#SemaforoDelictivo Nos ayuda a entender la delincuencia y la violencia en México.


 

El semáforo está diseñado para que todos podamos entender, evaluar y prevenir

 

  • ¿Qué es? Es una herramienta de rendición de cuentas, evaluación y análisis muy facil de entender. Nos ayuda a entender la delincuencia y la violencia en México.
  • ¿Para quién es? Para ciudadanos, observatorios, consejos, periodistas, analistas y autoridades.
  • ¿Para qué sirve? Para tomar mejores decisiones. Para exigir mejores resultados.
  • ¿Cómo lo hace? Compara a los Estados contra sí mismos y contra otros.
  • ¿Qué significan los colores?

Rojo = La estrategia NO está funcionando. Urge un cambio.

Amarillo = Hay una mejoría pero puede estar mejor. Es momento de replantear estrategias.

Verde = La estrategia es la correcta. Hay que mantenerla y reforzarla.

  • ¿Cada cuándo se actualiza? Cada mes.
  • ¿Cómo puede utilizarlos un Consejo u Observatorio Ciudadano? Comentándolo cada mes ante los medios de comunicación. Eso le pone presión a los gobiernos para que tomen mejores decisiones. Los sistemas fuertes son los que obligan a los gobernantes a implementar buenas estrategias y políticas públicas.
  • ¿Qué deben hacer los medios de comunicación? Difundirlo, analizarlo, comentarlo cada mes.
  • ¿Qué deben hacer los ciudadanos? Conocerlo, difundirlo entre sus amistades, participar en la Encuesta de Inseguridad para tener más y mejor información.
  • ¿De qué datos se alimenta? De las denuncias ciudadanas que se presentan ante cada Procuraduría General de Justicia en los Estados y se envían al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
  • ¿Las Procuradurías Estatales reportan bien sus datos? Algunas lo hacen mejor que otras. Eso es lo que queremos observar y exigir.
  • ¿Todos los delitos se denuncian? No, hay unos que se denuncian más que otros. Homicidio y Robo de Auto son los que más se denuncian. Violación, Secuestro y Extorsión son los que menos se denuncian. Eso es lo que se conoce como cifra negra: lo que no aparece en los datos.
  • Participa en la encuesta. La encuesta sirve justamente para complementar los datos y entender mejor cada delito.
  • ¿Puedo publicar los datos del Semáforo Delictivo? Sí para eso está diseñado, pero debes citar la fuente: http://www.semaforo.mx o semaforo.com.mx El nombre de semáforo está registrado a nombre de su creador RRS y Asociados, S.C. y protegido por ley.
  • ¿Es de gobierno? No, es de y para los ciudadanos. Se alimenta de encuestas y denuncias ciudadanas.
  • ¿Quien paga el semáforo? Ciudadanos y empresarios mexicanos.
  • ¿Hay semáforo delictivos municipales o con más detalle? Sí, algunos Estados como Sinaloa, Nuevo León o Sonora los tienen. Tienen un costo, si deseas informes puedes enviarnos un correo a prominix@gmail.com
  • ¿Dónde puedo publicar mis opiniones? Ponle Me Gusta a nuestro Facebook: Semáforo Delictivo y comenta las publicaciones.
  • Sigue nuestro Twitter: @semaforodelito
  • Usa el hashtag #semaforo
  • Mi estado aparece en verde en algunos delitos pero yo no estoy de acuerdo, mi precepción es que son muchos más.
  • Pueden ser varias razones: 1) Estás viendo el Semáforo Nacional Anual en donde los datos son del año pasado y la violencia se ha incrementado este año. 2) Aunque la incidencia es alta, es menor a años pasados y por eso aparece en verde 3) Las víctimas no están denunciando por temor o desconfianza a la autoridad. 4) La PGJ de tu estado no está reportando completos los datos al SESNS.

  • Proyecto Social. El Semáforo es un proyecto social pagado por ciudadanos.
  • El Semáforo no es nuestro. Es de la comunidad; se nutre de denuncias ciudadanas valientes y de esfuerzos de transparencia de autoridades responsables, nosotros solamente intentamos hacerlo entendible.
  • Intención: la paz. El Semáforo tiene una intención sencilla: La paz para México.
  • Resultados. Tenemos que sacudir al sistema a través de la rendición de cuentas para reducir la corrupción y la ineficiecia de gobierno.
  • Experiencia. El semáforo ha generado varias historias de éxito como la de Sonora o Nuevo León. Ver libro Entre el Orden y el Caos
  • Diagnóstico actualizado. El Semáforo es interactivo y se actualiza mes a mes.
  • Solicitud Ciudadana. Es algo que nos han solicitado con insistencia Observatorios Ciudadanos de varios estados.
  • Tú puedes ayudarnos compartiendo y comentando el semáforo.
  • Expertos ciudadanos. Los ciudadanos no somos expertos en seguridad pero sí somos expertos ciudadanos: lo que nos interesa son los resultados.
  • Ayúdanos a hacerlo viral. Necesitamos que el Semáforo y la Encuesta se conozcan. Vamos a promocionarlo, pero eso no es suficiente, tiene más impacto cuando un amigo recomienda.
  • Redes sociales. Por ello, te pedimos que compartas la liga del Semáforo www.semaforo.mx que te sumes a nuestra página de Facebook Semáforo Delictivo y a nuestro Twitter @semaforodelito.
  • ¿Quieres un semáforo en tu municipio? Envíanos un correo a prominix@gmail.com 
  • Tu ayuda es importante. Queremos una comunidad con información y para ello necesitamos de tu ayuda.

Fuente: www.semaforo.mx

Un saludo

@MarioMeneses_

 

#LeyTelecom, sin derecho a privacidad la #TelefoníaMovil


#DesventajasTelecom sin privacidad la #TelefoniaMovil

 

#DesventajasTelecom que ni Televisa ni el gobierno te van a decir

Usando propaganda profundamente populista, el gobierno federal y Televisa pretenden hacer creer a la población que hizo falta una reforma constitucional de consenso entre los tres principales partidos, un órgano autónomo constitucional y más de 6 meses de retraso en la expedición de la ley, para combatir el cobro de larga distancia y consultar el saldo del celular sin costo.

  • Que se crea un registro y control de comunicaciones de los usuarios de dispositivos móviles (retención de datos), en contra de la recomendación del Relator Espacial para la Libertad de Expresión de la ONU y en contrasentido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en abril pasado encontró esta medida violatoria del derecho a la privacidad. (Artículo 190, fracción II)
  • Que el Ejército, la Marina, el CISEN, la Policía Federal, los procuradores de los estados y todos los que quepan en “instancias de seguridad”, puedan saber nuestra ubicación geográfica en tiempo real, sin que ningún juez tenga que enterarse si la vigilancia tenía algún fundamento. (Artículo 190, fracción I)
  • Que a pesar de que la SCJN determinó que la geolocalización debe remitirse exclusivamente al combate de delitos graves en casos excepcionales, esta ley da margen para no necesitar siquiera una justificación, pues no hay quien verifica la validez de tal.
  • Que no se introducen obligaciones de transparencia a la intervención de las autoridades a nuestros datos personales obtenidos del uso de las telecomunicaciones, de tal modo que no hay manera de medir siquiera la supuesta efectividad de esta herramienta en el combate al crimen… o lo que sea que pretendan con esta medida.
  • Que no se reconoce el derecho del afectado por la vigilancia del Estado, una vez pasada la emergencia, de ser notificado de esa situación a efectos de buscar la mayor protección de su privacidad y el debido proceso.
  • Que no se elimina el bloqueo de señales de telecomunicaciones, pues se mantiene el de telefonía, que para efectos de lo que se busca proteger es lo mismo, en tanto deja la puerta abierta a ser una medida indiscriminada, desproporcionada y violatoria de derechos. ¿Por motivos de orden público o seguridad nacional? No, para “cesar la comisión de delitos”. Tan vago como en un principio. (Artículo 190, fracción VII)
  • Que durante los primeros 12 meses, los datos retenidos de las comunicaciones estarán a disposición “en tiempo real” para las autoridades competentes (no dice cuáles) “a través de medios electrónicos”. Un auto servicio. (artículo 190, fracción II).
  • Que además de los concesionarios de telefonía, también los proveedores de aplicaciones de servicios y contenidos (como el correo electrónico, Whatsapp, Facebook, Twitter, Netflix, Google) están obligados a acatar los mandamientos de la autoridad competente (no dice cuál) en los términos que establezcan las leyes (no dice cuáles) en materia de vigilancia. (Artículo 189)

 Saludos

@MarioMeneses_ 

Leer Más: http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2014/07/12/desventajastelecom-que-ni-televisa-ni-el-gobierno-te-van-decir/#ixzz37JD5Yb00
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Juez de ejecución penal para evitar extorsiones en penales


En medio de la implementación de la Reforma Penal, expertos reclaman una legislación efectiva que regule las condiciones de vida en las prisiones. Las familias denuncian que los guardias les cobran por visitar a sus reclusos.

Majo Siscar (@majosiscar)

Cárcel en México. //Foto: CNDH

Cárcel en México. //Foto: CNDH

 

El primer pago empieza antes de cruzar la entrada del centro penitenciario. Después de formarse entre una primera alambrada, los familiares de los reclusos llegan a las escaleras que dan acceso a la puerta de vidrio. Un custodio les pone el sello de entrada. Cuesta 200 pesos por persona. Así lo aseguran varios parientes que acuden a ver a sus presos en día de visita en el Centro Preventivo y de Readaptación social Tlanepantla, más conocido como el penal de Barrientos.

Todavía quedan más peajes. 50 pesos por traer determinada comida o fruta, otros 20 cuando dejas la credencial, otros 20 para evitar vejaciones cuando te esculcan. Las familias de los internos en muchos reclusorios del país tienen que pagar extorsiones para ver a sus seres queridos en día de visita.

A Adriana le suenan los bolsillos de la chamarra de tantas monedas de 10 y 5 pesos que trae. “Traigo cambio para poderles dar y que no vean que traes mucho dinero. Si quieres un banquito para no estar parada con tu hijo cuatro horas cuesta 20 pesos, si quieres una mesa cuesta 100, ir al baño son 10, luego si traes una comida que no les parece son hasta 50 pesos, y luego se van quedando cosas de las que entran. Yo le traigo diez pares de calcetines porque después de pasar la revisión de las cosas quedan 5. ¡Se las gastan, pero bonito!”, cuenta Adriana resignada. Su hijo lleva cinco años preso acusado de robo. Todavía no tiene sentencia firme porque han presentado varios amparos, pero entró a los 20 y ya cumplió los 25.

Adriana viene una vez al mes porque entrar es tan costoso que prefiere venir menos y darle más dinero al muchacho para que pueda sufragar los gastos de estar preso. Los internos deben pagar semanalmente cuotas al grupo de presos que controla el penal y a los custodios por derechos como el uso de la cama –una plancha de cemento con una colchoneta–, el derecho a ver la televisión o el pase de lista. Además, si quieren comprar algún insumo como productos de higiene o un refresco, los precios a dentro de la prisión se duplican respecto a la calle. Un rollo de papel higiénico, que en una tienda cuesta en promedio 6 pesos, allá dentro cuesta 10 y una Coca-Cola de 600 mililitros se vende a 18 pesos, frente a los 9 con los que se consigue afuera.

Gloria llegó desde Atizapán cargada de galletas, jabón, papel higiénico, y varios guisados de bistec con jitomate y chicharrón en chile verde, los preferidos de su esposo. “Ahí les dan bien feo de comer así que por lo menos que coma bien algún día”, dice y se le ilumina su cara apesadumbrada. Trae mil pesos para pagar las extorsiones, los pasajes y dejarle a su marido el poco resto que le queda. Viene cada domingo y le invierte todo lo que gana en la cocina económica dónde trabaja. Su padre y una de sus hermanas le ayudan para que pueda seguir criando a sus dos hijos, de 10 y 12 años. “Estamos esperando el juicio, ya lleva ocho meses y como se demore más esto va a ser insostenible, entre los custodios aquí y los internos que mandan ahí dentro, es una sangría económica”.

“Y lo que pasa ahí dentro y que solo ellos saben, a nosotros mi hijo solo nos dice que está muy feo y que prefiere no contarnos para que no suframos”, explica María del Socorro que viaja cada quince días de Tlaxcala para visitar a su hijo y traerle todo tipo de víveres. Entre 2012 y 2013, en las cárceles mexicanas, los motines, las agresiones, los homicidios y las huelgas de hambre tuvieron el aumento más significativo desde 2006con un crecimiento del 134%.

A ello hay que añadir una grave situación de autogobierno, corrupción y altos grados de violencia que no siempre se reportan. El Subcomité para la prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han reconocido en diversos informes que “es común la práctica de golpes y maltratos a los internos por el propio personal de custodia y por otros reclusos”

Los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,  de septiembre de 2013, computaban 248 mil 920 personas privadas de libertad, 35% más que hace diez años. Están internos en 420 penales, de los cuáles según el último informe de Human RightsWatch, 220 están sobrepoblados.

40.1% de los presos no tienen siquiera sentencia, dado que el sistema penal vigente todavía en la mayoría de los estados contempla la prisión preventiva. Con la reforma penal, esta se vuelve excepcional a los delitos más graves, apegándose así a los tratados internacionales en derechos humanos y con la intención de no abarrotar las cárceles de posibles inocentes.

El nuevo sistema de justicia, que deberá estar implementado en todo el país para junio de 2016, además de establecer los juicios orales y públicos supone, a grandes rasgos, el reconocimiento de la presunción de inocencia, más eficiencia en el proceso judicial, implementar mecanismos alternos para resolver conflictos e incorporar nuevos órganos procesales que salvaguarden la digna ejecución de las sentencias. Para ello se sostiene sobre tres patas, una reforma y armonización nacional del Código de Procedimientos Penales, la instauración de la Ley de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal y la Ley de Ejecución de Sanciones Penales.

Aunque el Código de Procedimientos Penales ya se aplica en varios estados del país, las otras dos leyes todavía están pendientes de discusión en el Senado. El pasado jueves 3 de julio, las Comisiones empezaron a dictaminar sobre la Ley de Mecanismos Alternos que regulará que no los conflictos menores no lleguen a los tribunales y se desahogue así el sistema judicial.

Este lunes 7 de julio, el miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas en México, Miguel Sarre, convoca a familiares y expertos en el tema a reunirse ante el Senado de la República para exigir a los legisladores que aprueben la Ley de Ejecución de Sanciones Penales “que proteja tanto a procesados como a sentenciados; que abra las prisiones al escrutinio de los medios y de la sociedad, y que dote de atribuciones plenas a los jueces de ejecución para garantizar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario, incluyendo los derechos de los visitantes, los defensores y los observadores”.  

Para Sarre, que lleva 35 años visitando cárceles como abogado, representante de la CNDH, y ahora de la ONU, las condiciones de vida, los castigos y cuotas en las prisiones suponen una sanción extra a la sanción delictiva.

“Tiene muchos agregados como los golpes, la extorsión, la humillación a la familia visitante, la relegación a sitios distantes, la privación de alimentos, la afectación a los derechos de la personalidad como raparle el cabello como le hicieron a Mireles,… y nada de eso deriva de la sentencia. Necesitamos un sistema judicial que ponga orden en la prisión para que no sea un espacio sin ley”, explica en entrevista.

Discusión en torno a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales

 La nueva norma establecerá los parámetros para la gobernabilidad de los penales con el propósito de garantizar que el régimen de internamiento sea llevado a cabo cumpliendo con condiciones de vida digna y segura para los internos. Su punto toral es el establecimiento de Jueces de Ejecución, es decir un magistrado del poder judicial, que independiente de las Procuradurías que gestionan los penales, vele por los derechos de los presos, y ponga fin a los abusos como los que relatan los familiares a la entrada del penal de Barrientos y que se repiten por todo el país. Y no solo con los familiares, sino cuando la ausencia de observadores facilita la impunidad.

“Para que la ley rija en la prisión necesitamos una autoridad independiente de la encargada de cumplir con la pena, que sería el juez de ejecución, porque los muros de los penales tienen que ver más con que no se vea con lo que hay adentro que con que no se fuguen sus presos. Mientras mayor sea el grado de seguridad de una cárcel más debe ser sujeta al escrutinio público porque hay un mayor grado de vulnerabilidad”, resume Sarre. A lo largo de su 35 años de experiencia asegura que solo ha visto como aumentaban los presos, el hacinamiento y la impunidad. Una vez incluso le tocó ver que un Ombusdman estatal diera dinero al policía encargado de la prisión para agradecerle la visita.

“Esto es un negociazo, por cada preso ganan dinero los policías que custodian, los abogados, los fiscales,…”, espeta Eva a las afueras de Barrientos, una abogada que va a visitar a un familiar con su ración correspondiente de víveres.

La nueva ley debería acabar con esta cadena de corrupción, sin embargo, las funciones del Juez de Ejecución, su eje central, dependerá de cómo se legisle. Ahora mismo hay tres iniciativas para conformar dicha norma, una por parte de la Procuraduría General de la República –la más restrictiva–, otra abanderada por las senadoras panistas Pilar Ortega y Adriana Dávila, y una tercera, coordinada por Miguel Sarre y suscrita por nueve senadores del PRI, PAN y PRD. Mientras las dos primeras limitan la función de jueces de ejecución de sentencias a resolver sobre las modificaciones a las sanciones que se le hayan impuesto al responsable del delito, es decir la competencia se centra en la reducción de la pena (beneficios) y en traslados. En cambio la que exige Sarre es mucho más ambiciosa y supone que tanto los internos –tengan o no sentencia ya– como sus visitas, puedan denunciar cualquier abuso.

De igual manera, la iniciativa de Sarre contempla una serie de mecanismos para que las demandas prosperen, por ejemplo que la queja se pueda poner a través de otra gente que no sean los propios presos, que deberían hacerlo a través de sus propios custodios, y garantizar así que llegue a manos del juez.  O que una vez interpuesta la demanda no se pueda desistir de ella para evitar que los quejosos reciban castigos con la intención de que la quiten.

“El debido proceso pasa por distinguir entre la justicia, y la venganza cuando se aplica la prisión.Que la pena de prisión sea la que impone el juez y no haya castigos de más, abusos y excesos de parte grupos de internos que son el autogobierno o la propia autoridad misma, porque eso rompe con el estado de derecho”, agrega Sarre.

La iniciativa de Sarre cuenta con el apoyo de diversas organizaciones sociales, que ya enviaron una carta a las Comisiones de Justicia, Gobernación y Derechos Humanos del Senado el mes pasado para hacer presión “en contra de los privilegios y grupos de poder en las cárceles mexicanas”.

“Estimamos urgente que los jueces de ejecución penal cuenten con todas las atribuciones para imponer la ley (…)La ventaja moral que gana el Estado cuando juzga conforme a un debido proceso se desdibuja cuando en la prisión imperan los abusos o los privilegios”, esgrimieron en la misiva organizaciones como México Evalúa, Causa en Común o el Observatorio Nacional Ciudadano.

La futura ley ya se está dictaminando en las Comisiones del Senado de la República pero no se discutirá hasta el próximo periodo de sesiones, a partir de septiembre. Desde la Comisión de Justicia, la senadora priísta y una de las suscriptoras de la iniciativa de Sarre, Arely Gómez, aclara que “necesitamos un techo mínimo para garantizar los derechos humanos a las personas privadas de libertad pero hay que escuchar a todas las voces. La iniciativa de Sarre no es la última palabra estamos discutiéndolas con la de las senadoras panistas y la de la PGR, que finalmente son los que trabajan en los penales”.

Fuente: 

La cultura organizacional y el modelo de policía en México


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EDWIN CANTÚ

CIENCIA UANL / AÑO 17, No. 67, MAYO-JUNIO 2014

En la actualidad, existe la necesidad de un cambio sustancial en cuanto a corporaciones policiacas, esto a raíz de diversos factores entre los que destacan: el aumento en tasas de delitos, (a) el bombardeo mediático sobre violencia relacionada con delitos, las exposiciones a la luz pública sobre casos de abuso policial (b) y la baja confianza en la misma policía. (1) Es por esto que a partir de finales del siglo pasado, los gobiernos iniciaron una serie de reformas que pone de manifiesto la necesidad institucional (y discursiva) de un cambio en las corporaciones, para sustituir un modelo policial meramente reactivo por uno anclado en las capacidades investigativas y de inteligencia. (2) A este decir, las legislaturas en turno (a nivel federal y estatales) aprobaron bases en aras de incidir en la deficiencia de las estructuras policiales, y establecieron un marco de reforma utilizado por los tres niveles de gobierno (federación, estados y municipios), con la pretensión de instituir nuevas metodologías con fundamentos científicos, a la par de incentivar procesos de profesionalización en el actuar de los policías.

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Los planteamientos de reforma realizados en este tema están bajo la idea de que el completo cambio en cuanto al accionar del policía es un proceso gradual. Sin embargo, sería un error pensar que la tecnificación de los procesos, el fomento de la prevención del delito, el mejor equipamiento y el aprendizaje de mejores herramientas de investigación criminalística generarían por sí solas un cambio sustancial en el hacer/ ser del policía, en su actuar diario y en la dinámica y relación que tiene con los ciudadanos. Asimismo, la formación ética sobre el quehacer del policía no resulta suficiente para que interiorice los presupuestos preestablecidos y actúe en concordancia con éstos. ¿Qué se puede pensar como condicionante que influya en que las policías (de los tres órdenes de gobierno y tanto judicial como preventiva) se desapeguen de la norma de la legalidad para la cual se forman?

Una respuesta parcial tendría que cimentarse en la comprensión del entorno donde se desarrollan como policías. El entorno es el medio a partir del cual el policía “conjuga complejos valores, actitudes, símbolos, reglas, recetas y prácticas” (3) que le dan sentido a una cultura policíaca o a una cultura propia del sujeto que incluye toda la gama de significaciones construidas desde su posición como agente legitimado para el uso de la fuerza pública. Por lo tanto, se podrán establecer puntuales reformas y propuestas de diferentes enfoques en materia de cambios estructurales sobre cuerpos policiacos; sin embargo, lo anterior se queda en un nivel macroestructural sobre el accionar de los sujetos. Es decir, se podrá dictaminar desde el mundo político y legislativo acerca de cómo debe hacerse el trabajo policiaco; no obstante, toda una serie de condicionantes incide en que el trabajo se desenvuelva de una u otra manera, y como factor de esto se presenta la cultura organizacional.

Para comprender el anterior concepto, es necesario identificar las dos partes que lo componen: una hace referencia a la cultura (del mundo policiaco), y otra hace referencia a dos perspectivas: 1) hacia entender el término de organización como estructura jerárquica, y 2) también entenderlo como el sustantivo que le da solidez e identidad a un grupo de personas que se desenvuelve en el mismo ámbito.

Con respecto al primer componente del anterior concepto, la definición de Tudela (4) sobre cultura policial resulta contundente: “Un sistema compartido de ideas, valores y creencias, y un conjunto de prácticas generalizadas, de reglas y principios de actuación que se aplican en las situaciones propias de la actividad policial (el campo policial), y que es transmitido de unos a otros y tácitamente aceptado por los miembros de la policía. Ésta puede diferir –de hecho así es– entre sus miembros y grupos al interior de ella”.

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Por su parte, Hernández Morón (5) también hace hincapié en la legitimidad y permisividad de las prácticas, es decir, de lo que se puede y no se puede hacer siendo policía, de lo que se tolera y de lo que no, permitiéndole al sujeto reconocerse en un espacio. La autora señala que “son las prácticas cotidianas del quehacer policiaco las que estructuran al sujeto como un elemento de la organización, adquiriendo las prácticas preestablecidas” (p. 35). En México, la serie de condiciones sociohistóricas ha impactado en la conformación de una cultura organizacional que delinea prácticas, modos de actuar y del ser policía. Para ejemplificar, en su estudio sobre la policía y sus encuentros con ciudadanos en el municipio de Nezahualcóyotl, Carlos Silva (6) expone siete elementos presentes en lo que es tolerado y permitido en las corporaciones mexicanas:

1. La idea del combate a la delincuencia (y uso de la violencia) como modelo, tomando como función central el “combate” a la delincuencia.

2. Poco énfasis en capacitación para la solución de conflictos entre la comunidad.

3. Existe el rechazo a los procedimientos formales, esto a raíz de una connotación política, aumentar el número de presentaciones ante el Ministerio Público y dar buena imagen ante la opinión pública.

4. Influencia del pensamiento militar, que constituye un modelo de “atrapar delincuentes”, aunado a poca transparencia y evaluación.

5. Existen el peligro y el estrés ante el auge del contexto criminal ligado al narcotráfico.

6. El pago de cuotas de los cargos inferiores a sus jefes, que incide en prácticas de corrupción.

7. Ambiente interno disciplinario, generalmente marcado por la discrecionalidad, la desconfianza y el autoritarismo.

La conjugación de los anteriores elementos caracteriza una cultura organizacional plagada de irregularidades, de acuerdo a la ley, que genera una propensión a la discreción y a los abusos que conforman el marco del ambiente en el cual trabaja el policía. Es imprescindible, pues, poner énfasis en continuar explorando elementos que permitan entender las condiciones en las que se desarrollan los policías para tratar de, efectivamente, hacer impacto en él. Ante reformas que estructuran partes del proceso de formación y del ser policía (la profesionalización, el equipamiento, la ética), se deben incluir procesos de resistencia al ambiente de trabajo en su relación con la comunidad; (6) de lo contrario, permanecerán la violencia pública, el ofrecimiento de opciones para incurrir en la corrupción, la falta de respeto y la desconfianza ciudadana.

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En síntesis, la relación entre cultura organizacional y reformas macroestructurales se comprende con el ejemplo expuesto por Sabet y Olson (7) sobre la corrupción en la División de Narcóticos de la ciudad de Nueva York. Los autores mencionan:

…sobre la corrupción en la División de Narcóticos de la ciudad dieron lugar a una sustitución gradual de casi todo el personal de la división. Tres años después, se encontró que la corrupción se había mantenido y el personal tuvo que ser reemplazado nuevamente. A pesar de los cambios, la corrupción no disminuyó.

El ejemplo anterior es entendido como la teoría de la manzana podrida, aquélla en la que se señala que un agente corrupto “contamina” a los demás para que también incidan en la corrupción; esto representa un obstáculo para la reformulación de cuerpos policiacos bajo el esquema de la legalidad. Este mismo problema enfrenta México con las corporaciones nacionales. El despido de elementos corruptos y la adhesión de nuevos no implica que la formación de los nuevos bajo el esquema de la profesionalización evite que se practique la corrupción, y esto tendría que relacionarse con valores organizacionales (vale pensar en la necesidad de pagar la “cuota” a los superiores). (6)

En relación al fenómeno de la corrupción, casos como la Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC) (8) exponen formas de afrontar el debate de una de las prácticas que debilitan la confianza y exponen la corruptibilidad de los funcionarios públicos. Por medio de incentivos institucionales, a través de revisiones a los procedimientos y prácticas en el sector público, y también a través de campañas de concientización para socavar la tolerancia cultural, se pretende influenciar la disminución de la corrupción en agentes policiacos.

De esta manera, también se influye en la reforma hacia un nuevo modelo de policía profesional y confiable, en el sentido de que es pertinente incidir en una serie de factores culturales que imposibilita que las corporaciones se apeguen a la legalidad. En este sentido, es necesario que los tres niveles de gobierno desarrollen mecanismos para la solución de estos problemas. Como ejemplo de lo anterior, cabría señalar la implementación del Plan Anticorrupción que establece bases y lineamientos sobre la prevención y erradicación de prácticas corruptas en Nuevo León.

El planteamiento de la reforma policiaca tiene que incluir tanto lo que se ha hecho en términos de reformas institucionales y planes de acción (en los programas) como la modificación de acciones y prácticas que dañan a las mismas instituciones. En plena concordancia con Suárez (2002), (9) quien señala que:

Bajo el convencimiento de que los marcos jurídicos por sí solos no son suficientes para la transformación de las formas de actuar del policía y de la institución policial, es fundamental revitalizar la cultura individual y organizacional, a fin de fortalecer la vigencia de valores y la adopción de nuevas actitudes. En ese sentido, la policía debe asumir el reto de una profunda modernización de sus sistemas educativos para superar los obstáculos ideológicos que impiden la adaptación plena a los principios constitucionales y las reglas del juego democrático (Suárez, 2002; 430). (9)

De acuerdo con Marion Orr y Darrell West, (10) son las pequeñas acciones en el actuar cotidiano las que el ciudadano retoma para la configuración de la imagen del policía. Tanto experiencias positivas como negativas, estructuran una imagen del policía que el ciudadano puede valorar como servicial, de apoyo o como un elemento de miedo y de represión; el foco está en las prácticas toleradas por todos los agentes que se circunscriben (ciudadanos, jefes, además de agentes policiacos) en la lógica del actuar del policía bajo su cultura organizacional.

Habría que entender, además, que las corporaciones policiacas (y su cultura organizacional) son un producto sociohistórico, y su comprensión tendría que realizarse dentro de las reflexiones sobre la calidad de los servicios que ofrecen las administraciones públicas y el ejercicio y comportamiento de éstas para con los ciudadanos. (c) Tal como se toleran las prácticas de actuar dentro del mundo policiaco, las instituciones del sector público aparecen como plausibles de tolerar ese mismo desapego a la legalidad, afianzando la manera “práctica” (de motivación y con fines) del vivir y de hacer el servicio.

Finalmente, como ciudadano y como persona, espero que este trabajo sirva de ejemplo por el surgimiento del interés tanto académico como social y político que exigen las instituciones del sistema de seguridad. Si bien el plano macroestructural está entrando en un proceso de cuestionamiento, de cambio de dirección y de reflexión, a la par deberían surgir ópticas especializadas en cuanto al desenvolvimiento meso y micro del sujeto y organización policiacos, en aras de incentivar el debate sobre la composición de un nuevo tipo de policía en México.

*Universidad Autónoma de Nuevo León, FFyL.
Contacto: ewj-33@hotamil.com

(a) Se puede observar el aumento del delito en las estadísticas que corresponden al periodo 1997- 2013, presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP).

(b) Como se señala en el artículo de José Miguel Cruz (“Maltrato policial en América Latina”, publicado en el 2009 en la revista Perspectiva desde el Barómetro de las Américas, número 11), aunque México no presenta el primer lugar en maltrato físico por parte de los policías, se ubica en el séptimo lugar de 20.

(c) Véase el texto de López Portillo. La policía en México: función política y reforma en inseguridad pública y gobernabilidad democrática: retos para México y Estados Unidos. Smith Richardson Foundation, 2000, México.

Referencias

1. Consorcio Iberoamericano de Investigación de Mercados y Asesoramientos. Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad 2011.

2. Magaloni, Ana Laura. Un nuevo marco normativo para un nuevo modelo de instituciones de seguridad pública. En: Rosas, Cristina (coord.). El nuevo modelo de policía en México, Centro de Investigaciones y Estudios en Seguridad, 2012, México.

3. Terpstra, Jayn y Dorian Schaap. Police culture, stress conditions and working styles. European Journal of Criminology, 10, 2013.

4. Tudela, Patricio. Cultura policial y control interno. Revista de Estudios Policiales, Núm. 7. La Academia Superior de Estudios Policiales, 2010, Chile.

5. Hernández Morón, Adriana. Estudio del clima organizacionalen la policía nacional. Tesis. Universidad Católica Andrés Bello, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 2005, Venezuela.

6. Silva, Carlos. Policía, encuentros con la ciudadanía y aplicación de la ley en la ciudad de Nezahualcóyotl, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2011, México.

7. Sabet, Daniel y Eric Olson. Régimen disciplinario de la policía federal. En: Szekely, Miguel (coord.). Sistema integral de desarrollo policial: la construcción de una policía profesional en México. Centro de Investigaciones y Estudios en Seguridad, 2012, México.

8. Szekely, Miguel (coord.). Sistema integral de desarrollo policial: la construcción de una policía profesional en México. Centro de Investigaciones y Estudios en Seguridad, 2012, México.

9. Suárez, M.E. (2002). De estómago, de cabeza ; de corazón: Un acercamiento antropológico a los mundos de vida de los policías en Guadalajara, México. (Tesis doctoral), Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España.

10. Orr, Marion and Darrel M. West. Citizen Evaluations of Local Police: Personal Experience or symbolic attitudes? En: Administration & Society, 2007 38: 649.

Fuente: Ciencia UANL  - Revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León

Saludos @MarioMeneses_

Técnicas para vencer a un Detector de Mentiras


8 técnicas para vencer a un detector de mentiras

Se ha escrito mucho acerca de la moral y ética al mentir.  ¿Será cierto que las mentiras son un “engrasante social”? Entre otros aspectos, podemos distinguir las mentiras blancas de las no tan blancas; y el esconder algunos hechos contra “inventar cuentos” abiertamente.  No es fácil dibujar una línea concluyente entre el bien y el mal.

cómo mentir mejorPero, ¿Es necesario decir siempre la verdad? Todo depende;  Si la verdad puede resultar cruel para quien hablas, o si puede crear un conflicto irresoluble, es posible que “obviar algunos detalles” sea una opción. Por supuesto que si mentimos con mucha frecuencia para tapar las embarradas que conscientemente hacemos, no sólo es totalmente falto de ética, puede llegar a ser ilegal.

De cualquier forma, puede haber momentos en los que esté plenamente justificado que mintamos.  Y tal justificación dependerá completamente de la conciencia de cada quien;  de ninguna manera aprobamos el uso de este conocimiento para fomentar actitudes y situaciones perniciosas o perjudiciales para quienes te rodean. ¡Eres absoluto responsable de tus actos!

- Mi mejor recomendación es aprender a ser honesto todo el tiempo. Este esfuerzo se traduce no sólo en prevenir los conflictos, sino actuar como una mejor persona en todo sentido; también lograrás crear una reputación de credibilidad.

- Analiza si mentir va a ser absolutamente necesario. De ser así, trata de tomar la iniciativa en la conversación diciendo sólo parte de lo que te implica.  Los mentirosos nunca hablan primero, así que sacar el tema a colación de manera proactiva suavizará en gran medida a tu interlocutor. No trates de verlo como una conversación ocasional, sino más bien como una confesión de algo que te pesa mucho. Despierta la empatía en tu posible acusador.

- Debes convencerte que la historia que vas a forjarte es real. No basta con aprendérsela de memoria; tienes que hacer un repaso mental de la “experiencia” que vas a imprimir en tu mente. Esto tiene un doble beneficio: primero, relatarás la anécdota de una manera más natural y será mas fácil prevenir inconsistencias en tu relato.

- Pase lo que pase, trata de no desviar tu mirada directamente hacia abajo; esto es muy común al mentir, y puede ser un indicio expreso para cualquier persona, inclusive si no tiene entrenamiento en detección de mentiras.

- Controla por completo los movimientos de tus manos. Evita a toda costa los manipuladores , y por ninguna razón te toques la cara, orejas, cuello, etc.  Generalmente las personas que simplemente relatan un suceso de memoria, no presentan estos gestos.

- Mantén una actitud conversacional casual. A menos que te lo pidan expresamente, no es necesario ver a la gente a los ojos.  Recuerda que los mentirosos miran fijamente para ver si su mentira es creída.

- No te desesperes si tienes que pensar tus respuestas. Eso nos pasa a todos, inclusive si tenemos que contestar preguntas muy triviales (por ejemplo, qué ropa nos pusimos ayer).

- Mantén la complejidad de tu historia bajo mínimos. Trata de adornar lo menos posible.  Mientras más detalles menciones, más tendrás que justificar luego.

- Ante una acusación, las personas inocentes pueden tornarse agresivas, hacer fuertes réplicas y (al calmarse) tratar de cooperar lo más posible para demostrar su inocencia. ¿Puedes tú reaccionar así a conciencia?

Recuerda, nunca mientas a funcionarios públicos, a la policía, a tu doctor o tu abogado.  ¡Me imagino que tu sentido común es suficiente para saber por qué!

Fuente: Universidad Corporativa Fundación Lenguaje Corporal.

Saludos

@MarioMeneses_

Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional


Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Covencional

Resulta un motivo de satisfacción realizar la presentación del Diccionario de Derecho Constitucional y Convencional, bajo la coordinación de Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Fabiola Martínez Ramírez y Giovanni Figueroa Mejía, que ha tenido a ser bien publicada por el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Es un texto indispensable para todos los Jueces, Operadores Juridicos y estudiosos del Derecho.

El presente Diccionario representa el trabajo de 200 autores de 18 paises latinoamericanos y europeos, que reunen casi 600 voces en la materia. Asi, no solo es un puente entre la juridiccion interna y la internacinal, sino es una significativa aportación al análisis de los asuntos relacionados con los Derechos Humanos.  

La progresividad y expansión que han tenido el derecho procesal constitucional y los derechos humanos en los ultimos años resultan innegables, por lo que las aproximaciones serias a esta disciplina son condición inexcusable para la comprensión de las categorias básicas que son objeto de su estudio.

Una de las tareas pendientes es definir el papel del juez en un Estado Democratico y Constitucional, quien con su labor interpretativa y de aplicación construye y reconstruye las normas, dotando de contenido a los Derechos humanos.

La tarea de las y los impartidores de justicia consiste, por lo tanto, en tutelar y aplicar de manera irrestricta los principios constitucionales con apoyo en los mecanismos legales, constitucionales y convencionales de diversa índole, previstos para tal efecto.

Así, es claro que los jueces nacionales tienen responsabilidad central de salvaguardar los derechos humanos en un Estado, entendido este ultimo como un verdadero fenómeno social y cultural.

Los recientes cambios en el sistema normativo y de fuentes propiciados en México a partir de las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos del 6 y 10 de junio de 2011, respectivamente, permite el encuentro de la disciplina denominada derecho procesal constitucional, discutiendo temas relevantes que surgen en torno al mismo.

La figura del juez impone como premisa irrecusable de su actividad, el ejercicio del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, generando una conexión directa entre el derecho constitucional y el derecho internacional y convirtiendolo en juez constitucional y juez interamericano.

Asimismo, el contexto de los compromisos internacionales, del análisis del expediente 912/2010, relativo al cumplimiento de la sentencia de Rosendo Radilla  dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de la contradicción de tesis 293/2011, en donde se ha interpretado la jerarquía de las normas en México, permite afirmar desde la experiencia mexicana, que los tribunales constitucionales son determinantes en la construcción y progresividad de los derechos, asumiendo la responsabilidad histórica de su respeto y garantía, generando con ello nuevos derroteros en los criterios interpretativos, sustantivos y adjetivos que permitan la eficacia de los mismos.

A partir de dichos pronunciamientos, se hace evidente la necesidad de asegurar y determinar que las obligaciones internacionales fomentan  una debida articulación entre el derecho interno y el derecho internacional, lo que implica un proceso dinámico de reflexión y reinterpretación del derecho, a la luz de un sistema de fuentes diverso, y en el cual se produce un interesante e intenso influjo entre cortes nacionales e internacionales, a lo que la doctrina ha denominado el “dialogo jurisprudencial”.

Debemos, por lo tanto, entender el presente esfuerzo, como la descripción de los conceptos fundamentales en torno a la disciplina constitucional, procesal e internacional, pero ademas, como una herramienta importante para jueces, juezas, magistrados y magistradas, obligados a garantizar diariamente los derechos fundamentales, por medio del ejercicio cotidiano de integración normativa que les corresponde.

Sin duda alguna, las contribuciones de todos los autores y de los coordinadores motivaran al análisis, la difusión y el estudio en relación con el nuevo paradigma de los derechos humanos.

En este marco, resulta particularmente importante la participación del Consejo de la Judicatura Federal, participe en la generación de una herramienta de apoyo para las y los juzgadores, ya no solo constitucionales o convencionales, sino ahora también encargados explícitos de proteger los derechos humanos.

Abril de 2014

Ministro Juan N. Silva Meza

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

y del Consejo de la Judicatura Federal

Descarga la presentación en este enlace: Diccionario_de_Derecho_Procesal_Constitucional_y_Convencional  y el DiccionarioII

Etapa de Investigación en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral.


 

I. Contexto

Una etapa compleja dentro del nuevo sistema acusatorio y oral es la de investigación que, grosso modo, sustituye a la depuesta averiguación previa, pero con importantes diferencias como son que, cuando hay una persona detenida, ésta puede quedar sujeta a prisión preventiva antes de la acusación por todo el tiempo que dure la investigación, previa solicitud del MP y con la respectiva vigilancia de un juez de control de garantías1

Dicha medida cautelar puede prolongarse hasta la etapa de juicio oral.

La incorporación de la etapa de investigación no está expresamente prevista en la Constitución; sino que obedece a modelos procesales provenientes del derecho comparado en Latinoamérica y de las propias entidades federativas que han adoptado el modelo de justicia penal acusatorio de conformidad con el marco constitucional vigente, en consonancia con directrices aportadas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos internacionales. La etapa de investigación comienza con la noticia criminal o noticia criminis (denuncia o querella) que puede ser recibida por un agente de la policía (investigadora o inclusive preventiva, de acuerdo con el artículo 21 constitucional) o bien, por el ministerio público (MP). En todo caso, en nuestro sistema, el MP será quien dicte el respectivo acuerdo de inicio. En el supuesto de que sea la policía quien reciba la denuncia, ésta será responsable de dar aviso al MP de inmediato, sin perjuicio de proporcionar auxilio y protección a la víctima y a los testigos, preservar el lugar de los hechos y las evidencias, así como recabar toda la información posible que pueda ser de utilidad para la investigación, incluyendo, en su caso, la detención de la persona sorprendida en flagrancia. Todo lo anterior puede conducir a que el MP dicte el acuerdo de inicio y gire las instrucciones pertinentes, según haya o no de continuarse con la investigación. En el otro supuesto, cuando es el MP quien tiene conocimiento de la comisión del hecho, deberá ordenar a la policía las diligencias de investigación iniciales con el fin de determinar si la noticia del delito justifica continuar con el desarrollo de esta etapa.

Esta etapa de investigación se realizará por la policía y los peritos, bajo la conducción jurídica del MP2, introduciéndose las funciones del juez de control, entre las cuales están las siguientes:

1. Conducción de las actuaciones. Comprende:

a. En caso de investigaciones con detenido. Dirigir el debate sobre el control de legalidad de la detención (flagrancia o caso urgente) y, de decretarse legal la detención, continuar a la formulación de imputación por parte del MP y demás actos subsecuentes.
b. En caso de investigaciones sin detenido. Citar, a petición del MP, a la persona imputada para que éste le comunique que su conducta es objeto de investigación ante la presencia del propio juez de control de garantías; es decir, le formule la imputación, de manera que la persona imputada esté en condiciones de prepararse para el proceso.
c. Dirigir el debate sobre la declaración de vinculación a proceso.
d. Dirigir el debate sobre aplicación de medidas cautelares.
e. Dirigir el debate sobre el plazo de cierre de la investigación.
f. Resolver sobre la aplicación del criterio de oportunidad ejercido por el MP.
g. Resolver sobre la aplicación de salidas alternativas (conciliación y mediación), suspensión del proceso a prueba y juicio abreviado.

2. Protección de derechos. El juez de control autorizará la afectación de los derechos de la persona cuya conducta se investiga (p.ej. técnicas de investigación, providencias precautorias y medidas cautelares 3) y, en general, velará por la protección de los derechos de víctima e imputado.

Esta etapa se desarrolla en una fase de investigación desformalizada, seguida de una fase de investigación formalizada. La primera se mantiene reservada (exceptuando a la víctima u ofendido, así como a sus coadyuvantes o representantes legales) para favorecer el éxito de la misma y porque nada amerita hacerla del conocimiento de la persona cuya conducta se investiga, ni de la sociedad en general. La segunda, de carácter formalizado, se inicia una vez que se le haya imputado formalmente un delito a la persona y que se le haya comunicado la información que hasta ese momento obre en la carpeta de investigación4 del MP. Esta segunda fase da inicio con la citación judicial a la audiencia pública presidida por el juez de control de garantías en la que el MP comunicará a la persona en cuestión que se le imputan ciertos hechos5. A partir de ello, el juez decretará la vinculación a proceso, salvo que no comparta la opinio delictiva del MP, es decir, que los hechos imputados, aun si llegasen a ser probados como ciertos, no serían constitutivos de delito o que los mismos ya hubiesen prescrito o que no sea verosímil la probable participación de la persona imputada.

No obstante, es pertinente señalar que para la formulación de la imputación, no se requiere un determinado estándar probatorio, puesto que si bien, en este momento se anuncian los datos de prueba de los hechos imputados, los mismos todavía no se desahogan. Cabe aclarar que lo anterior es aplicable a las investigaciones que inician sin detenido, a diferencia de aquéllas iniciadas con detenido en las que por razones obvias, como se abundará más adelante, la investigación se formaliza inmediatamente.

Al final de esta etapa el MP habrá adquirido o no el convencimiento de que cuenta con datos suficientes para acusar a una o varias personas. Ello implica buscar, identificar y localizar los datos de prueba que posteriormente presentará al formular la acusación, si cuenta con elementos suficientes para abrir un proceso penal, en términos del artículo 102, apartado A constitucional (lo que funciona de forma similar al caso del abogado civilista quien antes de intentar la acción reivindicatoria, valora si cuenta con elementos suficientes para intentarla).

De acuerdo con lo anterior esta etapa concluye con la formulación de la acusación o el auto de sobreseimiento, o bien, con alguna de las medidas alternativas o proceso especial, según sea el caso.

Fuente: Descarga  ETAPA DE INVESTIGACION por Tania Luna, es consultora independiente en materia de la reforma del sistema de justicia penal, integrante del Comité de Capacitación de la SETEC y capacitadora certificada por el mismo organismo. bretanll@hotmail.com

Miguel Sarre, es miembro de la Red en Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso, profesor-investigador del ITAM y miembro del Consejo directivo de la SETEC, con voz y voto por cuenta de los académicos.

miguelsarre@gmail.com Twitter: @miguelsarre
http://www.miguelsarre.com