La #policía ya no puede utilizar la data de #Facebook para monitorearte


Facebook le está quitando a los departamentos de policía un gran tesoro de datos que ha sido utilizado cada vez más para vigilar a los manifestantes y activistas.

La medida, que la red social anunció el lunes pasado, surge tras la preocupación por el seguimiento de las cuentas de medios sociales de los manifestantes en lugares como ­Ferguson, Missouri y Baltimore­. También llega en un momento en que su director ejecutivo Mark Zuckerberg­ dice que está ampliando la misión de la empresa de simplemente “conectar el mundo” en redes de amigos para promover la seguridad y la comunidad.

Aunque el negocio principal de la red social es la publicidad, Facebook junto con Twitter e Instagram, propiedad de Facebook, también proporciona a los desarrolladores acceso a los feeds públicos de los usuarios. Los desarrolladores usan los datos para monitorear tendencias y eventos públicos.

Por ejemplo, los anunciantes han rastreado cómo y qué consumidores están discutiendo sus productos, mientras que la Cruz Roja ha utilizado datos sociales para obtener información en tiempo real durante desastres como el huracán Sandy.

Sin embargo, las redes sociales han estado bajo el fuego por trabajar con terceros que comercializan los datos a la policía. El año pasado, ­Facebook, Instagram y Twitter cortaron el acceso a Geofeedia, una startup que compartió datos con la policía, en respuesta a una investigación de la Unión Americana de Libertades ­Civiles (ACLU, por su sigla en inglés).

La ACLU publicó documentos que hicieron referencias para rastrear activistas en las protestas en ­Baltimore en el 2015 después de la muerte de un hombre negro, Freddie Gray, mientras estaba bajo custodia policial y también en las protestas en ­Ferguson, Missouri, en el 2014 después de que la policía le disparó a ­Michael Brown, un negro de 18 años que estaba desarmado.

El lunes, Facebook actualizó sus instrucciones para que los desarrolladores dijeran que no pueden “usar los datos obtenidos de nosotros para proporcionar herramientas que se utilizan para la vigilancia”.

La compañía también dijo, en un blog, que había expulsado a otros desarrolladores de la plataforma desde que cortó sus lazos con Geofeedia.
Hasta ahora, Facebook no ha sido explícito sobre quién puede utilizar la información que los usuarios publican. Esto puede incluir la lista de amigos de una persona, la ubicación, el cumpleaños, la imagen del perfil, la historia de la educación, el estatus de la relación y la afiliación política, si hacen que su perfil o ciertos posts sean públicos. Algunos departamentos han elogiado las herramientas, que dicen que les ayuda a combatir la delincuencia, por ejemplo, si los líderes de pandillas publican referencias a sus crímenes.

En una declaración sobre los cambios, que fueron los resultados de varios meses de conversaciones con activistas, la ACLU y otros grupos elogiaron el movimiento de Facebook como un “primer paso”.

“Dependemos de las redes sociales para conectarnos y comunicarnos sobre los asuntos más importantes de nuestras vidas y los principales problemas políticos y sociales de nuestro país”, dijo Nicole Ozer, directora de Tecnología y Libertades civiles de la ACLU de California.

“Ahora más que nunca, esperamos que las compañías cierren las puertas laterales de vigilancia y se aseguren de que nadie pueda usar sus plataformas para perseguir a personas de color y activistas”.

Algunos dijeron que Facebook no había ido lo suficientemente lejos. “Cuando las compañías de tecnología permiten que sus plataformas y dispositivos sean utilizados para llevar a cabo una vigilancia masiva de activistas y otras comunidades focalizadas, frena la disidencia democrática y da al autoritarismo una licencia para prosperar”, dijo Malkia Cyril, directora ejecutiva y fundadora del Center for Media Justice.

“Está claro que hay más trabajo por hacer para proteger a las comunidades de color de los medios sociales de espionaje, censura y acoso”.
El nuevo lenguaje de políticas no excluye a la policía de la plataforma. Por un lado, la compañía coopera con la aplicación de la ley en casos específicos para la ayuda en la resolución de crímenes.

La policía y las agencias federales aún puede extraer los feeds de la gente en casos de desastres y emergencias nacionales, dijeron funcionarios de Facebook. No ha quedado claro cómo la red social decidirá qué emergencias y eventos públicos justificarán el monitoreo de los datos de los ciudadanos y que constituiría una “vigilancia” irrazonable. La “vigilancia” tampoco fue definida en la entrada del blog, un área gris potencial que los forasteros pueden explotar. Facebook dijo que continuará auditando a terceros por violaciones de políticas y exigirá que los desarrolladores revelen lo que planean hacer con los datos a los que están solicitando acceso.

Departamentos de policía locales en Estados Unidos han gastado unos 5 millones de dólares en monitoreo de medios sociales en los últimos años, de acuerdo con el Centro de Justicia Brennan. La cantidad relativamente pequeña muestra cómo es barato realizar un seguimiento y monitorear el comportamiento de un gran número de personas.

Elizabeth Dwoskin es la corresponsal en Silicon Valley para The Washington Post.

Fuente: eleconomista.com.mx

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Mario Meneses

Policías privadas, bomba de tiempo. #SeguridadPrivada


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Nadie sabe cuántas corporaciones policiacas privadas existen, qué servicios ofrecen ni de cuántos elementos disponen. Así viene el asunto desde el foxismo. Con el calderonismo y su “guerra”, el número de empresas que se aventuraron a ofrecer servicios de protección se incrementó exponencialmente: con tantos secuestros, asesinatos y extorsiones, el éxito comercial de estas compañías estaba asegurado. Y es que la protección ya no la necesitaron sólo los potentados. Integrantes de las clases medias también buscaron proteger su vida y su raquítico patrimonio.

Las empresas brotaron sin control alguno y rebasaron a las autoridades. Van desde aquellas que ofrecen veladores y escoltas hasta las que venden protección de los sistemas de cómputo contra los hackers. Y en ese abanico de posibilidades están las que blindan carros, cuidan inmuebles, rastrean vehículos de manera satelital, instalan cámaras, proveen de botones de pánico, ofrecen servicios paramédicos de emergencia…

No es el amplio espectro de servicios que ofrecen y que ha rebasado al ámbito jurídico lo que preocupa, sino la negligencia de las autoridades que ni la cuenta llevaron de las “policías” privadas que aparecieron. También preocupa que, ante la falta de regulación y la omisión gubernamental, la gran mayoría de estas empresas no cuenta con la certificación profesional (de la oficial ni hablamos) que acredite su capacidad para proporcionar lo servicios que dice vender.

De acuerdo con el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha concluido el proceso de registro de las empresas de seguridad privada. Pasan los sexenios y la promesa de “poner orden” en ese sector nunca se concreta.

El máximo organismo de fiscalización del país encontró que en el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada que ejecuta la Segob, a julio de 2016, ha quedado asentada la existencia de 1 mil 168 empresas que laboran en el ámbito federal, con 80 mil 788 elementos de “personal operativo”, 44 mil 684 armas y 12 mil 50 vehículos. Y se han contabilizado 4 mil 43 empresas con 282 mil 924 elementos “operativos” de las que prestan servicios a nivel estatal. Hasta ahí van las cuentas y no se ve para cuándo concluyan.

Pasan los años y el registro no está completo. Pero no es lo peor. Los auditores encontraron que no se acreditó “que la información fuera utilizada para dar cumplimiento a funciones de supervisión, control, vigilancia y evaluación de los prestadores de servicios de seguridad privada”.

La misma Segob se llevó una sorpresa en sus escasas 313 visitas de supervisión a las empresas: sólo 38 (el 12.1 por ciento) acataron las obligaciones establecidas en la normativa. La amplia mayoría, 275 (el 87.9 por ciento), incumplió con los requisitos.

Pese a todo (o tal vez a causa de ello), resulta que la Segob ejerció apenas el 59.8 por ciento del presupuesto que se le asignó precisamente para atender el “problema público” (así se le llama en la auditoría) de las empresas de seguridad privada.

La Cámara de Diputados le asignó un monto de 76 millones 603 mil 600 pesos para el programa presupuestario E905 Regulación de los Servicios de Seguridad Privada para Coadyuvar a la Prevención del Delito. La Segob sólo ejerció 45 millones 789 mil 700 pesos. Ante su incapacidad, habría tenido que reintegrar a la Tesorería de la Federación el 40.2 por ciento de lo que le había sido asignado para la ejecución del mencionado programa, es decir, 30 millones 813 mil 900 pesos.

Aunque la ASF busque ser condescendiente con el desastre encontrado, el dictamen es contundente. Señala que en el periodo revisado: “se desconoció el universo de empresas que operan en territorio nacional, su personal y equipo, no se contó con los manuales que garanticen el adecuado desarrollo de sus procesos de emisión de resoluciones y la cobertura de supervisión de los prestadores de servicios de seguridad privada disminuyó 69.8 puntos porcentuales durante el periodo 2009-2015”.

El escenario todavía puede ser peor. Ojalá el “control” llegue antes de que integrantes o exintegrantes de estas policías privadas sean pillados cometiendo actividades ilícitas en ámbitos en los que supuestamente son expertos: manejo de armas de fuego, combate cuerpo a cuerpo, espionaje cibernético, rastreo de vehículos y personas, blindaje ilegal de vehículos… Se le acaba el tiempo a la Segob. Que reaccione antes de que un escándalo mayor la haga reaccionar. ¿O de eso se trata?

Fuente: www.voltairenet.org

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Mario Meneses

AENOR se divide en dos, y el normalizador pasa a llamarse UNE (Asociación Española de Normalización)


En el mundo de la calidad y de la normalización en España, esta es una de las noticias que no se pueden dejar pasar: AENOR se separa en dos.

Por un lado se crea la Asociación Española de Normalización (UNE) que se encargará de la creación y gestión de las Normas UNE, y por otro lado AENOR se quedará con la parte de la certificación de normas. Tradicionalmente ambas actividades se hacían por la misma entidad, pero como explicaremos más abajo, en los últimos años ha ido haciéndose cada vez más patente la necesidad de separar en organizaciones distintas e independientes cada una de las dos actividades.

Antes: AENOR normalización y certificación

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) se creó en 1986. En estas últimas décadas AENOR se ha dedicado tanto a la normalización como a la certificación dentro de España.

En cuanto a la normalización, esta consiste en crear y gestionar las normas españolas UNE (“Una Norma Española”), y a trasponer normas internacionales EN (Norma Europea) e ISO (Norma Internacional).  El ejemplo más famoso de norma es la UNE EN-ISO 9001, sobre la que hemos escrito bastante en esta web.

Al mismo tiempo, AENOR también podía certificar la implantación de las normas. Cabe destacar que mientras que la actividad de normalización era exclusiva de AENOR en España, la actividad certificadora podía ser realizada por cualquier entidad acreditada por ENAC (entre las que se incluye AENOR y muchas otras empresas de certificación como Applus, SGS o Bureau Véritas, por nombrar algunas de las más conocidas).

 

Ahora: UNE normalización y AENOR certificación

En la actualidad, desde 2017 se ha procedido a un desdoblamiento de las actividades de la antigua AENOR por la cual UNE, Asociación Española de Normalización, sin fines lucrativos, desarrollará las actividades de normalización y cooperación. Por otra parte, la nueva AENOR, entidad mercantil, trabajará en los ámbitos de la evaluación de la conformidad y otras actividades asociadas, como la formación.

En la propia web de AENOR lo explican:

  • – “La Asociación Española de Normalización, es el organismo legalmente responsable del desarrollo y difusión de las normas técnicas en España. Las normas indican cómo debe ser un producto o cómo debe funcionar un servicio para que sea seguro y responda a lo que el consumidor espera de él. UNE pone a disposición de todos más de 31.500 documentos normativos.”
  • – “En evaluación de la conformidad (…) los certificados de AENOR sean los más valorados, no sólo en España sino también en el ámbito internacional, habiendo emitido certificados en más de 60 países. AENOR se sitúa entre las 10 certificadoras más importantes del mundo.”

Por lo tanto, a partir de ahora, será UNE (Asociación Española de Normalización) la entidad encargada de la normalización en España, y AENOR INTERNACIONAL llevará la parte de la certificación, junto con el resto de empresas acreditadas por ENAC que también ofrecen estos servicios en nuestro país.

 Fuente: www.pdcahome.com
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Mario Meneses

Policías y #militares, autores de #tortura y asesinatos en México: Depto. de Estado de EU. #DerechosHumanos


Participación de autoridades en abusos, arrestos arbitrarios, tortura y violencia contra periodistas, son algunos de los problemas más graves de México en materia de derechos humanos, de acuerdo con el documento Informes nacionales sobre prácticas de derechos humanos de 2016, publicado por el Departamento de Estado de EU.

Entre las violaciones a derechos humanos en México, el informe menciona la participación de policías y militares en abusos como asesinatos, tortura y desapariciones, así como la corrupción en el sistema legal. También destaca los homicidios, secuestros y extorsiones por parte del crimen organizado contra periodistas, ciudadanos y defensores de los derechos humanos.

El documento señala, además, que en el país persisten arrestos arbitraros, violencia contra los migrantes e indígenas, agresiones contra la comunidad LGBT y trabajo infantil.

“La impunidad de los abusos a los derechos humanos continúa como un problema a través del país con tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento de todas las formas de delitos“, agrega el informe.

El documento menciona las ejecuciones extraoficiales cometidas por militares y policías en Tanhuato, Michoacán; Calera, Zacatecas y Tlatlaya, Estado de México.

Además, denuncia los asesinatos cometidos por grupos criminales e informa que de enero a agosto de 2015 “las autoridades descubrieron más de 724 cuerpos en varias fosas clandestinas a lo largo del país”.

El documento denuncia que raramente hay investigación, enjuiciamiento y sentencias por el delito de desaparición. “Hubo muchos reportes de desaparición forzada por parte de fuerzas de seguridad. Hay numerosos casos de desapariciones relacionadas a grupos criminales. En su recolección de datos, el gobierno a menudo juntó personas desaparecidas con personas extraviadas, haciendo difícil recolectar estadísticas correctas sobre la extensión del problema“, agrega.

El secuestro “sigue siendo un problema serio para personas de todos los niveles socioeconómicos, y hubo reportes creíbles de involucramiento de policías en secuestros por rescates, a menudo a nivel estatal y local”.

El Departamento de Estado también asegura que pese a que la tortura está prohibida por la ley, hay reportes de su uso por parte de oficiales gubernamentales para obtener confesiones. “No hay un registro nacional de casos de tortura y existe falta de datos en casos de tortura a nivel estatal”, detalla.

Sobre la libertad de expresión y prensa, “el gobierno generalmente respetó estos derechos” afirma el reporte, pero posteriormente señala que “perpetradores de violencia contra periodistas continuaron con impunidad, con pocos reportes de investigación, arrestos o enjuiciamientos exitosos de sospechosos”.

“Observadores creen que el crimen organizado está detrás de algunos de estos casos, pero ONG’s afirmaron que hubo casos en los que autoridades del gobierno local participaron o condonaron  estos actos”, expresa el documento.

Fuente; aristeguinoticias

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Mario Meneses

Fáctico presenta una herramienta tecnológica de empoderamiento ciudadano para combatir la #Corrupción


 

Fáctico, un emprendimiento con tres años de existencia, ganó un Hackathon en el que mostraron Escudo Ciudadano, una solución tecnológica que acompaña a los ciudadanos al levantar una denuncia ante el Ministerio Público y permite calificar el servicio.

 

Hackathon Ethos Anticorrupción convocó a expertos para crear una herramienta tecnológica que ayude al combate a la corrupción.

Como una iniciativa para promover el combate a la corrupción, este fin de semana se llevó a cabo el Hackathon Ethos Anticorrupción, organizado por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, con el apoyo de Hackers and Founders, el cual contó con 88 competidores, entre desarrolladores, diseñadores y especialistas en temas de corrupción y negocios.

Tras dos días de trabajo y actividad creativa para desarrollar la herramienta tecnológica, el juradoconformado por José Luis Chicoma (Ethos), Haydeé Pérez (Fundar), Salvador Camarena (MCCI), Roy Campos (Consulta Mitofsky), Greta Ríos (Ollin), Alejandra Lascuraín (AEM), Ismael Camargo (INAI), Gabriela Warkentin (W-Radio) y José Luis G. Chagoyán (COPARMEX), eligió a tres equipos ganadores que pusieron toda su creatividad en el diseño del proyecto, quienes recibieron un reconocimiento especial, además de premios diversos ofrecidos por los patrocinadores.

El equipo Fáctico conformado por Diego Mendiburu, Carlos Castellanos e Iván López Grané obtuvieron el primer lugar, al presentar una herramienta tecnológica de empoderamiento ciudadano. El equipo obtuvo la cantidad de 30,000 mil pesos, así como 300 mil pesos netos para el desarrollo formal de la aplicación. Además, Wayra, patrocinador de la sede del evento, les proporcionará 50,000 mil pesos para servicios legales.

La herramienta tecnológica elegida, llamada Escudo Ciudadano, busca generar una base de datos que evalúe los Ministerios Públicos, los cuales son, de acuerdo a las encuestas, de las instancias más corruptas del país. La aplicación permitirá que el ciudadano califique y describa su experiencia al momento que requiere ir a presentar una denuncia. Los rubros incluirían la calidad del trato de los servidores públicos, la rapidez con la que son atendidos, la honestidad en las gestiones, entre otros.

Con dicha aplicación se espera que la sociedad civil pueda prevenir, identificar, reportar y generaruna sana competencia entre los Ministerios Públicos para un mejor desempeño de los mismos; así como dignificar la labor de los servidores públicos que laboran en estas instancias.

Al mismo tiempo, buscará prevenir la proliferación de actos de corrupción al promover la cultura de la legalidad y valores cívicos entre la población, contribuyendo de esta manera a mitigar la problemática social que afecta a todos los mexicanos.

José Luis Chicoma de Ethos dijo sentirse muy satisfecho con los resultados y el entusiasmo de los participantes durante estos días.

“Los equipos tuvieron excelentes ideas y, al ser multidisciplinarios, generaron propuestas muy innovadoras. Sin duda, esta herramienta logrará mejoras positivas a futuro y representará beneficios para el país”, puntualizó José Luis Chicoma.

Entre los meses de febrero y abril el equipo ganador se encargará de desarrollar la aplicación; en mayo se harán ajustes y pruebas, y ya concluido este proceso, se realizará la presentación formal en el mes de junio.

 

Fuente: Ethos.org

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Mario Meneses

El #GobiernoMexicano ha fracasado en materia de #Seguridad.


Durante los últimos años en México se ha incrementado de forma alarmante el numero de homicidios, secuestros y desapariciones forzadas de personas a consecuencia de violentas pugnas entre poderosas organizaciones delictivas que compiten por el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas lucrativas.
Como reacción, el gobierno mexicano decidió militarizar diversas regiones del país, generando con esto un clima de caos y temor que predomina en todo México, ya que el combate frontal a la delincuencia organizada, ha provocado un fuerte incremento del número de homicidios, torturas y otros abusos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad.
Asimismo, para combatir la descomposición social e institucional que se vive, el Presidente Enrique Peña Nieto, ha impulsando un paquete de reformas en materia de seguridad con el objeto de revertir la crisis por la que atraviesa el país, militarizando los cuerpos policiacos e integrando a miles de soldados y marinos a la Gendarmería Nacional para sustituir a la Policía Federal en el combate al crimen organizado, pero es importante mencionarse, que este modelo en el que militares asumieron labores policiacas ya ha fracasado en el pasado, es un cuento autoritario de dictaduras como las de Francisco Franco en España, Augusto Pinochet en Chile y Alberto Fujimori en Perú.
En México, desde 1999, el entonces presidente Ernesto Zedillo, decidió transferir soldados del ejército para formar la Policía Federal, Vicente Fox y Felipe Calderón, siguieron el ejemplo con el mismo resultado negativo, se incrementaron los índices de criminalidad, aumento la violencia, se dispararon los niveles de corrupción y las violaciones a derechos humanos se convirtieron en algo cotidiano. En pocas palabras, la militarización de los cuerpos policiacos y la Gendarmería Nacional, son un remake de otros libretos del pasado, nada original, nada nuevo, nada que vaya a funcionar, pero eso si, con nuevos y más atractivos crímenes cometidos por el Estado como sucedió en Ayotzinapa, Guerrero.
Por lo anterior, la estrategia del gobierno para combatir la delincuencia organizada a través de la nueva Ley de Seguridad Interior, resultará ineficaz, cuando existen policías y políticos que forman parte de las estructuras criminales, la creación de una nueva policía de mando único con las mismas bases putrefactas es insuficiente, se trata de una propuesta superficial que arrastrará al Presidente Enrique Peña Nieto a un abismo sin fondo.
México, es un país donde la impunidad se ha convertido en una forma de gobierno, mientras los involucrados en la corrupción de alto nivel no sean controlados mediante mecanismos ciudadanos, el país continuará igual o peor a pesar de que nuestros políticos propongan millones de reformas como la Ley de Seguridad Interior. ¿Quizás en estos momentos y ante las recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos, resulta interesante cuestionarnos si fue adecuado que la Secretaria de Gobernación absorbiera a la Secretaria de Seguridad Pública? 
El Presidente Peña Nieto, debe blindar el sistema de seguridad antes de cualquier intento por modernizarlo. Militarizar los cuerpos policiacos será un grave error del gobierno debido a que en cada región del país se presentan fenómenos sociales distintos y no pueden atacarse de la misma forma. Por ejemplo, tanto en Ayotzinapa como en Noxchitlan, el ejercito intervino en los conflictos, actuando de la misma forma represora que caracteriza al actual gobierno federal, generando con sus acciones un conflicto social severo para los mexicanos.

Conforme a lo anterior, podemos concluir que la gendarmería nacional, el mando único policiaco y en general la militarización de los cuerpos policiacos son estrategias superficiales para solucionar los problemas de seguridad por los que traviesa México, un policía de la frontera requiere de distinta capacitación que un policía que combate el narcotráfico, por lo que una política pública encaminada a la unidad de los cuerpos policiacos generará ingobernabilidad.

En este sentido, ante el evidente fracaso del gobierno para restaurar la paz social, surge la necesidad de que exista un cambio de rumbo en materia de seguridad, el proyecto de la gendarmería nacional simplemente no funcionó y a falta de policía seria, más bien de políticos capacitados en el tema, la inseguridad continuará creciendo en todo el territorio nacional de forma descontrolada de la mano de los grupos de autodefensa que no han dejado de existir.

México, está en crisis no por sus instituciones, no por sus leyes, no por sus policías, no por su pueblo; sino por sus políticos corruptos, los esfuerzos del gobierno federal para combatir la corrupción y la delincuencia son un intento de curar un cáncer con una aspirina. Al Presidente Peña Nieto le urgen cambios en materia de seguridad, han fallado todas las estrategias, cada día estamos peor y esta situación está arrastrando a nuestro país a un colapso generalizado de todos los sectores del Estado.
Saludos
Mario Meneses

Metodología de evaluación del #Policía #PrimerRespondiente


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La participación del #Policía en general, pero particularmente del #PrimerRespondiente, lo convierte en un actor fundamental en el procedimiento penal.

Con la modificación del artículo 21 constitucional, que establece que la investigación de los delitos corresponde a los policías bajo el mando y dirección del Ministerio Público, el policía se convierte en el primer eslabón en el proceso penal y, por regla general, es la primera autoridad con la que la sociedad tiene contacto. Es decir, es la cara del sistema de justicia.

La participación del policía en general, pero particularmente del primer respondiente, lo convierte en un actor fundamental en el procedimiento penal. Al hablar del policía como primer respondiente nos referimos a la primera autoridad con funciones de seguridad pública que arriba al lugar en el que se ha cometido un hecho probablemente delictivo o en el que se localizan o aportan indicios relacionados con el mismo. Es así como los policías adquieren una mayor relevancia en el sistema de justicia, pues son generalmente los primeros en conocer la noticia criminal para dar inicio a la investigación. Por tal motivo, un factor fundamental para el éxito del Sistema de Justicia Penal recae en las acciones que realice oportuna y adecuadamente el primer respondiente.

De acuerdo con el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales y con el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, que pretende homologar y guiar la actuación del policía, éste debe realizar, por lo menos, las siguientes funciones:

  1. a) recibir denuncias de cualquier hecho posiblemente constitutivo de delitos;
  2. b) proteger a los involucrados, en especial a la víctima;
  3. c) evitar que el delito llegue a consecuencias ulteriores;
  4. d) ubicar y entrevistar a testigos;
  5. e) detener a cualquier persona que este cometiendo delito flagrante y hacer de su conocimiento los derechos que le asisten, poniéndolo en inmediata disposición del Ministerio Público;
  6. f) preservar y proteger el lugar de la investigación.

Derivado de lo anterior, en CIDAC consideramos de suma importancia desarrollar instrumentos que permitan evaluar la operación del policía en funciones de primer respondiente en el sistema penal acusatorio. Por ello, se ha desarrollado la versión base de la Metodología de Evaluación del Policía Primer Respondiente. Si bien se trata de una herramienta que ha pasado por un proceso de diseño y validación, resulta pertinente señalar que es probable que se realicen ajustes al documento base, derivados del proceso de aplicación y de los resultados que arroje.

En el presente documento “Metodologia de Evaluación del policía primer respondiente” se explica el esquema general de la metodología, la delimitación del objeto de estudio, los lineamientos de medición propuestos -indicadores y estándares-, así como su herramienta de evaluación.
Fuente: CIDAC
Saludos