Extorsión laboral por @SergioSarmiento #Empresas


JAQUE MATE / Sergio Sarmiento

15 Dic. 2016

“Atrévete a ser honesto y a no temerle al trabajo”.

Robert Burns

Las leyes laborales de nuestro país se crearon supuestamente con el propósito de proteger los derechos de los trabajadores, pero se usan con frecuencia para extorsionar a empresas y destruir empleos. Un ejemplo lo vemos en Industrias Textiles de Río Bravo S. de R.L. de C.V., que de empresa pequeña pasó a mediana para finalmente desaparecer.

Un inversionista mexicano-estadounidense, Mark Fogle Ramírez, estableció la compañía en 2005 en Ciudad Acuña, Coahuila. Comenzó con seis empleados, pero creció con rapidez. A pesar de la crisis económica de 2008, para 2009 contaba ya con 200 trabajadores y en 2012 llegó a 350.

Fogle Ramírez afirma que siempre mantuvo un absoluto respeto a los derechos de los trabajadores, pero empezó a crecer el número de demandas en su contra ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que según él fallaba de manera sistemática contra la empresa con la complicidad del propio abogado de la firma. Uno de los casos fue el de un contador llamado Sergio Benavides, quien después de seis semanas en la empresa le dio una plaza a un cuñado suyo y trató de ocultar el hecho. Fogle lo despidió sin indemnización por considerar que había cometido una falta ética.

Las demandas de Benavides y otras se fueron acumulando. En el verano de 2014 se le informó a Fogle que debía pagar 300 mil dólares en indemnizaciones laborales. El empresario se negó pues consideró la exigencia como una forma de extorsión. En julio de 2015 tomó la decisión de liquidar conforme a derecho al personal de Ciudad Acuña, dejando en operación otra planta en Allende, en el sur del estado, un municipio azotado por el narco y en el que nadie se atrevía a invertir.

Los abogados con casos laborales obtuvieron órdenes de embargo para el equipo y la materia prima de la planta de Acuña y acudieron también a la de Allende “sin orden de embargo y acompañados de policías del estado a embargar de igual manera esta planta dejando sin trabajo y sin equipo a la plantilla laboral activa”.

En una carta enviada al presidente Enrique Peña Nieto el 16 de marzo de este 2016, Fogle Ramírez explicó el caso y señaló que las decisiones judiciales no sólo acabaron con su empresa en México, la cual era próspera y generaba cientos de empleos, sino que le generaron pérdidas por 10 millones de dólares.

No son éstos los únicos casos en que la legislación laboral es usada como un arma de extorsión que termina destruyendo empleos. En Quintana Roo el gobierno de Roberto Borge utilizó juicios laborales para despojar de terrenos y hoteles a sus legítimos propietarios. En uno de los casos un supuesto trabajador argumentó haber tenido un sueldo mensual de 753,234 pesos. Los fallos de la Junta de Conciliación y Arbitraje eran hasta por 200 millones de pesos, por lo que sólo podían saldarse entregando a los supuestos trabajadores (que los patrones ni siquiera conocían) todos los bienes de las empresas o ejidos. Detrás de estos juicios se encontraban personas allegadas al entonces gobernador Borge que se quedaban con las propiedades (Expansión, 6.7.16).

En otros países las indemnizaciones laborales son una parte ínfima de los costos de una empresa. En México pueden destruir a las empresas pequeñas y medianas y acabar, por lo tanto, con sus empleos. La reforma laboral que se hizo a principios de este sexenio tuvo partes positivas, pero dejó un sistema perverso que promueve las extorsiones y al final sólo sirve para empobrecer a México y a los mexicanos.

· EMPLEOS

De enero a noviembre se crearon un millón de empleos formales registrados en el IMSS. En el sexenio el total asciende a 2.6 millones. Son buenas cifras. La reforma laboral facilitó la formalización de empleos antes informales. Es una mejoría que no se le puede escatimar al gobierno.

Saludos

Mario Meneses

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