#CulturaDeLaLegalidad – Asignatura pendiente.


 

Cultura de la Legalidad

 

FRANCISCO RIVAS RODRÍGUEZ | OPINIÓN | 2014-12-24 00:00:00

Es innegable que los mexicanos somos capaces de crear frases poderosas que trascienden fronteras. En días pasados participé en un seminario internacional en la ciudad de Buenos Aires sobre Seguridad y Estado de Derecho en Economías Emergentes con expertos de Argentina, Brasil, Turquía, Sudáfrica y (obviamente) México y, aun traduciendo al inglés frases como “el que no tranza no avanza” o “no te pido que me des, ponme donde hay”, el entendimiento fue inmediato y las risas no se hicieron esperar.

A los mexicanos nos quedan claros los conceptos de “impunidad” y “corrupción” porque muchos hemos vivido las consecuencias de actos de corrupción, y muchos nos hemos sentido débiles frente a eventos en que hemos sido víctimas y no hemos tenido acceso a la justicia de forma pronta y expedita.

Sin embargo, pese a que en los últimos años los conceptos “Estado de Derecho” o “Cultura de la Legalidad” han sido cada vez más usados por autoridades, expertos y líderes de opinión; no ha logrado permear en la sociedad el significado de la cultura de la legalidad ni la apremiante necesidad de que se convierta en el mantra de nuestro día a día.

Sin lugar a dudas ése debe ser nuestro foco como sociedad, que para todos quede  clarísimo en todo momento qué significa imperio de la ley: el respeto a la ley de manera natural. Para ello es preciso transformar estos conceptos en situaciones de la vida cotidiana.

Lo que sucede en un Estado de Derecho débil es de todos conocido, normas que se cumplen a medias, derechos que se respetan inconsistentemente, recursos que se entregan de manera arbitraria; lo cual deriva en un deficiente acceso a la justicia, sistematización de los actos de corrupción, y obstáculos al crecimiento económico y desarrollo social.

En materia de seguridad los retos a los que nos enfrentamos, todos ellos consecuencia de la debilidad del imperio de la ley, son mayúsculos: embate de la delincuencia común, embate de la delincuencia organizada, corrupción de las autoridades, colusión entre autoridades y delincuentes, debilidad institucional local y federal, un modelo de seguridad y justicia que requiere de urgentes ajustes, violaciones a derechos humanos,  por enumerar los más urgentes.

Transparencia Internacional acaba de presentar su indicador anual sobre la percepción de la corrupción en 175 países del mundo. En esta clasificación, donde sobresalen los países del norte de Europa, México ocupa el poco halagador lugar 103, por debajo de países como Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Jamaica, Panamá o Perú y es el último lugar de los países miembro de la OCDE.

Donde hay certeza de la aplicación de la ley, es más difícil (no imposible) que un servidor público pueda solicitar una contraprestación, a cambio de cumplir su deber; donde hay certeza jurídica el cumplimiento de contratos entre privados no se pone en duda y no se buscan incentivos en la formalización de una compraventa al margen de la legalidad, y el tráfico de influencias es prácticamente inexistente.

Por ello casos como Iguala y Tlatlaya donde la corrupción y colusión de autoridades y delincuencia es manifiesta, afectan tanto a nuestra sociedad. Por eso la incorporación de las autodefensas a las policías comunitarias sin que hayan cumplido con los requisitos que se le piden a todo candidato a ingresar a cualquier policía del país hace que la sociedad cuestione la integridad de quienes la conforman. El enriquecimiento inexplicable (casas, coches de lujo, compras y gastos excesivos no coherentes con los ingresos de las personas) afectan la credibilidad sobre la honradez de toda una categoría política y de servidores públicos. La arbitrariedad en la aplicación de justicia cuando algunos  influyentes no reciben castigos  mientras inocentes pagan penas por actos no cometidos, hace que cuestionemos el valor de la ley.

México enfrenta el reto de combatir la delincuencia; de generar políticas internacionales que prevengan y hagan frente a los crímenes que trascienden las fronteras; de generar confianza en los ciudadanos. Es preciso reconstruir una cultura institucional de respeto de las normas y rechazo a la corrupción; es decir de hacer cumplir la ley, una ley democrática construida para el beneficio del colectivo y atenta a los derechos de las minorías.

Como sociedad tenemos el reto de aceptar esta nueva relación entre lo público y los derechos privados y entender que el respeto de la ley no debe ser por miedo al castigo de una autoridad opresora, sino un elemento básico de conducta que nace del convencimiento de que no hay una mejor manera de vivir en sociedad. Comprender que la participación democrática y social es una oportunidad para generar cuotas más participativas.

Por casos donde los servidores públicos que actúan conforme a la ley, son amenazados y humillados por usuarios agresivos tenemos un Estado de Derecho débil. Por casos donde los políticos que compran votos y hacen campañas deshonestas ganan y los que son rectos pierden, no tenemos una Cultura de la Legalidad. Por casos donde funcionarios rectos y estrictos en el respeto de la ley, no logran operar políticas públicas exitosas tenemos un Estado con instituciones débiles.

El fortalecimiento del Estado de Derecho, pero sobre todo la construcción de una Cultura de la Legalidad debe ser prioritario para todos los que buscamos que las condiciones del país mejoren. Es un gran reto para las autoridades pues en ellas recae la responsabilidad de hacer respetar la ley, pero también para la sociedad, pues cada quien es responsable de aplicar la “Cultura de la Legalidad” en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Pero es un reto necesario y ambicioso que llevará a construir un México seguro, un México en paz, un México justo, próspero y competitivo. Ese es el México que todos merecemos.

 Fuente: La silla rota

@frarivasCoL

@ObsNalCiudadano

Saludos

Mario Meneses

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