Las funciones de la #Seguridad


 

Tamaulipas, seguridad. (Cuartoscuro)

La seguridad es un problema de instituciones. Es el resultado de la aplicación de distintas formas de respuesta pública frente a lo socialmente indeseable. Surge del uso eficiente de los instrumentos de disuasión y coacción que ostenta el Estado. Si la seguridad es la ecuación del castigo suficiente y probable, la fuerza inhibitoria de la amenaza depende de los recursos material y legalmente disponibles. La razón democrática de la seguridad exige maximizar la eficacia que cada recurso aporta, con la menor afectación a los derechos. El carterista afecta a la sociedad de manera diferente que una banda de crimen organizado. Un policía con tolete puede ser suficiente para inhibir al ladrón, pero inútil como riesgo para los asaltantes de un banco. Disponer de un batallón para desalentar al carterista es un claro despropósito en la racionalidad entre medios y fines. Y es que el Estado de derecho no reacciona del mismo modo frente a las distintas manifestaciones criminales. Su deber es racionalizar su esfuerzo, porque sus medios son limitados, modular la intensidad de sus intervenciones en función de los bienes y daños involucrados, colocar la sanción ahí donde conviene multiplicar la resonancia social del ejemplo.

Dada la complejidad de las causas, efectos y la diversidad de los fenómenos criminales y de sus causantes, la responsabilidad de la seguridad se desdobla en tramos funcionales que se definen por el tipo de respuesta estatal. Cada adjetivo denota alcances, habilitaciones y fines: la seguridad pública constituye el mandato de cuidar a las personas de otras personas; la seguridad nacional es la custodia de la integridad del Estado frente a desafíos equivalentes. El carterista pone en juego el patrimonio de otros; la invasión extranjera amaga la existencia misma del Estado. Cada función es un inventario de propósitos y recursos: órbitas de atribuciones y poderes para que el Estado pueda responder a distintos grados de agresión o de resistencia.

La realidad ha superado el binomio clásico entre seguridad pública y nacional. Los delitos entre personas no son las únicas tensiones a nuestra tranquilidad. Las amenazas externas a la seguridad nacional provienen ahora de agentes sin territorio, sin gobierno, con alta capacidad de fuego e influencia trasnacional. Hay causas endógenas que, por sus alcances, no pueden ser prevenidas o contenidas sólo desde la dimensión básica de policía. Son delitos con implicaciones que trascienden la vida, la libertad o el patrimonio de las víctimas. Su expansión merma la viabilidad del Estado para ejercer efectivamente el monopolio de la violencia legítima.

Y de eso sabemos bien en México. Las condiciones de inseguridad sobrepasan las dimensiones del delito común. El narcotráfico como negocio ha evolucionado hacia formas más sofisticadas de extracción de rentas. Las cinco organizaciones criminales que operaron durante los noventa, se han pulverizado en poco más de 208, que compiten en cada trinchera de las actividades ilegales, rivalizan por el control de territorios y disputan la complicidad institucional. Pequeñas corporaciones con altísimas capacidades de reclutamiento, operativas y corruptoras. Escurridizas organizaciones que recurren a la violencia para desplazar al adversario y para someter a la autoridad. Microempresas que se aprovechan de esa debilidad institucional para aumentar sus ganancias e imponer su ley.

De eso se trata la Ley de Seguridad Interior: de regular una función del Estado que sirve para responder a situaciones que comprometen el funcionamiento de instituciones, o bien, para generar espacios de tiempo para la regeneración de capacidades ahí donde están cooptadas, son precarias o no existen. Sus alcances son sustancialmente mayores a la presencia legítima o no de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Su objetivo es normar los supuestos y procedimientos para que la Federación, con todo su instrumental de gobierno, pueda intervenir ante una situación que escala a la posibilidad de acción de los primeros respondientes. Su fin es la presencia oportuna y subsidiaria de una autoridad frente a fenómenos que se han salido de control por desidia, negligencia o corrupción. Nada más y nada menos.

* El autor es senador de la República. Roberto Gil Zuarth

Fuente: elfinanciero

Saludos

Mario Meneses

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