Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo (PRONABET). “Empresa Segura”


El propósito de este programa es mejorar la condición integral de los mexicanos en sus centros de trabajo, además de contribuir al desarrollo de sus capacidades.

Notimex | 26/04/2015 | 13:53

El subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, Ignacio Rubí, dio a conocer el Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo (Pronabet).

El propósito de este programa es mejorar la condición integral de los mexicanos en sus centros de trabajo, además de contribuir al desarrollo de sus capacidades, a fin de incrementar la productividad de sus empresas y la competitividad del país.

Al entregar reconocimientos de “Empresa Segura” a 34 centros de trabajo de 12 estados de la República, señaló que la materia esencial del Pronabet es conciliar el trabajo y la familia, para que el empleado esté en condiciones laborales estables y sienta pertenencia hacia su empresa, lo que generaría un incremento en la productividad.

Otro de los objetivos del Pronabet, complementario al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), es atender los factores psicosociales que causan inestabilidad emocional, incremento en el consumo de alcohol y drogas.

El funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que esta acción institucional inicia en Nuevo León, en Jalisco, el Estado de México y en el Distrito Federal, con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Confió en que ese mecanismo sea un factor que contribuya a que los trabajadores lleven a cabo sus actividades en ambientes sanos y proclives, y les permita desarrollar un esquema de más pertenencia dentro de sus empresas.

Al detallar el Pronabet, el director de Política de Prevención de Riesgos Laborales, Francisco Manuel Tornero Applebaum, destacó que esa acción de la secretaría es un mecanismo de ayuda voluntaria para que las empresas promuevan la seguridad y la salud en sus centros laborales, a fin de disminuir enfermedades y accidentes de trabajo.

Respecto al PASST, Rubí Salazar hizo notar que las empresas que se han incorporado a ese programa en los dos últimos años, han reducido en casi 70 por ciento la cantidad de accidentes y enfermedades en el trabajo, incluido el número de defunciones.

“En el país vamos avanzando en el combate a ese flagelo, que en términos sociales y económicos significa la siniestralidad”, dijo, destacó que en los últimos dos años ha habido reducción de 4.3 por ciento de accidentes y enfermedades de trabajo a nivel nacional.

El funcionario señaló que el nuevo enfoque del gobierno federal en materia de inspección de seguridad e higiene en el trabajo ha dado como resultado una tasa de siniestralidad de accidentes y enfermedades de trabajo del 0.48 por ciento.

Las 34 empresas galardonadas con el reconocimiento por revalidación del tercer nivel de “Empresa Segura” corresponden a los estados de Coahuila, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Durante el acto, el funcionario federal también estuvo acompañado por el secretario del Trabajo de Nuevo León, Alejandro Javier Torre Martínez.

Fuente: planoinformativo.com

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Dictamen que reforma los artículos 25 y 32 de la Ley Federal de #SeguridadPrivada, a fin de incrementar los requisitos que deben reunir los prestadores de servicios.


Aprueba comisión de diputados dictamen de Ley de Seguridad del DF

Notimex 22.04.2015 – 18:56h

La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, que establece como eje central a la persona y sus derechos fundamentales. El documento tiene como objetivo regular el ejercicio de la seguridad pública en los términos que establece la Constitución, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables. La norma compuesta por 92 artículos y nueve transitorios destaca que los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública deberán abstenerse de infligir, instigar o tolerar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ello aunque se trate de cumplir con la orden de un superior o se argumenten circunstancias especiales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra. El ejercicio de seguridad pública deberá considerar como eje central a la persona y sus derechos fundamentales, así como la rendición de cuentas, la armónica convivencia de las personas y comunidades, y la participación social. Precisa la creación de un Consejo Local de Seguridad Pública, presidido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que tendrá entre sus facultados promover la implementación de políticas en materia atención a víctimas del delito. En cuanto al sistema educativo policial se integrará por una formación inicial, continua, una actualización, desarrollo y promoción, especialización y alta dirección de los cuerpos policiales. En su intervención el diputado perredista José Ángel Ávila Pérez explicó que es “una ley de vida corta”, para que el Senado “apruebe la reforma al Artículo 122 Constitucional”, y una vez que concluya el proceso del Constituyente Permanente “deberá ser abrogada por una de carácter local”. El panista José Alfredo Botello Montes, resaltó que esta ley es un marco normativo necesario mientras se cristaliza la reforma política del Distrito Federal, y es necesaria porque se estaba trabajando en base a los sistemas de coordinación y otras normativas. Durante la reunión se modificó el Artículo 24 de la ley en mención, a propuesta del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, para implementar programas de activación física que permita a los cuerpos policiales un estado de salud óptimo para desempeñar su función. Posteriormente aprobaron un dictamen por el que se reforma el Artículo 130 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promueva que la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios establezcan el servicio de comunicación único de emergencia. Se precisa que el número único, al que se refiere el Artículo 111 de la misma norma, deberá acompañarse de una plataforma encargada de recibir la primera llamada ante situaciones de riesgo, emergencia, denuncias y demás reportes, para canalizarlas de inmediato a la autoridad correspondiente. Los integrantes de esta instancia legislativa también aprobaron un dictamen que reforma los artículos 25 y 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada, a fin de incrementar los requisitos que deben reunir los prestadores de servicios para obtener autorización y prestar servicios de seguridad privada. Destaca que los vehículos que utilicen no podrán llevar aditamentos o dispositivos de iluminación que los confundan con los vehículos utilizados por las instituciones de seguridad pública o las fuerzas armadas. Luego la comisión acordó instalarse en sesión permanente para analizar la reforma al Artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que las instituciones del ramo establezcan jornadas y turnos laborales que no excedan de ocho horas, siempre y cuando la función o tarea no constituya una diligencia que sea urgente o necesaria.

Fuente: .20minutos.com.mx

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CÁMARAS CUERPO: MODA O FUNCIÓN? Seguridad


CÁMARAS CUERPO: MODA O FUNCIÓN?

Cámaras al cuerpo están más bien pequeñas que se pueden conectar cómodamente a un bolsillo de la camisa, cuello, sombrero, o incluso especialmente diseñados gafas de sol, pero que han generado grandes cantidades de discusión y debate animado recientemente. Incidentes como el tiroteo de la policía del adolescente negro desarmado Michael Brown en Ferguson, Missouri, y el asesinato de dos agentes de uniforme sentado en su coche patrulla en Brooklyn, Nueva York, han dado lugar a las llamadas de distintos sectores para un mayor uso de las cámaras llevan en el cuerpo entre los agentes de policía.

En diciembre pasado, el gobierno de Obama puso un poco de músculo federal detrás de la defensa del cuerpo de la cámara cuando se propuso un contrato de tres años y $ 263 millones de la iniciativa policía comunitaria multifacética. El programa general está dirigido a incrementar el uso de cámaras de uso en el cuerpo, la ampliación de la formación de las fuerzas del orden, la adición de más recursos para la reforma departamento de policía, y facilitar la participación comunitaria con la policía local.

En concreto, la iniciativa incluye un Programa de Creación de la cámara junto al cuerpo que proporcionaría un partido de 50 por ciento en fondos a los estados y localidades que compran cámaras llevan en el cuerpo y equipos relacionados. Según las proyecciones de la Casa Blanca, la propuesta de $ 75 millones la inversión federal en el programa de asociación en tres años podría ayudar a comprar 50.000 cámaras llevan en el cuerpo.

“Durante años, este gobierno ha avanzado en el uso de cámaras, tanto para colgar del cuerpo y vehicular, y reconoció los numerosos beneficios de hacer las cámaras disponibles a los oficiales encargados de hacer cumplir la ley”, dijo funcionarios de la Casa Blanca en un comunicado.

Otro desarrollo reciente que el pistoletazo de salida discusión nacional sobre las cámaras del cuerpo es un experimento práctico por el departamento de policía de Rialto, California, que acordó utilizar cámaras del cuerpo para los fines de un estudio de un año. Llevada a cabo por la Fundación de la Policía, en colaboración con investigadores de criminología, el estudio, la autoconciencia para Vistos ahora y Comportamiento Socialmente deseable: un experimento de campo en el efecto de uso en el cuerpo Cámaras de Policía de uso de la fuerza, fue la primera evaluación experimental de cámaras corporales utilizados en la patrulla de la policía.

El estudio se prolongó durante 12 meses. Cada semana, la mitad de los agentes uniformados de la ciudad fueron asignados al azar una cámara de cuerpo, y se esperaba que para activarlos cuando salieron del coche patrulla para interactuar con un civil. La otra mitad de la fuerza sirvió como grupo de control y no los usan.

Los resultados fueron espectaculares. Durante el período de estudio de un año, las quejas del público contra los agentes durante el año cayeron un 88 por ciento en comparación con los 12 meses anteriores. Uso de los oficiales de la fuerza también se redujo, de manera significativa, en un 60 por ciento. Además, el estudio encontró que cada vez que se utilizó la fuerza por los funcionarios con cámaras “, el sujeto se ve claramente que sea arresto físicamente abusivo o resistirse físicamente.” Pero en cinco incidentes con oficiales sin cámaras “oficiales recurrieron al uso de la fuerza sin estar físicamente amenazado “, encontró el estudio.

Aún así, hay varias cuestiones cámara cuerpo, tanto en el terreno y en los tribunales, que se refieren a algunos expertos. Tom Conley, CPP, presidente y CEO del Grupo Conley y un miembro de la Aplicación de la Ley del Consejo de Enlace ASIS, apoya el aspecto de rendición de cuentas de uso de la cámara del cuerpo, que se aplica tanto a la conducta policial y la conducta ciudadana.

“Si no haces nada malo, entonces no importa si hay una grabación de la misma”, dice Conley, que sirvió en la Policía Armada de Estados Unidos para unos 25 años antes en su carrera y también como un capitán de la policía civil.

Pero también hay una idea errónea de que el uso obligatorio de cámaras producirá registros de pruebas claras de corte de cada incidente, que no es el caso, Conley añade.

Como herramienta, cámaras del cuerpo tienen sus propias debilidades, explica Conley. No van a recoger todo lo que un oficial ve; que no funcionan como giroscopios grabación una vista de 360 ​​grados de una escena. Si un oficial está persiguiendo a los sospechosos a pie, el material será inestable y borrosa. Un ataque blindside en un oficial de la parte lateral o posterior sería fuera del campo de visión de la cámara. “No son lo suficientemente robusta, y sus limitaciones son realmente problemático”, dice.

Por otra parte, el “efecto CSI” a menudo se produce cuando se utilizan cámaras del cuerpo en un entorno legal, añade. Cuando se utiliza la cámara de vídeo como prueba, que establece un estándar falso en la mente de los jurados que nada importante en el incidente será en video. Como resultado, los detalles del incidente que se ofrecen en el testimonio, pero no se registran pueden dar mucho menos peso por los miembros del jurado, si no de rechazo de plano. “Se obtiene una parte de la evidencia de que se convierte en el conjunto de la evidencia”, dice Conley. “Es realmente un impedimento para contar toda la historia.”

Y cuando no se graba algo, los jurados pueden sospechar conducta impropia por parte del oficial. “Ellos siempre van a salir en una pelea de siempre”, dice Conley. “[Y] si se cae, que van a decir, ‘Bueno, se lo quitó a propósito.'”

Por último, también está el problema del costo, no sólo de la propia cámara, pero el costo de almacenar todo el vídeo. “La gestión de los datos es muy costoso, especialmente si usted tiene que mantener una cadena de custodia”, dice Conley.

Teniendo en cuenta estos tipos de preocupaciones, la Oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos de Programas de Justicia (OJP) realizó recientemente un estudio, colocados en el cuerpo del oficial de policía Cámaras: La evaluación de la evidencia, para obtener un mejor manejo de las cuestiones planteadas. “Desafortunadamente, ha habido algunas discusiones equilibradas de las ventajas y desventajas de las cámaras llevan en el cuerpo oficial de policía, y menos aún los estudios empíricos de la tecnología en el campo”, escribe el autor del informe, Michael White.

El informe OJP investigó los pros y los contras de la utilización de la cámara del cuerpo, incluyendo las reclamaciones que aumentar la transparencia, tener un efecto “civilizadora” en la conducta oficial, y mejorar la piscina evidencia de arrestos y persecución. Sin embargo, el informe encontró que las indicaciones no se habían probado suficientemente, o que la evidencia era anecdótica y no científico. Como resultado de ello, el informe pide más investigación independiente sobre las cámaras del cuerpo, y de las organizaciones profesionales de la ley para desarrollar directrices para el uso y aplicación de las cámaras del cuerpo.

“En pocas palabras, no hay evidencia suficiente para ofrecer una recomendación definitiva sobre la adopción de las cámaras llevan en el cuerpo por la policía,” White escribe. “Departamentos considerando cámaras llevan en el cuerpo debe proceder con cautela.”

Para los departamentos de policía que deciden seguir adelante, otro brazo del Departamento de Justicia, la Comunidad Orientada Servicios Policiales (COPS), en colaboración con el Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía (PERF), patrocinado otro informe reciente titulado Implementación de un programa de la cámara del cuerpo: Recomendaciones y lecciones aprendidas.

Este informe de aplicación discute temas que una agencia de aplicación de la ley de planificación sobre el uso de cámaras de Administración debería considerar, tales como la privacidad, el impacto en las relaciones de la comunidad, y la preocupación oficial.

Al final, el informe recomienda que los organismos policiales deben primero introducir las cámaras en programas piloto y participar funcionarios y la comunidad durante la implementación. El informe también recomienda que los organismos de artesanía cuidadosamente las políticas de la cámara del cuerpo que se esfuerzan por equilibrar la rendición de cuentas y los derechos de privacidad, y preservar las relaciones que existen entre los oficiales y miembros de la comunidad.

Y el informe ofrece una última nota de advertencia, la decisión de adoptar las cámaras del cuerpo debe hacerse con mucho cuidado, ya que la derogación en el futuro no será una tarea fácil. “Una vez que una agencia se desplaza por el camino de la implementación de cámaras llevan en el cuerpo, que será difícil de revertir el curso, porque el público vendrá a esperar la disponibilidad de registros de video”, dice el informe.

Necesaria revisión de Ley de Seguridad Privada: Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA)


 

Necesaria revisión de Ley de Seguridad Privada: AMBA

19 de Abril, 2015

    José Eduardo Llanos Valderrama, presidente de la AMBA, expuso que la seguridad privada en su labor de prevención del delito es reconocida dentro de cada entidad de nuestro país, por lo tanto con la nueva regulación se buscará satisfacer las necesidades de protección reclamadas por los particulares.

La creciente demanda del sector de la seguridad privada por reordenarse y a su vez legitimarse en su labor de protección a particulares y como coadyuvante de la seguridad pública, busca su reconocimiento a través de la profesionalización de actividades y servicios, así como con la autorización de una nueva Ley Federal que regule la competencia leal dijo la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA).

En un comunicado, al organización indicó que con una legislación se cerrará el paso a compañías que operan al margen y lo único que hacen es poner el riesgo a los usuarios finales. El blindaje automotriz no es la excepción, por tanto las empresas serias se pronuncian por que haya un reordenamiento.

A juicio de la AMBA, en nuestro país es necesario que a nivel federal se revise la ley que regula la operación de “compañías” del ramo que aparecen y desaparecen dejando en el olvido a los clientes que confiaron sus automotores.

Señaló que hace 15 años cuando se constituyó la organización, ya se pedía a la autoridad un reglamento y ley acorde a las necesidades del gremio.

José Eduardo Llanos Valderrama, presidente de la AMBA, expuso que la seguridad privada en su labor de prevención del delito es reconocida dentro de cada entidad de nuestro país, por lo tanto con la nueva regulación se buscará satisfacer las necesidades de protección reclamadas por los particulares.

“Dentro de la Ley General de la Seguridad Privada, lo que pide la AMBA es que en la reglamentación de las mismas, deba de tener apartados por tipo de servicio que se prestan, pues no podemos meter en la misma ‘ camisa de fuerza’ a todos los prestadores de servicios de seguridad privada, luego la Ley General debe considerar algunas cosas particulares para los servicios prestados. Con esto buscamos que se vigile bien sin entrar en sobrerregulación y sobre costos de operación” afirmó el directivo.

Dijo que la AMBA, organización que agrupa a ocho de las principales firmas blindadoras del país como Blindajes Alemanes, Auto Safe, Ballistic Protection, Blindajes Epel, Global Armor, Transportadora de Protección y Seguridad, (TPS), Autowerk y Total Shield, se mantiene atenta a los avances que la Comisión de Seguridad Pública registra.

Comentó que “el senador Omar Fayad Meneses, ha participado en diferentes foros del sector y consideramos que será el parteaguas para que contribuya positivamente a la puesta en marcha de la nueva ley”, agregó Llanos Valderrama.

Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a través de la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP), muchas empresas aquí registradas gozan del permiso federal para ofrecer incluso blindaje automotriz.

Por ello recomendó que los usuarios deben verificar si la empresa con la que contratan efectivamente tiene el permiso vigente y además, tenga categoría como fabricante y comercializador de carros blindados.

Además, agregó que aparecen también blindadores “patito” (se estiman
un par de decenas de ellos) que por supuesto no siguen lineamientos de leyes como la de anti lavado de dinero, de recaudación hacendaria, de reportes a la DGSP o de padrón de los automotores reforzados que deban darse de alta ante el REPUVE.

Asimismo, dijo Llanos Valderrama aseveró que para los empresarios agrupados en la AMBA, la creación y puesta en marcha de una Cámara de la Industria de la Seguridad Privada sería lo idóneo, pues a través de ella se promovería el reordenamiento del sector en sus 7 ramas industriales.

Fuente: radioformula.com.mx

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Comisión Nacional de Seguridad y ASIS buscan profesionalización de #SeguridadPrivada


La Comisión Nacional de Seguridad y la American Society for Industrial Security firman convenio de homologación de procesos.

FuenteDiego Borbolla14 de abril de 201510:46 hrs
CNS busca profesionalización de seguridad privada

México, DF.- El Servicio de Protección Federal de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la American Society for Industrial Security (ASIS), firmaron un convenio de colaboración para establecer estándares de profesionalización en las empresas de seguridad privada.

El objetivo es estrechar lazos institucionales entre el sector y las corporaciones policiales para homologar procesos y protocolos de coordinación entre empresas de seguridad privada y los organismos de seguridad pública, según destacó en su participación Luis Esteban Islas Bacilio, titular de la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad.

El convenio permitirá además definir los requisitos mínimos que deben tener los elementos de seguridad privada, además de los mecanismos y lineamientos con los que debe trabajar la industria a nivel nacional, puntualizó Alfonso Ramón Bagur, comisionado del Servicio de Protección Federal de la CNS.

La firma del convenio se concretó y la ceremonia concluyó con la participación de Jorge E. Tello Peón, presidente de Madison Inteligencia México, quien ofreció una conferencia acerca de la trascendencia e importancia de la inteligencia estratégica corporativa.

Fuente: aztecanoticias.com.mx

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Urge fortalecer regulación de empresas de #SeguridadPrivada, advierte senador David Monreal


El legislador del PT presentó una iniciativa para obligar a las empresas a procedimientos de evaluación y de control de confianza acreditados

Por: MiMorelia.com – 29 de Marzo de 2015 – 18:19 horas

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El senador David Monreal Ávila afirmó que las instituciones de seguridad pública han sido rebasadas por la delincuencia y que México padece una severa crisis de inseguridad y violencia, donde las policías privadas son una “válvula de escape” para hacer frente a esta problemática.

Sin embargo, el legislador del Partido del Trabajo advirtió que las empresas de seguridad privada se han incrementado de manera exponencial y muchas carecen de registro, capacitación, tecnología e infraestructura para garantizar sus servicios.

Por esa razón, dijo, este tipo de empresas “son un peligro para la sociedad”, pues vulneran las disposiciones de la ley en la materia al realizar actividades relacionadas con los guardias privados debidamente autorizados y cuando ocurra algún acontecimiento, dichos elementos “no sabrán cómo actuar, o bien podrían estar involucrados”.

Consideró urgente fortalecer su regulación, ya que no se trata de un tema entre particulares ni de un servicio comercial, sino de auxiliares de la seguridad pública que, de trabajar de manera coordinada, podrían lograr buenos resultados.

Monreal Ávila propuso reformar la Ley Federal de Seguridad Privada para que las empresas que soliciten la autorización para brindar este tipo de servicios tengan la obligación de aplicar y presentar la aprobación de los procedimientos de evaluación y de control de confianza, acreditados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del personal.

Para el desempeño de sus funciones, los directores, administradores, gerentes y personal administrativo tienen que acreditar que no hacen uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo.

En tanto, continuó, el personal operativo, además de cumplir con los requisitos anteriores debe contar con el perfil médico y de personalidad que exija el servicio.

También planteó como una obligación de las empresas de seguridad privada comunicar por escrito al prestatario la autorización para brindar este servicio, cédula de identificación del personal operativo y, en su caso, inscripción de cada arma de fuego o equipo utilizado por las personas físicas o morales en el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada.

Argumentó que, contrario a lo que establece el artículo 5, fracción II de la Ley, no existe un Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada confiable y actualizado.

Agregó que la Auditoría Superior de la Federación realizó una revisión al programa “Evaluación de la Política Pública de Seguridad Pública” de la Secretaría de Gobernación, en la que detectó un incremento de la inseguridad y los índices de percepción ciudadana entre 2007 y 2013, mientras que el personal de las empresas de seguridad privada se incrementó siete por ciento.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

Fuente: mimorelia.com

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Mario Meneses

Delincuentes encuentran cobijo en la #SeguridadPrivada


 

Seguridad Privada en la calle

* Delincuentes encuentran cobijo en la seguridad privada

* Un día vigilan a quien les paga y al otro lo secuestran

* El negocio representa el uno por ciento del PIB nacional

México se ha convertido en una bomba de tiempo.

Por toda la república están esparcidos 85 mil 439 elementos armados, algunos con consentimiento del Gobierno y otros sin él, que ofrecen el servicio de seguridad privada para quien tiene con qué pagarla.

Son 64 mil 235 personas las que integran el registro de empresas, personal y equipo de seguridad. Cuentan con mil 492 vehículos, mil 858 armas cortas y dos mil 093 armas largas que circulan por la República en manos de impreparados, expolicías, exmilitares, exladrones, exasesinos y todo ese tipo de “fauna humana” que presta sus servicios al mejor postor.

El país se encuentra en un riesgo permanente porque no hay un control estricto, ni siquiera de las personas que portan armas de manera regulada en el ámbito estatal y nacional.

El desorden que priva entre los servicios públicos y privados o “piratas” de seguridad, registraron en los últimos tres años un aumento sustancial de tres mil 900 empresas.

Sin embargo, se calcula que por cada compañía formal, existen una o dos llamadas “simuladoras” que no cuentan con los niveles mínimos para ofrecer un servicio que garantice la seguridad de su cliente, asegura Alberto Rivera Armendariz, de la Asociación Mexicana de Seguridad Privada, Información, Rastreo e Inteligencia Aplicada (AMSIRIA).

Hace cinco años las empresas dedicadas a este rubro no llegaban ni a las 800, pero actualmente sólo de las registradas y controladas por el gobierno, suman tres mil 900.

El riesgo en el que se encuentra la nación está a la vista de todos y, pese a ser tan evidente, todavía no se han tomado acciones claras y definitivas en el Gobierno para tener perfectamente bien circunscritos en la ley la operatividad de estas personas y empresas.

w Antes eran guardaespaldas, ahora son custodios

Muy pocos miembros, por supuesto armados, de las empresas de seguridad cumplen todos los requisitos que deben tener quienes velan por la integridad de otras personas. Hay en ese grupo de “custodios” (antes se les llamaban guardaespaldas o guaruras), con extensos antecedentes penales.

Responsable de que no se exijan certificados de no antecedentes penales, como ocurría antes, es el propio Gobierno que ha dejado de expedirlo, como si estuviésemos viviendo en Suiza, Suecia, Alemania o Noruega y los mexicanos fuesen cumplidores de la ley.

Eran menos peligrosas las guardias blancas del Porfiriato (que ya volveremos a ver en México desgraciadamente) que estos grupos de seguridad y la cantidad enorme de “guardaespaldas” con las que se mueven los gobernantes, políticos y poderosos en México.

La colmena de “vigilantes” no sólo se circunscribe a los miembros del Ejército, la Marina o la Policía Judicial, hay otros grupos como las policías estatales, municipales, autodefensas, la Fuerza Rural y está la seguridad privada. Todos armados.

Sobre este grave problema, tengo una experiencia personal. En 1968, durante una charla que sostuve con don Lázaro Cárdenas, mientras subíamos los escalones hacia los manantiales de Uruapan, Michoacán, me dijo que la recuperación de los recursos energéticos para el Estado era vital para la soberanía de la nación que había sido amenazada por las empresas extranjeras.

El general Cárdenas me hizo hincapié en que los empleados de las compañías extranjeras vivían en sus guetos de lujo, custudiados por guardias blancas (todos mexicanos con mandos extranjeros), que impedían el paso a los mexicanos (incluido al Ejército) y que esas empresas promovían la rebelión armada en contra del gobierno de la República.

Inclusive me dijo que cuando había sido comandante militar de la Huasteca veracruzana, en 1926, tuvo que esperar una hora a que las guardias blancas le flanquearan la entrada a uno de los campos que producían más petróleo que Estados Unidos, como eran los de Cerro Azul y Potrero del Llano.

Ahora esos grupos indebidamente armados que nadie controla, hacen en el país lo que les viene en gana. Impiden el paso en calles, colonias, cachean personas, exigen identificación oficial y, en muchos casos, son auténticos ladrones con placa de empresas privadas, tan nefastos como los todavía miles de policías que con uniforme, placa, garrote y pistola, extorsionan y torturan al pueblo.

w El seguro negocio de la seguridad privada

Este mercado en México representa el uno por ciento del Producto Interno Bruto, que en buen cristiano significa más de ocho mil millones de dólares al año, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

Otra estimación de ese mismo consejo señala más de 10 mil empresas de seguridad que trabajan en todo el territorio nacional, de las cuales el 80 por ciento no están reguladas o autorizadas. De las dos mil restantes, aproximadamente el 10 por ciento, o sea 200 empresas, cuentan con algún certificado de calidad o aval legal.

Fuera de esas 200 compañías, el resto se expanden sin control, reproduciendo los mismos esquemas de ineficiencia de las corporaciones policiacas del país que ya está más que probado sirven para muy poco.

Es probable que en el universo de empresas irregulares, estén integrando en sus filas a más de 60 mil expolicías de diversas corporaciones federales, estatales y municipales que han sido dados de baja en los últimos cinco años por diversos motivos. Sobre este lumpen armado y capacitado a medias, no hay seguimiento oficial.

En cambio existen grandes expedientes detallando incapacidades físicas, mentales y operativas que les costaron el empleo y que recuperaron irresponsablemente en las empresas “irregulares”.

El personal irregular que se alquila como escoltas, armadas por supuesto, de empresarios que pueden pagarlas o de políticos y gobernantes que se las paga el pueblo, ostentan documentos apócrifos o incompletos.

Puede decirse con seguridad que la sociedad mexicana sigue expuesta al hampa, ya sea la que usa pasamontaña y antifaz o las que usan su placa de seguridad privada.

Este segmento de la seguridad privada le da continuidad a las formas de corrupción e inoperancia que caracterizan a los cuerpos policiacos, que hasta ahora no se han podido unificar en adiestramiento, criterios operativos, sueldos, armamento, coordinación operativa y en el registro puntual de todos sus elementos.

De este sector, surgen los que idean y ejecutan secuestros, asaltos, homicidios y todos los delitos habidos y por haber, porque son gente entrenada para eso.

Y hasta la próxima semana en este mismo espacio.

manuelmejidot@gmail.com