Etapa de Investigación en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral.


 

I. Contexto

Una etapa compleja dentro del nuevo sistema acusatorio y oral es la de investigación que, grosso modo, sustituye a la depuesta averiguación previa, pero con importantes diferencias como son que, cuando hay una persona detenida, ésta puede quedar sujeta a prisión preventiva antes de la acusación por todo el tiempo que dure la investigación, previa solicitud del MP y con la respectiva vigilancia de un juez de control de garantías1

Dicha medida cautelar puede prolongarse hasta la etapa de juicio oral.

La incorporación de la etapa de investigación no está expresamente prevista en la Constitución; sino que obedece a modelos procesales provenientes del derecho comparado en Latinoamérica y de las propias entidades federativas que han adoptado el modelo de justicia penal acusatorio de conformidad con el marco constitucional vigente, en consonancia con directrices aportadas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos internacionales. La etapa de investigación comienza con la noticia criminal o noticia criminis (denuncia o querella) que puede ser recibida por un agente de la policía (investigadora o inclusive preventiva, de acuerdo con el artículo 21 constitucional) o bien, por el ministerio público (MP). En todo caso, en nuestro sistema, el MP será quien dicte el respectivo acuerdo de inicio. En el supuesto de que sea la policía quien reciba la denuncia, ésta será responsable de dar aviso al MP de inmediato, sin perjuicio de proporcionar auxilio y protección a la víctima y a los testigos, preservar el lugar de los hechos y las evidencias, así como recabar toda la información posible que pueda ser de utilidad para la investigación, incluyendo, en su caso, la detención de la persona sorprendida en flagrancia. Todo lo anterior puede conducir a que el MP dicte el acuerdo de inicio y gire las instrucciones pertinentes, según haya o no de continuarse con la investigación. En el otro supuesto, cuando es el MP quien tiene conocimiento de la comisión del hecho, deberá ordenar a la policía las diligencias de investigación iniciales con el fin de determinar si la noticia del delito justifica continuar con el desarrollo de esta etapa.

Esta etapa de investigación se realizará por la policía y los peritos, bajo la conducción jurídica del MP2, introduciéndose las funciones del juez de control, entre las cuales están las siguientes:

1. Conducción de las actuaciones. Comprende:

a. En caso de investigaciones con detenido. Dirigir el debate sobre el control de legalidad de la detención (flagrancia o caso urgente) y, de decretarse legal la detención, continuar a la formulación de imputación por parte del MP y demás actos subsecuentes.
b. En caso de investigaciones sin detenido. Citar, a petición del MP, a la persona imputada para que éste le comunique que su conducta es objeto de investigación ante la presencia del propio juez de control de garantías; es decir, le formule la imputación, de manera que la persona imputada esté en condiciones de prepararse para el proceso.
c. Dirigir el debate sobre la declaración de vinculación a proceso.
d. Dirigir el debate sobre aplicación de medidas cautelares.
e. Dirigir el debate sobre el plazo de cierre de la investigación.
f. Resolver sobre la aplicación del criterio de oportunidad ejercido por el MP.
g. Resolver sobre la aplicación de salidas alternativas (conciliación y mediación), suspensión del proceso a prueba y juicio abreviado.

2. Protección de derechos. El juez de control autorizará la afectación de los derechos de la persona cuya conducta se investiga (p.ej. técnicas de investigación, providencias precautorias y medidas cautelares 3) y, en general, velará por la protección de los derechos de víctima e imputado.

Esta etapa se desarrolla en una fase de investigación desformalizada, seguida de una fase de investigación formalizada. La primera se mantiene reservada (exceptuando a la víctima u ofendido, así como a sus coadyuvantes o representantes legales) para favorecer el éxito de la misma y porque nada amerita hacerla del conocimiento de la persona cuya conducta se investiga, ni de la sociedad en general. La segunda, de carácter formalizado, se inicia una vez que se le haya imputado formalmente un delito a la persona y que se le haya comunicado la información que hasta ese momento obre en la carpeta de investigación4 del MP. Esta segunda fase da inicio con la citación judicial a la audiencia pública presidida por el juez de control de garantías en la que el MP comunicará a la persona en cuestión que se le imputan ciertos hechos5. A partir de ello, el juez decretará la vinculación a proceso, salvo que no comparta la opinio delictiva del MP, es decir, que los hechos imputados, aun si llegasen a ser probados como ciertos, no serían constitutivos de delito o que los mismos ya hubiesen prescrito o que no sea verosímil la probable participación de la persona imputada.

No obstante, es pertinente señalar que para la formulación de la imputación, no se requiere un determinado estándar probatorio, puesto que si bien, en este momento se anuncian los datos de prueba de los hechos imputados, los mismos todavía no se desahogan. Cabe aclarar que lo anterior es aplicable a las investigaciones que inician sin detenido, a diferencia de aquéllas iniciadas con detenido en las que por razones obvias, como se abundará más adelante, la investigación se formaliza inmediatamente.

Al final de esta etapa el MP habrá adquirido o no el convencimiento de que cuenta con datos suficientes para acusar a una o varias personas. Ello implica buscar, identificar y localizar los datos de prueba que posteriormente presentará al formular la acusación, si cuenta con elementos suficientes para abrir un proceso penal, en términos del artículo 102, apartado A constitucional (lo que funciona de forma similar al caso del abogado civilista quien antes de intentar la acción reivindicatoria, valora si cuenta con elementos suficientes para intentarla).

De acuerdo con lo anterior esta etapa concluye con la formulación de la acusación o el auto de sobreseimiento, o bien, con alguna de las medidas alternativas o proceso especial, según sea el caso.

Fuente: Descarga  ETAPA DE INVESTIGACION por Tania Luna, es consultora independiente en materia de la reforma del sistema de justicia penal, integrante del Comité de Capacitación de la SETEC y capacitadora certificada por el mismo organismo. bretanll@hotmail.com

Miguel Sarre, es miembro de la Red en Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso, profesor-investigador del ITAM y miembro del Consejo directivo de la SETEC, con voz y voto por cuenta de los académicos.

miguelsarre@gmail.com Twitter: @miguelsarre
http://www.miguelsarre.com

Averiguación Previa.



AVERIGUACIÓN PREVIA.
I. Concepto
Existen diversas definiciones acerca de lo que debe entenderse por averiguación previa, algunas de ellas, la consideran como una fase del procedimiento penal federal, y en un sentido material, la contemplan simple y llanamente como un expediente.
Respecto al primer sentido de este concepto César Augusto Osorio y Nieto manifiesta que la averiguación previa constituye “…la etapa procedimental durante la cual el órgano investigador realiza todas aquellas diligencias necesarias para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente delictivo y en su caso comprobar o no, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad y optar por el ejercicio o abstención de la acción penal”1.

Por lo que hace a su definición como expediente, simplemente cabe decir que siendo un documento en el que prevalece la forma escrita, deberá contener todas y cada una de las actuaciones que realice el Agente del Ministerio Público Federal, en su función investigadora, que le permitirán resolver posteriormente, si realiza o no la consignación ante el Juez de Distrito correspondiente.

Previo a la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia de 2008, el concepto de averiguación previa se encontraba contemplado en el artículo 20 Constitucional, apartado A relativo a las garantías del inculpado, que establecía en el párrafo cuarto de la fracción X, que las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX, deberían de ser observadas durante la averiguación previa. Por su parte, el apartado B, relativo a las garantías de la víctima en su fracción segunda, contemplaba las garantías de la víctima u ofendido para coadyuvar con el Ministerio Público, así como el hecho de que todos los datos o elementos de prueba con los que contara fueran recibidos por la autoridad y se desahogaran, no sólo durante el proceso, sino también durante la etapa anterior, esto es, durante la averiguación previa.

Actualmente el concepto de averiguación previa ya no se encuentra contenido expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando que fue reformado el artículo 20 Constitucional, sin embargo, en el ámbito procesal penal federal, aún no entran en vigor estas disposiciones sino hasta que se implemente el sistema procesal penal acusatorio. Aunado a esto, es la ley procesal penal federal la que denomina a esta etapa con ese nombre en su artículo 2º del Código Federal de Procedimientos Penales.

De ahí que autores como Fernando Arilla Bas, consideraran correcto denominarla como periodo de preparación del ejercicio de la acción penal.

En realidad, la denominación de esta etapa carece de importancia práctica, puesto que se encuentra debidamente reglamentada y desarrollada por la legislación procesal penal federal, lo que permite que el AMPF y sus auxiliares, llevan a cabo investigaciones que le permitan reunir los elementos de prueba necesarios para acreditar, en los casos concretos, los supuestos relativos al cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado.

1 Osorio y Nieto, César Augusto, La Averiguación Previa, 20ª Ed., México, Editorial Porrúa, 2010, p. 5.

Fuente: Héctor Carreón Perea

  • Secretario del Consejo Directivo del INEPPA-México
  • Profesor-Investigador en Ciencias Jurídico-Penales y Política Criminal.

Descarga: LA AVERIGUACIÓN PREVIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL VIGENTE

Saludos

Mario Meneses

Cárceles y traslados forzados.


Sábado, 01 Febrero 2014 00:00

CÁRCELES Y TRASLADOS FORZADOS
Escrito por Rodrigo Meneses

Más allá de los costos y los grados de incertidumbre que representan para los reos y sus familiares, los traslados forzados han sido considerados por algunos tribunales federales, e incluso por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, como anticonstitucionales

Tradicionalmente se ha conceptualizado a la pena privativa de libertad como un medio para aislar a determinados miembros de la sociedad con el fin de rehabilitarlos o, simplemente, confinarlos. Sin embargo, no es la pena lo que aísla, sino el espacio en que se cumple: las cárceles, y es precisamente en esta capacidad de aislar a la población delictiva del resto de la sociedad que las cárceles encuentran su principal motivo para existir.

A lo largo de la historia, los motivos para aislar a los delincuentes del resto de la sociedad han sido muy diversos. Por un lado, se encuentran lo que podríamos denominar como posturas organicistas, para las que el aislamiento de los criminales es visto como una medida que trata de excluir del conglomerado social a aquellos elementos no asimilables que constituyen un peligro. Por otro lado, se encuentran lo que podríamos denominar como posturas reintegradoras, en las que el aislamiento –los años de completa separación del resto de la sociedad– tiene como objetivo someter al criminal a un proceso constante de reflexión, con el fin de lograr su arrepentimiento y su voluntad de volver a la sociedad.

Sin embargo, para dimensionar la magnitud del castigo es necesario ir más allá de los diseños de política pública y entender que la población penitenciaria representa un agregado heterogéneo de sujetos que han sido suprimidos de su ambiente familiar, desplazados, aunque sea por un momento, de su comunidad. Esto es lo que la literatura más reciente ha denominado como “movilidades forzadas”, es decir, un proceso a través del que la población acusada de cometer un delito es obligada a dejar sus familias y comunidades para cumplir una pena privativa de libertad.

Las distancias y las familias

Cierto es que todas las cárceles aíslan o separan a los reclusos del resto de la sociedad, pero en ocasiones esta dimensión punitiva de las prisiones se agrava por las distancias existentes entre las comunidades de origen de los reclusos y los penales en que se encuentran recluidos (I).

En este sentido, un análisis de la Primera Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social elaborada por el CIDE en 2012(II) permite ilustrar muy bien las dimensiones que tiene este fenómeno en México.

Como señala Pérez-Correa (III), aquí “los costos del viaje son impagables para muchos”, además de que las familias deben recorrer un largo proceso burocrático para visitar a sus reos: el trámite consiste en presentar copia simple de acta de nacimiento (del visitante); comprobante de domicilio; identificación oficial (del visitante); acta de matrimonio o documento que certifique el concubinato (en caso de estar casados o vivir en unión libre); así como fotografías tamaño infantil a color, con fondo blanco y sin retoque. Pero, más allá de estas dificultades, hay algo que la población en general desconoce por completo y que es tan sistemático que se ha convertido ya en una práctica institucional: los traslados forzados de la población de un centro penitenciario a otro.

p.15-2

Iniciativa sin precedentes

Hacia 2009, las autoridades del Sistema Penitenciario Federal desarrollaron una iniciativa sin precedentes tendiente a reconfigurar el sistema penitenciario mexicano. Básicamente, se trataba de poner en marcha de un verdadero sistema penitenciario federal en el que los procesados acusados de haber cometido un delito del fuero federal pudieran cumplir sus penas.

p.17

Hasta entonces, los presos pasaban su condena en cárceles estatales (IV). El resultado final de esta iniciativa consistió en el desplazamiento de poco más del 90% de los procesados en el fuero federal a Centros Federales de Readaptación Social.

Evidentemente, los efectos de estas prácticas no se limitan a causar zozobra en el individuo trasladado, también impactan a los familiares. De hecho, algunas autoridades locales, como la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (V) han debido incluir dentro de sus páginas web información para orientar a las familias sobre qué hacer en caso de que sus familiares presos sean trasladados a algún penal federal, como las Islas Marías.

p.18-1

Así, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la posibilidad de que los sentenciados puedan purgar la pena de prisión en un centro penitenciario más cercano a su domicilio representa un derecho humano, reconocido en el párrafo octavo del Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (VI):“ello, porque la palabra ‘podrán’ que el Constituyente utiliza para denotar su contenido, está dirigida a los sentenciados y no a las autoridades legislativas o administrativas, habida cuenta de que el ejercicio de tal derecho representa un acto volitivo del sentenciado que puede manifestarlo en una petición concreta para ser trasladado al centro penitenciario más cercano a su domicilio, pues sólo así, en atención a la cercanía con su comunidad, puede alcanzar con mayor eficacia el objetivo constitucional de la reinserción social”(SCJN,p./j. 19/2012)(VII).•

p.18-2

Notas y referencias:

I. Quizá el caso más documentado de esta dimensión punitiva de la pena privativa de libertad sea el del movimiento Euskal Presoak Euskal Herrira, a través del que los familiares de los presos acusados de participar en el movimiento terrorista-vasco ETA han demandado, sistemáticamente, la repatriación de poco más de 600 prisioneros para que cumplan sus sentencias en cárceles ubicadas dentro del País Vasco. Un análisis pormenorizado de este proceso puede ser visto en: Muro, D (2009) “The politics of warmemory in radical Basquenationalism”, Ethnic and Racial Studies, Vol. 32 No. 4 pp. 659-678.

II. CIDE (2012), Primera Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social. Disponible en: http://hdl.handle.net/10089/16531

III. Pérez-Correa, C (2013) “Las Islas Marías: Del paraíso al motín”, Nexos  http://www.nexos.com.mx/?p=15295

IV. Hasta el año pasado, de acuerdo con datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, el Sistema Penitenciario Mexicano estaba estructurado por: un sistema federal [13 centros de reclusión]; 31 sistemas estatales[304 centros de reclusión y 91 cárceles municipales] y el sistema del Distrito Federal [10 centros penitenciarios], véase: Secretaría de Seguridad Pública-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal (2012) Avances y retos del sistema penitenciario federal.

V. http://tinyurl.com/lrf6og7

VI. Reformado mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, que entró en vigor el 19 de junio de 2011.

VII. P./J. 19/2012; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Décima Época; SCJNPleno; Libro XIII, Octubre de 2012 Tomo 1, Página. 14, Jurisprudencia (Constitucional) [RMeneses

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Derecho Penal del Enemigo.


Por: Carlos De la Rosa (@delarosacarlos)

El constante incremento en los niveles de inseguridad ha ocasionado que cada vez un mayor número de personas se pronuncien por una mano más dura por parte del Estado. Dentro de este grupo existe una amplia y arraigada creencia que afirma que dichas demandas son inalcanzables si la autoridad no cuenta con mayores facultades –entiéndase discrecionalidad- para conseguirlas. De acuerdo con esta postura, la persecución eficaz del delito no es compatible con el respeto de los derechos humanos, los cuales representan un lastre a favor de los delincuentes. La reciente discusión en la Corte sobre la geolocalización es un buen ejemplo de cómo algunos entienden la protección de derechos humanos como una innecesaria “burocratización”.

Esta falsa disyuntiva en el derecho penal mexicano tiene un importante punto de referencia en el 2008. En dicho año se aprobó la reforma más ambiciosa en materia penal desde que la Constitución de 1917 fuera promulgada. Como todo en México, dicha reforma no estuvo exenta de contradicciones: Por una parte, la reforma pretende transitar hacia un sistema penal acusatorio que garantice la protección de derechos tanto de víctimas como de procesados y, por otra (quizá menos publicitada), se introdujo un régimen de excepción que puede enmarcarse dentro de lo que se conoce como Derecho Penal del Enemigo. Este tipo de derecho se refiere a la tendencia político-criminal que sostiene que el castigo efectivo de determinados delitos se encuentra supeditado a la disminución –cuando no suspensión- de los derechos humanos de los imputados.

El derecho penal del enemigo no es algo nuevo, sus orígenes se remontan a los años ochenta, pero en la última década (sobre todo a partir de los acontecimientos de terrorismo internacional) ha adquirido un nuevo impulso que lo presenta como alternativa viable para enfrentar los desafíos que el derecho penal “tradicional” ha sido incapaz de resolver. En México se introdujo como el instrumento necesario para disminuir la ola de violencia que crece desde mediados de la década pasada; en específico, la reforma incluyó una serie de disposiciones dirigidas a la persecución de la delincuencia organizada en detrimento de los derechos procesales de los imputados. Como su nombre lo indica, el derecho penal del enemigo impone una visión maniquea que divide a los individuos entre los “amigos”, quienes pueden ser sujetos de un derecho procesal garantista y los otros –los enemigos-, aquellos que por su calidad requieren un trato “especial”.

La Constitución atribuye este régimen a los casos de delincuencia organizada, que a su vez define como la organización de tres o más personas para cometer delitos de forma permanente o reiterada (en principio la Constitución no debería tipificar delitos). Se trata de una definición laxa que compete desarrollar a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO). Esta, por su parte, incluye un catálogo de los delitos considerados de delincuencia organizada que van desde el terrorismo y narcotráfico hasta la falsificación de moneda. Un primer riesgo de este régimen de excepción consiste en que no existen delitos de “enemigos” por antonomasia, por ello una modificación de la LFCDO, condicionada a una mayoría simple en el Congreso, podría incluir cualquier tipo de conducta en el catálogo de delitos de delincuencia organizada. Por otra parte, es grave que la tipificación de la delincuencia organizada se refiera al mero hecho de la asociación, al simple acuerdo.

Aunque se niegue, el derecho penal del enemigo asume que un sistema garantista entorpece la actuación de la autoridad. Entre las disposiciones que integran este régimen en el caso mexicano se encuentran aquellas que establecen plazos de detención excepcionales. Por ejemplo, mientras a un delincuente “ordinario” se le puede detener hasta 48 horas, en el régimen de excepción del “enemigo” este plazo se extiende hasta 96 horas; la ampliación queda a discrecionalidad de la autoridad investigadora. Asimismo, se constitucionalizó el arraigo que permite una detención de hasta 80 días sin que medie acusación formal. Además se restringen las comunicaciones de los imputados con terceros durante el proceso y se les impide el derecho de purgar sentencias en centros penitenciarios cercanos a su domicilio. Por último, de forma taxativa se estableció la prohibición para los procesados de gozar de libertad bajo caución ya que se ordena la prisión preventiva oficiosamente, en lo que constituye una flagrante violación a la presunción de inocencia.

Sin embargo, probablemente lo más grave sea que todo lo anterior se aplica sin que exista declaración alguna de culpabilidad por parte de autoridad judicial. El derecho penal del enemigo se dedica a etiquetar de forma apriorística a las personas entre delincuentes “ordinarios” y “enemigos” del Estado, y deriva graves consecuencias de esa clasificación arbitraria. Cualquier ciudadano puede ser sujeto de un proceso excepcional en el cual –con sus derechos procesales reducidos- deberá probar que nunca debió ser sujeto de dicho régimen. Desde mi perspectiva, eso per se constituye un castigo sin sentencia, a lo que cabría preguntar ¿Y la presunción de inocencia? Bien gracias.

La supuesta “idoneidad” con la cual se vendió la introducción del derecho penal del enemigo en el sistema penal mexicano aún no ha sido probada. A casi seis años de su aparición no existen evidencias que comprueben que esté dando los resultados esperados; por lo contrario, lo que claramente existe es un reconocimiento de sus abusos. El mismo Procurador Jesús Murillo Karam, al inicio de su gestión, afirmó que de los 4 mil arraigos efectuados durante la administración anterior sólo en 120 casos se ejerció acción penal. Eso significa que el 97% de los actos de molestia terminaron con un tradicional “Usted disculpe”. No olvidemos lo que implican 80 días de reclusión injustificada, ¿cuántos de los detenidos perdieron su empleo? ¿Cuántos otros fueron estigmatizados en su comunidad? ¿Cuántos recursos se gastaron para no ejercer acción penal?

Como casi siempre, México es un país lleno de incongruencias y el sistema de justicia penal no es la excepción. Por una parte se acertó en rediseñar un proceso penal que era anquilosado y abusivo, sin embargo se decidió que éste sólo aplicara para delitos “ordinarios” y, por otro lado, se permitió una restricción de derechos cuestionable en pos del combate a la delincuencia organizada. Esta contradicción plantea una serie de interesantes preguntas, ¿pueden coexistir dos sistemas antagónicos? De entrada, el hecho de que el derecho penal del enemigo haya sido constitucionalizado dificulta las posibilidades de impugnarlo por medio de los controles constitucionales tradicionales. En este sentido, ¿es necesario eliminar el régimen de excepción, o sólo basta con asegurar los controles suficientes en las leyes secundarias para evitar abusos?

Aunque el régimen de excepción se encuentra legitimado por una auténtica demanda ciudadana, es importante analizar en dónde estriba el problema, si en el uso de las facultades de la autoridad o en las limitaciones de las mismas. Es decir, ¿la autoridad realmente no contaba con las facultades necesarias o más bien nunca hizo un uso adecuado de aquellas de las que disponía? Si se trata del segundo caso, la introducción del régimen de excepción no es más que el reconocimiento de un fracaso y, lo que es más grave, se le intenta resolver por medio del refuerzo de una lógica inquisitiva (el modelo que precisamente se está intentando abandonar). En el contexto de violencia en el cual nos encontramos atrapados es de esperarse que más de uno simpatice con el derecho penal del enemigo, sobre todo porque se presenta como la única alternativa. A quienes sostienen esta postura cabría preguntarles ¿a cuánto estamos dispuestos a renunciar por recuperar la paz? A mi parecer son varios los cambios legales, justificados por la inseguridad, de los que no tardaremos mucho en arrepentirnos.

*Carlos De la Rosa es investigador de CIDAC

Fuente: Animal político

Pandillas en el Siglo XXI.


UNA APROXIMACIÓN AL TEMA DE LAS PANDILLAS.

La aproximación de los medios de comunicación al fenómeno de las pandillas ha registrado en la ultima década un enfoque vinculado a la inseguridad y el crimen, lo que representa un estigma para el estudio y entendimiento amplio de un tema tan complejo y profundo.

Es probable que dicho tratamiento este motivado por la valoración de los actos de primera mano que son observables en las pandillas, sin escrutar con mayor profundidad los motivos o el contexto que llevan a los jóvenes a usar la violencia como un código social, y la delincuencia como instrumento para su propia sobrevivencia. Hechos que plantean un problema central en el que el desconocimiento sobre las pandillas motiva temor, marginación y un estigma social que ubica a sus integrantes en un dilema entre la exclusión y la violencia.

Sin embargo, pereciera que la violencia es el distintivo del fenómeno de las pandillas, sin considerar que los casos que cobran mayor relevancia ante la opinión publica no suceden sin razón alguna. Tales crímenes obedecen a una concentración sistemática de abusos, adicciones, violencia familiar y de genero, que obliga a los jóvenes o niños de entre ocho y doce años a buscar en las pandillas una familia alternativa como destino de vida, lo que permite canalizar sus frustraciones, exorcizar sus miedos y construirse a si mismos una identidad individual y colectiva.

Por eso, tratar el asunto de las pandillas obliga a revisar temas de juventud, identidad, violencia, familia y autoridades en materia de desarrollo social y de seguridad. Estos elementos forman un mosaico que permite abordar el fenómeno de las pandillas, su concepto, sus implicaciones, alternativas y fronteras frente al contexto social que se vive actualmente, donde la sociedad después de ignorarlas les teme y las sanciona con todos los instrumentos a su alcance, motivando una desconexión que replica de manera permanente el fenómeno.

La revisión de este tema tiene la finalidad de contribuir a la conceptualización de las pandillas, tomando en cuenta la realidad de estas organizaciones y su manifestación en el caso mexicano, haciendo a un lado el estigma de violencia con el que se ha marcado.

Ademas, a través de este estudio se busca aportar componentes para la comprensión integral y estructural (causa y efecto) del fenómeno, que permite articular, desde el punto de vista social, el diseño de políticas publicas dirigidas al tratamiento y atención de estos grupos.

En México, los medios de comunicación han dado cuenta de la presencia de las pandillas en todo el país, tema que registra ciclos mediáticos ubicados en el centro, sur y norte del territorio nacional.

En 1978 se formo la agrupación denominada Los Panchitos en la Ciudad de México, especialmente en las colonias de las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo. Los Panchitos se volvieron uno de los primeros referentes de juventud y violencia asociados con marginilidad que los medios de comunicación transmitieron a la sociedad. 25 años después, en 2003, las pandillas volvieron a llamar la atención, esta vez en la frontera sur, con las Maras, en su vertiente MS 13 y Barrio 18 que, como sucedió anteriormente, se asociaron con violencia y juventud, excluyendo sus causas sociales, sus antecedentes y generando una falta de profundidad sobre las razones que orillaban a jóvenes de distintos países a formar parte de una agrupación con estas características.

Para 2007, una vez mas los pandilleros capturaron la atención de al opinión publica; en esta ocasión en la frontera norte de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando se les asocio con dos organizaciones de narcotráfico que se enfrentaban en este municipio: las pandillas de los Artistas, Asesinos y Aztecas.

El presente capitulo busca modificar el paradigma y al percepción acerca de las pandillas, y propone considerar a sus integrantes como victimas y victimarios. Son victimas por su propia historia personal, ya que la violencia intrafamiliar y las privaciones económicas los orillaron a buscar una alternativa de vida. Son victimarios porque ejercen la violencia en contra de sus rivales, o incluso de ellos mismos para integrarse y mantenerse en este modelo de organización.

Esta característica los define en un ciclo de violencia complejo y poco estudiado que requiere ser analizado a profundidad con el fin de proponer alternativas de seguimiento y atención.

Descarga de libro:  

Saludos

@MarioMeneses_

¿Que es el C4I4?


La Ciudad de México cuenta con el centro de inteligencia “más avanzado del mundo”, según lo comentado en ese entonces por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien realizo la inauguración el día 25 de octubre de 2011.

Se trata del C4i4: Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración.

El C4i4 es un búnker de alta seguridad localizado en la avenida Cecilio Robelo, en la delegación Venustiano Carranza, que tiene como objetivo generar acciones de combate a la delincuencia, reacción de cuerpos de emergencia ante catástrofes y tareas de investigación.

Al menos  mil personas trabajan directamente con el centro. Concentra todas las bases de datos del gobierno local y está integrado a la Plataforma México del gobierno federal. En total, convergen 47 dependencias locales, federales y privadas. La sección de inteligencia cuenta con las áreas de investigación, análisis y estadística, entre otras. Condensa las imágenes de 13 mil cámaras instaladas en parques públicos, estaciones y vagones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, andenes y camiones del Metrobús, trenes y trolebuses del Sistema de Transportes Eléctricos y calles; estas últimas pueden captar imágenes de lo que ocurre en las terrazas, azoteas, patios, pasillos y jardines de los domicilios particulares. Cuentan con sensores para detectar placas de automóviles y disparos de arma de fuego.

En su interior están colocadas 180 pantallas que vigilan la ciudad a través de ocho mil cámaras instaladas en calles, avenidas y estaciones del Metro y Metrobús. Los aparatos otorgan 13 mil imágenes cada segundo.

Dicho centro estará conectado a los ya cinco C2 (Centros de Comando y Control) de la Ciudad, a las 11 mil cámaras de vigilancia ubicadas a lo largo de la entidad, y concentrará la información para prevenir y enfrentar todo tipo de desastres naturales que afecten la zona, como pueden ser sismos, inundaciones, o caídas de ceniza del Popocatépetl, esto en coordinación con los diversos servicios de emergencias. Dicho centro es el primero en su clase en Latinoamérica, y supera en tamaño a centros ubicados en Washington y Chicago, con 34 mil metros cuadrados de construcción.

El C4i4 dispone de plantas de luz de emergencia para operar de manera autónoma durante 48 horas; sistemas de bombeo de agua independientes de los del resto de la Ciudad; y capacidad duplicada en materia de fibra óptica.

El edificio de cuatro niveles, de 20 mil metros cuadrados y cuya inversión alcanzo los seis mil millones de pesos.

Sobre la colocación de cámaras de vigilancia en toda la ciudad, el jefe de gobierno expuso que esta medida tiene un impacto ante la incidencia delictiva. Incluso, aseguró que la estrategia aumenta la eficacia de la policía.

A través de un anillo de fibra óptica, las imágenes captadas por las cámaras se transmiten en tiempo real, lo que permite a los cuerpos de emergencias actuar de forma más rápida.

Toda esta tecnología, así como el diseño del proyecto fue desarrollado por Telmex y Thales, luego de que en el 2008, el gobierno capitalino les adjudicara directamente la construcción.

Saludos

Mario Meneses

Programa Droga, Seguridad y Democracia (DSD).


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El programa Drogas, Seguridad y Democracia (DSD) apoya investigaciones en varias disciplinas — antropología, sociología, criminología, historia, ciencias políticas, economía, periodismo, políticas públicas, estudios jurídicos, salud pública, y otras áreas relacionadas — para crear una red de investigadores interesados en desarrollar propuestas alternativas a políticas de drogas y fomentar estrategias que aborden el crecimiento transnacional del crimen organizado. La convocatoria está abierta a candidatos de doctorado y doctores recientemente titulados de todo el mundo.

El programa busca crear una base de conocimiento sólida y sistemática sobre drogas, seguridad y democracia en América Latina y el Caribe. Tiene como objetivo aumentar capacidades, tanto institucionales como individuales, mediante el apoyo a investigaciones relevantes y fomentar la investigación basada en evidencias, la cual podría dirigir el desarrollo de alternativas a las políticas actuales de drogas y seguridad.

El programa DSD está financiado por la Open Society Foundations y el International Development Research Centre en Canadá. El programa es una colaboración entre la OSF, IDRC, SSRC, la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en México.

Program Director
Mary B. McDonnell

Senior Advisors
Daniella Sarnoff
Nicole Restrick

Program Coordinator
Laura Sitkin

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Additional Information

Fuente: The Social Science Research Council

Injusticia y corrupción en el Reclusorio Norte #Video


reclusorio

Marta Durán de Huerta /  RNW

(7 de enero, 2014).- “El Reclusorio Norte fue diseñado para 4 mil reclusos, pero hay entre 13 y 15 mil personas. Ese hacinamiento hace la convivencia muy difícil, pero no para todos: hay presos de primera y de segunda. Hay celdas de dos metros por dos metros que albergan hasta 70 personas. Los más pobres duermen amarrados a los barrotes, otros pernoctan sentados en el piso.”

Así empieza un espeluznante relato de un hombre que fue encarcelado injustamente en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. El que nuestro entrevistado esté libre, no significa que esté fuera de peligro, por lo que solicita el anonimato. “Hay otra área que es para privilegiados con capacidad económica y que pueden pagar una celda para ellos solos, con televisión, muebles de maderas finas, celular y todas las comodidades. Para unos cuantos, el reclusorio es un hotel de lujo, para la gran mayoría es un lugar muy peligroso donde se puede perder la vida por diez pesos. El que tiene dinero puede pagarse una celda muy parecida a una suite de un hotel de lujo. El dormitorio 2 es el que tiene ese estatus. Ése fue el que yo conocí, me imagino que aún sigue. En el dormitorio 2 están los grandes, los de mucho dinero; ahí están los capos o los empresarios muy ricos que están presos por algún delito financiero y los protegidos de las autoridades; ése es el lugar de los poderosos”, afirma el ex reo

Cada cárcel en México es un mundo aparte. La brutalidad, el hacinamiento y la corrupción son comunes en todos los penales. En la prisión de alta seguridad de Puente Grande Jalisco, tras la fuga de Guzmán Loaera, alias El Chapo Guzmán, se acabó el buen trato. Jesús Lemus, un periodista encarcelado por una venganza política lo describe con estas palabras:

“Durante los tres años que estuve en la cárcel no vi un solo privilegio para nadie, solo maltrato, incluso al preso más importante, mediáticamente hablando, que era Rafael Caro Quintero. A él lo dejaban sin comer como a mí me dejaban sin comer. Algunos presos me contaron que la cárcel federal de Puente Grande era muy diferente cuando la gobernó el Chapo porque él era generoso, amable y a toda madre con todos los presos. Los custodios que hoy golpean con saña a los presos, en aquel tiempo estiraban la mano para que el Chapo les diera dinero. Cuando yo estuve, ya no había Chapo y sí una crueldad inaudita para los presos.”

¿A quién se le paga para tener una suite de lujo? Pregunta esta reportera al ex convicto del Reclusorio Norte.

“Ésta es toda una estructura, no del director del reclusorio, sino una política del gobierno de la Ciudad de México mediante la cual hay todo un sistema de extorsión a los presos y a sus familiares. El Reclusorio Norte es un lugar donde todo cuesta; a los presos les cobran por pasar lista, por salir a hablar por teléfono… les cobran por ir al baño.

La forma para tener controlada a esa población es mediante las drogas. Les venden drogas de la calidad que sea. Todo lo hacen los custodios o los presos que trabajan para los custodios, a la vista de todos. Son políticas institucionales que se conocen en la administración central y el director las aplica a través de los comandantes y del área jurídica. Todos están coludidos.

Los testimonios que recaudó Radio Nederland coinciden.  Un joven que pide el anonimato dijo a nuestros micrófonos:

“Mi vecino, un jovencito, mató accidentalmente a su hermano jugando con una pistola que el papá había dejado a la mano. Al chavo se lo llevaron al Tutelar de Menores donde se suponía que había que ponerlo en libertad cuando cumpliera 18 años. Pero cuando llegó a la mayoría de edad, no lo soltaron, se lo llevaron al Reclusorio Norte donde estuvo 25 años preso. Cumplió una condena injusta, absurda. Salió alcohólico y un año después murió de cirrosis. ¿Cómo es posible que un chavo sano entra bien y sale alcohólico y drogadicto de la cárcel?” Sentencia indignado el entrevistado.

Pagar para sobrevivir

El hombre que sobrevivió al Reclusorio Norte narra rabia contenida:

“Hay que pagar para sobrevivir y hay dos formas: una a través de la violencia, otra con dinero. Hay pocas personas que logran salir de ese círculo y establecer relaciones de dignidad, la mayoría tiene que pagar para poder vivir. Lo peor es que no es un asunto del preso sino que las autoridades extorsionan a las familias y éstas, que quieren que su pariente sobreviva, tienen que pagar esa extorsión.

 En el Reclusorio Norte hay gente de todas las organizaciones criminales y a veces entran en conflicto. Algunos dominan cierto dormitorio (una sección con diversas celdas) y otros de otra organización dominan otro, pero todos están de acuerdo con las autoridades.

Podemos decir que se trata de un co-gobierno de delincuentes con autoridades; es una cuestión de dinero.

Todo ese manejo genera cientos de millones de pesos, pues se cobran todo. Incluso para ir a los juzgados, por no hacer cola, porque no te maten.

Yo desde el principio me rehusé a pagar. Yo era un preso político y no quise entrar en la dinámica, sin embargo, las autoridades extorsionaron a mi familia y les obligaron a pagar una cuota de 8 mil pesos al mes para que no me mataran. Mi familia pagó en contra de mi voluntad.” recalca con amargura el procesado injustamente.

Las autoridades son cómplices

“El preso no sufre solo, sino toda la familia. Cuando van a visitarte, les cobran por verte. Si te llevan comida, también. Eso lo sabe la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y lo permite no sólo por temor a las organizaciones criminales sino porque son cómplices; la extorsión a los presos genera dinero que se  usa en actividades políticas.

Las dos últimas administraciones en la Ciudad de México, la de Marcelo Ebrard y ahora la de Miguel Ángel Mancera, simplemente no son de izquierda. Ebrard era Jefe de la Policía, es un policía; Mancera era el Procurador, era del Ministerio Público, así que es una izquierda policiaca. Esos son los que gobiernan la ciudad” acusa el hombre que todavía no alcanza a entender cómo sus compañeros fueron capaces de lanzarlo a ese infierno.

La Universidad del Crimen

“El reclusorio está dividido en dormitorios. Cada dormitorio tiene un determinado número de celdas, cada celda a su vez se divide en secciones. Cada dormitorio está en función de los estudios psicológicos y de criminalidad previos, así que los que purgan por delitos financieros están en un área, los violadores están en otra, los multi homicidas están en otra, los secuestradores y los ladrones, que son la mayoría, están separados.” explica el intelectual a quien quisieron asesinar contratando a un sicario.

“En la idea original, los reclusorios son centros de readaptación social para reinsertar al infractor a la sociedad pero eso no es cierto. El 70% de los presos son personas de bajos recursos, marginales y jóvenes; están presos por robo de cantidades menores a dos mil pesos. Hay casos de personas que robaron algo que tiene un valor de diez pesos o veinte pesos y están sentenciados a 3 o 4 años de prisión. Yo conocí a uno que estuvo preso acusado de robarse cien pesos. La segunda vez, lo agarró un policía borracho y lo acusó falsamente de robarse unas camisetas y como tenía antecedentes penales el joven, fue considerado reincidente y lo sentenciaron a cuatro años de prisión. Y allí está, no puede salir. Con casos como ése está lleno el reclusorio. ¿Qué hacen estos marginales para sobrevivir?  Se emplean y trabajan para otros presos de mayores recursos haciendo el aseo de la celda, vendiendo droga, o se emplean como sicarios. En otras palabras, hay quien entra por un simple robo y en la cárcel se convierte en asesino.

Desde el reclusorio operan la mayor parte de las bandas de extorsionadores telefónicos: hablan desde el reclusorio, pero tiene brazos afuera. Muchos presos simples que están allí por delitos menores, terminan convirtiéndose en verdaderos matones”.

La cuota de los policías

Se supone que mientras más personas sean arrestadas, mejor funciona el sistema de justicia, pero pagan justos por pecadores. El hombre que se salvó de pudrirse en la cárcel nos cuenta:

“Los policías cobran una cuota en la Procuraduría de Justicia, llamada estímulo, de cinco mil pesos por cada detenido que llevan, sea culpable o no.  El Ministerio Público cobra otro tanto. Dentro de la cárcel hay una estructura paralela a la de las autoridades. Cada uno de los dormitorios tiene ua jefe, un capo ( conocido en el mundo criminal como “el mamito”). Cada pasillo tiene un jefe de pasillo y cada celda tiene un jefe de celda; normalmente son los reos más antiguos, los que tienen más dinero o los que pertenecen a alguna organización criminal. Es una estructura paralela que a las autoridades les ayuda a controlar a la enorme población. Yo le pregunté a algunas autoridades por qué permitían eso y me respondieron que de otra manera habría un motín permanente, conflictos de guerras, homicidios debido al hacinamiento. Por ejemplo, cuando hay una inspección externa, se suspende el suministro de droga a los internos y las cosas se ponen muy tensas, muy violentas. La estructura incluye drogas, una jerarquía no reconocida, y es un co-gobierno con  los jefes de los reos. Lo único que no pueden hacer los reos con dinero es salir, aunque algunos sí lo hacen.”

Los Túneles

“En el Reclusorio Norte hay otra área terrorífica: los túneles que llevan a los juzgados y son territorio de nadie. Si en las áreas comunes o en las celdas o los pasillos hay peligro de que en cualquier momento alguien saque una punta, un filo (un arma cortante) y se lo encaje a otro; en los túneles se mezclan todos los presos de todo tipo. Son varios kilómetros de túneles subterráneos que llevan a los juzgados. Ellos están en la profundidad del concreto, son húmedos, oscuros y allí es donde ocurren la mayoría de los asesinatos, hay prostitución y venta de drogas. Los presos políticos o los que son diferentes tienen que pagar protección, tienen que llevar guardaespaldas para que no los agredan, no los asalten y no los ejecuten ahí. Cada vez que yo iba al juzgado tenía que llevar dos guardaespaldas que los contrataba entre los mismos presos. A esos reclusos los llaman “estafetas” y tienen un acuerdo con las autoridades que les permiten andar por todas partes, en todas las áreas del reclusorio”.

¿Qué papel juega la Comisión de Derechos Humanos?

Todos los entrevistados por Radio Nederland coinciden que la Comisión de Derechos Humanos no cumplen su deber en las penitenciarías mexicanas.

“Ellos tienen una oficina en el Reclusorio Norte pero muy pocos presos acuden a ella porque quienes se atreven a denunciar sufren las represalias de los demás en especial de las autoridades que los castigan, los golpean. Hay una violencia brutal contra los que no se pueden defender.  Es común que todos los días los custodios golpeen a los presos y les pongan sendas palizas. Cuando llegan lo primero que hacen es darles una paliza, desnudarlos y decirles: “aquí no vales nada y dile a tu familia que consiga dinero si quieres sobrevivir”. Es un espectáculo grotesco, en el área de ingresos, en el patio, ver como los desnudan y los golpean, a veces lloviendo, a veces con temperaturas bajo cero, les roban todo lo que tienen, los bañan con mangueras de agua helada. Todos los viernes a las doce de la noche,  se envían a los recién llegados desnudos al Centro de Observación y Clasificación (COC), donde pasan de una semana a quince días para luego se distribuidos a los dormitorios correspondientes.  A los que no pueden pagar los obligan a limpiar el patio, las celdas, todo, los golpean, los forman. El trato va contra la dignidad humana y que lo haga una administración de izquierda es terrible.” Concluyó el sobreviviente del Reclusorio Norte.

Fuente: revoluciontrespuntocero.com

Mapa Interactivo sobre la Movilidad Migratoria en México.


Foto: Shaila Rosagel, SinEmbargo

Foto: Shaila Rosagel, SinEmbargo

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).– Los albergues que se dedican a brindar protección y apoyo a los migrantes en el país iniciaron este mes las pruebas piloto del Mapa Interactivo sobre la Movilidad Migratoria en México sobre la Ruta del Migrante que recorre La Bestia en su trayecto a la frontera de México con Estados Unidos, dijo Javier Urbano Reyes, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana (UIA). El especialista a cargo de la elaboración de mapa indicó que las pruebas se realizarán durante enero y febrero por varios albergues, principalmente de los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y otros puntos importantes por el número de agresiones hacia los indocumentados y que después de ese periodo, se realizará una evaluación. “Entre diciembre y febrero estará disponible en los propios albergues, para que cuando ellos tengan tres meses de uso, nos ayuden con retroalimentación, que nos digan en el tema de seguridad, cuáles son sus observaciones y nos hagan propuestas”, explicó el investigador. Por seguridad, el mapa interactivo no se mostrará públicamente hasta que concluya el periodo de prueba, debido a que la información que contiene es delicada, dijo. “No es que no queramos mostrar el mapa, pero es muy importante que ellos [los albergues] nos den su diagnóstico previo a su lanzamiento”, expuso. El mapa contiene información necesaria para que los migrantes intenten sobrevivir durante su paso por el país a bordo de La Bestia y cuando esté listo será gratuito. Javier Urbano Reyes explicó que la meta principal del instrumento es aportar 800 datos gráficos para que los indocumentados puedan tomar una decisión sobre cruzar o no el país y en qué condiciones hacerlo. “Es una herramienta que deja atrás a la información solemne y la hace digerible y operativa para que miles de migrantes puedan comprender fácilmente la información, así como activistas o cualquier estudioso e interesado en el tema migratorio mexicano”, dijo Urbano Reyes.

El especialista explicó que el mapa podrá ser promovido y descargado a través de Twitter y Facebook y contará con datos precisos sobre ubicación de los albergues, zonas de riesgo de trata de personas, asaltos, secuestro y extorsión durante la travesía a bordo del tren, mejor conocido como La Bestia. “Habrá dirección y contactos de instituciones gubernamentales y organizaciones civiles para pedir ayuda y todas las alertas y precauciones que deben tomar antes de emprender su viaje”, comentó. El doctor del Prami aclaró que no es una iniciativa para propiciar la migración, sino para acompañar a quienes se ven obligados a migrar y está enfocado principalmente a los centroamericanos, pues son los que carecen de libre tránsito por México y se ven obligados a tomar el tren donde operan bandas del crimen organizado que los obligan a pagar una cuota de 100 dólares por permanecer a bordo o de lo contrario son lanzados de la máquina en movimiento a las vías. El documento autoejecutable podrá abrirse en toda computadora (y a futuro en cualquier dispositivo con acceso a Internet), tiene dos alertas básicas sobre los lugares que presentan altos índices de secuestro y de trata de migrantes, delitos mayormente concentrados en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. La aplicación contendrá un apartado con los datos de las comisiones de derechos humanos estatales, lo que posteriormente será complementado con alternativas didácticas y de fácil comprensión sobre leyes relacionadas con la migración, como las convenciones internacionales sobre migrantes, xenofobia, racismo, niños y ancianos. Contará con un protocolo de seguridad y sobrevivencia que indicará: cómo subir y bajar del tren, para evitar accidentes; cómo hacer y cómo no hacer llamadas telefónicas para evitar extorsiones. Sugiere andar en grupo, no solo; no ingerir comida descompuesta o en mal estado; comprar sueros orales para evitar la deshidratación; y precisará gráficamente qué comer y beber en casos de emergencia absoluta (tortuga del desierto, y del cactus de barril y árbol del viajero, respectivamente). El mapa ofrecerá fotos panorámicas de los lugares para saber cuál camino tomar e indica dónde están los bidones de agua que disponen Los Ángeles del Desierto en Arizona.

Foto: Cuartoscuro

Investigadores tendrán tres meses para hacer comentarios sobre el mapa.

En septiembre Urbano Reyes dijo que existe la posibilidad de ampliar el mapa hasta Centroamérica, particularmente Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica, donde las autoridades requieren datos para seguimiento a la movilidad migratoria. “Aún no sabemos cuál será el costo del proyecto, lo estamos evaluando, pero a principios del próximo año vamos a empezar con la realización de giras por Centroamérica para promocionar el mapa virtual en las universidades”, dijo. El académico explicó que en la actualidad la mayoría de los migrantes sabe utilizar Internet y cuentan con acceso a la red en sus lugares de origen. Será a través del mundo digital mediante el cual un candidato a migrante podrá conocer exactamente los peligros a los que se expone a través de las estadísticas y los datos precisos de la aplicación. De acuerdo con organizaciones como Amnistía Internacional, México no ha avanzado en el tema migratorio durante los primeros meses de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. No se aplican protocolos especiales, ni se brinda protección adecuada a los defensores de indocumentados, quienes viven amenazados por su labor altruista a favor de este grupo vulnerable.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/02-01-2014/859344. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX

¿Qué es la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA)?


La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es un esfuerzo global para mejorar los gobiernos. Los ciudadanos desean gobiernos más transparentes, efectivos y que rindan cuentas, con instituciones que robustezcan la participación de la sociedad y respondan a sus necesidades y aspiraciones. Esta tarea nunca es fácil, requiere liderazgo, precisa de conocimiento tecnológico, necesita de esfuerzo constante, así como de recursos. También requiere de la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil.

La Alianza para el Gobierno Abierto es una nueva iniciativa multilateral dirigida a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza. Animados por un espíritu plural e inclusivo esta iniciativa cuenta con un Comité Promotor compuesto tanto por representantes gubernamentales como de organizaciones de la sociedad civil.

La Alianza para el Gobierno Abierto fue formalmente lanzada en septiembre de 2011, cuando los gobiernos miembros del Comité Directivo suscribieron la Declaración para el Gobierno abierto y cada uno de los nueve países anunció su Plan de Acción.

 

El Comité Promotor de la Alianza para el Gobierno Abierto

La Alianza para el Gobierno Abierto está impulsada y supervisada por un Comité Directivo de nueve países representados tanto por el gobierno como por un representante de la sociedad civil.

Los ocho países pioneros de este esfuerzo son:

 México

 Brasil

 Estados Unidos

 Filipinas

 Indonesia

 Noruega

 Reino Unido

 Sudáfrica

 Tanzania

El Plan de Acción de cada País

Los gobiernos que se incorporen a la Alianza para el Gobierno Abierto elaborarán un Plan de Acción que contenga compromisos concretos. Cada país iniciará su Plan de Acción mediante el compartir los esfuerzos en curso que se encuentren relacionados con los grandes retos que haya seleccionado, se incluirán programas y estrategias ya en curso. El Programa de Acción establecerá los compromisos gubernamentales referidos a los grandes retos mediante la ampliación y profundización de su estado actual. Estos compromisos deberán elaborarse sobre esfuerzos ya iniciados o a punto de echarse a andar, identificar nuevas etapas para completar reformas ya iniciadas o bien iniciar acciones en áreas en las cuales aun no se incursiona. Dada la especificidad de cada país, serán éstos quienes seleccionen los grandes retos y los  compromisos concretos a ser fijados.

Los Cinco Grandes Retos

Los compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto se alinean en torno a un conjunto de cinco grandes retos que enfrentan los gobiernos. En el primer año los países habrán de escoger al menos uno de estos grandes desafíos y desarrollará compromisos concretos y puntuales para enfrentarlo. La Alianza para el Gobierno Abierto alienta y aplaude el que los países afronten más de un reto en su primer año.

Mejora de servicios públicos:

Comprende toda la gama de servicios públicos a la población, tales como salud, educación, justicia penal, agua potable, electricidad y telecomunicaciones y se busca promover la mejora de los servicios públicos o bien la innovación por parte del sector privado.

Aumentar la integridad pública:

Ética pública, prevención y ataque a la corrupción, acceso a la información, reformas financieras, así como promoción y afianzamiento de libertades de la sociedad civil y de los medios de comunicación.

Manejo de recursos públicos con mayor eficacia y eficiencia:

Asignación de recursos presupuestarios, financiamiento tanto interno como externo y aprovechamiento y conservación de recursos naturales.

Construcción de comunidades más seguras:

Seguridad pública, respuesta y atención ante desastres naturales, riesgos ambientales y protección civil.

Aumento de la rendición de cuentas por parte de las empresas:

Responsabilidad empresarial en temas tales como medio ambiente, protección del consumidor, participación de la comunidad y lucha anticorrupción.

 

Compromisos Concretos

Todos los compromisos a ser incluidos en el Plan de Acción deberán reflejar y estar guiados por los cuatro principios torales del Gobierno Abierto.

Transparencia:

La Información sobre las decisiones y el quehacer gubernamental debe ser abierta, completa, oportuna, gratuita y de fácil acceso para el público. Esta información deberá cumplir con parámetros de información abierta, tales como información cruda susceptible de ser procesada y a la cual se tenga acceso mediante herramientas tecnológicas y de comunicación.

Participación Ciudadana:

Los gobiernos deberán buscar que la ciudadanía se interese e involucre en el debate público mediante la aportación de elementos informativos y mediante contribuciones que conduzcan a una gobernanza más efectiva, innovadora y que atienda las necesidades de la sociedad.

Rendición de cuentas:

Existe ya normativa, procedimientos y mecanismos para que los servidores públicos justifiquen sus acciones, reaccionen a requerimientos y críticas que se les planteen y asuman la responsabilidad cuando se apartan de la normativa o sus compromisos.

Innovación y Tecnología:

Los gobiernos se han percatado de la importancia de proveer a la ciudadanía un acceso cada vez más abierto a la tecnología, han constatado la relevancia de las nuevas tecnologías en la innovación, así como la relevancia de ésta para aumentar la capacidad de los ciudadanos en su uso.

¿Quiénes participan en la Alianza Gobierno Abierto?

Article 19

Trabaja para que todas las personas puedan expresarse libremente, acceder a la información y disfrutar de la libertad de prensa.

CIDAC

Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. CIDAC es un think tank independiente, sin fines de lucro, que realiza investigaciones y presenta propuestas viables para el desarrollo de México en el mediano y largo plazo .

SocialTic

SocialTIC es una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación, formación, acompañamiento y desarrollo de la TIC para fines sociales para América Latina. Habilitamos a organizaciones e individuos que se dedican a la participación cívica, transparencia, desarrollo social y educación.
En México, SocialTIC impulsa agendas de la tecnología digital para el Gobierno Abierto, la transparencia y la participación ciudadana.

Cultura Ecológica

Cultura Ecológica, A. C. (CEAC) Es una Organización No Gubernamental y no lucrativa, creada el 5 de agosto de 1986 en la Ciudad de México, por un grupo interdisciplinario de profesionales comprometidos con la causa ambiental nacional. Desde entonces ha enfocado todos sus esfuerzos en promover la conciencia ambiental en la sociedad mexicana.

Fundar

Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. es una institución plural, independiente, sin afiliación partidista y horizontal que busca avanzar hacia la democracia sustantiva. Fundar se dedica a la incidencia y monitoreo de políticas e instituciones públicas por medio de la investigación aplicada, la reflexión crítica y propositiva, la experimentación y la vinculación con actores civiles, sociales y gubernamentales.

GESOC A.C.

GESOC es una organización de la sociedad civil (OSC) integrada por un grupo multidisciplinario de investigadores y analistas comprometidos con mejorar la eficacia, sostenibilidad y capacidad de respuesta para la producción de valor social por parte del gobierno, de las empresas, y de las propias organizaciones de la sociedad civil.

IFAI

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) es una institución al servicio de la sociedad encargado de:

1) Garantizar tu derecho de acceso a la información pública gubernamental.
2) Proteger tus datos personales que están en manos del gobierno federal.
3) Y resolver sobre las negativas de acceso a información que las dependencias o entidades del gobierno federal hayan formulado.

Por el IFAI participan:

- Gerardo Laveaga Rendón, Comisionado Presidente; Jacqueline Peschard Mariscal, Comisionada y representante del IFAI en el Secretariado Técnico Tripartita; y Juan Pablo Guerrero Amparán, Secretario General.

IMCO

Un centro de investigación aplicada independiente, a-partidista y sin fines de lucro.
Estudiamos fenómenos económicos y sociales que afectan la competitividad en el contexto de una economía globalizada

TRANSPARENCIA MEXICANA

Transparencia Mexicana es un organismo de la sociedad civil que promueve políticas públicas y actitudes privadas en contra de la corrupción y a favor de una cultura de integridad, promoción de la legalidad y rendición de cuentas. Es el Capítulo México de Transparencia Internacional, la coalición global contra la corrupción.

SFP

La Secretaría de la Función Pública (SFP) es una dependencia del Gobierno Federal que tiene la misión de consolidar un Gobierno honesto, eficiente y transparente, con la visión a 2020 de que la ciudadanía confía y participa en la función pública. En este sentido las acciones prioritarias de la SFP son:

- Promover la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas.
- Ampliar la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública.
- Inhibir y sancionar las prácticas corruptas.
- Articular estructuras profesionales, eficientes y eficaces del gobierno.
- Mejorar la regulación, la gestión y los procesos de la APF.
- Optimizar el uso y aprovechamiento de los inmuebles federales.

Por la SFP asistirán:

- Julián Alfonso Olivas Ugalde, Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas y encargado del Despacho y representante del Gobierno Federal en el Secretariado Técnico Tripartita

- Alonso Cerdán Verástegui, Director de Estudios y Evaluación de Políticas de Transparencia y Rendición de Cuentas

Fuente:Open Government Partnership