#LeyTelecom, sin derecho a privacidad la #TelefoníaMovil


#DesventajasTelecom sin privacidad la #TelefoniaMovil

 

#DesventajasTelecom que ni Televisa ni el gobierno te van a decir

Usando propaganda profundamente populista, el gobierno federal y Televisa pretenden hacer creer a la población que hizo falta una reforma constitucional de consenso entre los tres principales partidos, un órgano autónomo constitucional y más de 6 meses de retraso en la expedición de la ley, para combatir el cobro de larga distancia y consultar el saldo del celular sin costo.

  • Que se crea un registro y control de comunicaciones de los usuarios de dispositivos móviles (retención de datos), en contra de la recomendación del Relator Espacial para la Libertad de Expresión de la ONU y en contrasentido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en abril pasado encontró esta medida violatoria del derecho a la privacidad. (Artículo 190, fracción II)
  • Que el Ejército, la Marina, el CISEN, la Policía Federal, los procuradores de los estados y todos los que quepan en “instancias de seguridad”, puedan saber nuestra ubicación geográfica en tiempo real, sin que ningún juez tenga que enterarse si la vigilancia tenía algún fundamento. (Artículo 190, fracción I)
  • Que a pesar de que la SCJN determinó que la geolocalización debe remitirse exclusivamente al combate de delitos graves en casos excepcionales, esta ley da margen para no necesitar siquiera una justificación, pues no hay quien verifica la validez de tal.
  • Que no se introducen obligaciones de transparencia a la intervención de las autoridades a nuestros datos personales obtenidos del uso de las telecomunicaciones, de tal modo que no hay manera de medir siquiera la supuesta efectividad de esta herramienta en el combate al crimen… o lo que sea que pretendan con esta medida.
  • Que no se reconoce el derecho del afectado por la vigilancia del Estado, una vez pasada la emergencia, de ser notificado de esa situación a efectos de buscar la mayor protección de su privacidad y el debido proceso.
  • Que no se elimina el bloqueo de señales de telecomunicaciones, pues se mantiene el de telefonía, que para efectos de lo que se busca proteger es lo mismo, en tanto deja la puerta abierta a ser una medida indiscriminada, desproporcionada y violatoria de derechos. ¿Por motivos de orden público o seguridad nacional? No, para “cesar la comisión de delitos”. Tan vago como en un principio. (Artículo 190, fracción VII)
  • Que durante los primeros 12 meses, los datos retenidos de las comunicaciones estarán a disposición “en tiempo real” para las autoridades competentes (no dice cuáles) “a través de medios electrónicos”. Un auto servicio. (artículo 190, fracción II).
  • Que además de los concesionarios de telefonía, también los proveedores de aplicaciones de servicios y contenidos (como el correo electrónico, Whatsapp, Facebook, Twitter, Netflix, Google) están obligados a acatar los mandamientos de la autoridad competente (no dice cuál) en los términos que establezcan las leyes (no dice cuáles) en materia de vigilancia. (Artículo 189)

 Saludos

@MarioMeneses_ 

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Juez de ejecución penal para evitar extorsiones en penales


En medio de la implementación de la Reforma Penal, expertos reclaman una legislación efectiva que regule las condiciones de vida en las prisiones. Las familias denuncian que los guardias les cobran por visitar a sus reclusos.

Majo Siscar (@majosiscar)

Cárcel en México. //Foto: CNDH

Cárcel en México. //Foto: CNDH

 

El primer pago empieza antes de cruzar la entrada del centro penitenciario. Después de formarse entre una primera alambrada, los familiares de los reclusos llegan a las escaleras que dan acceso a la puerta de vidrio. Un custodio les pone el sello de entrada. Cuesta 200 pesos por persona. Así lo aseguran varios parientes que acuden a ver a sus presos en día de visita en el Centro Preventivo y de Readaptación social Tlanepantla, más conocido como el penal de Barrientos.

Todavía quedan más peajes. 50 pesos por traer determinada comida o fruta, otros 20 cuando dejas la credencial, otros 20 para evitar vejaciones cuando te esculcan. Las familias de los internos en muchos reclusorios del país tienen que pagar extorsiones para ver a sus seres queridos en día de visita.

A Adriana le suenan los bolsillos de la chamarra de tantas monedas de 10 y 5 pesos que trae. “Traigo cambio para poderles dar y que no vean que traes mucho dinero. Si quieres un banquito para no estar parada con tu hijo cuatro horas cuesta 20 pesos, si quieres una mesa cuesta 100, ir al baño son 10, luego si traes una comida que no les parece son hasta 50 pesos, y luego se van quedando cosas de las que entran. Yo le traigo diez pares de calcetines porque después de pasar la revisión de las cosas quedan 5. ¡Se las gastan, pero bonito!”, cuenta Adriana resignada. Su hijo lleva cinco años preso acusado de robo. Todavía no tiene sentencia firme porque han presentado varios amparos, pero entró a los 20 y ya cumplió los 25.

Adriana viene una vez al mes porque entrar es tan costoso que prefiere venir menos y darle más dinero al muchacho para que pueda sufragar los gastos de estar preso. Los internos deben pagar semanalmente cuotas al grupo de presos que controla el penal y a los custodios por derechos como el uso de la cama –una plancha de cemento con una colchoneta–, el derecho a ver la televisión o el pase de lista. Además, si quieren comprar algún insumo como productos de higiene o un refresco, los precios a dentro de la prisión se duplican respecto a la calle. Un rollo de papel higiénico, que en una tienda cuesta en promedio 6 pesos, allá dentro cuesta 10 y una Coca-Cola de 600 mililitros se vende a 18 pesos, frente a los 9 con los que se consigue afuera.

Gloria llegó desde Atizapán cargada de galletas, jabón, papel higiénico, y varios guisados de bistec con jitomate y chicharrón en chile verde, los preferidos de su esposo. “Ahí les dan bien feo de comer así que por lo menos que coma bien algún día”, dice y se le ilumina su cara apesadumbrada. Trae mil pesos para pagar las extorsiones, los pasajes y dejarle a su marido el poco resto que le queda. Viene cada domingo y le invierte todo lo que gana en la cocina económica dónde trabaja. Su padre y una de sus hermanas le ayudan para que pueda seguir criando a sus dos hijos, de 10 y 12 años. “Estamos esperando el juicio, ya lleva ocho meses y como se demore más esto va a ser insostenible, entre los custodios aquí y los internos que mandan ahí dentro, es una sangría económica”.

“Y lo que pasa ahí dentro y que solo ellos saben, a nosotros mi hijo solo nos dice que está muy feo y que prefiere no contarnos para que no suframos”, explica María del Socorro que viaja cada quince días de Tlaxcala para visitar a su hijo y traerle todo tipo de víveres. Entre 2012 y 2013, en las cárceles mexicanas, los motines, las agresiones, los homicidios y las huelgas de hambre tuvieron el aumento más significativo desde 2006con un crecimiento del 134%.

A ello hay que añadir una grave situación de autogobierno, corrupción y altos grados de violencia que no siempre se reportan. El Subcomité para la prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han reconocido en diversos informes que “es común la práctica de golpes y maltratos a los internos por el propio personal de custodia y por otros reclusos”

Los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,  de septiembre de 2013, computaban 248 mil 920 personas privadas de libertad, 35% más que hace diez años. Están internos en 420 penales, de los cuáles según el último informe de Human RightsWatch, 220 están sobrepoblados.

40.1% de los presos no tienen siquiera sentencia, dado que el sistema penal vigente todavía en la mayoría de los estados contempla la prisión preventiva. Con la reforma penal, esta se vuelve excepcional a los delitos más graves, apegándose así a los tratados internacionales en derechos humanos y con la intención de no abarrotar las cárceles de posibles inocentes.

El nuevo sistema de justicia, que deberá estar implementado en todo el país para junio de 2016, además de establecer los juicios orales y públicos supone, a grandes rasgos, el reconocimiento de la presunción de inocencia, más eficiencia en el proceso judicial, implementar mecanismos alternos para resolver conflictos e incorporar nuevos órganos procesales que salvaguarden la digna ejecución de las sentencias. Para ello se sostiene sobre tres patas, una reforma y armonización nacional del Código de Procedimientos Penales, la instauración de la Ley de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal y la Ley de Ejecución de Sanciones Penales.

Aunque el Código de Procedimientos Penales ya se aplica en varios estados del país, las otras dos leyes todavía están pendientes de discusión en el Senado. El pasado jueves 3 de julio, las Comisiones empezaron a dictaminar sobre la Ley de Mecanismos Alternos que regulará que no los conflictos menores no lleguen a los tribunales y se desahogue así el sistema judicial.

Este lunes 7 de julio, el miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas en México, Miguel Sarre, convoca a familiares y expertos en el tema a reunirse ante el Senado de la República para exigir a los legisladores que aprueben la Ley de Ejecución de Sanciones Penales “que proteja tanto a procesados como a sentenciados; que abra las prisiones al escrutinio de los medios y de la sociedad, y que dote de atribuciones plenas a los jueces de ejecución para garantizar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario, incluyendo los derechos de los visitantes, los defensores y los observadores”.  

Para Sarre, que lleva 35 años visitando cárceles como abogado, representante de la CNDH, y ahora de la ONU, las condiciones de vida, los castigos y cuotas en las prisiones suponen una sanción extra a la sanción delictiva.

“Tiene muchos agregados como los golpes, la extorsión, la humillación a la familia visitante, la relegación a sitios distantes, la privación de alimentos, la afectación a los derechos de la personalidad como raparle el cabello como le hicieron a Mireles,… y nada de eso deriva de la sentencia. Necesitamos un sistema judicial que ponga orden en la prisión para que no sea un espacio sin ley”, explica en entrevista.

Discusión en torno a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales

 La nueva norma establecerá los parámetros para la gobernabilidad de los penales con el propósito de garantizar que el régimen de internamiento sea llevado a cabo cumpliendo con condiciones de vida digna y segura para los internos. Su punto toral es el establecimiento de Jueces de Ejecución, es decir un magistrado del poder judicial, que independiente de las Procuradurías que gestionan los penales, vele por los derechos de los presos, y ponga fin a los abusos como los que relatan los familiares a la entrada del penal de Barrientos y que se repiten por todo el país. Y no solo con los familiares, sino cuando la ausencia de observadores facilita la impunidad.

“Para que la ley rija en la prisión necesitamos una autoridad independiente de la encargada de cumplir con la pena, que sería el juez de ejecución, porque los muros de los penales tienen que ver más con que no se vea con lo que hay adentro que con que no se fuguen sus presos. Mientras mayor sea el grado de seguridad de una cárcel más debe ser sujeta al escrutinio público porque hay un mayor grado de vulnerabilidad”, resume Sarre. A lo largo de su 35 años de experiencia asegura que solo ha visto como aumentaban los presos, el hacinamiento y la impunidad. Una vez incluso le tocó ver que un Ombusdman estatal diera dinero al policía encargado de la prisión para agradecerle la visita.

“Esto es un negociazo, por cada preso ganan dinero los policías que custodian, los abogados, los fiscales,…”, espeta Eva a las afueras de Barrientos, una abogada que va a visitar a un familiar con su ración correspondiente de víveres.

La nueva ley debería acabar con esta cadena de corrupción, sin embargo, las funciones del Juez de Ejecución, su eje central, dependerá de cómo se legisle. Ahora mismo hay tres iniciativas para conformar dicha norma, una por parte de la Procuraduría General de la República –la más restrictiva–, otra abanderada por las senadoras panistas Pilar Ortega y Adriana Dávila, y una tercera, coordinada por Miguel Sarre y suscrita por nueve senadores del PRI, PAN y PRD. Mientras las dos primeras limitan la función de jueces de ejecución de sentencias a resolver sobre las modificaciones a las sanciones que se le hayan impuesto al responsable del delito, es decir la competencia se centra en la reducción de la pena (beneficios) y en traslados. En cambio la que exige Sarre es mucho más ambiciosa y supone que tanto los internos –tengan o no sentencia ya– como sus visitas, puedan denunciar cualquier abuso.

De igual manera, la iniciativa de Sarre contempla una serie de mecanismos para que las demandas prosperen, por ejemplo que la queja se pueda poner a través de otra gente que no sean los propios presos, que deberían hacerlo a través de sus propios custodios, y garantizar así que llegue a manos del juez.  O que una vez interpuesta la demanda no se pueda desistir de ella para evitar que los quejosos reciban castigos con la intención de que la quiten.

“El debido proceso pasa por distinguir entre la justicia, y la venganza cuando se aplica la prisión.Que la pena de prisión sea la que impone el juez y no haya castigos de más, abusos y excesos de parte grupos de internos que son el autogobierno o la propia autoridad misma, porque eso rompe con el estado de derecho”, agrega Sarre.

La iniciativa de Sarre cuenta con el apoyo de diversas organizaciones sociales, que ya enviaron una carta a las Comisiones de Justicia, Gobernación y Derechos Humanos del Senado el mes pasado para hacer presión “en contra de los privilegios y grupos de poder en las cárceles mexicanas”.

“Estimamos urgente que los jueces de ejecución penal cuenten con todas las atribuciones para imponer la ley (…)La ventaja moral que gana el Estado cuando juzga conforme a un debido proceso se desdibuja cuando en la prisión imperan los abusos o los privilegios”, esgrimieron en la misiva organizaciones como México Evalúa, Causa en Común o el Observatorio Nacional Ciudadano.

La futura ley ya se está dictaminando en las Comisiones del Senado de la República pero no se discutirá hasta el próximo periodo de sesiones, a partir de septiembre. Desde la Comisión de Justicia, la senadora priísta y una de las suscriptoras de la iniciativa de Sarre, Arely Gómez, aclara que “necesitamos un techo mínimo para garantizar los derechos humanos a las personas privadas de libertad pero hay que escuchar a todas las voces. La iniciativa de Sarre no es la última palabra estamos discutiéndolas con la de las senadoras panistas y la de la PGR, que finalmente son los que trabajan en los penales”.

Fuente: 

La cultura organizacional y el modelo de policía en México


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EDWIN CANTÚ

CIENCIA UANL / AÑO 17, No. 67, MAYO-JUNIO 2014

En la actualidad, existe la necesidad de un cambio sustancial en cuanto a corporaciones policiacas, esto a raíz de diversos factores entre los que destacan: el aumento en tasas de delitos, (a) el bombardeo mediático sobre violencia relacionada con delitos, las exposiciones a la luz pública sobre casos de abuso policial (b) y la baja confianza en la misma policía. (1) Es por esto que a partir de finales del siglo pasado, los gobiernos iniciaron una serie de reformas que pone de manifiesto la necesidad institucional (y discursiva) de un cambio en las corporaciones, para sustituir un modelo policial meramente reactivo por uno anclado en las capacidades investigativas y de inteligencia. (2) A este decir, las legislaturas en turno (a nivel federal y estatales) aprobaron bases en aras de incidir en la deficiencia de las estructuras policiales, y establecieron un marco de reforma utilizado por los tres niveles de gobierno (federación, estados y municipios), con la pretensión de instituir nuevas metodologías con fundamentos científicos, a la par de incentivar procesos de profesionalización en el actuar de los policías.

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Los planteamientos de reforma realizados en este tema están bajo la idea de que el completo cambio en cuanto al accionar del policía es un proceso gradual. Sin embargo, sería un error pensar que la tecnificación de los procesos, el fomento de la prevención del delito, el mejor equipamiento y el aprendizaje de mejores herramientas de investigación criminalística generarían por sí solas un cambio sustancial en el hacer/ ser del policía, en su actuar diario y en la dinámica y relación que tiene con los ciudadanos. Asimismo, la formación ética sobre el quehacer del policía no resulta suficiente para que interiorice los presupuestos preestablecidos y actúe en concordancia con éstos. ¿Qué se puede pensar como condicionante que influya en que las policías (de los tres órdenes de gobierno y tanto judicial como preventiva) se desapeguen de la norma de la legalidad para la cual se forman?

Una respuesta parcial tendría que cimentarse en la comprensión del entorno donde se desarrollan como policías. El entorno es el medio a partir del cual el policía “conjuga complejos valores, actitudes, símbolos, reglas, recetas y prácticas” (3) que le dan sentido a una cultura policíaca o a una cultura propia del sujeto que incluye toda la gama de significaciones construidas desde su posición como agente legitimado para el uso de la fuerza pública. Por lo tanto, se podrán establecer puntuales reformas y propuestas de diferentes enfoques en materia de cambios estructurales sobre cuerpos policiacos; sin embargo, lo anterior se queda en un nivel macroestructural sobre el accionar de los sujetos. Es decir, se podrá dictaminar desde el mundo político y legislativo acerca de cómo debe hacerse el trabajo policiaco; no obstante, toda una serie de condicionantes incide en que el trabajo se desenvuelva de una u otra manera, y como factor de esto se presenta la cultura organizacional.

Para comprender el anterior concepto, es necesario identificar las dos partes que lo componen: una hace referencia a la cultura (del mundo policiaco), y otra hace referencia a dos perspectivas: 1) hacia entender el término de organización como estructura jerárquica, y 2) también entenderlo como el sustantivo que le da solidez e identidad a un grupo de personas que se desenvuelve en el mismo ámbito.

Con respecto al primer componente del anterior concepto, la definición de Tudela (4) sobre cultura policial resulta contundente: “Un sistema compartido de ideas, valores y creencias, y un conjunto de prácticas generalizadas, de reglas y principios de actuación que se aplican en las situaciones propias de la actividad policial (el campo policial), y que es transmitido de unos a otros y tácitamente aceptado por los miembros de la policía. Ésta puede diferir –de hecho así es– entre sus miembros y grupos al interior de ella”.

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Por su parte, Hernández Morón (5) también hace hincapié en la legitimidad y permisividad de las prácticas, es decir, de lo que se puede y no se puede hacer siendo policía, de lo que se tolera y de lo que no, permitiéndole al sujeto reconocerse en un espacio. La autora señala que “son las prácticas cotidianas del quehacer policiaco las que estructuran al sujeto como un elemento de la organización, adquiriendo las prácticas preestablecidas” (p. 35). En México, la serie de condiciones sociohistóricas ha impactado en la conformación de una cultura organizacional que delinea prácticas, modos de actuar y del ser policía. Para ejemplificar, en su estudio sobre la policía y sus encuentros con ciudadanos en el municipio de Nezahualcóyotl, Carlos Silva (6) expone siete elementos presentes en lo que es tolerado y permitido en las corporaciones mexicanas:

1. La idea del combate a la delincuencia (y uso de la violencia) como modelo, tomando como función central el “combate” a la delincuencia.

2. Poco énfasis en capacitación para la solución de conflictos entre la comunidad.

3. Existe el rechazo a los procedimientos formales, esto a raíz de una connotación política, aumentar el número de presentaciones ante el Ministerio Público y dar buena imagen ante la opinión pública.

4. Influencia del pensamiento militar, que constituye un modelo de “atrapar delincuentes”, aunado a poca transparencia y evaluación.

5. Existen el peligro y el estrés ante el auge del contexto criminal ligado al narcotráfico.

6. El pago de cuotas de los cargos inferiores a sus jefes, que incide en prácticas de corrupción.

7. Ambiente interno disciplinario, generalmente marcado por la discrecionalidad, la desconfianza y el autoritarismo.

La conjugación de los anteriores elementos caracteriza una cultura organizacional plagada de irregularidades, de acuerdo a la ley, que genera una propensión a la discreción y a los abusos que conforman el marco del ambiente en el cual trabaja el policía. Es imprescindible, pues, poner énfasis en continuar explorando elementos que permitan entender las condiciones en las que se desarrollan los policías para tratar de, efectivamente, hacer impacto en él. Ante reformas que estructuran partes del proceso de formación y del ser policía (la profesionalización, el equipamiento, la ética), se deben incluir procesos de resistencia al ambiente de trabajo en su relación con la comunidad; (6) de lo contrario, permanecerán la violencia pública, el ofrecimiento de opciones para incurrir en la corrupción, la falta de respeto y la desconfianza ciudadana.

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En síntesis, la relación entre cultura organizacional y reformas macroestructurales se comprende con el ejemplo expuesto por Sabet y Olson (7) sobre la corrupción en la División de Narcóticos de la ciudad de Nueva York. Los autores mencionan:

…sobre la corrupción en la División de Narcóticos de la ciudad dieron lugar a una sustitución gradual de casi todo el personal de la división. Tres años después, se encontró que la corrupción se había mantenido y el personal tuvo que ser reemplazado nuevamente. A pesar de los cambios, la corrupción no disminuyó.

El ejemplo anterior es entendido como la teoría de la manzana podrida, aquélla en la que se señala que un agente corrupto “contamina” a los demás para que también incidan en la corrupción; esto representa un obstáculo para la reformulación de cuerpos policiacos bajo el esquema de la legalidad. Este mismo problema enfrenta México con las corporaciones nacionales. El despido de elementos corruptos y la adhesión de nuevos no implica que la formación de los nuevos bajo el esquema de la profesionalización evite que se practique la corrupción, y esto tendría que relacionarse con valores organizacionales (vale pensar en la necesidad de pagar la “cuota” a los superiores). (6)

En relación al fenómeno de la corrupción, casos como la Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC) (8) exponen formas de afrontar el debate de una de las prácticas que debilitan la confianza y exponen la corruptibilidad de los funcionarios públicos. Por medio de incentivos institucionales, a través de revisiones a los procedimientos y prácticas en el sector público, y también a través de campañas de concientización para socavar la tolerancia cultural, se pretende influenciar la disminución de la corrupción en agentes policiacos.

De esta manera, también se influye en la reforma hacia un nuevo modelo de policía profesional y confiable, en el sentido de que es pertinente incidir en una serie de factores culturales que imposibilita que las corporaciones se apeguen a la legalidad. En este sentido, es necesario que los tres niveles de gobierno desarrollen mecanismos para la solución de estos problemas. Como ejemplo de lo anterior, cabría señalar la implementación del Plan Anticorrupción que establece bases y lineamientos sobre la prevención y erradicación de prácticas corruptas en Nuevo León.

El planteamiento de la reforma policiaca tiene que incluir tanto lo que se ha hecho en términos de reformas institucionales y planes de acción (en los programas) como la modificación de acciones y prácticas que dañan a las mismas instituciones. En plena concordancia con Suárez (2002), (9) quien señala que:

Bajo el convencimiento de que los marcos jurídicos por sí solos no son suficientes para la transformación de las formas de actuar del policía y de la institución policial, es fundamental revitalizar la cultura individual y organizacional, a fin de fortalecer la vigencia de valores y la adopción de nuevas actitudes. En ese sentido, la policía debe asumir el reto de una profunda modernización de sus sistemas educativos para superar los obstáculos ideológicos que impiden la adaptación plena a los principios constitucionales y las reglas del juego democrático (Suárez, 2002; 430). (9)

De acuerdo con Marion Orr y Darrell West, (10) son las pequeñas acciones en el actuar cotidiano las que el ciudadano retoma para la configuración de la imagen del policía. Tanto experiencias positivas como negativas, estructuran una imagen del policía que el ciudadano puede valorar como servicial, de apoyo o como un elemento de miedo y de represión; el foco está en las prácticas toleradas por todos los agentes que se circunscriben (ciudadanos, jefes, además de agentes policiacos) en la lógica del actuar del policía bajo su cultura organizacional.

Habría que entender, además, que las corporaciones policiacas (y su cultura organizacional) son un producto sociohistórico, y su comprensión tendría que realizarse dentro de las reflexiones sobre la calidad de los servicios que ofrecen las administraciones públicas y el ejercicio y comportamiento de éstas para con los ciudadanos. (c) Tal como se toleran las prácticas de actuar dentro del mundo policiaco, las instituciones del sector público aparecen como plausibles de tolerar ese mismo desapego a la legalidad, afianzando la manera “práctica” (de motivación y con fines) del vivir y de hacer el servicio.

Finalmente, como ciudadano y como persona, espero que este trabajo sirva de ejemplo por el surgimiento del interés tanto académico como social y político que exigen las instituciones del sistema de seguridad. Si bien el plano macroestructural está entrando en un proceso de cuestionamiento, de cambio de dirección y de reflexión, a la par deberían surgir ópticas especializadas en cuanto al desenvolvimiento meso y micro del sujeto y organización policiacos, en aras de incentivar el debate sobre la composición de un nuevo tipo de policía en México.

*Universidad Autónoma de Nuevo León, FFyL.
Contacto: ewj-33@hotamil.com

(a) Se puede observar el aumento del delito en las estadísticas que corresponden al periodo 1997- 2013, presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP).

(b) Como se señala en el artículo de José Miguel Cruz (“Maltrato policial en América Latina”, publicado en el 2009 en la revista Perspectiva desde el Barómetro de las Américas, número 11), aunque México no presenta el primer lugar en maltrato físico por parte de los policías, se ubica en el séptimo lugar de 20.

(c) Véase el texto de López Portillo. La policía en México: función política y reforma en inseguridad pública y gobernabilidad democrática: retos para México y Estados Unidos. Smith Richardson Foundation, 2000, México.

Referencias

1. Consorcio Iberoamericano de Investigación de Mercados y Asesoramientos. Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad 2011.

2. Magaloni, Ana Laura. Un nuevo marco normativo para un nuevo modelo de instituciones de seguridad pública. En: Rosas, Cristina (coord.). El nuevo modelo de policía en México, Centro de Investigaciones y Estudios en Seguridad, 2012, México.

3. Terpstra, Jayn y Dorian Schaap. Police culture, stress conditions and working styles. European Journal of Criminology, 10, 2013.

4. Tudela, Patricio. Cultura policial y control interno. Revista de Estudios Policiales, Núm. 7. La Academia Superior de Estudios Policiales, 2010, Chile.

5. Hernández Morón, Adriana. Estudio del clima organizacionalen la policía nacional. Tesis. Universidad Católica Andrés Bello, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 2005, Venezuela.

6. Silva, Carlos. Policía, encuentros con la ciudadanía y aplicación de la ley en la ciudad de Nezahualcóyotl, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2011, México.

7. Sabet, Daniel y Eric Olson. Régimen disciplinario de la policía federal. En: Szekely, Miguel (coord.). Sistema integral de desarrollo policial: la construcción de una policía profesional en México. Centro de Investigaciones y Estudios en Seguridad, 2012, México.

8. Szekely, Miguel (coord.). Sistema integral de desarrollo policial: la construcción de una policía profesional en México. Centro de Investigaciones y Estudios en Seguridad, 2012, México.

9. Suárez, M.E. (2002). De estómago, de cabeza ; de corazón: Un acercamiento antropológico a los mundos de vida de los policías en Guadalajara, México. (Tesis doctoral), Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España.

10. Orr, Marion and Darrel M. West. Citizen Evaluations of Local Police: Personal Experience or symbolic attitudes? En: Administration & Society, 2007 38: 649.

Fuente: Ciencia UANL  - Revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León

Saludos @MarioMeneses_

Técnicas para vencer a un Detector de Mentiras


8 técnicas para vencer a un detector de mentiras

Se ha escrito mucho acerca de la moral y ética al mentir.  ¿Será cierto que las mentiras son un “engrasante social”? Entre otros aspectos, podemos distinguir las mentiras blancas de las no tan blancas; y el esconder algunos hechos contra “inventar cuentos” abiertamente.  No es fácil dibujar una línea concluyente entre el bien y el mal.

cómo mentir mejorPero, ¿Es necesario decir siempre la verdad? Todo depende;  Si la verdad puede resultar cruel para quien hablas, o si puede crear un conflicto irresoluble, es posible que “obviar algunos detalles” sea una opción. Por supuesto que si mentimos con mucha frecuencia para tapar las embarradas que conscientemente hacemos, no sólo es totalmente falto de ética, puede llegar a ser ilegal.

De cualquier forma, puede haber momentos en los que esté plenamente justificado que mintamos.  Y tal justificación dependerá completamente de la conciencia de cada quien;  de ninguna manera aprobamos el uso de este conocimiento para fomentar actitudes y situaciones perniciosas o perjudiciales para quienes te rodean. ¡Eres absoluto responsable de tus actos!

- Mi mejor recomendación es aprender a ser honesto todo el tiempo. Este esfuerzo se traduce no sólo en prevenir los conflictos, sino actuar como una mejor persona en todo sentido; también lograrás crear una reputación de credibilidad.

- Analiza si mentir va a ser absolutamente necesario. De ser así, trata de tomar la iniciativa en la conversación diciendo sólo parte de lo que te implica.  Los mentirosos nunca hablan primero, así que sacar el tema a colación de manera proactiva suavizará en gran medida a tu interlocutor. No trates de verlo como una conversación ocasional, sino más bien como una confesión de algo que te pesa mucho. Despierta la empatía en tu posible acusador.

- Debes convencerte que la historia que vas a forjarte es real. No basta con aprendérsela de memoria; tienes que hacer un repaso mental de la “experiencia” que vas a imprimir en tu mente. Esto tiene un doble beneficio: primero, relatarás la anécdota de una manera más natural y será mas fácil prevenir inconsistencias en tu relato.

- Pase lo que pase, trata de no desviar tu mirada directamente hacia abajo; esto es muy común al mentir, y puede ser un indicio expreso para cualquier persona, inclusive si no tiene entrenamiento en detección de mentiras.

- Controla por completo los movimientos de tus manos. Evita a toda costa los manipuladores , y por ninguna razón te toques la cara, orejas, cuello, etc.  Generalmente las personas que simplemente relatan un suceso de memoria, no presentan estos gestos.

- Mantén una actitud conversacional casual. A menos que te lo pidan expresamente, no es necesario ver a la gente a los ojos.  Recuerda que los mentirosos miran fijamente para ver si su mentira es creída.

- No te desesperes si tienes que pensar tus respuestas. Eso nos pasa a todos, inclusive si tenemos que contestar preguntas muy triviales (por ejemplo, qué ropa nos pusimos ayer).

- Mantén la complejidad de tu historia bajo mínimos. Trata de adornar lo menos posible.  Mientras más detalles menciones, más tendrás que justificar luego.

- Ante una acusación, las personas inocentes pueden tornarse agresivas, hacer fuertes réplicas y (al calmarse) tratar de cooperar lo más posible para demostrar su inocencia. ¿Puedes tú reaccionar así a conciencia?

Recuerda, nunca mientas a funcionarios públicos, a la policía, a tu doctor o tu abogado.  ¡Me imagino que tu sentido común es suficiente para saber por qué!

Fuente: Universidad Corporativa Fundación Lenguaje Corporal.

Saludos

@MarioMeneses_

Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional


Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Covencional

Resulta un motivo de satisfacción realizar la presentación del Diccionario de Derecho Constitucional y Convencional, bajo la coordinación de Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Fabiola Martínez Ramírez y Giovanni Figueroa Mejía, que ha tenido a ser bien publicada por el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Es un texto indispensable para todos los Jueces, Operadores Juridicos y estudiosos del Derecho.

El presente Diccionario representa el trabajo de 200 autores de 18 paises latinoamericanos y europeos, que reunen casi 600 voces en la materia. Asi, no solo es un puente entre la juridiccion interna y la internacinal, sino es una significativa aportación al análisis de los asuntos relacionados con los Derechos Humanos.  

La progresividad y expansión que han tenido el derecho procesal constitucional y los derechos humanos en los ultimos años resultan innegables, por lo que las aproximaciones serias a esta disciplina son condición inexcusable para la comprensión de las categorias básicas que son objeto de su estudio.

Una de las tareas pendientes es definir el papel del juez en un Estado Democratico y Constitucional, quien con su labor interpretativa y de aplicación construye y reconstruye las normas, dotando de contenido a los Derechos humanos.

La tarea de las y los impartidores de justicia consiste, por lo tanto, en tutelar y aplicar de manera irrestricta los principios constitucionales con apoyo en los mecanismos legales, constitucionales y convencionales de diversa índole, previstos para tal efecto.

Así, es claro que los jueces nacionales tienen responsabilidad central de salvaguardar los derechos humanos en un Estado, entendido este ultimo como un verdadero fenómeno social y cultural.

Los recientes cambios en el sistema normativo y de fuentes propiciados en México a partir de las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos del 6 y 10 de junio de 2011, respectivamente, permite el encuentro de la disciplina denominada derecho procesal constitucional, discutiendo temas relevantes que surgen en torno al mismo.

La figura del juez impone como premisa irrecusable de su actividad, el ejercicio del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, generando una conexión directa entre el derecho constitucional y el derecho internacional y convirtiendolo en juez constitucional y juez interamericano.

Asimismo, el contexto de los compromisos internacionales, del análisis del expediente 912/2010, relativo al cumplimiento de la sentencia de Rosendo Radilla  dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de la contradicción de tesis 293/2011, en donde se ha interpretado la jerarquía de las normas en México, permite afirmar desde la experiencia mexicana, que los tribunales constitucionales son determinantes en la construcción y progresividad de los derechos, asumiendo la responsabilidad histórica de su respeto y garantía, generando con ello nuevos derroteros en los criterios interpretativos, sustantivos y adjetivos que permitan la eficacia de los mismos.

A partir de dichos pronunciamientos, se hace evidente la necesidad de asegurar y determinar que las obligaciones internacionales fomentan  una debida articulación entre el derecho interno y el derecho internacional, lo que implica un proceso dinámico de reflexión y reinterpretación del derecho, a la luz de un sistema de fuentes diverso, y en el cual se produce un interesante e intenso influjo entre cortes nacionales e internacionales, a lo que la doctrina ha denominado el “dialogo jurisprudencial”.

Debemos, por lo tanto, entender el presente esfuerzo, como la descripción de los conceptos fundamentales en torno a la disciplina constitucional, procesal e internacional, pero ademas, como una herramienta importante para jueces, juezas, magistrados y magistradas, obligados a garantizar diariamente los derechos fundamentales, por medio del ejercicio cotidiano de integración normativa que les corresponde.

Sin duda alguna, las contribuciones de todos los autores y de los coordinadores motivaran al análisis, la difusión y el estudio en relación con el nuevo paradigma de los derechos humanos.

En este marco, resulta particularmente importante la participación del Consejo de la Judicatura Federal, participe en la generación de una herramienta de apoyo para las y los juzgadores, ya no solo constitucionales o convencionales, sino ahora también encargados explícitos de proteger los derechos humanos.

Abril de 2014

Ministro Juan N. Silva Meza

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

y del Consejo de la Judicatura Federal

Descarga la presentación en este enlace: Diccionario_de_Derecho_Procesal_Constitucional_y_Convencional  y el DiccionarioII

Etapa de Investigación en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral.


 

I. Contexto

Una etapa compleja dentro del nuevo sistema acusatorio y oral es la de investigación que, grosso modo, sustituye a la depuesta averiguación previa, pero con importantes diferencias como son que, cuando hay una persona detenida, ésta puede quedar sujeta a prisión preventiva antes de la acusación por todo el tiempo que dure la investigación, previa solicitud del MP y con la respectiva vigilancia de un juez de control de garantías1

Dicha medida cautelar puede prolongarse hasta la etapa de juicio oral.

La incorporación de la etapa de investigación no está expresamente prevista en la Constitución; sino que obedece a modelos procesales provenientes del derecho comparado en Latinoamérica y de las propias entidades federativas que han adoptado el modelo de justicia penal acusatorio de conformidad con el marco constitucional vigente, en consonancia con directrices aportadas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos internacionales. La etapa de investigación comienza con la noticia criminal o noticia criminis (denuncia o querella) que puede ser recibida por un agente de la policía (investigadora o inclusive preventiva, de acuerdo con el artículo 21 constitucional) o bien, por el ministerio público (MP). En todo caso, en nuestro sistema, el MP será quien dicte el respectivo acuerdo de inicio. En el supuesto de que sea la policía quien reciba la denuncia, ésta será responsable de dar aviso al MP de inmediato, sin perjuicio de proporcionar auxilio y protección a la víctima y a los testigos, preservar el lugar de los hechos y las evidencias, así como recabar toda la información posible que pueda ser de utilidad para la investigación, incluyendo, en su caso, la detención de la persona sorprendida en flagrancia. Todo lo anterior puede conducir a que el MP dicte el acuerdo de inicio y gire las instrucciones pertinentes, según haya o no de continuarse con la investigación. En el otro supuesto, cuando es el MP quien tiene conocimiento de la comisión del hecho, deberá ordenar a la policía las diligencias de investigación iniciales con el fin de determinar si la noticia del delito justifica continuar con el desarrollo de esta etapa.

Esta etapa de investigación se realizará por la policía y los peritos, bajo la conducción jurídica del MP2, introduciéndose las funciones del juez de control, entre las cuales están las siguientes:

1. Conducción de las actuaciones. Comprende:

a. En caso de investigaciones con detenido. Dirigir el debate sobre el control de legalidad de la detención (flagrancia o caso urgente) y, de decretarse legal la detención, continuar a la formulación de imputación por parte del MP y demás actos subsecuentes.
b. En caso de investigaciones sin detenido. Citar, a petición del MP, a la persona imputada para que éste le comunique que su conducta es objeto de investigación ante la presencia del propio juez de control de garantías; es decir, le formule la imputación, de manera que la persona imputada esté en condiciones de prepararse para el proceso.
c. Dirigir el debate sobre la declaración de vinculación a proceso.
d. Dirigir el debate sobre aplicación de medidas cautelares.
e. Dirigir el debate sobre el plazo de cierre de la investigación.
f. Resolver sobre la aplicación del criterio de oportunidad ejercido por el MP.
g. Resolver sobre la aplicación de salidas alternativas (conciliación y mediación), suspensión del proceso a prueba y juicio abreviado.

2. Protección de derechos. El juez de control autorizará la afectación de los derechos de la persona cuya conducta se investiga (p.ej. técnicas de investigación, providencias precautorias y medidas cautelares 3) y, en general, velará por la protección de los derechos de víctima e imputado.

Esta etapa se desarrolla en una fase de investigación desformalizada, seguida de una fase de investigación formalizada. La primera se mantiene reservada (exceptuando a la víctima u ofendido, así como a sus coadyuvantes o representantes legales) para favorecer el éxito de la misma y porque nada amerita hacerla del conocimiento de la persona cuya conducta se investiga, ni de la sociedad en general. La segunda, de carácter formalizado, se inicia una vez que se le haya imputado formalmente un delito a la persona y que se le haya comunicado la información que hasta ese momento obre en la carpeta de investigación4 del MP. Esta segunda fase da inicio con la citación judicial a la audiencia pública presidida por el juez de control de garantías en la que el MP comunicará a la persona en cuestión que se le imputan ciertos hechos5. A partir de ello, el juez decretará la vinculación a proceso, salvo que no comparta la opinio delictiva del MP, es decir, que los hechos imputados, aun si llegasen a ser probados como ciertos, no serían constitutivos de delito o que los mismos ya hubiesen prescrito o que no sea verosímil la probable participación de la persona imputada.

No obstante, es pertinente señalar que para la formulación de la imputación, no se requiere un determinado estándar probatorio, puesto que si bien, en este momento se anuncian los datos de prueba de los hechos imputados, los mismos todavía no se desahogan. Cabe aclarar que lo anterior es aplicable a las investigaciones que inician sin detenido, a diferencia de aquéllas iniciadas con detenido en las que por razones obvias, como se abundará más adelante, la investigación se formaliza inmediatamente.

Al final de esta etapa el MP habrá adquirido o no el convencimiento de que cuenta con datos suficientes para acusar a una o varias personas. Ello implica buscar, identificar y localizar los datos de prueba que posteriormente presentará al formular la acusación, si cuenta con elementos suficientes para abrir un proceso penal, en términos del artículo 102, apartado A constitucional (lo que funciona de forma similar al caso del abogado civilista quien antes de intentar la acción reivindicatoria, valora si cuenta con elementos suficientes para intentarla).

De acuerdo con lo anterior esta etapa concluye con la formulación de la acusación o el auto de sobreseimiento, o bien, con alguna de las medidas alternativas o proceso especial, según sea el caso.

Fuente: Descarga  ETAPA DE INVESTIGACION por Tania Luna, es consultora independiente en materia de la reforma del sistema de justicia penal, integrante del Comité de Capacitación de la SETEC y capacitadora certificada por el mismo organismo. bretanll@hotmail.com

Miguel Sarre, es miembro de la Red en Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso, profesor-investigador del ITAM y miembro del Consejo directivo de la SETEC, con voz y voto por cuenta de los académicos.

miguelsarre@gmail.com Twitter: @miguelsarre
http://www.miguelsarre.com

Averiguación Previa.



AVERIGUACIÓN PREVIA.
I. Concepto
Existen diversas definiciones acerca de lo que debe entenderse por averiguación previa, algunas de ellas, la consideran como una fase del procedimiento penal federal, y en un sentido material, la contemplan simple y llanamente como un expediente.
Respecto al primer sentido de este concepto César Augusto Osorio y Nieto manifiesta que la averiguación previa constituye “…la etapa procedimental durante la cual el órgano investigador realiza todas aquellas diligencias necesarias para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente delictivo y en su caso comprobar o no, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad y optar por el ejercicio o abstención de la acción penal”1.

Por lo que hace a su definición como expediente, simplemente cabe decir que siendo un documento en el que prevalece la forma escrita, deberá contener todas y cada una de las actuaciones que realice el Agente del Ministerio Público Federal, en su función investigadora, que le permitirán resolver posteriormente, si realiza o no la consignación ante el Juez de Distrito correspondiente.

Previo a la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia de 2008, el concepto de averiguación previa se encontraba contemplado en el artículo 20 Constitucional, apartado A relativo a las garantías del inculpado, que establecía en el párrafo cuarto de la fracción X, que las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX, deberían de ser observadas durante la averiguación previa. Por su parte, el apartado B, relativo a las garantías de la víctima en su fracción segunda, contemplaba las garantías de la víctima u ofendido para coadyuvar con el Ministerio Público, así como el hecho de que todos los datos o elementos de prueba con los que contara fueran recibidos por la autoridad y se desahogaran, no sólo durante el proceso, sino también durante la etapa anterior, esto es, durante la averiguación previa.

Actualmente el concepto de averiguación previa ya no se encuentra contenido expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando que fue reformado el artículo 20 Constitucional, sin embargo, en el ámbito procesal penal federal, aún no entran en vigor estas disposiciones sino hasta que se implemente el sistema procesal penal acusatorio. Aunado a esto, es la ley procesal penal federal la que denomina a esta etapa con ese nombre en su artículo 2º del Código Federal de Procedimientos Penales.

De ahí que autores como Fernando Arilla Bas, consideraran correcto denominarla como periodo de preparación del ejercicio de la acción penal.

En realidad, la denominación de esta etapa carece de importancia práctica, puesto que se encuentra debidamente reglamentada y desarrollada por la legislación procesal penal federal, lo que permite que el AMPF y sus auxiliares, llevan a cabo investigaciones que le permitan reunir los elementos de prueba necesarios para acreditar, en los casos concretos, los supuestos relativos al cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado.

1 Osorio y Nieto, César Augusto, La Averiguación Previa, 20ª Ed., México, Editorial Porrúa, 2010, p. 5.

Fuente: Héctor Carreón Perea

  • Secretario del Consejo Directivo del INEPPA-México
  • Profesor-Investigador en Ciencias Jurídico-Penales y Política Criminal.

Descarga: LA AVERIGUACIÓN PREVIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL VIGENTE

Saludos

Mario Meneses

Cárceles y traslados forzados.


Sábado, 01 Febrero 2014 00:00

CÁRCELES Y TRASLADOS FORZADOS
Escrito por Rodrigo Meneses

Más allá de los costos y los grados de incertidumbre que representan para los reos y sus familiares, los traslados forzados han sido considerados por algunos tribunales federales, e incluso por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, como anticonstitucionales

Tradicionalmente se ha conceptualizado a la pena privativa de libertad como un medio para aislar a determinados miembros de la sociedad con el fin de rehabilitarlos o, simplemente, confinarlos. Sin embargo, no es la pena lo que aísla, sino el espacio en que se cumple: las cárceles, y es precisamente en esta capacidad de aislar a la población delictiva del resto de la sociedad que las cárceles encuentran su principal motivo para existir.

A lo largo de la historia, los motivos para aislar a los delincuentes del resto de la sociedad han sido muy diversos. Por un lado, se encuentran lo que podríamos denominar como posturas organicistas, para las que el aislamiento de los criminales es visto como una medida que trata de excluir del conglomerado social a aquellos elementos no asimilables que constituyen un peligro. Por otro lado, se encuentran lo que podríamos denominar como posturas reintegradoras, en las que el aislamiento –los años de completa separación del resto de la sociedad– tiene como objetivo someter al criminal a un proceso constante de reflexión, con el fin de lograr su arrepentimiento y su voluntad de volver a la sociedad.

Sin embargo, para dimensionar la magnitud del castigo es necesario ir más allá de los diseños de política pública y entender que la población penitenciaria representa un agregado heterogéneo de sujetos que han sido suprimidos de su ambiente familiar, desplazados, aunque sea por un momento, de su comunidad. Esto es lo que la literatura más reciente ha denominado como “movilidades forzadas”, es decir, un proceso a través del que la población acusada de cometer un delito es obligada a dejar sus familias y comunidades para cumplir una pena privativa de libertad.

Las distancias y las familias

Cierto es que todas las cárceles aíslan o separan a los reclusos del resto de la sociedad, pero en ocasiones esta dimensión punitiva de las prisiones se agrava por las distancias existentes entre las comunidades de origen de los reclusos y los penales en que se encuentran recluidos (I).

En este sentido, un análisis de la Primera Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social elaborada por el CIDE en 2012(II) permite ilustrar muy bien las dimensiones que tiene este fenómeno en México.

Como señala Pérez-Correa (III), aquí “los costos del viaje son impagables para muchos”, además de que las familias deben recorrer un largo proceso burocrático para visitar a sus reos: el trámite consiste en presentar copia simple de acta de nacimiento (del visitante); comprobante de domicilio; identificación oficial (del visitante); acta de matrimonio o documento que certifique el concubinato (en caso de estar casados o vivir en unión libre); así como fotografías tamaño infantil a color, con fondo blanco y sin retoque. Pero, más allá de estas dificultades, hay algo que la población en general desconoce por completo y que es tan sistemático que se ha convertido ya en una práctica institucional: los traslados forzados de la población de un centro penitenciario a otro.

p.15-2

Iniciativa sin precedentes

Hacia 2009, las autoridades del Sistema Penitenciario Federal desarrollaron una iniciativa sin precedentes tendiente a reconfigurar el sistema penitenciario mexicano. Básicamente, se trataba de poner en marcha de un verdadero sistema penitenciario federal en el que los procesados acusados de haber cometido un delito del fuero federal pudieran cumplir sus penas.

p.17

Hasta entonces, los presos pasaban su condena en cárceles estatales (IV). El resultado final de esta iniciativa consistió en el desplazamiento de poco más del 90% de los procesados en el fuero federal a Centros Federales de Readaptación Social.

Evidentemente, los efectos de estas prácticas no se limitan a causar zozobra en el individuo trasladado, también impactan a los familiares. De hecho, algunas autoridades locales, como la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (V) han debido incluir dentro de sus páginas web información para orientar a las familias sobre qué hacer en caso de que sus familiares presos sean trasladados a algún penal federal, como las Islas Marías.

p.18-1

Así, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la posibilidad de que los sentenciados puedan purgar la pena de prisión en un centro penitenciario más cercano a su domicilio representa un derecho humano, reconocido en el párrafo octavo del Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (VI):“ello, porque la palabra ‘podrán’ que el Constituyente utiliza para denotar su contenido, está dirigida a los sentenciados y no a las autoridades legislativas o administrativas, habida cuenta de que el ejercicio de tal derecho representa un acto volitivo del sentenciado que puede manifestarlo en una petición concreta para ser trasladado al centro penitenciario más cercano a su domicilio, pues sólo así, en atención a la cercanía con su comunidad, puede alcanzar con mayor eficacia el objetivo constitucional de la reinserción social”(SCJN,p./j. 19/2012)(VII).•

p.18-2

Notas y referencias:

I. Quizá el caso más documentado de esta dimensión punitiva de la pena privativa de libertad sea el del movimiento Euskal Presoak Euskal Herrira, a través del que los familiares de los presos acusados de participar en el movimiento terrorista-vasco ETA han demandado, sistemáticamente, la repatriación de poco más de 600 prisioneros para que cumplan sus sentencias en cárceles ubicadas dentro del País Vasco. Un análisis pormenorizado de este proceso puede ser visto en: Muro, D (2009) “The politics of warmemory in radical Basquenationalism”, Ethnic and Racial Studies, Vol. 32 No. 4 pp. 659-678.

II. CIDE (2012), Primera Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social. Disponible en: http://hdl.handle.net/10089/16531

III. Pérez-Correa, C (2013) “Las Islas Marías: Del paraíso al motín”, Nexos  http://www.nexos.com.mx/?p=15295

IV. Hasta el año pasado, de acuerdo con datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, el Sistema Penitenciario Mexicano estaba estructurado por: un sistema federal [13 centros de reclusión]; 31 sistemas estatales[304 centros de reclusión y 91 cárceles municipales] y el sistema del Distrito Federal [10 centros penitenciarios], véase: Secretaría de Seguridad Pública-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal (2012) Avances y retos del sistema penitenciario federal.

V. http://tinyurl.com/lrf6og7

VI. Reformado mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, que entró en vigor el 19 de junio de 2011.

VII. P./J. 19/2012; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Décima Época; SCJNPleno; Libro XIII, Octubre de 2012 Tomo 1, Página. 14, Jurisprudencia (Constitucional) [http://tinyurl.com/mplowl3]

RMeneses

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Derecho Penal del Enemigo.


Por: Carlos De la Rosa (@delarosacarlos)

El constante incremento en los niveles de inseguridad ha ocasionado que cada vez un mayor número de personas se pronuncien por una mano más dura por parte del Estado. Dentro de este grupo existe una amplia y arraigada creencia que afirma que dichas demandas son inalcanzables si la autoridad no cuenta con mayores facultades –entiéndase discrecionalidad- para conseguirlas. De acuerdo con esta postura, la persecución eficaz del delito no es compatible con el respeto de los derechos humanos, los cuales representan un lastre a favor de los delincuentes. La reciente discusión en la Corte sobre la geolocalización es un buen ejemplo de cómo algunos entienden la protección de derechos humanos como una innecesaria “burocratización”.

Esta falsa disyuntiva en el derecho penal mexicano tiene un importante punto de referencia en el 2008. En dicho año se aprobó la reforma más ambiciosa en materia penal desde que la Constitución de 1917 fuera promulgada. Como todo en México, dicha reforma no estuvo exenta de contradicciones: Por una parte, la reforma pretende transitar hacia un sistema penal acusatorio que garantice la protección de derechos tanto de víctimas como de procesados y, por otra (quizá menos publicitada), se introdujo un régimen de excepción que puede enmarcarse dentro de lo que se conoce como Derecho Penal del Enemigo. Este tipo de derecho se refiere a la tendencia político-criminal que sostiene que el castigo efectivo de determinados delitos se encuentra supeditado a la disminución –cuando no suspensión- de los derechos humanos de los imputados.

El derecho penal del enemigo no es algo nuevo, sus orígenes se remontan a los años ochenta, pero en la última década (sobre todo a partir de los acontecimientos de terrorismo internacional) ha adquirido un nuevo impulso que lo presenta como alternativa viable para enfrentar los desafíos que el derecho penal “tradicional” ha sido incapaz de resolver. En México se introdujo como el instrumento necesario para disminuir la ola de violencia que crece desde mediados de la década pasada; en específico, la reforma incluyó una serie de disposiciones dirigidas a la persecución de la delincuencia organizada en detrimento de los derechos procesales de los imputados. Como su nombre lo indica, el derecho penal del enemigo impone una visión maniquea que divide a los individuos entre los “amigos”, quienes pueden ser sujetos de un derecho procesal garantista y los otros –los enemigos-, aquellos que por su calidad requieren un trato “especial”.

La Constitución atribuye este régimen a los casos de delincuencia organizada, que a su vez define como la organización de tres o más personas para cometer delitos de forma permanente o reiterada (en principio la Constitución no debería tipificar delitos). Se trata de una definición laxa que compete desarrollar a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO). Esta, por su parte, incluye un catálogo de los delitos considerados de delincuencia organizada que van desde el terrorismo y narcotráfico hasta la falsificación de moneda. Un primer riesgo de este régimen de excepción consiste en que no existen delitos de “enemigos” por antonomasia, por ello una modificación de la LFCDO, condicionada a una mayoría simple en el Congreso, podría incluir cualquier tipo de conducta en el catálogo de delitos de delincuencia organizada. Por otra parte, es grave que la tipificación de la delincuencia organizada se refiera al mero hecho de la asociación, al simple acuerdo.

Aunque se niegue, el derecho penal del enemigo asume que un sistema garantista entorpece la actuación de la autoridad. Entre las disposiciones que integran este régimen en el caso mexicano se encuentran aquellas que establecen plazos de detención excepcionales. Por ejemplo, mientras a un delincuente “ordinario” se le puede detener hasta 48 horas, en el régimen de excepción del “enemigo” este plazo se extiende hasta 96 horas; la ampliación queda a discrecionalidad de la autoridad investigadora. Asimismo, se constitucionalizó el arraigo que permite una detención de hasta 80 días sin que medie acusación formal. Además se restringen las comunicaciones de los imputados con terceros durante el proceso y se les impide el derecho de purgar sentencias en centros penitenciarios cercanos a su domicilio. Por último, de forma taxativa se estableció la prohibición para los procesados de gozar de libertad bajo caución ya que se ordena la prisión preventiva oficiosamente, en lo que constituye una flagrante violación a la presunción de inocencia.

Sin embargo, probablemente lo más grave sea que todo lo anterior se aplica sin que exista declaración alguna de culpabilidad por parte de autoridad judicial. El derecho penal del enemigo se dedica a etiquetar de forma apriorística a las personas entre delincuentes “ordinarios” y “enemigos” del Estado, y deriva graves consecuencias de esa clasificación arbitraria. Cualquier ciudadano puede ser sujeto de un proceso excepcional en el cual –con sus derechos procesales reducidos- deberá probar que nunca debió ser sujeto de dicho régimen. Desde mi perspectiva, eso per se constituye un castigo sin sentencia, a lo que cabría preguntar ¿Y la presunción de inocencia? Bien gracias.

La supuesta “idoneidad” con la cual se vendió la introducción del derecho penal del enemigo en el sistema penal mexicano aún no ha sido probada. A casi seis años de su aparición no existen evidencias que comprueben que esté dando los resultados esperados; por lo contrario, lo que claramente existe es un reconocimiento de sus abusos. El mismo Procurador Jesús Murillo Karam, al inicio de su gestión, afirmó que de los 4 mil arraigos efectuados durante la administración anterior sólo en 120 casos se ejerció acción penal. Eso significa que el 97% de los actos de molestia terminaron con un tradicional “Usted disculpe”. No olvidemos lo que implican 80 días de reclusión injustificada, ¿cuántos de los detenidos perdieron su empleo? ¿Cuántos otros fueron estigmatizados en su comunidad? ¿Cuántos recursos se gastaron para no ejercer acción penal?

Como casi siempre, México es un país lleno de incongruencias y el sistema de justicia penal no es la excepción. Por una parte se acertó en rediseñar un proceso penal que era anquilosado y abusivo, sin embargo se decidió que éste sólo aplicara para delitos “ordinarios” y, por otro lado, se permitió una restricción de derechos cuestionable en pos del combate a la delincuencia organizada. Esta contradicción plantea una serie de interesantes preguntas, ¿pueden coexistir dos sistemas antagónicos? De entrada, el hecho de que el derecho penal del enemigo haya sido constitucionalizado dificulta las posibilidades de impugnarlo por medio de los controles constitucionales tradicionales. En este sentido, ¿es necesario eliminar el régimen de excepción, o sólo basta con asegurar los controles suficientes en las leyes secundarias para evitar abusos?

Aunque el régimen de excepción se encuentra legitimado por una auténtica demanda ciudadana, es importante analizar en dónde estriba el problema, si en el uso de las facultades de la autoridad o en las limitaciones de las mismas. Es decir, ¿la autoridad realmente no contaba con las facultades necesarias o más bien nunca hizo un uso adecuado de aquellas de las que disponía? Si se trata del segundo caso, la introducción del régimen de excepción no es más que el reconocimiento de un fracaso y, lo que es más grave, se le intenta resolver por medio del refuerzo de una lógica inquisitiva (el modelo que precisamente se está intentando abandonar). En el contexto de violencia en el cual nos encontramos atrapados es de esperarse que más de uno simpatice con el derecho penal del enemigo, sobre todo porque se presenta como la única alternativa. A quienes sostienen esta postura cabría preguntarles ¿a cuánto estamos dispuestos a renunciar por recuperar la paz? A mi parecer son varios los cambios legales, justificados por la inseguridad, de los que no tardaremos mucho en arrepentirnos.

*Carlos De la Rosa es investigador de CIDAC

Fuente: Animal político

Pandillas en el Siglo XXI.


UNA APROXIMACIÓN AL TEMA DE LAS PANDILLAS.

La aproximación de los medios de comunicación al fenómeno de las pandillas ha registrado en la ultima década un enfoque vinculado a la inseguridad y el crimen, lo que representa un estigma para el estudio y entendimiento amplio de un tema tan complejo y profundo.

Es probable que dicho tratamiento este motivado por la valoración de los actos de primera mano que son observables en las pandillas, sin escrutar con mayor profundidad los motivos o el contexto que llevan a los jóvenes a usar la violencia como un código social, y la delincuencia como instrumento para su propia sobrevivencia. Hechos que plantean un problema central en el que el desconocimiento sobre las pandillas motiva temor, marginación y un estigma social que ubica a sus integrantes en un dilema entre la exclusión y la violencia.

Sin embargo, pereciera que la violencia es el distintivo del fenómeno de las pandillas, sin considerar que los casos que cobran mayor relevancia ante la opinión publica no suceden sin razón alguna. Tales crímenes obedecen a una concentración sistemática de abusos, adicciones, violencia familiar y de genero, que obliga a los jóvenes o niños de entre ocho y doce años a buscar en las pandillas una familia alternativa como destino de vida, lo que permite canalizar sus frustraciones, exorcizar sus miedos y construirse a si mismos una identidad individual y colectiva.

Por eso, tratar el asunto de las pandillas obliga a revisar temas de juventud, identidad, violencia, familia y autoridades en materia de desarrollo social y de seguridad. Estos elementos forman un mosaico que permite abordar el fenómeno de las pandillas, su concepto, sus implicaciones, alternativas y fronteras frente al contexto social que se vive actualmente, donde la sociedad después de ignorarlas les teme y las sanciona con todos los instrumentos a su alcance, motivando una desconexión que replica de manera permanente el fenómeno.

La revisión de este tema tiene la finalidad de contribuir a la conceptualización de las pandillas, tomando en cuenta la realidad de estas organizaciones y su manifestación en el caso mexicano, haciendo a un lado el estigma de violencia con el que se ha marcado.

Ademas, a través de este estudio se busca aportar componentes para la comprensión integral y estructural (causa y efecto) del fenómeno, que permite articular, desde el punto de vista social, el diseño de políticas publicas dirigidas al tratamiento y atención de estos grupos.

En México, los medios de comunicación han dado cuenta de la presencia de las pandillas en todo el país, tema que registra ciclos mediáticos ubicados en el centro, sur y norte del territorio nacional.

En 1978 se formo la agrupación denominada Los Panchitos en la Ciudad de México, especialmente en las colonias de las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo. Los Panchitos se volvieron uno de los primeros referentes de juventud y violencia asociados con marginilidad que los medios de comunicación transmitieron a la sociedad. 25 años después, en 2003, las pandillas volvieron a llamar la atención, esta vez en la frontera sur, con las Maras, en su vertiente MS 13 y Barrio 18 que, como sucedió anteriormente, se asociaron con violencia y juventud, excluyendo sus causas sociales, sus antecedentes y generando una falta de profundidad sobre las razones que orillaban a jóvenes de distintos países a formar parte de una agrupación con estas características.

Para 2007, una vez mas los pandilleros capturaron la atención de al opinión publica; en esta ocasión en la frontera norte de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando se les asocio con dos organizaciones de narcotráfico que se enfrentaban en este municipio: las pandillas de los Artistas, Asesinos y Aztecas.

El presente capitulo busca modificar el paradigma y al percepción acerca de las pandillas, y propone considerar a sus integrantes como victimas y victimarios. Son victimas por su propia historia personal, ya que la violencia intrafamiliar y las privaciones económicas los orillaron a buscar una alternativa de vida. Son victimarios porque ejercen la violencia en contra de sus rivales, o incluso de ellos mismos para integrarse y mantenerse en este modelo de organización.

Esta característica los define en un ciclo de violencia complejo y poco estudiado que requiere ser analizado a profundidad con el fin de proponer alternativas de seguimiento y atención.

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Saludos

@MarioMeneses_