Empresas de #SeguridadPrivada en Jalisco, estarán bajo la lupa del fiscal Eduardo Almaguer.


El fiscal Eduardo Almaguer anunció que revisarán las finanzas de las 222 firmas que operan en Jalisco

Para evitar que grupos delictivos blanqueen dinero a través de empresas de seguridad privada, la Fiscalía General del Estado (FGE) inspeccionará las finanzas de las 222 compañías que operan actualmente en Jalisco.

El fiscal Eduardo Almaguer Ramírez confirmó durante su comparecencia en la glosa legislativa que han detectado la participación de personal de estas compañías en homicidios y otros delitos ocurridos en la entidad.

Ver: Empresa vinculada a Beltrán Leyva cobró seguridad a Poder Judicial

Recordó que hace unos días fueron detenidos varios hombres en un vehículo equipado con sistemas de vigilancia propiedad de una empresa de fertilizantes.

Aseguró que actualmente hay un desorden legal, laboral y contable en las compañías que brindan seguridad privada y por eso será necesario revisar las licencias de portación de armas, cotejar pistolas y en especial el origen de su financiamiento.

Adelantó que de encontrar anomalías procederán a cancelar los permisos y suspender sus operaciones, hasta que las firmas se regularicen.

Almaguer Ramírez solicitó el respaldo del Legislativo para evitar presiones externas.

“Seguramente habrá muchas llamadas telefónicas, de muchas gentes, y ahí quiero pedir su apoyo y respaldo públicamente para poder darle orden a las empresas”.

Señaló que ya se está capacitando al personal de la Unidad de Inteligencia Financiera, instancia que se encargará de detectar a los negocios vinculados al narco.

Urgió a los diputados a continuar apoyando este tipo de estrategias para detener las operaciones de las narcoempresas y así evitar siga fluyendo el financiamiento a las organizaciones criminales.

El titular de la FGE agregó que hace más de cuatro años se dieron 200 permisos para que empresas de seguridad privada brindaran su servicio en Jalisco.

Fuente: www.unionjalisco.mx

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Mario Meneses

INAI lanza guía para prevenir robo de identidad


Son 10 consejos útiles desarrollados a detalle pare prevenir, detectar y qué hacer en caso de que una persona sea víctima de esta práctica ilegal.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) publicó una guía para prevenir el robo de identidad, que contiene recomendaciones útiles para prevenir, detectar y qué hacer en caso de que un particular sea víctima de esta práctica ilegal.

El INAI, como organismo autónomo constitucional que tutela y es garante del derecho a la protección de datos personales y del acceso a la información, cuida que no se vulnere la privacidad de las personas y que no haya uso indebido de los datos de las personas en posesión de entidades públicas y de particulares, como podrían ser las instituciones bancarias, hospitales, etcétera.

Por ello, puso a disposición de la ciudadanía en la liga de su portal de internet http://inicio.inai.org.mx/nuevo/Guia%20Robo%20Identidad.pdf la guía que contiene 10 consejos útiles desarrollados a detalle para proteger la identidad.

El robo de identidad es la obtención y uso no autorizado e ilegal de datos personales con consecuencias graves en perjuicio de un ciudadano, que puede implicar pérdidas económicas, de tiempo y hechos delictivos.

De acuerdo con datos de firmas especializadas, México se ubica en el 8° lugar en el mundo y en 3er. lugar de América Latina por robo de identidad.1

1 Fuente: CPP México http://mexico.cppdirect.com/ y Reporte de Fraude de enero de 2014 elaborado por RSA http://mexico.emc.com/emc-plus/rsa-thought-leadership/online-fraud/index.htm

En la guía se recomienda a los particulares mantener seguros documentos personales en casa o cuando salgan de viaje; destruir los documentos personales cuando hayan dejado de ser necesarios; pensar antes de publicar o compartir información personal; proteger las computadoras y dispositivos como celulares y tablets; limitar el número de documentos personales que se portan.

Asimismo, tener cuidado cuando se solicite información en persona por internet o teléfono; investigar si reciben tarjetas de crédito, servicios o artículos no solicitados; mantener alerta sobre transacciones bancarias inusuales; procurar tener siempre a la vista tarjetas de crédito o débito; y realizar transacciones seguras.

También advierte sobre distintas modalidades de robo de identidad mediante distintas modalidades: sin acceso a internet como la extorsión telefónica; con apoyo de una herramienta tecnológica como la clonación de tarjetas de crédito; o a través del internet como son los Spam o el Phishing, conocido como suplantación de identidad.

Además de las acciones preventivas que se recomiendan en la guía, se aconseja denunciar el robo de identidad ante el INAI, procuradurías estatales, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Para que la ciudadanía se oriente y asesore sobre el robo de identidad, el INAI pone a su disposición el Centro de Atención a la Sociedad y el teléfono gratuito TELINAI 01 800 8354324.

Fuente: http://imparcialoaxaca.mx

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Mario Meneses

14 empresas de El Chapo son socias comerciales del Gobierno de Peña Nieto


EE.UU.: 14 empresas de El Chapo son socias comerciales del Gobierno de Peña Nieto

Publicado: 27 jul 2015 03:15 GMT | Última actualización: 27 jul 2015 20:45 GMT

Al menos 14 empresas pertenecientes al capo mexicano del narcotráfico Joaquín Guzmán Loera son socias comerciales del Gobierno de Enrique Peña Nieto mediante contratos y concesiones, revelan informes del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Entre los años 2007 y 2014, El Chapo Guzmán logró crear en México una red comercial de 95 empresas, al menos 14 de las cuales han tenido alguna relación comercial con el Gobierno de Enrique Peña Nieto mediante la asignación de contratos o concesiones, informa ‘El Universal’.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC, por sus siglas en inglés) investigó a partir de 2007 la fuente de recursos del gran imperio financiero del capo del cártel de Sinaloa. Entonces un total de 25 empresas fueron identificadas como vinculadas con el cártel de El Chapo Loera.

Entre las empresas mexicanas relacionadas con el cártel de Sinaloa se encuentran Estancia Infantil Niño Feliz, Nueva Industria de Ganaderos de Cualiacán, Bioesport, Fletes y Transportes Gaxgar, Aero Express Intercontinental, Urbanizadora Nueva Italia y Cooperativa Avestruz Cuemir. Aparecen también empresas como gasolineras que tienen contratos conPemex.

La información del Departamento de Tesoro norteamericano fue emitida para prevenir a los ciudadanos de EE.UU. de realizar cualquier transacción financiera o comercial con las empresas pertenecientes al narco, actualmente buscado en todo el mundo después de que el pasado 11 de julio se fugara de un penal de máxima seguridad.

Todo sobre este tema

Fuente: https://actualidad.rt.com

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Mario Meneses

Durante décadas, la Armería Alemana Heckler and Koch ha licenciado al Ejército mexicano la fabricación del rifle G-3.


La polémica por la venta de armas alemanas de la marca Heckler and Koch se ha centrado en la exportación que hizo esa armería de unos 10 mil fusiles modelo G-36, algunos de los cuales terminaron en sitios expresamente restringidos por el gobierno de Alemania: Chihuahua, Guerrero, Chiapas y Jalisco, considerados como sitios de conflicto y de violación a los derechos humanos. Pero el gobierno alemán no ha aclarado cuál fue el criterio para vedar esos sitios y no otros, como Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa.

Nadie ha señalado que, durante décadas, Heckler and Koch ha licenciado al Ejército mexicano para la fabricación del rifle G-3. Y es con esta arma por delante con que soldados mexicanos han cometido 126 violaciones a los derechos humanos acreditadas. Únicamente de esta arma —la infantería mexicana emplea además una subametralladora y una pistola también de H&K—, el Ejército mexicano ha producido 179 mil 377 mil fusiles.

Dependiendo de la versión, un G-36 pesa entre 2.82 y 3.63 kilos sin cargador

Dependiendo de la versión, un G-36 pesa entre 2.82 y 3.63 kilos sin cargador. Foto: Humberto Padgett, SinEmbargo

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).– Los números hablan: al menos 89 mexicanos, entre estos 14 niños, murieron arbitrariamente a causa de las balas disparadas por efectivos del Ejército mexicano en comisiones oficiales. Así que esas muertes llevan las siglas de H&K.

¿Cómo y a cuánto asciende el horror que llega con un fusil G-3, una subametralladora MP-05 o una pistola P-7, las armas de cargo de la tropa mexicana y fabricadas en México bajo licencia de Heckler and Koch?

SinEmbargo analizó las 126 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde su creación, en 1990, hasta el presente dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional por violaciones a las garantías cometidas por el Ejército mexicano en el ejercicio oficial de la fuerza.

Es con esas armas por delante que 10 personas permanecen en calidad de desconocidas, que 268 mexicanos sufrieron actos de tortura, que 32 hombres y mujeres fueron violados sexualmente por soldados y que miembros del Ejército perpetraron 401 detenciones ilegales.

Cada recomendación emitida por la CNDH es, a la vez que el relato de muertes, golpizas, procedimientos de asfixia y violaciones sexuales, la demostración de la falsedad de declaraciones en que incurren los soldados involucrados y, en ocasiones, sus mandos.

Los militares acusados por violaciones a los derechos humanos en México reportan situaciones de enfrentamiento con fuerzas del crimen organizado, pero las investigaciones del organismo demuestran que, al menos en los casos sobre los que se pronuncia, tales situaciones de peligro no existieron para los efectivos.

Esto siempre ha sido así. Existe un caso, a principios  de los 90, en que un ciudadano australiano tuvo la mala idea de fumar marihuana en Puerto Vallarta y terminó detenido por el Ejército mexicano. Un médico militar reportó ausencia de lesiones, pero en un hospital civil le atendieron por fractura de ambas muñecas, los dos tobillos, todas las costillas de un costado, la nariz…

Y está un muchacho de Guerrero con 16 años y una discapacidad cognitiva tal que los hace funcionar como un niño de cinco seis. Se ganaba algunos pesos recolectando latas de bebidas hasta que un a noche, al salir de una fiesta, se encontró con militares. Estos, sin sensatez, le dispararon y le volaron una rodilla. Nadie supo nada de él en las siguientes 44 horas, cuando apareció en un hospital civil con la pierna partida, pero sin atención médica anterior, y acusado de tráfico de drogas y de portación de un arma de fuego sembrada en la misma bolsa negra en que el chavalo llevaba las latas para el reciclaje.

O un anciano a quien sumergieron tantas veces en un abrevadero para animales que en el hospital mostró signos internos y externos de asfixia. Los militares explicarán el asunto diciendo que el viejo huyó a la carrera, tropezó en una tina llena de agua y ahí dentro cayó su cabeza.

TECOMÁN

“Es una secta satánica”, concluyó por alguna misteriosa razón el sargento luego de ver a una muchedumbre en medio de la noche y de la nada alrededor de fogatas.

Dio la orden.

Sus soldados levantaron los fusiles Heckler and Koch y dispararon.

Poco antes, el 19 de enero de 2001, alrededor de 200 integrantes del grupo de alcohólicos anónimos Todo por Gratitud se reunieron en Rancho Viejo, en el kilómetro 263 de la carretera Playa Azul-Manzanillo, municipio de Tecomán, Colima, en el occidente mexicano. El lugar se debía entender como un lugar seguro: a ocho kilómetros se encuentra el 88º Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Al día siguiente, 40 muchachos del 88º establecieron un puesto de revisión de vehículos en el que permanecieron hasta la medianoche, cuando decidieron volver al cuartel.

Antes de hacerlo, el subteniente de infantería encargado, Benito Ortiz Moncayo, ordenó a su personal dirigirse hacia la carretera de Tecomán-Cerro de Ortega para patrullar una brecha donde existe o existía una fábrica de cocos.

Avistaron personas alrededor de fogatas y, en ese momento, concluyeron que no podría tratarse de ninguna otra cosa más que de una “secta satánica, por lo que [Ortiz Moncayo] ordenó al conductor del vehículo que detuviera su marcha a fin de investigar qué actividad se estaba realizando en ese lugar, instruyendo al personal militar a fin de que efectuara un movimiento semienvolvente en tres grupos.

“Una vez que el grupo que encabezaba el sargento Brígido Santiago Ponciano Tepach se constituyó en el predio donde se encontraban los ahora agraviados, sin anunciar su presencia y ni identificarse plenamente ante los mismos, procedió a accionar sus armas de cargo hacia las personas sin que le antecediera a dicha acción alguna provocación o agresión que los facultara a realizar dicha conducta y, posteriormente, al momento en que dicho personal militar accionó sus armas, otros elementos del Ejército mexicano se acercaron al grupo de civiles, entre ellos mujeres y niños, hacia quienes se condujeron con palabras impropias y amenazándolos con sus armas de cargo”, es decir, las H&K.

Murió Rodrigo Torres Silva y quedó lesionada la menor Yuliana Mercado Vargas, quien vivió en adelante con las cicatrices de tres esquirlas de proyectil de arma de fuego.

Un estudiante de la carrera de Ingenería en Combate realiza ejercicios con un G-3. Imagen tomada de la revista electrónica la Gran Fuerza de México, editada por la SEDENA

Un estudiante de la carrera de Ingenería en Combate realiza ejercicios con un G-3. Imagen tomada de la revista electrónica la Gran Fuerza de México, editada por la SEDENA

BERLÍN I

El politólogo mexicano con residencia en Alemania Carlos A. Pérez Ricart obtuvo mediante una solicitud de transparencia hecha a la Secretaría de la Defensa Información sobre los orígenes del armamento adquirido por las fuerzas armadas mexicanas.

Descubrió que la SEDENA mantiene acuerdos comerciales con 28 empresas extranjeras: 10 de ellas son estadounidenses, tres españolas, tres checas, dos italianas, dos belgas y dos alemanas. El resto son brasileñas, uruguayas, turcas, israelís y canadienses. Las dos empresas alemanas reconocidas en el documento como importadoras de armamento ligero a México son Carl Walther y Heckler & Koch.

Pérez Ricart cerró la lente para observar de cerca H&K y encontró que, entre 2006 y 2008, esa empresa vendió a México entre ocho mil y diez mil fusiles HK G-36V, HK G-36KV y HK G-36C, todos subtipos del HK G-36 de referencia.

“Se trata de un caso de corrupción que involucra a funcionarios alemanes y mexicanos por igual pero que, mientras en Alemania ha merecido la atención de periodistas, investigadores, partidos políticos y la investigación de la Fiscalía de Stuttgart, en México apenas ha resultado en la sospechosa indiferencia de la clase política”, sostiene Pérez.

Pérez Ricart es candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad Libre de Berlín en el Colegio Internacional de Graduados “Entre Espacios: Movimientos, actores y representaciones de la globalización”. Desde 2011 coordina el área de investigación de México vía Berlín en el cual ha publicado trabajos sobre la exportación de armamento de Alemania a México y sobre los procesos de militarización mexicanos.

El especialista explica el mecanismo por el cual el gobierno alemán permite a las fábricas armamentísticas en su territorio realizar exportaciones.

Las empresas realizan una solicitud de exportación al Ministerio de Economía y Tecnología el cual, en trabajo conjunto con los Ministerios del Interior y de la Defensa, certifica que la solicitud no transgreda ninguna de las reglamentaciones mínimas de exportación aprobadas por la República Federal Alemania insertas en el marco de las directrices establecidas por la Unión Europea en 2008.

Según estas pautas, los estados europeos deberán detener toda exportación de armamento y tecnología militar cuando “tecnologías y/o herramientas exportadas son o puedan ser utilizadas para fines represivos al interior de la sus fronteras nacionales” y/o cuando el gobierno del país receptor alargue conflictos armados o se aproveche de tensiones y conflictos preexistentes para fines particulares.

El gobierno alemán, por otro lado, debe cancelar los permisos de armas si se considera —con base en un “riguroso estudio de caso”— que la exportación de ese armamento supone un peligro de inestabilidad regional o es un factor que agrava la violencia.

“Estos tres criterios, de entre las cinco causales formales para impedir la exportación de armamento y tecnología, deberían ser razón suficiente para esperar que el gobierno alemán rechazara las solicitudes de empresas alemanas de armas para exportar armas a México; país cuya situación política y social bien podía catalogarse entre alguno de los criterios expuestos”, enfatiza Pérez Ricart.

—Desde 1990, el Ejército mexicano ha recibido 128 recomendaciones emitidas por la CNDH por graves violaciones a las garantías individuales. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura han ocurrido desde Tabasco hasta Baja California. ¿Qué decir sobre esto en relación a que las fuerzas armadas mexicanas utilizan como armas de cargo las producidas por Heckler and Koch o bajo licencia de esta firma alemana? —pregunto a Pérez Ricart.

—La ley alemana prohíbe la exportación de armas a regiones en conflicto o regiones en donde la eventual llegada de armas pudiera potenciar un conflicto interno. Las recomendaciones emitidas por la CNDH, así como los propios registros de inteligencia del gobierno alemán señalan que el caso mexicano cumple con ambos criterios. Claramente los permisos de exportación no debieron otorgarse.

Más aún, el hecho de que el gobierno alemán considerase ilegal el envío de armas a Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Chiapas, pero legal al resto del país es una decisión sin sentido.  Verbigracia, ¿acaso Veracruz o Sinaloa no mantienen situaciones de crisis similares? ¿Acaso las policías en Oaxaca o Tamaulipas son más confiables? El gobierno alemán demostró —si se quiere pensar bien— ignorancia; si se quiere pensar mal, mala leche.

— ¿Cómo observa y qué consecuencias distingue en que los Ministerios del Exterior y de Economía de Alemania hayan cerrado los ojos ante la crisis de derechos humanos existente en México y con respecto a su industria armamentística?

—Lo lamentable es que el caso mexicano no es excepcional. La política de exportación de armas del gobierno alemán tiene casos similares que se remontan a la década de los años sesenta. Vende a quien le compre y luego busca las justificaciones políticas necesarias para legitimar la decisión. Las armas alemanas están repartidas en todo el mundo. México es un caso más.

Alemania financia —con su mano izquierda— fundaciones políticas y organizaciones de derechos humanos; con la mano derecha exporta armas y permite a sus empresas formas de operación que jamás admitiría en su territorio. Actúa como potencia capitalista.

—Tus investigaciones revelan la compra de alrededor de 10 mil armas mediadas por la Secretaría de la Defensa para las policías estatales, ¿sabemos cuántos fusiles, subametralladoras y pistolas ha comprado México a H&K para abastecer a sus soldados?

—Lamentablemente no lo sabemos con certeza. El gobierno de México esconde la información por considerar que podría servir al crimen organizado. El caso de la exportación de armas alemanas refleja todos los males juntos: falta de transparencia, corrupción y el involucramiento de un país hegemónico en la potencialización de un conflicto.

— ¿Qué sabes del funcionamiento de las licencias que ha otorgado H&K al Ejército mexicano para la fabricación de sus armas?

—Estas son las siguientes armas que se producen bajo esquemas de licencia:

Producidas en México con licencia de producción de Heckler & Koch:

  • Hecker & Koch G-3 (6.72 X 51mm NATO) rifle de batalla
  • Heckler & Koch HK-33 (5.56 X 45mm NATO) rifle de asalto
  • MP5 ( 9×19mm Parabellum) pistola semi automática
  • HK21 (7.62×51mm NATO)
  • Hecker & Koch  MG3

Estas armas son producidas por acuerdos binacionales entre Alemania y México:

  • Heckler & Koch AG-C/GLM (40 x 46 mm) lanzagranadas
  • HKP7 ( 9×19mm Parabellum) pistola

En México se han producido  179 mil 377 mil fusiles G-3.

—¿Cómo lees el pronunciamiento hecho por el Ministerio de la Defensa alemán de fines de marzo pasado respecto a los problemas técnicos del fusil HK G-36?

—Se trata del golpe más duro a H&K en años. Se trata de información que el Ministerio de Defensa tenía desde hace años y no se atrevió a divulgar antes. Al parecer, los fusiles ven entorpecido su funcionamiento (su puntería) en situaciones de calor. Si eso es un problema en Alemania, en México lo es doble. Aun así, los acuerdos comerciales entre el Ministerio de Defensa y H&K sigue viento en poca. Hay un lobby tremendo.

El G-36 posee un alcance de 4 mil metros, pero su distancia eficaz es de 500 metros

El G-36 posee un alcance de 4 mil metros, pero su distancia eficaz es de 500 metros. Foto: Humberto Padgett, SinEmbargo

SAN LUIS RÍO COLORADO

continua la Investigacion….

Fuente: www.sinembargo.mx

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Mario Meneses

Anidan delincuentes en empresas de #SeguridadPrivada


Realizan labores de “halconeo”, advierte la Policía Estatal

En algunas empresas de seguridad privada anidan delincuentes; se dedican a hacer labores de “halconeo” en lugar de vigilancia, advirtió David Pérez Landeros, director general de la Policía Estatal, quien dijo que la Secretaría de Seguridad Pública ya analiza con lupa a todas las empresas que se dedican a brindar este servicio.

Informó que ante los riesgos que significa la proliferación de empresas “patito” de seguridad privada, la Secretaría de Seguridad Pública revisa ya a cada una de estas empresas, cuyo personal está siendo sometido a exámenes de control, similares a los que se les aplican a los elementos en activo de las corporaciones de seguridad pública.

Indicó que se lleva un avance del 58% en la revisión de los poco más de 1,700 elementos que desempeñan labores privadas de seguridad. Todos ellos han sido sometidos a exámenes médicos y psicométricos para determinar la aptitud para el desempeño de labores de vigilancia e inmovilización de delincuentes.

De los 1,000 elementos de policías privadas, agrupados en 27 empresas, se les tienen ya todos sus datos, una especie de ficha con la que se establece, por parte de la Secretaría de Seguridad, un estricto control de quienes son las personas que están a cargo del resguardo de bienes privados.

Pidió a los particulares tener cuidado de quienes les prestan este tipo de servicios porque con frecuencia resulta que dichos elementos son quienes terminan haciéndolos sus víctimas ya que son ellos quienes se dan cuenta de los movimientos de los lugares que resguardan y los aledaños.

“Este tipo de personal, en lugar de coadyuvar con la policía, se dedican a hacer labores propias de los halcones -vigilantes de la delincuencia- porque se enteran de los horarios, a qué horas entran a qué horas se van, saben los bienes que resguardan” y eso se convierte en un serio problema cuando su labor es la de ayudar a la delincuencia a dar golpes, dijo.

Por ello, con las revisiones que se llevan a cabo a las empresas de seguridad privada, Aguascalientes será la primera entidad en la que se tenga bajo control a todos los elementos de este tipo de empresas y a cada uno de ellos se les expedirá una credencial de parte de la Secretaría de Seguridad Pública como una forma de identificarse y que, tanto empresas como clientes, tengan la seguridad de que dichos elementos han pasado las pruebas y que son aptos para al desempeño de las labores para los que son contratados.

Dijo que es considerable el número de elementos que actualmente están reclutados en compañías privadas dedicadas a la seguridad y resguardo de bienes.

“Actualmente la Secretaría de Seguridad Pública tiene registros de 5 mil elementos dedicados a la seguridad privada, pero sólo 1,700 están en activo, el resto no labora en empresas aunque posean conocimientos y experiencia para desarrollar estas labores”.

Finalmente, indicó que se espera concluir la revisión del 100% de los elementos de seguridad privada en las primeras semanas del próximo año, con lo que habrá mayor confianza y certidumbre acerca de este tipo de empleados, a quienes se les confía la seguridad de bienes y de personas bajo esquemas de contratación comercial.

Fuente: http://heraldo.mx

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Mario Meneses

 

Las #ONGs ligan a #SeguridadPrivada contratada por gobiernos con el asesinato de #migrantes


Las organizaciones denunciaron que al menos dos empresas, que cuentan con armas de uso exclusivo del Ejército, han sido contratadas para perseguir, torturar, hostigar, e incluso matar a migrantes en diversos estados del país.

Foto: Luis Barrón / SinEmbargo

Las organizaciones dicen que ellos también son víctimas de agresión e intimidación por parte de estas empresas. Foto: Luis Barrón / SinEmbargo

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- Organizaciones civiles y activistas, entre ellos el Padre Alejandro Solalinde Guerra, denunciaron que empresas de seguridad privada, en colusión con autoridades locales y federales, torturan y matan a migrantes además de hostigar a sus defensores en diversos estados del país.

En conferencia de prensa, agrupaciones miembros del Colectivo de Personas Defensoras de Migrantes y Refugiados (Codemire) y diversas organizaciones de la sociedad civil, acusaron a las corporaciones de seguridad privada Cuerpo de Guardias de Seguridad Valle de Toluca (Cusaem) y Servicios Especiales de Protección en México (Sepromex), de cometer actos de hostigamiento, tortura, ataques y ejecuciones de migrantes con el permiso de las autoridades.

De acuerdo con sus declaraciones, se trata de empresas que obtuvieron el permiso de alguna autoridad, hasta ahora desconocida, para portar armas de alto calibre de uso exclusivo del Ejército. En palabras de Leticia Gutiérrez, miembro de la organización Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados, ”esta situación de violencia, por demás lastimosa en que migrantes están siendo ejecutados extrajudicialmente parte del Plan Frontera Sur, con el que países del norte de América deciden implementar políticas represivas […] Después de la implementación del plan, el Gobierno ha subcontratado a empresas de seguridad privada para poder ejecutar la persecución a personas migrantes”.

Las organizaciones aseguran que estas agencias tienen presencia en los estados de Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Tlaxcala, Veracruz y en el Distrito Federal. Sobre sus agentes, Martin Martínez, de la Estancia del Migrante González y Martínez A.C., explica que se trata de personas que “no tienen formación ni saben de Derechos Humanos. Son unas personas ignorantes. Han sido capacitados para matar. Ellos nos lo han dicho: ‘La consigna de nosotros es matar, disparar a todo lo que se mueva alrededor’”.

“Yo ya lo viví. En varias ocasiones estuve a punto de morir. [En una primera ocasión] traté de ayudar a un migrante a bajar de un tren porque había sido herido de una pierna. Yo no sé si [los agentes] me quisieron matar o no pero oía cómo las balas chocaban en el tren. En una segunda ocasión, más de 15 elementos de seguridad armados tenían a más de 80 personas migrantes arrodilladas alrededor de la vía, quitándoles lo que tenían y quitándoles a sus mujeres. ¿Qué está pasando? Estas personas están matando a los migrantes”.

De acuerdo con información de las organizaciones, estas empresas tienen presencia en diversas partes de la ruta utilizada por los migrantes que transitan nuestro país, y también en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM); lugares en los que, desde abril, se ha documentado que ejercen estos actos de violencia.”Los agentes de estas empresas los han estado bajando del tren a base de armamento de grueso calibre que solamente usa el ejército. Los migrantes nos dicen que los bajan a golpes. Les hacen golpearse entre ellos y luego les dicen que corran y les disparan”, narró Leticia Gutiérrez.

SE CUSAEM

Leticia Gutiérrez, miembro de Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados, asegura que las empresas fueron contratados por el Estado para perseguir a los migrantes. Foto: Luis Barrón / SinEmbargo

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión estatal saben esto, y no hemos recibido respuesta […] Se siguen violando los derechos humanos de los migrantes y de nosotros los defensores de los migrantes […] México se ha cubierto de sangre. Hemos cambiado radicalmente la historia: ahora somos un país violento”, comentó Martínez, cuya asociación tiene sede en Querétaro, estado en el que ya se ha reportado una muerte a manos de Cusaem, denuncian.

Los activistas dijeron que desde abril, se han reportado al menos ocho ejecuciones en los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Chiapas; de las que tres son adjudicables al Cusaem. Un migrante más fue ejecutado en Querétaro, señalan. Entre las nacionalidades de los migrantes agredidos se encuentran salvadoreños, nicaragüenses, cubanos, guatemaltecos y ecuatorianos.

En su turno, Alejandro Solalinde, director de la Casa para Migrantes Ixtepec, dijo que Cusaem y el Instituto Nacional de Migración, (INM) “golpean, extorsionan, violan y torturan, tanto a hombres como mujeres. Cusaem se aprovecha del ‘alojamiento’ (este mecanismo que usa el INM para apresar a los migrantes para criminalizarlos y castigarlos) para vejarlos y hacer mal trato con ellos.

“Cusaem, tortura, aplica choques eléctricos, también asfixia a las personas y muchas cosas que ya en su momento fueron denunciadas. Y pareciera que nadie hace caso”, expresó.

De acuerdo con Leticia Gutiérrez, Cusaem es una empresa mexiquense que sólo tiene jurisdicción en el Estado de México, por lo que resulta inexplicable su actuar en otras entidades federativas. Con relación a esto, Solalinde cuestionó: “¿Por qué si Cusaem nace en el gobierno (estatal) de Enrique Peña Nieto, cuando él pasa a nivel federal Cusaem adquiere esta territorialidad? ¿Por qué se volvió nacional? ¿Por qué están en las vías? ¿Por qué están en las estaciones migratorias? ¿Quién es el dueño verdadero de este negocio? ¿Por qué gozan de impunidad? ¿Por qué?”.

En entrevista para SinEmbargo, el presbítero dijo que es necesario investigar “quiénes tienen la concesión, quién es el dueño realmente de, porque son políticos mexiquenses los que están siendo beneficiados con la extensión de estas empresas que han prosperado tanto”.

La violencia que están ejerciendo estas empresas, agregó “es un brazo más de la violencia de Estado, porque es una violencia autorizada. Es la fuerza bruta autorizada. El Estado, con sus Ministerios Públicos (MP) y la Seido [Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada]  no han puesto un solo cuestionamiento al Cusaem, tampoco la CNDH”.

En el caso de la CNDH, las organizaciones indican que están en espera de una recomendación, “pero en la Comisión nos dicen que no pueden dar la recomendación porque hasta ahora no saben cuál es la instancia que autorizó a estas empresas el uso de armas de grueso calibre”, especificó Leticia Gutiérrez.

Las agrupaciones defensoras de los migrantes mencionaron que ya han interpuesto quejas y denuncias ante la CNDH y la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Seido, Ministerios Públicos locales, Comisiones de Derechos Humanos estatales, “pero hasta el momento la impunidad es lo único que corre. No ha llegado la justicia”.

Alejandro Solalinde. Foto: Luis Barrón

“Las autoridades han hecho imposible la justicia permitiendo la autoridad”: Alejandro Solalinde. Foto: Luis Barrón

Fuente: www.sinembargo.mx

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Mario Meneses

 

La mayoría de las demandas que se tramitan en la Junta de Conciliación y Arbitraje son contra empresas de #seguridad


Ilegales, 65 % de grupos de seguridad privada

INVESTIGACIONES ESPECIALES

Situación jurídica de un total de 127 empresas de seguridad identificadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Querétaro. En el listado no figuran otras 30 compañías ajenas al registro de la SSC y que operan en la entidad, de acuerdo con especialistas del ramo.  ESPECIAL

Querétaro, entidad que presume tener “una de las mejores policías de México” -según lo aseveró la Radiografía Policial 2015 de la organización ciudadana Causa en Común-, no brilla en el mercado de la seguridad privada, donde un 65 por ciento de las empresas dedicadas a ese rubro opera al margen de la legalidad.
Documentos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) obtenidos por PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, revelan que apenas 44 empresas de seguridad (35 por ciento de un total de 127 identificadas) tienen facultad jurídica para ofrecer sus servicios, es decir, trabajan con autorización estatal vigente. Las 83 restantes “han dejado pasar un periodo de tres años sin obtener o refrendar sus respectivos permisos”, puntualiza la autoridad.
Aunado a lo anterior, expertos en seguridad aseguran a este medio que resta por considerar a otras 30 empresas irregulares, mismas que operan ajenas al control de la SSC; hipótesis que llevaría a este mercado a contar con 157 compañías y a reducir el porcentaje de las firmas legalizadas a un 28 por ciento.
Muchas de estas empresas (conocidas popularmente como “patito”) subcontratan guardias a destajo y sin experiencia. Otras, aún contando con ciertas normas de calidad, actúan en franca rebeldía a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de Querétaro, que las obliga a registrarse estatalmente. Empero, evitan hacerlo, amparándose con permisos extraterritoriales o en el poder económico de sus clientes.
Como ejemplo de empresa “rebelde”, especialistas señalan al Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem), organismo desconcentrado del Gobierno mexiquense que opera como policía pública en su entidad de origen, pero que brinda servicios de policía “privada” a cualquier otra, incluida Querétaro. Sin embargo, no se encuentra registrado ante la SSC, aun cuando sus elementos portan armas de calibre mayor.
Guardias foráneos en Querétaro
Un recorrido de este medio por tres grandes centros comerciales: Plaza Antea y tanto Galerías Querétaro como San Juan del Río, confirmó la presencia de al menos 20 uniformados del Cusaem dedicados a cuidar puertas y estacionamientos de tres sucursales de la tienda departamental Liverpool, empresa que paga sus salarios a través de un contrato de alcance nacional firmado con ese grupo.
Dotados de permiso federal para portar armas largas, los guardias del Cusaem lucen uniformes de tipo táctico: boinas estilo israelí o gorros de caza, así como vistosos escudos de ese organismo con sede en Toluca y centros de reclutamiento en Tlalnepantla, Ecatepec y Cuautitlán, entre otros municipios mexiquenses.
De acuerdo con el citado estudio de Causa en Común, las corporaciones policiales del Estado de México resultaron en situación “crítica” en todas las mediciones, ocupando el último escaño nacional en materia de “control confianza”.
Preocupa fenómeno a expertos
La presencia del Cuasem en nuestra entidad data de al menos cinco años, siendo el abogado Claudio Sinecio Flores, actual regidor panista de Querétaro, una de las primeras figuras públicas en advertir de la presencia de este grupo en la localidad:
“Me parece riesgoso tener a elementos armados de la Policía del Estado de México en funciones de seguridad en Querétaro (Liverpool)”, escribió el regidor en su cuenta de Twitter en septiembre de 2010.
Cinco años después, Sinecio ratifica a PLAZA DE ARMAS su preocupación: “Insisto, no debería haber policías armados del Edomex en Querétaro”, aunque puntualiza no contar aún con información que explique el motivo por el cual este grupo continúa operando en la entidad.
Cuestionada al respecto, una ejecutiva del área de Prevención de Pérdidas de Liverpool comunicó a este diario que con gusto ofrecería su nombre y una respuesta “una vez que se me haga llegar una queja concreta contra algunos de los guardias”, mismos que, aseveró, trabajan con “el mismo esquema de profesionalismo y atención al público que exigimos a todo nuestro personal”.
En entrevista con este medio, Mario Aguilar Becerril, presidente de la Unión de Empresas de Seguridad Privada de Querétaro, dijo no tener datos relativos a “empresas foráneas de seguridad”, toda vez que estas no formarían parte de la cámara de comercio de la cual es consejero. Sin embargo, advirtió lo siguiente:
“En términos generales, consideró que es un riesgo para los ciudadanos la existencia de cualquier tipo de empresa de seguridad que pueda ser considerada informal. Por ahí debemos comenzar si queremos resolver el problema”.
Aguilar Becerril añadió que “como signo del auge económico queretano, cada 30 días podemos ver que surgen al menos cinco nuevas firmas dedicadas a brindar seguridad privada. Lo malo es que muchas de estas -yo creo que un 30 por ciento- no cumplen con la normatividad: pagan bajísimos salarios a sus guardias y no les dan ninguna prestación; basta ver que la mayoría de las demandas que se tramitan en la Junta de Conciliación y Arbitraje son contra empresas de seguridad”.
Antecedentes críticos
El pasado 6 de septiembre, el Cusaem cobró notoriedad en Querétaro cuando en el poblado La Fuente, en Tequisquiapan, elementos de este organismo dispararon sus armas al aire con el fin de impedir que un grupo de migrantes de origen centroamericano pudiera abordar un convoy de la empresa Ferromex, que los tiene contratados para cuidar sus instalaciones.
Del suceso no resultaron heridos, aunque sí un enfrentamiento de ese grupo policial con organismos locales dedicados a la protección de derechos humanos.
El 18 de febrero de 2015, en San Juan del Río, guardias del Cusaem se sumaron al grupo de vigilantes privados que impidieron el ingreso, a una tienda Liverpool, de elementos de Protección Civil y Seguridad Pública sanjuanenses, quienes pretendían atender a una mujer que en un baño tuvo parto prematuro y cuyo bebé falleció. Por este hecho, la tienda fue multada con 39 mil pesos por la autoridad municipal.
Una veintena de grandes empresas públicas y privadas tienen convenios con el Cusaem, organismo que ofrece a sus guardias y clientes una “ventaja” que no posee la mayoría de las empresas de seguridad del país: un añejo permiso de uso colectivo para la portación de armas largas, expedido en 1948, cuando el gobernador mexiquense era Alfredo del Mazo Vélez, fundador del Grupo Atlacomulco, legendaria cuna política de siete gobernadores y de un Presidente de la República.

Fuente: www.plazadearmas.com.mx

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Mario Meneses