Creación de sistema #forense ciudadano


 

México D.F., 4 de septiembre de 2014 (Ciencia Forense Ciudadana).- La marcha del pasado 30 de agosto, en el día internacional del detenido desaparecido, fue el preámbulo de una decisión ciudadana histórica que transformará la realidad del sistema de justicia en este país. Los días 2, 3 y 4 de septiembre, familiares de víctimas por desaparición se dieron cita al sur de la Ciudad de México para sumar esfuerzos y crear un sistema forense de ciudadanos que sea capaz de localizar e identificar a las personas desaparecidas en México.

De ahora en adelante alrededor de 20 familiares de víctimas por desaparición conformarán un foro ciudadano que decidirá las líneas generales que regularán las actividades del Proyecto Ciencia Forense Ciudadana (CfC), dirigido a cuestionar, supervisar y consolidar el primer sistema forense dirigido por ciudadanos en el mundo; que sea efectivo, transparente y confiable.

En este país los familiares de las víctimas de desaparición realizan investigaciones de talla mundial para encontrar a sus seres queridos, y evidencian, todos los días, la indolencia y poca preparación del personal encargado de los servicios periciales en todos los niveles de gobierno.

Esa indolencia del gobierno mexicano ha provocado el interés de nuevos actores que desde el mundo académico miran perplejos la disfuncionalidad de la justicia en México. Uno de estos nuevos actores es Gobernanza Forense Ciudadana, apoyada por la Universidad de Durham en Inglaterra, que gracias a la otorgamiento de un premios científico del Economic and Social Research Council (ESRC) de Reino Unido, financiarán la etapa inicial de este proyecto con miras a profundizar los conocimientos de los ciudadanos en materia de investigación forense, para que sean ellos tanto el ojo vigía como el ejemplo de cómo debe hacerse una investigación forense.

La conformación de Ciencia Forense Ciudadana (CfC) promoverá una cultura de observación y rendición de cuentas en los procesos de investigación judicial, que estamos convencidos en el mediano plazo se traducirá en mejores prácticas gubernamentales y abrirá la posibilidad a esquemas de cooperación transparente entre los ciudadanos y el sistema de justicia. A través del fortalecimiento de una cultura de la evidencia y el rigor de investigación, buscamos la anhelada consolidación de un sistema de justicia basado en debido proceso, que privilegie el derecho a la justicia y la verdad, tal como lo prevé la legislación nacional.

Para ello, Ciencia Forense Ciudadana (CfC) tiene previsto conseguir tres resultados específicos:

1. Establecer un mecanismo de gobernanza dirigido por ciudadanos y familiares de las víctimas de desaparición. Dicho mecanismo articulará y desarrollará las guías de la práctica ética y sistematización de las actividades de Ciudadanía Forense en materia de desaparición.

2. Asegurar la operatividad de una base de datos forenses en línea, para la documentación de los casos. A través de ésta, los familiares podrán familiarizarse con distintas técnicas forenses, conceptos de evidencia y los medios para resguardar esta información, sobre sus propios casos, en forma digital. La base de datos estará encriptada y resguardada en un servidor fuera de territorio mexicano.

3. Contar con un bio-banco de ADN que contenga muestras biológicas de las familias de los desaparecidos en México, con el propósito de servir como referencia para la identificación.

Ciencia Forense Ciudadana

Aguilar Jauregui Maria Guadalupe

Alonso Carbajal Julia

Baca Baca Lucia

Bustamante Salas María del Carmen

Herrera Magdaleno María

Hidalgo Rea Irma Leticia

Ledezma Ortega Norma

Mora Nieto Leticia

Moreno Díaz Alfonso

Ocegueda Flores Fernando

Ortiz Villegas Maria del Carmen

Paredes Lachino Janahuy

Perez Rodriguez Graciela

Radilla Martinez Tita

Rangel Ortiz Brenda Ivonne

Rosete Núñez Nancy Raquel

Reyes Maldonado Nadin

Rodríguez Nava Araceli

Sanchez Viesca Lopez Oscar

Trujillo Herrera Juan Carlos

Gobernanza Forense Ciudadana A.C.

 

Contacto:

gobernanza_forense@hotmail.com

http://gobernanzaforense.org/esp/

Saludos

@MarioMeneses_

La #Criminalidad como una forma de movilidad social


 

La criminalidad como una forma de movilidad social

POR: Leo Zuckermann

Leo Zuckermann

Hace poco leí un estupendo artículo del famoso ensayista canadiense Malcom Gladwell en la revista The New Yorker. Titulado The crooked ladder (en español podría traducirse como “la escalera torcida”, aunque el adjetivo también podría ser “fraudulenta” o “deshonesta”), trata sobre un tema fascinante: ¿Es el crimen organizado una forma que tienen los individuos con pocas oportunidades de mejorar su situación social? ¿Qué pasa con las generaciones futuras de los delincuentes organizados? ¿Se convierten en respetables hombres de negocios gracias a la fortuna acumulada originalmente en actividades ilícitas?

Gladwell cita a Robert K. Merton quien hace seis décadas hizo un estudio para ver cómo reaccionaban los estadunidenses frente a la presión cultural de tener éxito en América y subir en la pirámide social. Uno de los grupos que encontró el renombrado sociólogo fueron los “innovadores”. Resulta que la gente de la parte más baja de la pirámide, sobre todo inmigrantes recientemente llegados a Estados Unidos, eran los más creyentes en el “sueño americano”. No conformes con su situación, y viendo que era difícil tener éxito en una sociedad estratificada con pocas oportunidades para los desembarcados, encontraron una alternativa para hacer realidad su sueño: subir la pirámide por una escalera torcida, fraudulenta o deshonesta.

Se convirtieron en criminales. No es gratuito que, a finales del siglo XIX y principios del XX, las principales bandas mafiosas fueran de inmigrantes irlandeses, judíos e italianos. Se dedicaron a todo tipo de negocios ilegales como la prostitución, la venta de protección, la extorsión y el juego. Tuvieron un momento de gloria cuando el Congreso estadunidense tomó una de las decisiones más estúpidas de su historia: prohibir las bebidas alcohólicas. Ahí se hicieron verdaderas fortunas en la venta del producto ilícito. Luego, cuando se volvió a legalizar el alcohol, se dedicaron a otras drogas.

Lo interesante es que aquella generación de mafiosos, contra lo que se presenta en las películas de El Padrino, eventualmente fueron subiendo la pirámide social operando ya negocios lícitos. La escalera torcida sí les sirvió. Con la fortuna obtenida de manera ilegal, hijos y nietos de los mafiosos se convirtieron en ciudadanos modelo, muchos de ellos exitosos en diversos campos de la sociedad. Hicieron real el sueño de don Corleone de que por lo menos uno de sus hijos, Michael, fuera un americano hecho y derecho.

Lo interesante de la pieza de Gladwell es la diferencia con los nuevos mafiosos de hoy en día. Las mafias de ahora siguen siendo de grupos de la parte más baja de la pirámide social que, ante la falta de oportunidades, deciden escalar de manera deshonesta. Son, sobre todo, afroamericanos y latinos. La diferencia es que los criminales organizados de antes solían durar mucho tiempo en las calles de tal suerte que podían dar el salto a negocios lícitos. Los de ahora, en cambio, terminan muy rápido en la cárcel, huyendo de las autoridades o de plano asesinados. Esto es lo que demuestra otro libro, citado por Gladwell, de la socióloga AliceGoffman (On the Run: Fugitive Life in an American City).

¿Qué explica esta diferencia? Nada menos que el papel de las autoridades. Antes la policía toleraba la prostitución, la venta de drogas y el juego, sobre todo por la corrupción existente. Pero ahora, de acuerdo a Goffman, la policía se ha vuelto más eficaz y dura en perseguir a los criminales organizados en parte, según ella, porque la corrupción policial se ha reducido de manera importante en Estados Unidos. Esto ha generado que la estructura criminal esté siendo constantemente amenazada por las autoridades con citatorios, apariciones en las cortes, juicios y encarcelamientos. Muchos de los delincuentes de plano deciden escaparse. Otros terminan asesinados producto de la violencia criminal. De esta forma, la escalera torcida ya no sirve para escalar.

Al terminar el artículo de Gladwell, uno acaba preguntándose qué pasará aquí en México. ¿Será el crimen organizado una manera de escalar la empinadísima pirámide social que existe en el país? No lo sé. Voy a buscar estudios académicos. Por lo pronto, me parece muy interesante el argumento de que individuos ambiciosos, ante la falta de oportunidades, delincan como una forma de movilidad social y, si la policía los deja, puedan lograrlo convirtiéndose, eventualmente, en ciudadanos modelo.

Fuente: Excelsior            Twitter: @leozuckermann

Saludos

@MarioMeneses_

Propuestas de Seguridad en Cumbre Ciudadana


 

Propuestas de Seguridad en Cumbre Ciudadana

Seguridad Ciudadana, Justicia y Derechos Humanos

Hacemos públicos los acuerdos y propuestas relativos a Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, derivados de la participación ciudadana en la Cumbre Ciudadana representada por integrantes del Observatorio Ciudadano de Seguridad Publica de Puebla, IMCO, CCCEH, Causa en Común, Justicia Ciudadana, México Unido contra la Delincuencia (MUCD), México SOS, Consejo Cívico la Laguna, Observatorio Nacional Ciudadano, INSYDE, CIC,Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, etc.

Estas propuestas fueron entregadas en mano propia y en acto público a Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, y Carlos Lozano presidente de la CONAGO. Respecto a estas propuestas, las autoridades darán respuesta por escrito a más tardar el día 3 de julio del 2014.

A continuación presenteamos las propuestas y acuerdos:

I. DERECHOS HUMANOS

 

Tema 1. Fortalecimiento y puesta en práctica del Programa Nacional de Derechos Humanos

 

Subtema 1.1 Difusión de la Reforma de DH y del Programa, a toda la ciudadanía.

Metas preliminares: Difusión masiva del Programa a nivel nacional (CNDH, Academia, Medios de comunicación, OSCS y Ciudadanía en gral.) Próximos 6 meses.

Actores clave: OSC´s de la Cumbre y CNDH

 

Subtema 1.2 Creación del Consejo Ciudadano previsto en el Programa.

Metas preliminares: Crear el Consejo Ciudadano en un mes (Organismo Ciudadano de Evaluación del Programa con carácter y representación nacional). tomando en cuenta regionalidad, interculturalidad y equidad de género en su conformación. Además, de generar un mecanismo independiente a las autoridades para la designación de los integrantes del Consejo en mención.

Actores clave: SEGOB, OSC´s Cumbre, CNDH

 

Subtema 1.3 Difusión e implementación de los indicadores del Programa (Sistema CIRI)

Metas preliminares: Generar un instrumento accesible para que, regularmente, se den a conocer las evaluaciones aplicadas y resultados de los índices e indicadores de evaluación previstos, con acompañamiento y validación social. Crear un Organismo Ciudadano de Evaluación del Programa, con representación nacional. Próximos 6 meses.

Actores clave: SEGOB, OSC´s Cumbre.

ACCIONES/PROPUESTAS GENERALES

  • Generar un mecanismo (mesa de trabajo) de interlocución con la Dirección General de Política Pública en Derechos Humanos.
  • Entregar en menos de un mes, una propuesta para generar el mecanismo de selección de participantes de la Sociedad Civil en el Consejo Ciudadano.
  • Campaña en medios de comunicación y en redes sociales para difundir el Programa de DH, integrar a Single World A.C.
  • Designar Delegados permanentes de la Cumbre para la mesa de interlocución para que formen parte de la mesa de trabajo citada anteriormente.
  • Asegurar que en un plazo máximo de 6 meses (noviembre de 2014) se diseñe y publique el Instrumento de Evaluación de Resultados del Programa Nacional de Derechos Humanos. 
  • Convocar a la CNDH para que sea un vehículo de difusión del Programa.

Tema 2. Política de drogas con enfoque de Derechos Humanos.

Subtema 2.1 Despenalización efectiva del uso y posesión de cannabis.

Subtema 2.2 Extender el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Metas preliminares:

  • No criminalización de la portación y consumo de drogas para uso personal y en pequeñas cantidades, particularmente cannabis. Propuesta 1: Modificación del art. 479 de la Ley General de Salud, para incrementar las cantidades máximas consideradas para uso personal (Tabla). Propuesta 2: Apoyar la aprobación de las Iniciativas que se encuentran hoy presentadas en el Congreso de la Unión que solicitan la modificación del artículo citado. Propuesta 3: Participar en el Foro Organizado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de 29 al 31 de julio de 2014.
  • Que en un año (2015), se reconozca el consumo de Cannabis como parte de la expresión de la personalidad. Propuesta:Que las organizaciones que participan de la Cumbre Ciudadana presenten un Amicus Curiae apoyando el amparo interpuesto por SMART en agosto de 2014 que actualmente se encuentra a espera de ponencia por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Actores clave: Congreso de la Unión, OSC´s Cumbre, SCJN.

Tema 3. Difusión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en particular ante los grupos más vulnerables).

 

Subtema 3.1: Capacitación a servidores públicos, OSC´s y Comunidades desprotegidas.

Metas preliminares:

  • Desarrollar una Campaña de Difusión construida en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 6 meses.
  • Que en tres años (2017), todos los servidores públicos en México sepan y sean conscientes de su responsabilidad ante autoridades “morales” a nivel internacional.
  • En coordinación con la CNDH, se implementen Programas de Formación Ciudadana desde nivel Preescolar, que incluyan este tema. Próximo año.

Actores Clave: CNDH, Gobierno Federal, SEP.

Tema 4. Impulsar el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública.

Metas preliminares:

  • Convocar al Poder Legislativo para que, en coordinación con la Sociedad Civil, exija al ejecutivo la presentación de un plan de transición que contemple el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública y su sustitución por las instituciones estatales y municipales.
  • Lograr que el Gobierno de la República presente medidas para acelerar el retiro de las fuerzas armadas de labores de seguridad pública a más tardar en el 3er año de su administración (2016).

Actores Clave: Ejecutivo Federal, Congreso de la Unión, OSC´s Cumbre.

Tema 5. Garantizar la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género e interculturalidad.

Metas preliminares:

  • Legislar en caso de no existir, o que se ponga en práctica, la obligación del MP/Juez de otorgar la orden de protección o medidas cautelares sin discrecionalidad, sin discriminación de género.
  • Garantizar la imparcialidad de los operadores procesales del sistema de impartición de justicia, sobre todo en comunidades rurales, mediante la capacitación y la promoción de mujeres a los efectos de afrontar la problemática detectada en las comunidades, consistente en la discriminación de las mujeres en la impartición de la justicia.
  • Crear una instancia ciudadana que vigile a las autoridades locales: jueces de paz y agentes subalternos municipales.
  • Generar una obligación legal para la declaración de “Alerta de Género” en las entidades federativas, con criterios y objetivos no discrecionales (que se haga efectiva donde ya está considerada).

 

Tema 6. Fortalecer la autonomía de las Comunidades Indígenas, vinculando el derecho a la identidad con el territorio. Tomando en cuenta los usos y costumbres desde una perspectiva inclusiva.

 

Meta preliminar: Que los Presidentes municipales de cada entidad pidan al Gobernador restituir las funciones de Registro Civil a las Comunidades.

Actores clave: OSC´s Cumbre, Gobernadores, Alcaldes.

 

II. JUSTICIA

Tema 1. Nuevo Sistema de Justicia Penal

Subtema 1.1 Planeación y desarrollo en la implementación del nuevo sistema de justicia penal

Metas preliminares:

  • Que las 32 entidades federativas dispongan de un plan de implementación inclusivo que responda a los estándares federales en 2016. Para ello, que el gobierno proceda a una revisión del status actual de los avances en su ejecución:

a) A los estados que ya la implementaron, se les revise y corrijan sus deficiencias.

b) Aquellos que parcialmente la implementaron, avancen a la implementación total de forma correcta y efectiva.

c) Aquellos que no iniciaron el proceso, dispongan de un plan revisado de implementación en un plazo de 3 meses.

  • Que cada 6 meses y con participación ciudadana, se revise la aplicación del presupuesto asignado de acuerdo a las metas de la implementación de la Reforma Penal y se establezca un sistema de sanciones para el caso de incumplimiento.
  • Que el Gobernador de cada estado, sea el principal responsable de la correcta implementación, impulso y desarrollo de la Reforma Penal en su estado. Para ello es necesario que se conforme un órgano implementador de acuerdo a los lineamientos establecidos y cuente, además, con participación de la sociedad civil.
  • Que los gobiernos estatales, a través de los órganos implementadores, tomen en cuenta las recomendaciones y revisiones hechas por las organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema y efectúe las reformas y/o correcciones procedentes.
  • Que los gobiernos estatales publiquen en todos los medios de comunicación, los estudios e informes confeccionados por las organizaciones de la sociedad civil especializadas.

Actores clave: Gobierno Federal, PGR, Gobernadores, Procuradurías Estatales, OSC´s Cumbre.

Subtema 1.2 Coordinación en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Metas preliminares:

  • Aumentar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal); y con los actores participantes en el Sistema de Justicia Penal en su conjunto.
  • Homologar los protocolos, métodos, bases de datos e instrumentos de los órganos de análisis de información de las procuradurías en un máximo de 5 años.
  • Incrementar la coordinación entre procuradurías.
  • Implementar protocolos de actuación adecuados al nuevo sistema de justicia penal de tal forma que :
  • Se confeccionen protocolos unificados allí donde no existan.
  • Se capacite en ellos al personal responsable de su aplicación
  • Se evalúe el conocimiento de los mismos y se establezcan consecuencias de carácter administrativo y/o penal para el caso de incumplimiento de su aplicación.
  • Que los protocolos de actuación sean de libre acceso y que para su confección y/o modificación se tengan en consideración las opiniones y experiencias de la sociedad civil.

Actores clave: Gobierno Federal, PGR, Gobernadores, Procuradurías Estatales, OSC´s Cumbre.

Subtema 1.3 Modelo de gestión en la implementación del nuevo sistema de justicia penal

Metas preliminares:

  • Adecuar las estructuras y funciones de procuración y administración de justicia al Nuevo Sistema de Justicia Penal.
  • Acercar los órganos jurisdiccionales a lugares remotos como vía de ampliar el acceso a la justicia.
  • Incrementar el grado de autonomía de las procuradurías tomando como base la reciente reforma a la Procuraduría General de la República.
  • Evaluar los modelos de gestión que ya funcionan en los estados para replicar el más conveniente a las necesidades del propio estado.

Propuesta:

  • A partir del 1 de julio de 2014, establecer como base en el modelo de gestión la exigencia de calidad de los procedimientos organizacionales, y para ello: Desde dicha fecha, en el plazo de 3 meses, seleccionar una procuraduría y realizar sobre ella una prueba de diagnóstico piloto, y en otros 3 meses más, producir el modelo tipo de excelencia en la calidad. Con base en el modelo piloto, establecer una certificación que sea replicable, aunque adaptable a cada circunstancia, en el resto de las procuradurías. Lo anterior con el compromiso de un calendario obligatorio.

Actores clave: Gobierno Federal, PGR, Gobernadores, Procuradurías Estatales, OSC´s Cumbre.

Subtema 1.4 Socialización en la implementación del nuevo sistema de justicia penal

Metas preliminares:

  • Para incrementar la certidumbre de la ciudadanía frente nuevo sistema de justicia penal, establecer mecanismos para incrementar el nivel de información de la ciudadanía a través de programas de difusión:

El programa de difusión tendrá que estar listo y conformado dentro de 6 meses.

La meta a alcanzar será un incremento del 20% adicional a la población que actualmente conoce el sistema.

Este 20% adicional se medirá a partir de las evaluaciones que actualmente dispone la SETEC.

Actores clave: Gobierno Federal, PGR, Gobernadores, Procuradurías Estatales, OSC´s Cumbre.

Subtema 1.5 Profesionalización

  • Conseguir que la obligatoriedad de carrera profesional legalmente establecida se desarrolle y ejecute en la totalidad del país antes del 2016.
  • Establecer pruebas de control de confianza y de conocimientos para todo el personal dentro de las instituciones de justicia, incluidos los directivos.
  • En relación al control de confianza, definir las herramientas para determinar la aptitud de los servidores públicos del sistema penal.
  • Asegurar el cumplimiento de la ley en orden para que las plazas del sistema de justicia sean cubiertas a través de un sistema de concurso.
  • Antes del 30 de septiembre de 2014, obtener un calendario detallado de las acciones de implementación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los ramos ministerial y pericial con el objeto de contrastar los avances.
  • Proporcionar asistencia psicológica al personal para mantener su salud mental y puedan afrontar las situaciones de estrés propias de sus funciones.

Actores clave: Gobierno Federal, PGR, Gobernadores, Procuradurías Estatales, OSC´s Cumbre.

Subtema 1.6 Evaluación del sistema

Metas preliminares:

  • Creación de un sistema de evaluación ciudadana con la misión de monitorear los resultados del sistema penal, con base en indicadores estandarizados. Como primer paso, el sistema de evaluación ciudadana, antes de noviembre de 2014, determinará los parámetros (reincidencia, estadísticas delictivas, georeferenciación del delito, percepción ciudadana de seguridad, etc.) con base en los cuales se llevará a cabo semestralmente la evaluación de la eficacia del sistema.

Actores clave: Gobierno Federal, PGR, Gobernadores, Procuradurías Estatales, OSC´s Cumbre.

 

III. SEGURIDAD

TEMA 1. Prevención social de la violencia y la delincuencia

Subtema 1.1 Fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias

Metas preliminares:

  • Crear un fideicomiso, antes de que termine el 2015, destinado a garantizar la generación y/o fortalecimiento de observatorios locales de seguridad que cuenten con una metodología común y que en su composición incluyan la participación ciudadana a fin de garantizar la transparencia y rendición de cuentas de su funcionamiento.
  • Construir, para el 2015, un modelo común de intervención comunitaria que promueva una cultura de la legalidad y que haga uso de los distintos recursos existentes para los mismos territorios
  • Consolidar la instauración y funcionamiento de los centros estatales de prevención social y promover la creación, en los municipios, de áreas especializadas equiparables con conocimientos técnicos y presupuesto suficiente para la prevención social de la violencia y la delincuencia

Actores clave: SEGOB, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Consejo Nacional de Seguridad Pública, OSCs Cumbre Ciudadana

 

Subtema 1.2 Evaluación y medición del desempeño

Metas preliminares:

  • Solicitar que, a partir del 2015, el CONEVAL realice informes anuales sobre desempeño e impacto de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia.
  • Garantizar que, antes del 2016, todos los programas de prevención de la violencia y la delincuencia estén basados en evidencia científica.
  • Transparentar, en el transcurso del 2015, los padrones de beneficiarios (municipios, instituciones, organizaciones sociales y/o individuos) asociados a programas federales en la materia.
  • Promover el uso de redes sociales para la medición y prevención del delito mediante organizaciones civiles que generen bases de datos derivadas de la información  obtenida a partir de dichas redes sociales.

Actores clave: SEGOB, CONEVAL, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Consejo Nacional de Seguridad Pública, OSCs Cumbre Ciudadana

 

Subtema 1.3 Asignaciones presupuestales

Metas preliminares:

  • Crear un mecanismo único de transferencias federales en materia de prevención del delito que, para el 2016, incorpore a SUBSEMUN, FASP y PRONAPRED.
  • Flexibilizar las reglas de operación  para que la aplicación de los recursos no se limite a los años fiscales en los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia.
  • Crear, para el 2015, un padrón público de consultores en materia de seguridad pública donde se transparente y justifique la metodología a través de la cual fueron elegidos.
  • Asegurar, durante el trascurso del 2015, la participación ciudadana en los órganos y/o procesos de fiscalización de los programas de prevención de la violencia y la delincuencia.

Actores clave: SEGOB, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Consejo Nacional de Seguridad Pública, OSCs Cumbre Ciudadana

 

TEMA 2. Reforma Policial

Subtema 2.2. Mecanismos de evaluación y certificación

Metas preliminares:

  • Garantizar que, para principios del 2015, el modelo focalizado de control de confianza -en los términos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad- se encuentre en operación en las 32 entidades federativas del país y se aplique a la totalidad del personal de seguridad pública.
  • Depurar y transparentar los datos estadísticos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública para el 2015
  • Implementar efectivamente el Certificado Único Policial (mismo que incluye los resultados de control de confianza, desempeño y conocimientos) en la federación y las 32 entidades federativas del país para 2015.
  • Establecer, a partir del 2015, una certificación institucional a la policía en términos de procesos basados en estándares profesionales
  • Definir los mecanismos de baja del personal de seguridad pública no aprobado por control de confianza en la próxima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública

Actores clave: SEGOB, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Consejo Nacional de Seguridad Pública, OSCs Cumbre Ciudadana

 

Subtema 2.3 Profesionalización y Servicio Profesional de Carrera Policial

Metas preliminares:

  • Actualizar, en el 2015, el Programa Rector de Profesionalización y establecer los mecanismos adecuados que supervisen su correcta implementación
  • Incorporar a los procesos de formación policial una perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos y cultura de la legalidad a partir del 2015
  • Capacitar y certificar, a más tardar en el 2016, a los policías de las 32 entidades federativas y los municipios para la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
  • Establecer, para el 2016, condiciones laborales adecuadas para el quehacer policial, mismas que incluyan el establecimiento de un salario mínimo policial, equipamiento adecuado, equidad de género, límites en la jornada de trabajo y un régimen complementario de seguridad social.
  • Garantizar la suficiencia presupuestal para hacer cumplir los principios de profesionalización y servicio profesional de carrera policial.
  • Instrumentar y transparentar los procesos de ascenso y promoción en la policía federal, las 32 entidades federativas y los municipios a partir del 2015.
  • Institucionalizar los criterios para el uso legítimo de la fuerza en las entidades y municipios donde no existan y monitorear su correcta aplicación a través de mecanismos que involucren la participación ciudadana.
  • Proporcionar asistencia psicológica a los agentes para mantener su salud mental y que puedan afrontar las situaciones de estrés propias de sus funciones.

Actores clave: SEGOB, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Consejo Nacional de Seguridad Pública, OSCs Cumbre Ciudadana

 

 

Subtema 2.4 Controles internos y externos de la policía

Metas preliminares:

  • Crear unidades de supervisión interna en todas las policías estatales y  municipales que cuenten con más de 100 agentes para el 2016
  • Establecer, para el 2016, mecanismos de supervisión externa de la policía federal, policías estatales y policías municipales que cuenten con más de 100 agentes. Entre los mecanismos a considerar se encuentran: auditor policial, oficinas de quejas y ombudsman policial, por mencionar algunos.
  • Incluir, en el transcurso del 2015, la participación ciudadana en los órganos disciplinarios de las instituciones policiales en el país.
  • Diseñar e instrumentar, para el 2016, mecanismos de videograbación de la función policial con fines de control.

Actores clave: SEGOB, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Consejo Nacional de Seguridad Pública, OSCs Cumbre Ciudadana

Subtema 2.5. Grupos de autodefensa y policías rurales

Meta preliminar:

  • Establecer, a más tardar en el 2015, legislación que regule la existencia y que limite la operación de los grupos de autodefensa en el país.

Actores clave: SEGOB, Consejo Nacional de Seguridad Pública, OSCs Cumbre Ciudadana, Poder Legislativo Federal

 

Subtema 2.6 Reconciliación policía–comunidad

Metas preliminares:

  • Promover, a partir del 2015, la sensibilización de la sociedad en su conjunto sobre los derechos, facultades y funciones de los policías a la vez que se sensibiliza a las policías respecto a cuál es su papel en la sociedad
  • Establecer, a partir del 2015, unidades de policía de proximidad o similares en todos los cuerpos policiales del país, mismos que además deberán incorporar mecanismos de participación ciudadana
  • Diseñar una campaña, a través de los distintos medios de comunicación, que permita mejorar la imagen de la policía a nivel nacional y promover su dignificación como persona y como servidor público
  • Promover la participación vinculante de los consejeros ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad

Actores clave: SEGOB, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Consejo Nacional de Seguridad Pública, OSCs Cumbre Ciudadana, medios de comunicación.

Fuente: Observatorio Ciudadano Puebla

Saludos

@MarioMeneses_

Escenarios de la #Tortura por @InsydeMx


Después de firmar la declaración falsa, el detenido es presentado ante los medios de comunicación y el Ministerio Público como culpable de algún delito.

Por: Ernesto Cárdenas Villarelo

Hablemos de tortura: supongamos que existe un ciudadano que nunca en su vida ha tenido el más mínimo encuentro con representantes de la ley, pero sabe que la policía está facultada para solicitar o exigir la modificación de ciertas conductas que violan las leyes o reglamentos aplicables; además está informado que todo policía, sin excepción, ha sido perfectamente capacitado y entrenado para aplicar la fuerza necesaria, incluido el uso de armas de fuego de acuerdo a normas y procedimientos establecidos y actualizados. No tiene duda de que la policía puede invitarlo, someterlo, detenerlo y conducirlo sin dilatación ante la autoridad correspondiente para deslindar cualquier tipo de responsabilidad que se le impute; tampoco tiene duda que sus derechos serán plenamente respetados y que puede seguir su proceso en libertad porque la ley presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Este ciudadano no tiene el menor asomo de desconfianza porque la policía le subraya sus derechos y con seriedad acude o acata la convocatoria de los representantes de la ley.

Desafortunadamente, el perfil de este ciudadano no existe en México; menos aún las condiciones institucionales para que se desarrolle. La mayoría de las experiencias de primer contacto con policías describen hechos totalmente contrarios al ideal. Cualquier ciudadano tiene suficientes razones para preocuparse en caso de cualquier contacto con la policía y reaccionar, con verdadero terror, cuando se percibe como finalidad la detención sin justificación. El problema con la detención no es en sí el hecho mismo de la detención en un Estado de Derecho, sino la frecuencia de su ilegalidad en un régimen de inseguridad e injusticia como el que vivimos los mexicanos. Aquí comienzan los verdaderos problemas.

Supongamos que este hipotético y desafortunado ciudadano es detenido con violencia cuando circulaba por una calle poco transitada y exige una explicación de su detención; como respuesta recibe insultos, amenazas, golpes y es subido a una patrulla de policía con lujo de violencia, donde se le identifica como socio de una banda de delincuentes, se le extraen sus pertenencias, tarjeta bancaria y se le exige dinero para liberarlo; es conducido a un cajero automático y después a su domicilio para completar el monto requerido; tanto él como la familia es informada de la supuesta conducta delictiva del detenido y todos son advertidos de evitar cualquier denuncia ya que “la situación se puede complicar”.

Este escenario es muy frecuente en zonas urbanas pobres, las víctimas son principalmente jóvenes de sexo masculino −también mujeres son objeto de abusos, nadie está exento. Los patrones de detención registran muchas variaciones: por ejemplo, el detenido puede ser conducido en casos extremos a “casas de seguridad” a merced sólo de la policía; también puede ser obligado a declararse culpable o señalar a terceros incluso desconocidos; con frecuencia la policía “siembra” evidencia como drogas y armas y así los detenidos son presentados ante el agente del Ministerio Público, siempre bajo amenaza; en otros casos, aparece el policía “bueno”, cuya finalidad es pedir sumas de dinero sólo para “ayudarlo”, la escena es acompañada de amenaza subyacente, implícita. En otros casos, cuando la víctima se atreve a denunciar hechos de tortura y extorsión, incluso casos de robo con violencia, se revierte en su contra y el denunciante resulta inculpado, detenido y torturado por los mismos perpetradores, en este caso por los mismos policías. O en situaciones extremas de tortura con resultado de muerte o de serios daños físicos o sicológicos irreparables, el caso se convierte de “alto impacto” y con sorprendente eficacia se ubican culpables (auténticos o designados); con mucha frecuencia estos casos son celosamente resguardados y simplemente no pasa nada.

Los casos de tortura se convierten en un hecho público hasta que son denunciados por organizaciones nacionales o internacionales especializadas en la defensa, la promoción y el litigio de casos graves de violación a los derechos humanos, aunque son poco reconocidos por las autoridades aun cuando las disposiciones provengan de las cortes internacionales de derechos humanos. Se generan observaciones, recomendaciones y con cierta frecuencia se declaran compromisos oficiales para erradicar la tortura. En otros casos todo se niega: “aquí no hay tortura”. Con todo, el ciclo de la tortura se reproduce en todos lados, la tortura se multiplica en circunstancias y escenarios propicios donde la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas se constituyen en cultura institucionalizada. La tortura es generalizada pero también sistemática, al menos en zonas específicas, donde existe evidencia de una clara intencionalidad; hay estudios en proceso que demostrarán que la sistematicidad en zonas específicas existe o se presentó con especial gravedad en el último sexenio.

Volviendo a nuestro hipotético ciudadano, su caso seguramente pasará a engrosar las estadísticas de la impunidad, si acaso se registrará en una base datos de nula utilidad y será muy difícil identificar si fue objeto de actos de tortura o no. Nadie lo sabrá, nadie lo investigará y nadie reparará el daño sufrido. Recordemos que la ley permite tres formas de detención: en flagrancia, en caso urgente (por riesgo de evasión o falta de otras condiciones) y por orden judicial. A este ciudadano no le aplica ninguna de las tres, aun así es detenido. Fin de la historia.

La razón de su detención la podemos apreciar desde otro ángulo nada anecdótico, por razones incluso ajenas al mal desempeño policial. Las estadísticas judiciales señalan que el 60% de las detenciones en México son en flagrancia (muchas de ellas en realidad son “flagrancia simulada”). Nuestros policías son buenísimos para identificar sospechosos con tan sólo su mirada penetrante y, por esa vía, detectar “actitudes nerviosas” y “descubrir” culpables de delitos; a veces es suficiente el olor de la persona, que es un recurso muy utilizado para sumar “casos de éxito” y abultar las estadísticas de eficacia policial. La publicidad de estos datos es un auto engaño. Entre 2006 y 2012 la Procuraduría General de la República (PGR) arraigó a 6 mil personas, de las cuales sólo fueron consignadas 120; desde entonces el nivel de ineficacia en el uso y abuso de esta figura ha sido reiterado en múltiples ocasiones por especialistas nacionales e internacionales.

A pesar de las demandas para eliminar el arraigo del Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por considerarlo espacio donde la tortura se practica, la figura llegó constitucionalmente para quedarse desde la reforma penal de 2008. Es claro que una persona detenida en flagrancia (o flagrancia simulada) tiene mayores probabilidades de ser objeto de algún tipo de abuso o tortura que una persona detenida por orden judicial, y en el primer supuesto muchos ciudadanos estamos de hecho (probabilístico) en situación de riesgo. Los resultados de una encuesta difundida por Amnistía Internacional (AI) no dejan lugar a dudas, sostienen que el 64% de los mexicanos temen ser torturados en caso de detención y otros muchos afirman estar de acuerdo con la tortura. Sin duda la defensa judicial de las víctimas para la reparación del daño por tortura es indispensable, pero surge una pregunta fundamental: ¿qué hacemos con las policías y el Ministerio Público cuando existe en la práctica un 100% de impunidad histórica en casos de tortura?

Insyde desarrolla actualmente un esfuerzo institucional para impulsar la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura en México. Hace dos años comenzamos unos cuantos, hoy estamos en 15 entidades federativas, en donde un cada vez mayor número de actores oficiales, mandos, operativos y personal administrativo y de las áreas jurídicas, académicos, sociedad civil organizada y víctimas participan en “Acciones contra la tortura”.

Decidimos posicionar el tema de la tortura en la agenda de seguridad pública y de procuración de justicia mediante la difusión de las siguientes herramientas: 1) Una ley especial para prevenir, investigar, sancionar y reparar hechos de tortura, para promocionarla en los congresos de los estados con la esperanza de que se apruebe; tampoco perdimos de vista la necesidad de impulsar un iniciativa de orden general y en eso seguimos trabajando. 2) Una guía para investigar el delito de tortura para agentes del Ministerio Público, porque falta profundizar en los aspectos y estrategias efectivas para cambiar la tradición que menosprecia el problema de la tortura en los procesos judiciales; esto no ha sido fácil.3) Un protocolo para el ejercicio y control de uso de la fuerza legítima con enfoque de derechos humanos y centrado en la detención, ya que confirmamos que la cultura policial se asienta en procesos reactivos antes que preventivos y es necesario desarrollar efectivos controles internos y externos al desempeño policial; la Campaña sigue trabajando junto con las policías y sus mandos en acciones para su implementación. 4) Un sistema de registro de personas detenidas por cualquier autoridad sobre una plataforma en línea de captura, para su implementación en cada etapa del proceso judicial, comenzando con la detención, esto porque confirmamos que las resistencias reales al control interno son abrumadoras y es necesario romper el ciclo de la tortura por diversos frentes. 5) Una base de datos en línea para el registro de casos de tortura, con el objetivo de evidenciar su incidencia y prevalencia en todo el país; no pretendemos sustituir la función del estado en materia de información, pero sí la negligencia de las autoridades para generar información estadística confiable sobre tortura. Y 6) Una guía para promover la defensa de los derechos de las víctimas de tortura basada en la ley general de víctimas.

Como complemento a las herramientas de la Campaña diseñadas para prevenir, investigar, sancionar y reparar hechos de tortura, y con la finalidad de impulsar su conocimiento sistemático, se diseñó una estrategia de promoción, posicionamiento y capacitación, articulada a una población objetivo compuesta de: policías, agentes del Ministerio Público, organizaciones de la sociedad civil y víctimas. Asimismo, se diseñó una plataforma de capacitación a distancia para involucrar de manera directa a sectores amplios de la población objetivo; este método se complementa con la distribución de discos compactos y la difusión por medio de conferencias, talleres presenciales, mesas redondas y foros. Con la base de acuerdos interinstitucionales de la Campaña, se permitirá involucrar a 3 mil servidores públicos y ciudadanos de manera directa; y aproximadamente a 9 mil funcionarios y ciudadanos de manera indirecta.

Hemos avanzado pero no lo suficiente, es necesario que la población esté informada y asuma una posición de lucha contra la incidencia del flagelo que es la tortura. Es imprescindible que las autoridades sepan que somos más los que no queremos más tortura, que aquellos que la practican y la encubren; y que no cederemos un paso a la tortura en México. Los invitamos a seguir nuestras acciones y a sumarse a esta Campaña, dará mucho qué hablar en los próximos meses y años.

* Ernesto Cárdenas Villarello es coordinador Técnico de la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura en México, de Insyde ecardenas@insyde.org.mx

Leer Más: http://www.animalpolitico.com/blogueros-seguridad-180/2014/09/09/escenarios-de-la-tortura/#ixzz3CsaSNdGw

Saludos

@MarioMeneses_

#SemaforoDelictivo Nos ayuda a entender la delincuencia y la violencia en México.


 

El semáforo está diseñado para que todos podamos entender, evaluar y prevenir

 

  • ¿Qué es? Es una herramienta de rendición de cuentas, evaluación y análisis muy facil de entender. Nos ayuda a entender la delincuencia y la violencia en México.
  • ¿Para quién es? Para ciudadanos, observatorios, consejos, periodistas, analistas y autoridades.
  • ¿Para qué sirve? Para tomar mejores decisiones. Para exigir mejores resultados.
  • ¿Cómo lo hace? Compara a los Estados contra sí mismos y contra otros.
  • ¿Qué significan los colores?

Rojo = La estrategia NO está funcionando. Urge un cambio.

Amarillo = Hay una mejoría pero puede estar mejor. Es momento de replantear estrategias.

Verde = La estrategia es la correcta. Hay que mantenerla y reforzarla.

  • ¿Cada cuándo se actualiza? Cada mes.
  • ¿Cómo puede utilizarlos un Consejo u Observatorio Ciudadano? Comentándolo cada mes ante los medios de comunicación. Eso le pone presión a los gobiernos para que tomen mejores decisiones. Los sistemas fuertes son los que obligan a los gobernantes a implementar buenas estrategias y políticas públicas.
  • ¿Qué deben hacer los medios de comunicación? Difundirlo, analizarlo, comentarlo cada mes.
  • ¿Qué deben hacer los ciudadanos? Conocerlo, difundirlo entre sus amistades, participar en la Encuesta de Inseguridad para tener más y mejor información.
  • ¿De qué datos se alimenta? De las denuncias ciudadanas que se presentan ante cada Procuraduría General de Justicia en los Estados y se envían al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
  • ¿Las Procuradurías Estatales reportan bien sus datos? Algunas lo hacen mejor que otras. Eso es lo que queremos observar y exigir.
  • ¿Todos los delitos se denuncian? No, hay unos que se denuncian más que otros. Homicidio y Robo de Auto son los que más se denuncian. Violación, Secuestro y Extorsión son los que menos se denuncian. Eso es lo que se conoce como cifra negra: lo que no aparece en los datos.
  • Participa en la encuesta. La encuesta sirve justamente para complementar los datos y entender mejor cada delito.
  • ¿Puedo publicar los datos del Semáforo Delictivo? Sí para eso está diseñado, pero debes citar la fuente: http://www.semaforo.mx o semaforo.com.mx El nombre de semáforo está registrado a nombre de su creador RRS y Asociados, S.C. y protegido por ley.
  • ¿Es de gobierno? No, es de y para los ciudadanos. Se alimenta de encuestas y denuncias ciudadanas.
  • ¿Quien paga el semáforo? Ciudadanos y empresarios mexicanos.
  • ¿Hay semáforo delictivos municipales o con más detalle? Sí, algunos Estados como Sinaloa, Nuevo León o Sonora los tienen. Tienen un costo, si deseas informes puedes enviarnos un correo a prominix@gmail.com
  • ¿Dónde puedo publicar mis opiniones? Ponle Me Gusta a nuestro Facebook: Semáforo Delictivo y comenta las publicaciones.
  • Sigue nuestro Twitter: @semaforodelito
  • Usa el hashtag #semaforo
  • Mi estado aparece en verde en algunos delitos pero yo no estoy de acuerdo, mi precepción es que son muchos más.
  • Pueden ser varias razones: 1) Estás viendo el Semáforo Nacional Anual en donde los datos son del año pasado y la violencia se ha incrementado este año. 2) Aunque la incidencia es alta, es menor a años pasados y por eso aparece en verde 3) Las víctimas no están denunciando por temor o desconfianza a la autoridad. 4) La PGJ de tu estado no está reportando completos los datos al SESNS.

  • Proyecto Social. El Semáforo es un proyecto social pagado por ciudadanos.
  • El Semáforo no es nuestro. Es de la comunidad; se nutre de denuncias ciudadanas valientes y de esfuerzos de transparencia de autoridades responsables, nosotros solamente intentamos hacerlo entendible.
  • Intención: la paz. El Semáforo tiene una intención sencilla: La paz para México.
  • Resultados. Tenemos que sacudir al sistema a través de la rendición de cuentas para reducir la corrupción y la ineficiecia de gobierno.
  • Experiencia. El semáforo ha generado varias historias de éxito como la de Sonora o Nuevo León. Ver libro Entre el Orden y el Caos
  • Diagnóstico actualizado. El Semáforo es interactivo y se actualiza mes a mes.
  • Solicitud Ciudadana. Es algo que nos han solicitado con insistencia Observatorios Ciudadanos de varios estados.
  • Tú puedes ayudarnos compartiendo y comentando el semáforo.
  • Expertos ciudadanos. Los ciudadanos no somos expertos en seguridad pero sí somos expertos ciudadanos: lo que nos interesa son los resultados.
  • Ayúdanos a hacerlo viral. Necesitamos que el Semáforo y la Encuesta se conozcan. Vamos a promocionarlo, pero eso no es suficiente, tiene más impacto cuando un amigo recomienda.
  • Redes sociales. Por ello, te pedimos que compartas la liga del Semáforo www.semaforo.mx que te sumes a nuestra página de Facebook Semáforo Delictivo y a nuestro Twitter @semaforodelito.
  • ¿Quieres un semáforo en tu municipio? Envíanos un correo a prominix@gmail.com 
  • Tu ayuda es importante. Queremos una comunidad con información y para ello necesitamos de tu ayuda.

Fuente: www.semaforo.mx

Un saludo

@MarioMeneses_

 

#LeyTelecom, sin derecho a privacidad la #TelefoníaMovil


#DesventajasTelecom sin privacidad la #TelefoniaMovil

 

#DesventajasTelecom que ni Televisa ni el gobierno te van a decir

Usando propaganda profundamente populista, el gobierno federal y Televisa pretenden hacer creer a la población que hizo falta una reforma constitucional de consenso entre los tres principales partidos, un órgano autónomo constitucional y más de 6 meses de retraso en la expedición de la ley, para combatir el cobro de larga distancia y consultar el saldo del celular sin costo.

  • Que se crea un registro y control de comunicaciones de los usuarios de dispositivos móviles (retención de datos), en contra de la recomendación del Relator Espacial para la Libertad de Expresión de la ONU y en contrasentido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en abril pasado encontró esta medida violatoria del derecho a la privacidad. (Artículo 190, fracción II)
  • Que el Ejército, la Marina, el CISEN, la Policía Federal, los procuradores de los estados y todos los que quepan en “instancias de seguridad”, puedan saber nuestra ubicación geográfica en tiempo real, sin que ningún juez tenga que enterarse si la vigilancia tenía algún fundamento. (Artículo 190, fracción I)
  • Que a pesar de que la SCJN determinó que la geolocalización debe remitirse exclusivamente al combate de delitos graves en casos excepcionales, esta ley da margen para no necesitar siquiera una justificación, pues no hay quien verifica la validez de tal.
  • Que no se introducen obligaciones de transparencia a la intervención de las autoridades a nuestros datos personales obtenidos del uso de las telecomunicaciones, de tal modo que no hay manera de medir siquiera la supuesta efectividad de esta herramienta en el combate al crimen… o lo que sea que pretendan con esta medida.
  • Que no se reconoce el derecho del afectado por la vigilancia del Estado, una vez pasada la emergencia, de ser notificado de esa situación a efectos de buscar la mayor protección de su privacidad y el debido proceso.
  • Que no se elimina el bloqueo de señales de telecomunicaciones, pues se mantiene el de telefonía, que para efectos de lo que se busca proteger es lo mismo, en tanto deja la puerta abierta a ser una medida indiscriminada, desproporcionada y violatoria de derechos. ¿Por motivos de orden público o seguridad nacional? No, para “cesar la comisión de delitos”. Tan vago como en un principio. (Artículo 190, fracción VII)
  • Que durante los primeros 12 meses, los datos retenidos de las comunicaciones estarán a disposición “en tiempo real” para las autoridades competentes (no dice cuáles) “a través de medios electrónicos”. Un auto servicio. (artículo 190, fracción II).
  • Que además de los concesionarios de telefonía, también los proveedores de aplicaciones de servicios y contenidos (como el correo electrónico, Whatsapp, Facebook, Twitter, Netflix, Google) están obligados a acatar los mandamientos de la autoridad competente (no dice cuál) en los términos que establezcan las leyes (no dice cuáles) en materia de vigilancia. (Artículo 189)

 Saludos

@MarioMeneses_ 

Leer Más: http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2014/07/12/desventajastelecom-que-ni-televisa-ni-el-gobierno-te-van-decir/#ixzz37JD5Yb00
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Juez de ejecución penal para evitar extorsiones en penales


En medio de la implementación de la Reforma Penal, expertos reclaman una legislación efectiva que regule las condiciones de vida en las prisiones. Las familias denuncian que los guardias les cobran por visitar a sus reclusos.

Majo Siscar (@majosiscar)

Cárcel en México. //Foto: CNDH

Cárcel en México. //Foto: CNDH

 

El primer pago empieza antes de cruzar la entrada del centro penitenciario. Después de formarse entre una primera alambrada, los familiares de los reclusos llegan a las escaleras que dan acceso a la puerta de vidrio. Un custodio les pone el sello de entrada. Cuesta 200 pesos por persona. Así lo aseguran varios parientes que acuden a ver a sus presos en día de visita en el Centro Preventivo y de Readaptación social Tlanepantla, más conocido como el penal de Barrientos.

Todavía quedan más peajes. 50 pesos por traer determinada comida o fruta, otros 20 cuando dejas la credencial, otros 20 para evitar vejaciones cuando te esculcan. Las familias de los internos en muchos reclusorios del país tienen que pagar extorsiones para ver a sus seres queridos en día de visita.

A Adriana le suenan los bolsillos de la chamarra de tantas monedas de 10 y 5 pesos que trae. “Traigo cambio para poderles dar y que no vean que traes mucho dinero. Si quieres un banquito para no estar parada con tu hijo cuatro horas cuesta 20 pesos, si quieres una mesa cuesta 100, ir al baño son 10, luego si traes una comida que no les parece son hasta 50 pesos, y luego se van quedando cosas de las que entran. Yo le traigo diez pares de calcetines porque después de pasar la revisión de las cosas quedan 5. ¡Se las gastan, pero bonito!”, cuenta Adriana resignada. Su hijo lleva cinco años preso acusado de robo. Todavía no tiene sentencia firme porque han presentado varios amparos, pero entró a los 20 y ya cumplió los 25.

Adriana viene una vez al mes porque entrar es tan costoso que prefiere venir menos y darle más dinero al muchacho para que pueda sufragar los gastos de estar preso. Los internos deben pagar semanalmente cuotas al grupo de presos que controla el penal y a los custodios por derechos como el uso de la cama –una plancha de cemento con una colchoneta–, el derecho a ver la televisión o el pase de lista. Además, si quieren comprar algún insumo como productos de higiene o un refresco, los precios a dentro de la prisión se duplican respecto a la calle. Un rollo de papel higiénico, que en una tienda cuesta en promedio 6 pesos, allá dentro cuesta 10 y una Coca-Cola de 600 mililitros se vende a 18 pesos, frente a los 9 con los que se consigue afuera.

Gloria llegó desde Atizapán cargada de galletas, jabón, papel higiénico, y varios guisados de bistec con jitomate y chicharrón en chile verde, los preferidos de su esposo. “Ahí les dan bien feo de comer así que por lo menos que coma bien algún día”, dice y se le ilumina su cara apesadumbrada. Trae mil pesos para pagar las extorsiones, los pasajes y dejarle a su marido el poco resto que le queda. Viene cada domingo y le invierte todo lo que gana en la cocina económica dónde trabaja. Su padre y una de sus hermanas le ayudan para que pueda seguir criando a sus dos hijos, de 10 y 12 años. “Estamos esperando el juicio, ya lleva ocho meses y como se demore más esto va a ser insostenible, entre los custodios aquí y los internos que mandan ahí dentro, es una sangría económica”.

“Y lo que pasa ahí dentro y que solo ellos saben, a nosotros mi hijo solo nos dice que está muy feo y que prefiere no contarnos para que no suframos”, explica María del Socorro que viaja cada quince días de Tlaxcala para visitar a su hijo y traerle todo tipo de víveres. Entre 2012 y 2013, en las cárceles mexicanas, los motines, las agresiones, los homicidios y las huelgas de hambre tuvieron el aumento más significativo desde 2006con un crecimiento del 134%.

A ello hay que añadir una grave situación de autogobierno, corrupción y altos grados de violencia que no siempre se reportan. El Subcomité para la prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han reconocido en diversos informes que “es común la práctica de golpes y maltratos a los internos por el propio personal de custodia y por otros reclusos”

Los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,  de septiembre de 2013, computaban 248 mil 920 personas privadas de libertad, 35% más que hace diez años. Están internos en 420 penales, de los cuáles según el último informe de Human RightsWatch, 220 están sobrepoblados.

40.1% de los presos no tienen siquiera sentencia, dado que el sistema penal vigente todavía en la mayoría de los estados contempla la prisión preventiva. Con la reforma penal, esta se vuelve excepcional a los delitos más graves, apegándose así a los tratados internacionales en derechos humanos y con la intención de no abarrotar las cárceles de posibles inocentes.

El nuevo sistema de justicia, que deberá estar implementado en todo el país para junio de 2016, además de establecer los juicios orales y públicos supone, a grandes rasgos, el reconocimiento de la presunción de inocencia, más eficiencia en el proceso judicial, implementar mecanismos alternos para resolver conflictos e incorporar nuevos órganos procesales que salvaguarden la digna ejecución de las sentencias. Para ello se sostiene sobre tres patas, una reforma y armonización nacional del Código de Procedimientos Penales, la instauración de la Ley de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal y la Ley de Ejecución de Sanciones Penales.

Aunque el Código de Procedimientos Penales ya se aplica en varios estados del país, las otras dos leyes todavía están pendientes de discusión en el Senado. El pasado jueves 3 de julio, las Comisiones empezaron a dictaminar sobre la Ley de Mecanismos Alternos que regulará que no los conflictos menores no lleguen a los tribunales y se desahogue así el sistema judicial.

Este lunes 7 de julio, el miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas en México, Miguel Sarre, convoca a familiares y expertos en el tema a reunirse ante el Senado de la República para exigir a los legisladores que aprueben la Ley de Ejecución de Sanciones Penales “que proteja tanto a procesados como a sentenciados; que abra las prisiones al escrutinio de los medios y de la sociedad, y que dote de atribuciones plenas a los jueces de ejecución para garantizar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario, incluyendo los derechos de los visitantes, los defensores y los observadores”.  

Para Sarre, que lleva 35 años visitando cárceles como abogado, representante de la CNDH, y ahora de la ONU, las condiciones de vida, los castigos y cuotas en las prisiones suponen una sanción extra a la sanción delictiva.

“Tiene muchos agregados como los golpes, la extorsión, la humillación a la familia visitante, la relegación a sitios distantes, la privación de alimentos, la afectación a los derechos de la personalidad como raparle el cabello como le hicieron a Mireles,… y nada de eso deriva de la sentencia. Necesitamos un sistema judicial que ponga orden en la prisión para que no sea un espacio sin ley”, explica en entrevista.

Discusión en torno a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales

 La nueva norma establecerá los parámetros para la gobernabilidad de los penales con el propósito de garantizar que el régimen de internamiento sea llevado a cabo cumpliendo con condiciones de vida digna y segura para los internos. Su punto toral es el establecimiento de Jueces de Ejecución, es decir un magistrado del poder judicial, que independiente de las Procuradurías que gestionan los penales, vele por los derechos de los presos, y ponga fin a los abusos como los que relatan los familiares a la entrada del penal de Barrientos y que se repiten por todo el país. Y no solo con los familiares, sino cuando la ausencia de observadores facilita la impunidad.

“Para que la ley rija en la prisión necesitamos una autoridad independiente de la encargada de cumplir con la pena, que sería el juez de ejecución, porque los muros de los penales tienen que ver más con que no se vea con lo que hay adentro que con que no se fuguen sus presos. Mientras mayor sea el grado de seguridad de una cárcel más debe ser sujeta al escrutinio público porque hay un mayor grado de vulnerabilidad”, resume Sarre. A lo largo de su 35 años de experiencia asegura que solo ha visto como aumentaban los presos, el hacinamiento y la impunidad. Una vez incluso le tocó ver que un Ombusdman estatal diera dinero al policía encargado de la prisión para agradecerle la visita.

“Esto es un negociazo, por cada preso ganan dinero los policías que custodian, los abogados, los fiscales,…”, espeta Eva a las afueras de Barrientos, una abogada que va a visitar a un familiar con su ración correspondiente de víveres.

La nueva ley debería acabar con esta cadena de corrupción, sin embargo, las funciones del Juez de Ejecución, su eje central, dependerá de cómo se legisle. Ahora mismo hay tres iniciativas para conformar dicha norma, una por parte de la Procuraduría General de la República –la más restrictiva–, otra abanderada por las senadoras panistas Pilar Ortega y Adriana Dávila, y una tercera, coordinada por Miguel Sarre y suscrita por nueve senadores del PRI, PAN y PRD. Mientras las dos primeras limitan la función de jueces de ejecución de sentencias a resolver sobre las modificaciones a las sanciones que se le hayan impuesto al responsable del delito, es decir la competencia se centra en la reducción de la pena (beneficios) y en traslados. En cambio la que exige Sarre es mucho más ambiciosa y supone que tanto los internos –tengan o no sentencia ya– como sus visitas, puedan denunciar cualquier abuso.

De igual manera, la iniciativa de Sarre contempla una serie de mecanismos para que las demandas prosperen, por ejemplo que la queja se pueda poner a través de otra gente que no sean los propios presos, que deberían hacerlo a través de sus propios custodios, y garantizar así que llegue a manos del juez.  O que una vez interpuesta la demanda no se pueda desistir de ella para evitar que los quejosos reciban castigos con la intención de que la quiten.

“El debido proceso pasa por distinguir entre la justicia, y la venganza cuando se aplica la prisión.Que la pena de prisión sea la que impone el juez y no haya castigos de más, abusos y excesos de parte grupos de internos que son el autogobierno o la propia autoridad misma, porque eso rompe con el estado de derecho”, agrega Sarre.

La iniciativa de Sarre cuenta con el apoyo de diversas organizaciones sociales, que ya enviaron una carta a las Comisiones de Justicia, Gobernación y Derechos Humanos del Senado el mes pasado para hacer presión “en contra de los privilegios y grupos de poder en las cárceles mexicanas”.

“Estimamos urgente que los jueces de ejecución penal cuenten con todas las atribuciones para imponer la ley (…)La ventaja moral que gana el Estado cuando juzga conforme a un debido proceso se desdibuja cuando en la prisión imperan los abusos o los privilegios”, esgrimieron en la misiva organizaciones como México Evalúa, Causa en Común o el Observatorio Nacional Ciudadano.

La futura ley ya se está dictaminando en las Comisiones del Senado de la República pero no se discutirá hasta el próximo periodo de sesiones, a partir de septiembre. Desde la Comisión de Justicia, la senadora priísta y una de las suscriptoras de la iniciativa de Sarre, Arely Gómez, aclara que “necesitamos un techo mínimo para garantizar los derechos humanos a las personas privadas de libertad pero hay que escuchar a todas las voces. La iniciativa de Sarre no es la última palabra estamos discutiéndolas con la de las senadoras panistas y la de la PGR, que finalmente son los que trabajan en los penales”.

Fuente: