CEREMONIA DE PROMULGACIÓN DE LAS LEYES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN


 

México puede derrotar la corrupción y reducir la impunidad: @rgilzuarth @PresiSenadoMX

México puede derrotar la corrupción y reducir la impunidad

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH, PRESIDENTE DEL SENADO, EN LA CEREMONIA DE PROMULGACIÓN DE LAS LEYES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LLEVADA A CABO EN PALACIO NACIONAL

*”Advertimos que de alguna manera nos estábamos acostumbrando a vivir con la corrupción, que estábamos incluso dispuestos a tolerarla”.

La transición a la democracia prometió la regeneración de nuestro sistema político. En la expectativa de esa evolución, la competencia democrática transformaría los incentivos de todos. El riesgo de la alternancia, del castigo electoral, alentaría mejores gobiernos y haría más auténtica la representación popular. La pluralidad activaría de forma natural, casi automática, las distintas formas de la rendición de cuentas.

Ciertamente, la transición se ocupó de crear y ajustar instituciones para vigilar el uso de los recursos públicos, para mejorar la gestión de los programas, para hacer más transparente la tarea de gobernar.

Gradualmente, se fueron incorporando a la gramática de las instituciones mexicanas, las contralorías internas, la fiscalización superior y del dinero de las campañas, las auditorías y la evaluación de los programas públicos, las distintas etapas de la transparencia.

Pero la legitimidad de nuestro avance democrático se puso a prueba en el momento mismo en que la corrupción se evidenció como el mayor de los problemas de México y como la principal preocupación de los ciudadanos; cuando en algunos lugares y zonas de gobierno, la corrupción se convirtió en política pública; cuando la impunidad reveló que nuestras instituciones eran ineficaces por diseño o por ausencia de voluntad política para inhibir la transacción ilegal que mercantiliza los bienes de todos en beneficio de unos cuantos.

Como suele suceder en circunstancias límite, la sociedad tomó conciencia a golpe de experiencias, de la condición estructural de la corrupción y su extendida presencia en nuestra vida pública. Empezamos a asimilar los enormes costos económicos y hasta en vidas humanas que provoca; los múltiples factores que inciden en ella; la complejidad de capturar en términos regulatorios todas sus posibles manifestaciones; las zonas grises que no tienen sanción y los círculos viciosos en los que la corrupción gravita; la bajísima capacidad de respuesta del Estado frente al acto corruptor y frente a la subordinación corrupta.

Advertimos que de alguna manera nos estábamos acostumbrando a vivir con la corrupción, que estábamos incluso dispuestos a tolerarla a cambio de eficacia, que la empezamos a convertir en el lubricante de nuestra gobernabilidad.

Se hizo evidente que la corrupción hace más profunda y lastimosa la desigualdad, porque reproduce privilegios y por tanto, condena definitivamente a los que menos tienen.

Amanecimos, en efecto, una mañana en la ensoñación del cambio democrático y de dos alternancias, con la corrupción instalada en la sala, amenazando nuestra forma de convivencia, al acecho de la legitimidad del sistema político en su conjunto.

Pero entonces, la democracia mexicana dio signos de vitalidad. El impulso por reformar cobró forma y ritmo de manera ejemplar e inédita, con la participación de la sociedad civil. La indignación se convirtió en agenda; el enojo se activó en movimiento cívico; la exigencia social encontró cauce y salida en nuestras instituciones representativas.

Redactamos juntos la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Se organizó un esfuerzo en torno a una iniciativa ciudadana sobre las responsabilidades de los servidores públicos, que encontró eco en el Poder Legislativo. Nos hicimos cargo de los detalles, para asegurarnos de que no habría ningún retroceso en la decisión de combatir a la corrupción.

Me consta personalmente la dedicación de muchos ciudadanos, activistas y académicos que abrazaron esa causa, como también el compromiso plural y responsable de los actores políticos.

Soy testigo directo de la disposición y apertura de legisladores y grupos parlamentarios, empezando por los presidentes de las comisiones dictaminadoras en la cámara de origen, los senadores Pablo Escudero, Fernando Yunes y Alejandro Encinas.

Y también, hay que decirlo, estamos aquí, este día, porque también el Presidente de la República hizo la parte que el sentido del deber le exigía.

Gracias, gracias a la tenacidad de la sociedad civil se lograron contenidos que de otra manera hubieran sido sencillamente impensables.

La Federación nunca perderá jurisdicción sobre los recursos transferidos a estados y municipios.

Se separan y especializan los órganos de auditoría, investigación y sanción.

Se perfecciona la descripción de las conductas que dan lugar a responsabilidad administrativa o penal.

Se garantizan procesos ágiles y un fiscal con dientes; sí, con dientes, porque no comparte con nadie el colmillo del ejercicio de la acción penal.

La prueba del éxito del esfuerzo de la sociedad civil que puso esta agenda como prioridad nacional y de la política que la logró materializar, radica precisamente en el conjunto de las definiciones constitucionales y de las leyes que conforman el nuevo sistema anticorrupción.

La prueba de éxito, es la construcción de un piso común para todos los ámbitos y niveles de gobierno del cual nadie puede evadirse.

El éxito radica en la perspectiva integral de instituciones de prevención, de participación ciudadana, de control y mejora de la gestión, de sanción a los servidores públicos que abusan del Poder, pero también de aquellos particulares que obtienen un beneficio indebido a través de una tentación corruptora.

La victoria de todos es un sistema potente y robusto, de incentivos y disuasivos; de controles y consecuencias.

Y si me permiten la licencia: la victoria de todos es un sistema que éste sí, como dicen por ahí, probablemente no lo tiene ni Obama.

Tenemos, amigas y amigos, que reivindicar lo que se ha alcanzado.

Debemos, todos, legitimar con nuestro testimonio no sólo el precedente de participación ciudadana constructiva, sino también el resultado de la voluntad concertada de la política, de la pluralidad.

Debemos, unos y otros, evitar ser víctimas de nuestro propio éxito.

No tenemos derecho a decir a la gente que el sistema está cojo, que es insuficiente o que de poco o nada va a servir.

No tenemos derecho a hacer creer a los ciudadanos que no estamos haciendo nada para abatir la corrupción.

Y es que en los grados de publicidad de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, no está la conquista del territorio enemigo, el Desembarco de Normandía, o la bandera que simboliza triunfo o derrota alguna.

La Reforma alcanza un balance ponderado entre el principio de máxima publicidad y el derecho a la privacidad que gravita en la protección de los datos personales.

Un equilibrio que establece la obligación de todo servidor público de presentar sus tres declaraciones.

Un equilibrio que somete esas declaraciones a un sistema de seguimiento para detectar sus inconsistencias y sancionar el enriquecimiento ilícito.

Un equilibrio que impone el deber de hacer públicos aquellos datos que determine el Comité Coordinador, a propuesta de la instancia ciudadana.

Es, efectivamente, un equilibrio legal y éticamente correcto.

Es legal, porque debemos tener siempre presente que un servidor público no deja de ser, por ese sólo hecho, un ciudadano en pleno goce de sus derechos.

Y es éticamente correcto, porque debemos recordar que se debilita al Estado cuando se coartan las garantías mínimas de los servidores públicos, cuando se les hace vulnerables frente a los intereses a los que se enfrentan, cuando sienten incertidumbre al momento de actuar o de decidir.

Hay miles de servidores públicos honestos y leales con la República, auténticos patriotas, en todos los partidos y en todas las funciones de gobierno.

Millones de ciudadanos sortean todos los días las trampas burocráticas, sin prestarse a un acto de corrupción.

La corrupción no es un mal que sólo aqueja a unos, ni la honestidad monopolio de bien que siempre ostentan otros.

No está en el ADN de los mexicanos una u otra, la corrupción o la honestidad vive en las decisiones que todos los días tomamos los ciudadanos.

Ser servidor público no debe ser oportunidad para el saqueo, pero tampoco origen o causa de sospecha. Hicimos esta reforma para dejar atrás la perversa tesis de que todo servidor público es corrupto, hasta que demuestre lo contrario. Hicimos esta reforma para devolver dignidad, honor y confianza a la función pública; y eso sólo será posible si trascendemos a la idea de que la corrupción es un problema que sólo ha de enfrentarse desde la política criminal y nos hacemos cargo, de una vez por todas, que la lucha contra la corrupción exige la mejora integral del funcionamiento de nuestro sistema político.

El combatir la corrupción es en realidad una apuesta por el buen gobierno, que la agenda que tenemos por delante es mejorar la calidad de todas nuestras instituciones. Poner fin a la colonización del poder, a la patrimonialización de lo público, a la parcelación de lo común en beneficio propio.

Reformar el fuero para que no sea pretexto de impunidad; mérito y capacidad antes que lealtad de partido; profesionalización en lugar de cuotas; imparcialidad como obligación exigible en toda la gestión pública; estabilidad y digna retribución a los servidores públicos para cerrar los márgenes del subsidio corruptor, porque en la incertidumbre, en la precariedad salarial de soldados y marinos, de policías, de ministerios públicos, de maestros, doctores y enfermeras, y en general de los servidores públicos que hacen que el Estado funcione todos los días, se gesta también el destructivo impulso a la corrupción.

Y por supuesto, reducir el mercado negro de favores recíprocos y los medios por los que se canalizan, ésta legalmente recursos públicos y privados, a la competencia política y electoral.

Señor Presidente. Señoras y señores:

El Sistema Nacional Anticorrupción responde al objetivo de fortalecer la efectiva rendición de cuentas. Pero también tiene un propósito todavía más alto: regenerar la legitimidad del sistema democrático, renovar nuestro pacto de confianza con los ciudadanos, reanimar la credibilidad de los que servimos al Estado.

México puede, en democracia y en su pluralidad, derrotar a la corrupción y reducir la impunidad. No necesitamos justicieros para consolidar un auténtico Estado de Derecho y de derechos; necesitamos incentivos correctos, procesos debidos y autoridades que funcionen bien.

Necesitamos poner en orden, con la razón de la ley y de las instituciones, desde nuestros partidos y hasta los Tribunales, a quienes piensan que el poder les pertenece y lo usan para provecho propio.

Comprometernos todos con la plena eficacia de las nuevas instituciones y sobre todo con la integridad y la decencia públicas. Hacer y exigir buenos gobiernos, reconciliar a la sociedad con la política y con los políticos; darnos la mano sociedad y gobierno, porque en democracia, sociedad y gobierno significan una y la misma cosa.

Por su atención, muchas gracias.

Fuente: www.orosolido.com.mx

Saludos

Mario Meneses

Traje a la medida.


Dra. Muna D. Buchahin
CFE, CGAP, CRMA, CFI

La integridad es la estructura fundamental que debe soportar a toda organización. Las cualidades más apreciadas por la alta dirección son el compromiso, la honestidad y la solidaridad. En el entorno para el fortalecimiento de la integridad deben considerarse la adecuación y actualización permanente de un programa de cumplimiento donde es necesario reconocer, aprender, corregir y rectificar errores o políticas -cuando un proyecto, lineamiento o estrategia dejó de funcionar- que otorgan y significan un alto valor profesional a la alta dirección.

Conocer los riesgos y vulnerabilidades en una organización nos permite planear, ajustar o implementar detalladamente un programa de cumplimiento adaptado a las necesidades específicas como un “traje a la medida”, lo que permite reducir las oportunidades a tentaciones y desincentivar actos deshonestos.

Hablando de estrategias preventivas en las organizaciones, me gustaría señalar una que es escencial, me refiero a una metodología rigurosa para el reclutamiento y el fortalecimiento integral de los recursos humanos a partir de los procesos de selección y la posterior contratación, para buscar el aseguramiento del ingreso de los mejores talentos comprometidos para desarrollar actividades innovadoras e intensas, pero siempre alineadas con la cultura organizacional.

La adopción de sistemas transparentes de selección, desarrollo y permanencia basados en el mérito, la equidad y las aptitudes, son pilares fundamentales para robustecer un programa de prevención, si consideramos que las prácticas deshonestas o corruptas involucran siempre al personal entenderemos entonces no solo la importancia del blindaje y protección de áreas sensibles -puerta de entrada a los defraudadores- sino la necesidad de mostrar las cualidades y características esperadas del factor humano: la honestidad, la generosidad, la solidaridad y el compromiso absoluto para responder ante los retos y las oportunidades, agregando valor a la organización, entendido esto como las acciones o actividades aportadas por profesionales competentes y exigentes de sí mismos pero respetuosos en el desarrollo de las funciones. Es indispensable asegurar que se sientan valorados y apreciados para que se desenvuelvan en un entorno apegado a valores y principios éticos con una remuneración justa y competitiva, estos elementos en su conjunto se convierten en incentivos positivos para generar en ellos confianza y seguridad de que creemos en su apego a la cultura organizacional y tienen bajo su responsabilidad el cumplimiento de las mejores prácticas pues son parte integral de una empresa que tiene puesta la vista en la prevención y disuasión de actos que puedan generar un riesgo. Esto muestra cuán importante resulta asegurar que la política institucional incluya y mandate la obligación de acatar el programa de cumplimiento, como un disuasor para evitar las tentaciones, y quebrantarlo implique sanciones severas.

En este sentido reconocer, corregir o rectificar errores, programas o estrategias, -por parte de la alta dirección- implica la capacidad de adaptación al entorno real, por ejemplo, cuando un proyecto dejó de funcionar o de ser útil hay que descartarlo, cambiarlo, modificarlo o ajustarlo. Estas acciones demuestran un alto valor de la autoridad moral y dan cuenta de un liderazgo consistente con la política antifraude al enviar un claro mensaje de los esfuerzos para reducir las posibilidades o las oportunidades de involucrarse en actos deshonestos. Estos son algunos factores clave que apuntan hacia la integridad y dan cuenta de la importancia que se otorga para la prevención y detección de actos deshonestos.

Luego entonces, trazamos la estrategia y aseguramos su cumplimiento para la óptima selección del personal, compartimos la visión de integridad, de responsabilidad y el rol que cada miembro de la organización debe asumir, se resalta que la participación de quienes viven el día a día de una organización es la clave para prevenir y disuadir conductas fraudulentas, por estas razones resaltamos la confianza en cada uno de los integrantes y lo que se espera de ellos, pero aun así no es suficiente. El otro componente adicional en el sistema organizacional de prevención consiste en tener claros los riesgos y las vulnerabilidades y entonces viene el otro tema que es la concientización individual y grupal donde se clarifican y se les dan a conocer las conductas que no son aceptadas -bajo ninguna circunstancia- en la organización, para evitar confusiones, falsas percepciones y lo que para algunos puede parecer bueno, para otros sería impensable; entonces seguiremos creando un “traje a la medida”.

Como ejemplos, se considerarían inapropiadas las invitaciones a comidas o eventos; obsequios para entretenimientos, eventos de lujo o privados; qué se considera en los límites de las atenciones hacia los clientes, esto es considerado conflicto de interés, porque habrá empresas privadas, educativas o sin fines de lucro que no prevean políticas de contrataciones de proveedores o empleados, diversos al sector público o a entidades financieras. Es indispensable introducir programas de inducción y difusión para ejemplificar claramente con cursos de capacitación presencial y en línea, situaciones concretas que excederían la norma y las sanciones establecidas. Entonces subrayo la importancia de crear un área con personal especializado para la atención de dilemas o dudas éticas para asesorar y brindar respuestas o consejos en relación a hechos que puedan parecer irregulares, que permitan revelar o discutir tópicos controversiales o generen conflictos internos/externos o cargas de conciencia tanto para proveedores, prestadores de servicio, o cualquier parte interesada en torno a hechos de los cuales conocen pero dudan para denunciar. Se sugiere establecer un solo canal de comunicación para este fin con el asesoramiento especializado que provoque el valor en el denunciante y la fuerza para actuar de manera adecuada, convencidos de que compartir o revelar es un medio de inhibir conductas deshonestas que acabarán dañando a la organización pues el empleado conforma parte de ella –también el bienestar de su familia- y por eso la conciencia del cuidado colectivo forma parte de su responsabilidad.

Los programas de inducción, difusión y reforzamiento de las actividades de cumplimiento en las organizaciones deberan incluir claramente las normas y sanciones, comunicar la política de integridad y considerar discusiones abiertas preferentemente grupales de casos prácticos, con una interacción que detalle desde los niveles de responsabilidad hasta como confrontar discusiones, guiadas de ejemplos de situaciones inapropiadas. Lo anterior permitirá identificar en los asistentes, sus valores y percepciones y el manejo adecuado en situaciones similares que pudieran suscitarse. Recordemos que en cada organización sus riesgos y vulnerabilidades serán distintos; por ello tampoco podemos aplicar el mismo entrenamiento a todos los niveles por igual.

En algunas instituciones existen programas de incentivos a denuncias con políticas claramente definidas, que no tienden a ser monetarios; por ejemplo, se premia con el pago de cursos o se brinda apoyo como despensas, becas para los hijos, pases para actividades familiares de entretenimiento, apoyo en la compra de libros; retribuciones a su honestidad que son siempre bien recibidas. Alejar la tentación y dejar claro que quien rompa las reglas tendrá una sanción y será visible, son algunas acciones fundamentales para reforzar el mensaje y el tono ético de acatamiento obligado de la norma.

Para concluir con el tema sobre la importancia del recurso humano en la prevención y su papel preponderante en cualquier organización, debemos destacar el papel de las Líneas Ética de Denuncia, cuya efectividad dependerá de varios elementos, como son su manejo externo y profesional, un protocolo de atención estructurado que no pueda ser manipulado o modificado, confiable y seguro que garantice la tranquilidad del anonimato. Para mayor información se Pueden consultar más sobre el tema leyendo el Reporte a las Naciones y la estadística de Fraude ocupacional y de abuso 2016, donde claramente destaca los controles antifraude y revela que un 40% de fraudes fueron reportados a través de las líneas éticas de denuncia. Aquí entra en juego la confianza con un papel fundamental: sin los canales de denuncia1, nadie o muy pocos intentarán revelar hechos deshonestos. Si el número de denuncias o quejas; y que se reciben es muy por debajo de la operación, habrá que revisar este tema; si tampoco se cuenta con un lineamiento claro que sea público, del protocolo de atención establecido, ni es clara la línea de autoridad y mucho menos existe el área especializada para investigar los hechos denunciados; traerá como consecuencia que los empleados no sentirán la obligación moral de reportar algún incidente de fraude o conducta inapropiada que puedan conocer, simplemente, no les interesará

.

Pero, ¿quién pierde entonces? La condición humana de manera natural, nos urge a compartir algo que nos es incómodo, cuando sentimos el ambiente propicio para hacerlo, para buscar respuestas y orientación y seguramente en estas circunstancias la organización será la última en enterarse, por ello también las estadísticas se mantienen de 18 a 24 meses en promedio para descubrir un fraude.

Construir la confianza cuesta y mucho. Evitar hacer negocios a cosa de cualquier acto que pudiera ser considerado indeseable, es parte del modelo de un liderazgo acorde a la política de integridad, vinculada con trabajo duro, perseverancia y que cierre espacios a la mediocridad. Todas las acciones descritas se precisan para la prevención o disuasión y deben establecerse sanciones claras y ejemplificantes, para quien trasgreda la norma. Y por supuesto, el área de investigación debe integrarse con personal especializado para la atención de las denuncias de actos deshonestos, fraudes o corrupción.

En materia de prevención y disuasión tenemos mucho por hacer, y por su naturaleza, es una labor intensa con actividades perfeccionables pero inacabables: Working always in progress.

mdbuchahin@acfe-mexico.com.mx

Fuente: Revista Especializada ACFE

Saludos

Mario Meneses

 

Hacia una nueva Ley General de Seguridad Pública


FRANCISCO RIVAS

El pasado 16 de junio, el Senado aprobó el proyecto de decreto que reforma los artículos 21, 73, 104, 105 y 116 de nuestra Constitución referentes a la actuación policial y que busca sentar las bases sobre cómo las entidades y la Federación podrán intervenir las policías municipales y estatales respectivamente.

Esta reforma busca atender y mitigar uno de los diez puntos que el presidente Enrique Peña Nieto lanzara como respuesta a los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014, la desaparición de las policías municipales en favor de 32 —mal llamados— Mandos Únicos Estatales, bajo el argumento de la debilidad de las mismas y su permeabilidad a integrantes del crimen organizado.

Los puntos aprobados en el proyecto de decreto de reforma constitucional, si bien quitan el carácter constitucional de la facultad de los municipios para atender y dirigir sus asuntos de seguridad pública, logran mantener la posibilidad de que los gobiernos municipales, cuyas policías muestren que cuentan con los mínimos indispensables para poder responder a las necesidades de la comunidad, mantengan esta facultad y el mando de sus cuerpos policiacos. Además, establece la posibilidad de que las entidades intervengan las policías municipales y la federal las estatales, si existen condiciones particulares que se definirán posteriormente.

Muchas dudas levantó en la sociedad civil esta reforma en término de evaluación y controles de confianza, mecanismos y contrapesos para que la autoridad cumpla con la ley y obviamente con el mantenimiento del contenido del apartado C del artículo 123, que establece que un elemento cesado por alguna investigación en curso, aun cuando demuestre su inocencia, no puede ser reinstalado en sus funciones. Dicho de otra manera, si por algún motivo hay sospecha de mala actuación de un policía y éste es cesado, no podrá volver a sus funciones aun siendo inocente, lo que es evidentemente una abierta violación a los derechos humanos del personal de seguridad del País.

Acerca de nuestras dudas, los legisladores comentan que será subsanada, a través de la ley reglamentaria, la Ley General de Seguridad Pública que definirá los cómo, cuándo y para qué de las instituciones de seguridad.

Ante esto, como sociedad, es importante centrar nuestra atención en cómo podemos transformar este esfuerzo en acciones que impacten en las condiciones laborales, la actuación y el desempeño policial; hacer efectiva una reforma y no un mero referente en papel.

Hace siete años, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con dicha Ley se dio vida a la Policía Federal, al Sistema de Desarrollo Policial, al Plan Rector de Profesionalización, al Cardex Policial, el Régimen Disciplinario, entre otros aspectos que buscaban fortalecer a las policías del País (desde las municipales hasta la federal) y, por ende, los resultados en seguridad.

De esta manera, la actual reforma se suma a un proceso iniciado hace siete años, que entendía la necesidad de profesionalizar a las policías, generar incentivos positivos alrededor de la buena actuación, la sistematización y homologación de las capacitaciones, competencias desarrolladas, estructura policial, posibilidad de carrera, prestaciones, al tiempo que ponía en evidencia la consistencia en los castigos y los mecanismos que prevenían y disuadían que las autoridades de seguridad se viesen involucradas con la criminalidad.

¿Qué falló entonces? La falta de voluntad política por cristalizar lo que dice la ley, la falta de contrapesos políticos que permitieron que la Ley General —perfectible pero positiva en términos generales— fuese mera referencia, la cultura de vivir de inmediatos, actuar de inmediatos, más que construir a largo plazo; la impunidad ante autoridades omisas, la falta de cultura de la legalidad.

Bienvenida una Ley General de Seguridad Pública que busque atender los actuales retos, sin embargo, no debemos olvidar que, por sí misma, la ley no es suficiente, son fundamentales los contrapesos, controles y supervisión ciudadana que busquen evidenciar simulación, irresponsabilidad u omisión.

Los altos índices delictivos y de violencia, la baja efectividad en el combate al delito, la alta desconfianza del ciudadano en las autoridades de seguridad y la corrupción que imperan en los tres niveles de gobierno, nos hacen exigir que ésta realmente impacte en la calidad y profesionalización de los cuerpos policiacos de una forma eficaz a partir de diagnósticos realistas enfocadas en la cultura de la legalidad y la realidad delictiva del País.

Una vez más, es evidente que no podemos ceder en esta exigencia, pues nuevamente hemos confirmado que lo que se está haciendo, evidentemente, no ha funcionado lo suficiente para que nuestra seguridad humana sea una garantía en México.

Twitter: @frarivasCoL

Fuente: http://www.vanguardia.com.mx

Saludos

Mario Meneses

4 Casos de corrupción corporativa en México


Además del caso de OHL México en que la CNBV aún no resuelve las investigaciones por supuesto soborno a jueces y funcionarios, EL FINANCIERO detectó al menos otros tres en que no se ha dado una respuesta respecto a presuntos actos de corrupción corporativa.

Axel Sánchez

13.04.2016 Última actualización 14.04.2016 

Corruptos, corrupción

Pese a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó con 71.7 millones de pesos a OHL México y determinó que la empresa no incurrió en un fraude contable, aún están pendientes de resolver las investigaciones por supuesto soborno a jueces y funcionarios, así como el incremento artificial de costos de sus concesiones.

El caso de OHL México no es el único en el país que carece de una resolución final. EL FINANCIERO detectó al menos otros tres en que las autoridades aún no han dado una respuesta respecto a presuntos actos de corrupción corporativa.

Wal-Mart fue culpada de cohecho para acelerar permisos en la apertura de tiendas hace una década, mientras que Grupo Higa tiene una denuncia ciudadana por posible conflicto de interés en su relación con la Presidencia de la República.

Tampoco se tiene una resolución sobre las fallas que se presentaron en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, donde el consorcio ICA-Alstom-Carso mantiene un litigio contra el gobierno de la capital del país por falta de pagos de los trabajos realizados.

Se trata de cuatro casos que aún no han sido concluidos en México y que, en teoría, siguen en investigación.

“En México, 25 por ciento de las empresas considera como principal riesgo para su operación la corrupción y el soborno”, comentó Arturo del Castillo, director ejecutivo asociado de la consultoría Kroll en México, quien destacó que las herramientas con que cuentan para evitar estos casos no son suficientes.

El presidente Enrique Peña Nieto dijo en una reunión reciente de la Coparmex que la corrupción no es un elemento privativo del ámbito público, también está en el privado y a veces van de la mano.

En marzo de 2012, The New York Times publicó que ejecutivos mexicanos de Wal-Mart pagaron 52 mil dólares para que las autoridades cambiaran el uso de suelo alrededor de la zona arqueológica de Teotihuacán en 2003. También dio cuenta de sobornos realizados en 2005 para que se aceleraran permisos en la apertura de tiendas.

En 2013, la Secretaría de la Función Pública emitió una resolución preliminar donde no encontró ilícitos, sin embargo, 3 años después, no se ha dado ningún veredicto concluyente.

El último reporte emitido sobre el caso fue en octubre del año pasado donde The Wall Street Journal publicó que tras una investigación de tres años contra la cadena de autoservicios Wal-Mart en México, se habrían encontrado pocas evidencias de corrupción por parte de la minorista. Con esto, según el diario, era probableque el caso fuera menor al previsto. La empresa aún realiza una auditoría interna sobre el tema.

En el caso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, el consorcio responsable de la obra ICA-Alstom-Carso se amparó y demandó al gobierno de la capital del país el pago de los adeudos por la construcción, sin embargo, las autoridades no han cubierto los pagos bajo el argumento de las fallas de la obra.

Por otro lado, en el conflicto de interés en que se vio involucrado Grupo Higa con el gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública determinó que los funcionarios públicos no cometieron falta alguna. Sin embargo, con 58 mil firmas, el Congreso Nacional Ciudadano denunció en diciembre pasado ante la PGR a la empresa de Juan Armando Hinojosa por conflicto de interés y exigió que se castigara a la compañía.

empresas implicadas

Relacionadas

Saludos
Mario Meneses

El mercado de la comunicación crítica crecerá un 33% entre los años 2013 y 2019, se dispara la inversión en tecnologia.


Manifestantes prenden fuego a un coche policial durante una protesta en París

Manifestantes prenden fuego a un coche policial durante una protesta en París – EFE

Los Gobiernos disparan la inversión en seguridad pública

Más seguros, más amenazados: las contradicciones de la carrera por la vigilancia vienen marcadas por los dobles filos de los avances tecnológicos. La cantidad de datos generados en los últimos cinco años supera a la producida en toda la historia de la humanidad. Pero tanta información, lejos de proteger a los ciudadanos, puede sobrepasar a los cuerpos del orden. Francia alberga del 10 de junio al 10 de julio la Eurocopa de fútbol, en uno de sus momentos más críticos de las últimas décadas. Huelgas y protestas violentas de los «indignados» con la reforma laboral; la virulencia de los «hooligans», que ha dejado numerosos heridos, uno crítico, y la amenaza del terrorismo, con el asesinato de un policía y su mujer a manos de un seguidor del Daesh al norte de París. Las autoridades francesas estaban advertidas de estos riesgos, y han desplegado más de 100.000 policías, militares, voluntarios y hasta agentes de la seguridad privada. Aún así han recibido críticas por los enfrentamientos entre ultras ingleses y rusos en Marsella.

En este tipo de contextos, el mercado de las comunicaciones críticas, que incluye radios de la Policía y otros equipos de transmisiones, generará para 2019 unos 16.000 millones de euros, según un informe de IHS, fuente líder en este sector. Es más, entre 2013 y 2019, el mercado crecerá «un impresionante 33%», asegura el director de investigaciones de IHS Technology, Thomas Lynch. La inversión en tecnología de seguridad «se está haciendo a nivel estatal, pero no a nivel cooperativo todavía. Ahora las amenazas son híbridas y ya no tiene mucho sentido considerarlas externas o internas. Se está comenzando a ver las posibilidades que tiene este mercado en cuanto al intercambio de información y ahorro de costes», asegura a ABC Roland Van Reybroeck, director de la Cooperación y Planeamiento de la Agencia de Defensa Europea, informa Alicia Alamillos.

La comunicación en crisis moverá unos 16.000 millones de euros en 2019 IHS

La Policía francesa no puede mantener la guardia al máximo en todas las zonas, si se despliega especialmente en los lugares de culto, los estadios y las fan zones: «Las salas de fiesta, por ejemplo, no podrán estar igual de cubiertas», señala a ABC el especialista en geopolítica Harold Hyman. La UEFA, autoridad europea del fútbol y organizadora del evento, ha invertido al menos 34 millones para asegurar la seguridad, que se suman a los 12 millones del Estado francés y otros 12 de las ciudades sedes del torneo: un total de 24 millones, «el doble de lo previsto antes de los atentados del 13 de noviembre», según «Les Échos».

Se hablaba de la fan zone del Campo de Marte, en plena Torre Eiffel, como el principal objetivo yihadista para propagar el terror con un nuevo atentado. Sin embargo, uno de los llamados lobos solitarios del Daesh acuchilló a un policía y se atrincheró en la casa del agente, tomando de rehenes a su familia, a cincuenta kilómetros de París. Su acto bárbaro fue emitido en directo por una de las herramientas que ofrece Facebook y el asesino de Orlando hizo búsquedas en esta red social para saber si se hablaba de él tras la matanza.

Las empresas del sector trabajan en la integración de la realidad virtual en la seguridad de un evento. En la imagen, unas gafas con tecnología Eyefluence eye-interaction para navegar, compartir y colaborar en la información crítica
Las empresas del sector trabajan en la integración de la realidad virtual en la seguridad de un evento. En la imagen, unas gafas con tecnología Eyefluence eye-interaction para navegar, compartir y colaborar en la información crítica– Cedida por Motorola Solutions

Aunque Facebook o Twitter permiten a los investigadores llegar antes, en la mayoría de los casos, al fondo de la cuestión, las empresa tecnológicas que desarrollan el cribado del big data pública se centran ahora en las posibilidades de las redes sociales para anticiparse a posibles ataques y todo tipo de delitos. «La tecnología te puede ayudar a decir que estos son los grupos de más riesgo y enfocar más los esfuerzos ahí, en lugar de tener muchos recursos malgastados en lo que no importa», dice a ABC el director estratégico para Europa y África de Motorola Solutions, Ricardo González, operadora entre otros del Ayuntamiento de Madrid, que recibirá al presidente Barack Obama el próximo julio.

Anticiparse a ataques

Para González, las toneladas y toneladas de información generadas no se están utilizando de la mejor manera. Que pese a la ayuda de las redes, esto puede colapsar a las mentes pensantes de los cuerpos de seguridad.«Estamos trabajando en el desarrollo de Predictive Policing software, una herramienta por la que en función de lo ocurrido en el pasado se pueden deducir ciertos comportamientos. Ayudaría a anticiparse a que hooligans rivales queden para pelearse antes de un partido. En los centros de control y mando no puedes separar el grano de la paja. No necesito que alguien esté siempre pendiente, sino una tecnología que te avise», añade. Sin embargo, nada es infalible. «Vivo en Berlín y hace poco, en una final de Copa, metieron un montón de bengalas. Estoy seguro que utilizando tecnologías saben qué grupos meten esto, y cuales son más propensos a hacerlo. Yo hablé con los responsables y no se explicaban cómo habían podido meter esas bengalas».

El mercado de la ciberseguridad global generará un 57% más en el periodo de 2015 a 2019 Critical Communications World

La coordinación de los distintos cuerpos de seguridad, bomberos y red de transportes con el Ministerio de Interior es clave para la seguridad de un gran evento: la Eurocopa, las Jornadas Mundiales de la Juventud, en Polonia, o la visita a Madrid de Barack Obama. Los atentados de Bruselas del 22 de marzo evidenciaron fallos en la aplicación de los protocolos de seguridad y de comunicación. Daniel Haché, director de Relaciones Externas de Astrid, el operador de servicios de emergencias belga, trató de defender en su conferencia del congreso Critical Communications World, celebrado en Ámsterdam, la fiabilidad de su red de radio Tetra (sistema móvil digital de radio, infraestructura propia separada de las redes de telefonía), empleada por los equipos de seguridad, policía y emergencias y que fue puesta en duda aquel día. Tras la tragedia se supo que los agentes recurrieron al Whatsapp, por el colapso durante horas del sistema de Astrid. «No fue un problema técnico sino con el uso de Tetra», dijo Haché, para quien los errores fueron culpa de la falta de capacidad de la red y la disciplina de quienes la empleaban bajo eso sí una presión terrible. «Nosotros tenemos que hacérselo lo más simple posible y enseñarles cómo utilizarlos», aseveró.

Inversión en tecnología

Airbus se encarga de operar los servicios franceses de emergencias. «Hemos preparado conjuntamente con el Ministerio del Interior, nuestro cliente, la seguridad de la Eurocopa desde hace meses. Ha habido una inversión suplementaria en tecnología para la seguridad pública desde los atentados», reconoce a ABC el CEO de Airbus Defence and Space, Olivier Koczan. La red Tetrapol se ha utilizado desde su eclosión en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 para cuando una manifestación o grandes eventos suponían un colapso inmediato de las redes privadas de telefonía. «Los fallos en los atentados tienen que ver con el problema de capacidad. El sistema funciona», concluye.

Fuente: http://www.abc.es

Saludos

Mario Meneses

IPN ELABORARÁ EL ESTÁNDAR TÉCNICO PARA LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA


img_videovigilancia

Con el propósito de planear un crecimiento ordenado de los sistemas de videovigilancia para la seguridad pública, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (SESNSP), Álvaro Vizcaíno Zamora, firmó un convenio de colaboración con el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández Fassnacht.

Según un comunicado de prensa, con la firma del convenio, especialistas de esa casa de estudios elaborarán el estándar técnico para los sistemas de videovigilancia que opera el organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación. Además, permitirá contar con estándares tecnoló-gicos que contribuyan a prestar servicios de videovigilancia de alto alcance, a fin de atender situaciones de violencia o delincuencia en tiempo real en ámbitos urbanos complejos.

El Acuerdo 08/XXXIX/2015 del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), instruyó al Secretariado Ejecutivo a elaborar una “Norma para estandarizar las características técnicas y de interoperabilidad de los sistemas de videovigilancia para la Seguridad Pública (SVV)”.

El trabajo técnico estará a cargo de ingenieros de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco del IPN, bajo la dirección del catedrático e investigador, Jorge Sosa Pedroza.

Durante la ceremonia, efectuada en la sala de ex directores del Politécnico, el titular del SESNSP, Vizcaíno Zamora, señaló que para el desarrollo de la Norma Técnica en materia de videovigilancia se tomarán en cuenta las mejores prácticas internacionales. Destacó que el prestigio del Instituto Politécnico Nacional y la participación de la sociedad civil garantizarán que los procesos de adquisición e interoperabilidad de equipos sea transparente y objetiva, y que la instalación de equipos obedezca a necesidades socio demográficas y en relación con la incidencia delictiva.

El titular del Secretariado Ejecutivo dio a conocer que en el país existen aproximadamente 23 mil cámaras de videovigilancia para la seguridad pública. Agregó que se trabaja para que en los próximos años dicho número se incremente considerablemente, por ello la Norma Técnica, que estará lista en el mes de agosto de 2016, permitirá un crecimiento ordenado.

Indicó que en este año, el Gobierno de la República destinará 515 millones de pesos para apoyar a las entidades federativas en materia de capacitación y equipamiento en relación con los sistemas de videovigilancia.

Saludos

Mario Meneses

México: 10 formas de reducir la violencia


 

México: 10 formas de reducir la violencia

Por David Lee

Marzo 24, 2016

Recomendaciones para reducir los niveles de violencia en México

La violencia en México, durante el 2015, se incrementó respecto del año anterior: la tasas de homicidio se elevaron en al menos un 11%, a pesar de que desde el 2012 habían disminuido de forma consistente. Si bien existen diversos programas de prevención en marcha, es preciso impulsar, de manera urgente, más y mejores acciones que guíen a la ciudadanía para revertir este nueva tendencia que afecta al país.

Diversos especialistas y profesores de la Universidad de Harvard, en este sentido, analizaron más de 1,400 estudios e intervenciones para reducir la violencia, considerando 3 perspectivas fundamentales: 1) basada en los lugares donde ocurre la violencia; 2) observando a las personas violentas; y 3) analizando su comportamiento, considerando su acceso a las armas y su relación con el mundo de las drogas.

Determinaron que las intervenciones más efectivas para reducir la violencia no son tanto aquellas que apuntan a las grandes áreas urbanas o incluso a barrios específicos, sino las que se enfocan en las pequeñas redes de individuos que han incurrido en comportamientos violentos y se han involucrado en hechos de violencia y delictivos.

Resaltaron que es preciso dejar de pensar en eliminar la violencia de los comunidades o de controlar lugares violentos, debiendo reconocer que la violencia está mas bien focalizada en algunas áreas y que es provocada por unas cuantas personas dentro de un grupo.

Con base en ello, los observadores de la problemática consideran importante, a fin de reducir la violencia en México, el atender las siguientes 10 recomendaciones:

  1. Dejar de pensar en la prevención de delitos a través de polígonos.
    Los programas de prevención en el país operan con intervenciones en polígonos geográficos, los cuales son muy grandes para enfocar la violencia comunitaria. Es por esta razón que una visión menos amplia logrará mejores resultados.
  2. Desarrollar capacidades de inteligencia comunitaria.
    La gente en su propia comunidad y las organizaciones no gubernamentales locales, tienen un mejor conocimiento de los lugares, los momentos y los involucrados en la violencia. Su profesionalización permitirá establecer procesos estandarizados para recopilar información, compartirla con las autoridades y combatir, de esta forma, el delito.
  3. Impulsar actividades de enseñanza más que invertir en el espacio público.
    Los programas de intervención comunitaria destinan más recursos en el equipamiento urbano, ya que logran una mayor visibilidad y beneficio político. Invertir, por el contrario, en talleres que desarrollen más habilidades y mejores conductas, son más baratos y efectivos para reducir la violencia.
  4. Aprovechar los programas de la Secretaría de Educación.
    Las intervenciones para prevención de delitos deben aprovechar los programas existentes, en particular aquéllos como Construye T, para lograr mejores resultados.
  5. Otorgar los recursos suficientes a los programas de prevención.
    El presupuesto al programa principal de prevención de delito en México, PRONAPRED, sufrió un recorte presupuestal de un 25% en el último año. Si la prevención del delito es verdaderamente una prioridad, se le debe asignar mayor presupuesto o, al menos, darle consistencia al mismo a lo largo del tiempo.
  6. Emprender la guerra contra las armas, en lugar de contra las drogas.
    Es preciso impulsar políticas para evitar el flujo de armas ilegales que acaben en manos de criminales y tratar el problema de las drogas como un problema de salud, más que de seguridad.
  7. Implementar el Mando Único con una visión local.
    La eventual centralización de mando que se discute actualmente en el país, necesita generar inteligencia local propia a fin de identificar problemas y lograr un mejor combate a la violencia y delincuencia. Un mando único federal, sin el suficiente contacto con las comunidades locales, fracasará en la reducción de la violencia.
  8. Evaluar el impacto con base en evidencia.
    Es preciso que se evalúen a nivel nacional la eficiencia y eficacia de los programas de prevención con base, más allá de estudios internacionales, en evidencia propia para que las evaluaciones de impacto nos permitan conocer lo que funciona y lo que no, a fin de replicar o desechar intervenciones.
  9. Considerar la prevención del delito como parte de la Reforma Judicial.
    El sistema de justicia en México está mayormente orientado a la procuración e impartición de justicia, considerando a la prevención como un apéndice, con programas simples y mal fondeados. El sistema judicial debe considerar a las políticas de prevención y reducción de violencia como un todo, capacitando y adiestrando a la policía para detención pero, asimismo, en prevención.
  10. Olvidarse de las policías comunitarias y de la teoría de las ventanas rotas.
    La policía comunitaria, aunque aumenta la confianza, no reduce necesariamente la violencia, pues no está capacitada para focalizar sus acciones en individuos y comportamientos que promueven la violencia. La teoría de las ventanas rotas, que propone que la policía imponga castigos ejemplares a los comportamientos criminales, por menores que sean, no funciona, pues una policía represora y castigadora es percibida como un intruso y no como un aliado.

Para que tengas una mejor perspectiva de análisis y te logres adentrar en estos temas, considera los siguientes recursos:

1) Video del panel What Works in Reducing Community Violence: Spotlight on Central America and México llevada a cabo en el Woodrow Wilson Center, en Washington, DC. Basado en el estudio realizado por Thomas Abt del Kennedy School of Goverment de la Universidad de Harvard.

2) El estudio What Works in reducing community violence: a meta-review and field study for the northern triangle. Publicado por USAID y preparado por Democracy International, Inc.

3) El artículo 10 Ways to reduce Violence in México de Viridiana Ríos

Fuente: manualdeseguridad.com.mx

Saludos

Mario Meneses