seguridad” de un Estado.

Insurrección en medio país

La Agenda Nacional de Riesgos reconoce la presencia de células anarquistas de “acción de directa” en cinco entidades de la república: Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Baja California. Prácticamente en todas las regiones de las tres primeras hay colectivos de este tipo de anarquismo. Con respecto de Oaxaca, se encuentran en la ciudad capital del Estado y en franjas de las regiones de Valles Centrales, Sierra Norte y Sierra Sur. Con respecto de Baja California, el mapa incluido en el documento señala a la ciudad de Mexicali.

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Sin embargo, en la relación de acciones de anarquistas insurrecionalistas elaborada por el Cisen, se contabilizan 17 de las 32 entidades de la República: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Baja California, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Quintana Roo, Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León, Tlaxcala y Puebla.

Seguridad nacional: ascenso del anarquismo

Desde la versión 2013 de la Agenda Nacional de Riesgos, se consideró al anarquismo como uno de los 10 temas de atención inmediata para las instituciones encargadas de preservar la seguridad nacional.

Entonces se le colocó en el quinto puesto, dentro del mismo apartado de la subversión guerrillera. Así, los movimientos armados –como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y, entre otros, Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP)– aparecieron junto con los comandos y las células anarquistas insurreccionalistas en un mismo capítulo del documento confidencial bajo custodia del organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación encargado de la inteligencia civil, el Cisen.

Para la versión de 2014 del escrito, al anarquismo se le asignó un apartado independiente y se le colocó en el cuarto lugar de prioridades. A los movimientos guerrilleros se les dejó en el quinto sitio.

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Pero el accionar de los grupos anarquistas de carácter insurreccionalista motivó que para la Agenda Nacional de Riesgos 2015, el anarquismo escalara hasta la tercera posición en las prioridades de las instituciones militares y civiles encargadas formalmente de la seguridad y defensa nacionales: la Sedena, la Semar, el Cisen, la Segob, la PGR y, entre otras instancias, la Policía Federal. Así, la insurrección negra se fue hasta los primeros lugares de atención prioritaria y las guerrillas rojas fueron enviadas a la posición 10, último lugar de la tabla.

Del boicot al enfrentamiento armado

De acuerdo con información recopilada por Contralínea –de portales de distribución libertaria, entre las que destaca Contrainfo– los grupos y células anarquistas insurreccionalistas concretaron más de 20 acciones violentas directas contra blancos específicos entre mayo de 2015 y septiembre de 2016. Las acciones van desde boicots hasta enfrentamientos armados. El espectro se completa con sabotajes, ataques, colocación de bombas falsas, detonación de explosivos e incendios.

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Se trata solamente de las acciones directas documentadas. El número real no es posible conocerse porque no todas se reivindican. Generalmente, las corporaciones policiacas evitan informar a los medios de los “atentados” consumados o frustrados de la insurrección anarquista.

Los ataques coordinados más recientes fueron obra del Grupo Autónomo de Sabotaje Salvador Olmos García. El pasado 3 de julio colocó y detonó paquetes explosivos-incendiarios en la sedes de tres de las principales organizaciones de los organismos del empresariado mexicano.

Salvador Olmos García es el nombre del joven anarquista, activista por los derechos de los pueblos indígenas, cantante punk, abogado y periodista comunitario que fue asesinado por policías de Huajuapan de León, Oaxaca, el pasado 28 de junio. Olmos había sido aprehendido por policías en la madrugada de ese día, cuando había acudido a un llamado de la Radio Comunitaria Tuun Ñuu Savi para reforzar el espacio que se encontraba en estado de riesgo debido a una amenaza de desalojo policiaco. Luego de que hiciera una pinta, Chava fue detenido por los policías para después ser arrollado por una patrulla a sus 31 años de edad. El hecho causó la indignación de activistas de colectivos de todo el estado e, incluso, de varias entidades de la República. Cinco días después vino el ataque contra los organismos del alto empresariado.

Mediante un comunicado que se puede leer en la página de Contrainfo (https://es-contrainfo.espiv.net/2016/07/09/mexico-ataque-explosivo-a-sedes-de-camaras-empresariales/), se informa de los ataques a las sedes en la Ciudad de México del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). Al final del escrito, se puede leer:

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“No existe para los oprimidos solución posible dentro de los márgenes institucionales, sino la lucha intransigente contra el Estado-capital, que posibilite un escenario abierto de insurrección generalizada [y] que, estableciendo dialécticamente una relación entre espontaneidad y organización, ponga en jaque la paz social en la región mexicana y se extienda por todo el globo.

“¡Muerte al Estado/Capital!

“¡Libertad a los Presos de la guerra social!

“¡Por la Anarquía!

“Grupo Autónomo de Sabotaje Salvador Olmos García”.

Zósimo Camacho/XI

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: PORTADA/SEGURIDAD]

Contralínea 510 / del 17 al 22 de Octubre 2016

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Fuente: www.contralinea.com.mx

Saludos

Mario Meneses

El Senador Jorge Luis Preciado no está solo. La Asociación Mexicana del Rifle respalda la iniciativa para que los mexicanos puedan portar legalmente armas de fuego para defenderse.


 

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Propuesta fuego bajo

El senador Jorge Luis Preciado no está solo. La Asociación Mexicana del Rifle respalda la iniciativa para que los mexicanos puedan portar legalmente armas para defenderse, a pesar de las críticas que ha recibido esta polémica propuesta.

¿Ayudaría la ampliación del derecho de portación legal de armas de fuego para la legítima defensa a combatir la seguridad y la violencia en México?

Los principales actores del país creen que no, pero un senador de la República y la Asociación Mexicana del Rifle (AMR) A. C., están convencidos que si los mexicanos puedan portar armas en su vehículo o negocio inhibiría a los delincuentes.

En México, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), se cometen en promedio, en forma mensual, mil 400 asesinatos, 80 secuestros y casi 4 mil robos de vehículos con lujo de violencia.

En la mayoría de ellos la víctima no tiene la posibilidad de defenderse con algún tipo de arma.

Por esa razón, el senador por el estado de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez presentó la semana pasada una iniciativa de reforma al Artículo 10 constitucional, para que la ley faculte a todos los ciudadanos a la posesión de armas de fuego más allá de su domicilio particular, incluyendo vehículos y negocios.

La iniciativa del legislador panista se presentó a la par del posicionamiento público de la Asociación Mexicana del Rifle (AMR) A. C., cuya directiva plantea una iniciativa que permita la modificación de la

Ley de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de que se permita la portación de armas a todos los ciudadanos.

Para Luis Antonio Merino González presidente de la AMR A.C. “el Estado Mexicano ha fallado en su papel de resguardar la seguridad de los ciudadanos, por lo que ahora toca a la gente velar por su propia seguridad”, sin llegar al extremo de suplir a la policía, pues sólo se trata, dijo, “de coadyuvar en la seguridad pública”.

La propuesta de iniciativa de la AMR, dijo su presidente, no es nueva. Llevan cuatro años intentando hacer llegar una iniciativa al Congreso de la Unión.

“Estamos insistiendo ante los diputados, senadores y ante el mismo presidente de la república, para que se revise la posibilidad de permitir el uso de armas entre la población civil, con la única intención de ayudar en la seguridad pública, la que debe mejorar cuando los delincuentes sepan que la población se encuentra armada”.

Pero la propuesta de la AMR A.C. y la iniciativa del legislador panista de Colima, no cuenta con el respaldo de todos los sectores de la sociedad. Existe oposición desde el interior de la Cámara de Diputados, de los representantes de la Iglesia Católica, y juristas consideran que esa no es la vía para erradicar la violencia.

Desde que el Senado de la República autorizó, el 9 de abril del 2015, a los funcionarios públicos extranjeros a portar armas en nuestro país, la Iglesia Católica manifestó su rechazo a través de un editorial en el semanario Desde La Fe, órgano oficial de comunicación de la Arquidiócesis Primada de México.

“Los organismos internacionales indican que más de 15 millones de armas circulan en el territorio mexicano y que son de fácil adquisición y acceso, incluso en el tianguis del barrio de Tepito”, refiere el editorial.

Eso, dijo Luis Antonio Merino González, presidente de la Asociación Mexicana del Rifle, es lo que se pretende solucionar con la propuesta de legalización del uso y portación de armas de fuego.

“Creemos que solamente se puede tener un control de armas mediante la regularización de permisos, que deberán ser normados por la Secretaría de la Defensa Nacional”.

La propuesta de la AMR A.C., dijo su presidente, se finca en la necesidad de un cambio a las leyes y reglamentos, “que lejos de solucionar el problema de fondo deja al ciudadano honesto en un estado de total indefensión, pues al haber tanta prohibición, altos costos para la compra de un arma, se abre la puerta al mercado negro”.

La propuesta de la AMR A.C. se finca en la legislación vigente que ya autoriza a las personas la portación de armas de fuego, pero con la variante de que los calibres autorizados sean mayores a los que actualmente se dispone en el marco jurídico.

Muchas armas, pocas licencias

A nuestro país, de acuerdo a la organización no gubernamental Desarma México, ingresan en forma mensual, de manera ilegal, un promedio de más de 20 mil armas, desde pistolas calibre nueve milímetros hasta lanzacohetes, que se comercializan en el mercado negro y su principal destino son los grupos de la delincuencia organizada.

A decir del abogado Luis Soriano, especialista en temas de seguridad nacional, la principal causa del ingreso desmedido de armas a nuestro país, se debe a las leyes laxas de Estados Unidos, “que de alguna manera posibilitan el tráfico de armas al cada vez más creciente mercado, aunque ilegal, que se presenta en México”.

Estados Unidos, dijo el especialista, de alguna manera es el principal responsable de la gran cantidad de armas en México, las que se estima que podría ser casi 2 millones 500 mil las que han ingresado a nuestro país en los últimos 10 años.

Por esa razón, el presidente de la AMR A.C., Luis Antonio Merino González, estima que el actual sistema de registro de armas no representa ninguna solución al tráfico ilegal y ni al mercado negro de armas, “pues sólo hay 4 mil permisos para portación, otorgados para la Secretaría de la Defensa Nacional, en un país con más de 120 millones de habitantes, lo que no representa ni el uno por ciento de ciudadanos armados en nuestro país”.

Además, consideró Merino González, el actual sistema de registro de armas y permisos para la portación, resulta discriminatorio.

“Es muy caro y muy tardado, y el permiso sólo lo logran quienes tienen dinero para el trámite”.

Ocurrencia que suena a chifladura

Para el sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Edgar Morín, autor de

“La Maña” (Grijalbo 2015), la propuesta para ampliar la portación de armas de fuego anunciada por la Asociación Mexicana del Rifle A.C. y la iniciativa presentada por el senador Jorge Luis Preciado, resulta “más que una ocurrencia, una chifladura”.

“En ninguna parte del mundo se ha demostrado que los índices de violencia hayan disminuido con la portación de armas por parte de los civiles”.

Estimó que, al permitir la portación amplia de armas de fuego por parte de ciudadanos, sin duda los índices de homicidios podrían ir al alza, “considerando el estado exacerbado y de frustración en el que viven miles de mexicanos”, por lo que consideró como inviable la posibilidad de que se reduzca la delincuencia armando a la ciudadanía.

Otro factor por el que Edgar Morín estima como nada viable la posibilidad de que los ciudadanos en México se armen contra la delincuencia, “es el estado de justicia en México, que ofrece todo, menos justicia”, lo que haría que la tasa delincuencia se incrementará de forma considerable de darse la posibilidad de la iniciativa del senador Preciado y la propuesta de la AMR.

Una iniciativa paradójica

Para el Comisionado Nacional de Seguridad no ha pasado por alto la iniciativa del senador Jorge Luis Preciado.

Ha sido contundente al rechazar la posibilidad de ampliación de permisos para portación de armas de fuego en domicilio y vehículos.

“Nosotros estamos convencidos de que mientras menos armas existan, más seguros vamos a estar”, dijo Renato Sales Heredia al acudir a Yucatán a la entrega de patrullas para el fortalecimiento de la seguridad en esa entidad.

El titular de la CNS consideró que es una paradoja lo propuesto por el senador panista, toda vez que “si existe un arma de fuego existe la posibilidad de que se haga uso de esa arma de fuego”, lo que eventualmente resultaría en vano, si lo que se quiere es disminuir el índice de inseguridad que se alega en dicha iniciativa.

Además, Sales Heredia recordó que “ya la Constitución permite la posesión de armas en domicilio de cierto calibre y con registro, y permite también la portación de arma de fuego para personas acreditadas”, por lo que podría ser ominosa la intención de buscar reformas a la ley para ampliar los permisos.

Estimó que la iniciativa del senador panista, de ampliación de la posesión de armas de fuego, podría no ser viable.

“No debemos ampliarnos, debemos ser capaces de solucionar conflictos sin recurrir a las armas”, a la vez que recordó la facultad del Estado, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, para la entrega de permisos de portación de armas.

La iniciativa del senador panista también fue considerada una paradoja, tras reconocer que “la misma SEDENA, en coordinación con los gobiernos de los estados, ha trabajado en campañas a la inversa; en campañas de despistolización, (para) retirar armas de fuego de la población”.

De hecho, Sales Heredia explicó, “si retiramos armas de fuego podemos ir caminando con la tranquilidad de que estamos en la ruta de la construcción de un entorno más seguro”, por eso insistió en la paradoja de la iniciativa: mientras más armas de fuego existan, habrá más posibilidad de violencia.

“Y de lo que se trata es de cerrarle oportunidades a la violencia, de disminuir oportunidades para el uso de las armas de fuego”, dijo el comisionado nacional de seguridad en el país, quien reconoció que a la fecha no se conoce con precisión la cantidad de armas de fuego existentes en México.

Pero aseguró que lo que le corresponde al Estado, pese a desconocer el monto de las armas de fuego que circulan en el país, “es vincular el delito de portación de arma de fuego reservada para uso exclusivo del Ejército, con la propia Ley Federal de Armas de Fuego en relación con el (artículo) 19 Constitucional”.

Mexicanos, indefensos ante la delincuencia

La propuesta de la Asociación Mexicana del Rifle A. C., dijo el presidente de esta organización, no busca de ninguna forma suplir la función del Estado en materia de seguridad pública, por el contrario, se pretende ayudar en la seguridad de la sociedad, “pues el Estado no puede aportar un policía por cada uno de los ciudadanos que salen a la calle”.

Desde el punto de vista de Luis Antonio Merino González, se trata sólo de brindar condiciones que obliguen a los delincuentes pensar dos veces antes de cometer un ilícito contra el patrimonio o integridad física de las personas.

“Que no sientan que llevan ventaja sobre sus víctimas, y que piensen que cualquier ciudadano puede estar igualmente armado”.

Eso haría, explicó Merino González a Reporte Indigo, que la tasa de robos, asaltos y homicidios pudiera bajar, “por eso estamos buscando que se permita el uso de armas de mayor calibre entre los ciudadanos, los que de acuerdo a la constitución tenemos el derecho de defender nuestra vida y nuestro patrimonio. Esa es a legítima defensa”.

El argumento más fuerte que sostiene la AMR A.C., para insistir sobre su propuesta de permitir la libre portación de armas de fuego de mayor calibre, son los datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), que en el reporte con fecha hasta el 20 de septiembre pasado, indicaba que, en todo el país, ya se habían cometido un total de 13 mil 217 homicidios dolosos.

Los estados más violentos, que apuntalan la propuesta de la AMR A.C. son Guerrero, con mil 484 asesinatos, Estado de México con mil 377 homicidios, Michoacán con 808 ejecuciones, Jalisco con 736, Chihuahua con 733 y Baja California con 690 homicidios, en donde se estima que en el 97 por ciento de los ilícitos cometidos la víctima fue muerta con armas de fuego de grueso calibre.

Propuesta huérfana

La iniciativa del senador panista Jorge Luis Preciado, que propone modificar la Constitución para que se reconozca el automóvil y los negocios como extensión del domicilio de las personas, a fin de poder tener armas allí, no ha prosperado entre los diversos grupos parlamentarios del Senado ni de la Cámara de Diputados.

La propia coordinación parlamentaria del PAN en el Senado de la República, encabezada por Fernando Herrera Ávila, rechazó que dicha iniciativa fuera de ese grupo parlamentario; explicó que se trata de una que a título personal ha presentado el legislador por el estado de Colima, pero que no representa una posición de los legisladores de Acción Nacional.

Dijo que no empata con la postura de Jorge Luis Preciado, toda vez que es obligación del Estado Mexicano garantizar la seguridad de todos, por lo que desestimó que esa propuesta pueda tener el respaldo de la bancada del PAN.

Para los mexicanos no es una opción armarse, pues estimó que, en otras sociedades, como la norteamericana, esa situación ha resultado en hechos desastrosos a partir de atentados contra grupos sociales en escuelas, iglesias y centros comerciales, donde los policías llegan a ejecutar a personas ante el temor de que se encuentren armadas.

El mismo ánimo de la duda, sobre la iniciativa de senador Jorge Luis Preciado, se mueve en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, presidida por el panista Jorge Ramos Hernández.

El diputado Francisco Escobedo Villegas, del PRI, ratificó que la seguridad de todos los mexicanos es responsabilidad del Estado de Mexicano, el que, reconoció, hace su tarea para brindar las condiciones de paz y garantías que requieren los ciudadanos para la cotidianidad de sus vidas.

También el PRD marcó su postura; Jesús Zambrano, vicecoordinador de la fracción, dijo que no acompañará la propuesta del panista Jorge Luis Preciado, pues estimó que México no es el Viejo Oeste, ni tampoco se puede permitir el establecimiento de la Ley del Talión: ojo por ojo y diente por diente.

Dijo que la izquierda en la Cámara de Diputados nunca estará a favor de una iniciativa de ley que pretenda combatir la inseguridad y el crimen con más violencia. 

“No queremos malas copias de Donald Trump, defendiendo la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Eso es justo contra lo que estamos luchando”, explicó.

La postura del PRD fue secundada por el líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya quien aun cuando reconoció que el Estado ha fallado en su estrategia de combate a la delincuencia, también estableció que no es armando a la ciudadanía como se puede combatir el problema.

Para el dirigente nacional del PT, la única posibilidad de encarar el clima de violencia que se vive en el país, es mediante un replanteamiento de la estrategia nacional de seguridad, que urgió para evitar que sigan apareciendo propuestas extremas como la del senador Preciado o como la de la ANR, que reclaman armar a los ciudadanos.

Fuente: www.reporteindigo.com

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Mario Meneses

Falsificación digital de firmas, una nueva amenaza jurídica.


 

POR V. MORENOMADRID

Actualizado: 20/09/201618:59 horas

Investigadores británicos han desarrollado un software capaz de replicar la escritura humana. Este invento, según los expertos, podría servir para crear documentos falsos y poner en jaque a los tribunales.

Investigadores del University College London han desarrollado un programa de ordenador capaz de imitar perfectamente el estilo ortográfico del ser humano. Este invento, que nace con un objetivo totalmente lícito, podría ser empleado igualmente por delincuentes con la finalidad de falsificar documentos. Esto supone que jueces y abogados podrían, dentro de poco, enfrentarse a copias perfectas, generadas a través de un sistema informático, de documentos manuscritos.

“El software en sí es simplemente un avance tecnológico más. Sin embargo, si combinamos este programa informático con un sistema de impresión en tres dimensiones armado de un bolígrafo, podría convertirse en una herramienta perfecta para realizar falsificaciones. La firma manuscrita era el último nivel de credibilidad en un documento, pero parece que ésta también podría ponerse en duda”, explica David Maeztu, socio del despacho Abanlex.

Para el letrado, frente a este problema generado por las nuevas tecnologías, sólo existe una solución: siempre que exista una duda sobre la veracidad de una prueba, impugnarla y pedir un estudio pericial que certifique la autoría original de una firma o un documento manuscrito.

“La combinación de estas dos tecnologías ya puede generar replicas perfectas y es posible manipular escritos. Sin embargo, el delincuente que busque generar estas falsificaciones, siempre tendrá que contar con un escrito original, una matriz que haya estudiado el sistema informático para crear la imitación. La labor de un perito caligráfico es investigar cada uno de los documentos, encontrar el primero y así poder hacer una comparación fijándose en parámetros esenciales como la morfología o grafología -presión, velocidad, inclinación- de la letra o la firma”, apunta José Guillermo Pastor, presidente de la Asociación Nacional de Grafólogos, Peritos Calígrafos y Documentólogos (Grapeca).

Ambos expertos identifican los peligros evidentes que pueden generar este tipo de tecnologías y alertan de que los abogados deberán ser cada vez más cautos a la hora de aceptar documentos con firmas o textos manuscritos en una causa jurídica.

Testigos

“Si, aunque se realice una investigación pericial precisa, no es posible certificar la veracidad del escrito y comparar éstas con un documento original, la única solución que le quedará a un abogado será recurrir a posibles testigos. En caso de acuerdos o contratos firmados ante notario, por ejemplo, éste último podría convertirse en un declarante esencial para comprobar la veracidad del documento puesto en cuestión, ya que no sólo debe de certificar que existe un acuerdo entre las partes y ambas entienden el contenido del contrato, sino que también debe de verificar cada una de las firmas estampadas en él”, añade Maeztu.

A pesar de lo expuesto, Pastor concluye que aunque la tecnología permita realizar este tipo de réplicas, ningún software puede, todavía, crear un patrón nuevo basándose en la escritura, lo que provoca que siempre existirá la posibilidad de desvelar el engaño.

“Estos programas basan su copia en ejemplos escritos, pero nuestra letra cambia constantemente y por mucho que saque parámetros idénticos de una firma realizada 10 veces seguidas, nunca podrá generar una que pueda pasar por original. El algoritmo utilizado terminará realizando una copia de alguna de ellas”. En este sentido, Pastor termina señalando una de las grandes normas de su oficio: “Si dos firmas son iguales, es que una de ellas es falsa”.

Rúbricas pirateadas

Lejos de las falsificaciones, los dos expertos también hablan de los peligros que pueden traer las firmas digitalizadas. Aunque ambos coinciden en que los sistemas de seguridad utilizados son muy rigurosos, también hay que tener en cuenta su posible robo. “Cada vez es más frecuente firmar documentos médicos, transferencias o envíos de correos en una tableta, lo que genera un perfil biométrico que confiere fiabilidad a las futuras rúbricas. Sin embargo, muchas veces olvidamos que esas tabletas son hackeables y que se podrían utilizar ilegalmente las firmas digitalizadas. En ese caso, será complicado probar que no se ha refrendado un documento”, explica el socio de Abanlex, David Maeztu.

Fuente: www.expansion.com

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Mario Meneses

Seguridad Patrimonial frente a un nuevo modelo.


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Seguridad patrimonial frente a un nuevo modelo.

La Seguridad Patrimonial se enfoca hacia un nuevo modelo que proyecta encontrar bases en la verdad formal (honestidad y veracidad en el capital humano), en reemplazo del antiguo modelo donde se busca registrar una verdad material. (Tecnología aplicada a la verificación de robo)

El software cambiará la Seguridad tradicional en los próximos 5-20 años. Aplicando sistemas cognitivos que son capacitados; no programados.
La 4ta revolución industrial esta en puerta y la Seguridad debe responder a esta. Uber es software, no posee vehículos, Airbnb es hoteles y no posee ninguna propiedad. En IBM Watson, asesoramiento legal en segundos, exactitud 90%. Las automotrices solo hacen un automóvil mejor mientras (Tesla, Goole, Apple) fabrican computadoras con ruedas.

La nueva seguridad patrimonial promueve la seguridad ocupacional, ante la necesidad de acrecentar y sostener la honestidad e idoneidad de todos los empleados y proveedores, con la disminución de conductas desleales y reducción de pérdidas financieras.

La seguridad tecnológica más pura tomara un rol preponderante en la mejora de los procesos, sumando dividendos a la organización, siendo predictiva haciendo rentable la presencia de la seguridad patrimonial, con la vista fija en el “International Business”.

Este reciente paradigma obtiene óptimos resultados, los esfuerzos en la selección de “colaboradores” , honesto veraz e idóneo, utilizando las nuevas tecnologías en verificación de la honestidad, aplicadas durante los procesos de Selección y Ascenso de Colaboradores de confianza.
Las organizaciones deberán gestionar la confianza para mantener procesos fluidos y un clima laboral productivo

El comportamiento ético es la base de la confianza.
Único recurso perdurable en la próxima centuria.
Retó al que debe enfrentarse la Seguridad Patrimonial.

Miguel A Pereira Lopez Cso. AF.
www.permontgroup.com.ar

Fuente: www.linkedin.com

Saludos

Mario Meneses