Gestión del #riesgo en toda la empresa I #SeguridadIntegral


 

Gestión del riesgo en toda la empresa

La clave para el programa de seguridad basado en el riesgo es que no importa qué tema se examina, cada uno de ellos afecta a la reputación de la empresa de una manera u otra.

En el transcurso de los últimos 18 meses hemos llevado a cabo una revisión bastante exhaustiva de todos los elementos que componen un programa eficaz para identificar y analizar el alcance de los riesgos que la empresa se enfrenta al operar en el país o en todo el mundo. También exploramos metodologías eficaces para examinar las opciones de solución de mitigación de riesgo que se pueden implementar en toda la empresa.

El gráfico que le brindamos representa los distintos elementos de un programa integral de seguridad basado en el riesgo. La clave para el programa de seguridad basado en el riesgo es que no importa qué tema se examina, cada uno de ellos afecta a la reputación de la empresa de una manera u otra. La comprensión de los vínculos, las dependencias y el potencial impacto de cada elemento de un programa de seguridad basado en el riesgo del sonido es fundamental para la capacidad de una organización para implementar eficazmente este tipo de programas y, en definitiva, gestionar de manera integral toda la cartera de riesgos de la empresa.

El primer paso es desarrollar un perfil de riesgo inicial de la empresa. Aún tenemos que encontrar una sola empresa que ha recopilado en un solo lugar todo el ámbito de la documentación necesaria para crear una verdadera instantánea de la cartera de riesgos de la empresa. El desarrollo de una matriz de riesgos actuales y emergentes a través de la implementación de un programa de inteligencia global de los riesgos es absolutamente vital. Como hemos comentado anteriormente, hay varios enfoques diferentes para el establecimiento de un programa integral para reunir información de inteligencia de riesgos. Al final del día, lo que es más importante es tener un programa de inteligencia eficaz de los riesgos para la empresa, no la forma en que se organiza o qué función posee.

Los elementos críticos del proceso de inteligencia de riesgo incluyen: el establecimiento de las preguntas clave de inteligencia y la recolección, análisis, procesamiento y distribución de la inteligencia de riesgo a aquellas funciones que tienen una necesidad legítima de la información.Los datos recogidos a través del programa de inteligencia de riesgos es también un elemento esencial del proceso de planificación estratégica de la empresa. Un programa de inteligencia de riesgos de confianza también es fundamental para garantizar que la gestión tiene datos muy precisos y fiables para utilizar en su proceso de toma de decisiones.

Una vez que la matriz de riesgos se ha poblado, la gerencia debe entonces dar prioridad a los riesgos y determinar cuáles son los más críticos para la viabilidad, la supervivencia y la capacidad de recuperación de la empresa.Cuando esa priorización se ha completado, las diversas funciones dentro de la organización pueden ser la tarea de diseñar la solución adecuada para el riesgo que implica. Estas soluciones pueden implicar metodologías complejas y costosas para mitigar efectivamente un riesgo dado. Otros riesgos pueden implicar barato y fácil de implementar soluciones de mitigación, la transferencia de parte de terceros de los riesgos a través de algún tipo de instrumento de seguro, o la empresa puede simplemente decidir que la probabilidad de que ocurra el riesgo es tan remota que, si bien un incidente puede ser devastador, el costará a mitigar los resultados de riesgo en la empresa simplemente aceptar el riesgo y sin el despliegue de las soluciones de mitigación.

Otra comida para llevar clave consiste en el establecimiento de políticas adecuadas, procedimientos y procesos en toda la empresa. Estos proporcionan la base para la gestión eficaz de la empresa, el establecimiento de las directrices en las que se espera que todo el personal y las funciones de operar, y la implementación de controles adecuados para garantizar la viabilidad a largo plazo de la empresa. Por supuesto, es necesario garantizar que los miembros del personal están bien entrenados en sus funciones, responsabilidades y rendición de cuentas.

Validación del diseño y la funcionalidad de las políticas, los procedimientos, los procesos y los controles se miden a través de auditorías, inspecciones y evaluaciones. Si se producen fallos o debilidades se identifican en los controles, es vital que se realice una investigación para determinar la causa raíz de la falla del sistema de gestión particular implicado. Una vez que se realiza una determinación de la causa de una falla en particular, una solución adecuada puede hacer a mano que impide que el fallo se repita. Un proceso similar de evaluación se lleva a cabo cuando un riesgo se transforma con el tiempo o la evolución del nuevo riesgo que requiere una evaluación de los actuales sistemas de gestión implicados para aplicar las revisiones pertinentes para mitigar el cambio a los riesgos.

Esperemos que, a través de esta serie que nuestros lectores han adquirido un conocimiento más exhaustivo de todo el alcance de los riesgos que deben ser reunidos, analizados y mitigados como parte de la gestión eficaz de la cartera de riesgo de una empresa.

Acerca de los autores:  Jerry J. Brennan es el fundador y Director Ejecutivo de Operaciones de Recursos para la administración de seguridad (SMR Group), empresa de búsqueda de ejecutivos más importantes del mundo enfocada exclusivamente en la seguridad corporativa. Lynn Mattice es Director Gerente de Mattice and Associates, una consultoría de gestión centrada en el desarrollo y la alineación de la Gestión de Riesgo Empresarial y Programas de Business Intelligence, así como de protección de la propiedad intelectual y la seguridad cibernética. 

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@MarioMeneses_

Código de ética de los #ServidoresPublicos del #DistritoFederal


 

 

10 de July del 2014

MÉXICO, D.F., (apro).- A fin de inhibir la corrupción en el Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa elaboró, con el visto bueno de Miguel Ángel Mancera, un “manual de buena conducta” que a partir de este jueves deberán observar los servidores públicos capitalinos.

Entre las reglas mandata el nuevo ordenamiento se subraya que los trabajadores deben abstenerse de solicitar o recibir beneficios de cualquier naturaleza a cambio de realizar su labor, o de aprovechar su cargo para beneficio personal o de terceros.

Además deben ofrecer un trato “digno, cortés, cordial y tolerante” a los ciudadanos.

Ayer durante la promulgación de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, Mancera, reconoció el “interés que tiene la sociedad civil en la lucha contra uno de los flagelos más persistentes y que más daño hacen a cualquier sociedad, que es la corrupción”.

El decreto que da vida al Código de Ética de los Servidores Públicos para el Distrito Federa contiene 16 artículos que resaltan los criterios y valores a los que deben aspirar los servidores públicos de la administración mancerista.

El artículo 4 establece que “los servidores públicos se abstendrán de solicitar o recibir beneficios de cualquier naturaleza, que fomenten o contribuyan al menoscabo de la administración pública, o que por cualquier motivo resulten injustificados”.

El 5º lo complementa al mencionar que “todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad.

Y detalla: “El servidor público no debe permitir que influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad”.

El Código de Ética ordena que el servidor público debe actuar “con honestidad, atendiendo siempre a la verdad” para fomentar la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas.

El artículo 7 es claro: “no deberá utilizar su cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros.

Tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización que puedan comprometer su desempeño como servidor público”.

Según el Código, el funcionario deberá actuar “sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o persona alguna.

Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas”.

También recuerda que debe conducirse invariablemente con apego a las normas jurídicas y respetar el Estado de Derecho, así como abonar a la transparencia haciendo “uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación”.

Reitera que debe rendir cuentas, sujetarse a la evaluación de la propia sociedad, realizar sus funciones “con eficacia y calidad” y estar dispuesto a desarrollar procesos de mejora continua. Incluso, agrega que debe evitar la afectación del patrimonio cultural y del ecosistema.

En su artículo 13, el Código establece que el servidor público debe conducirse “con una actitud sensible y solidaria, de respeto y apoyo hacia la sociedad”, con especial atención a adultos en plenitud, niños, personas con capacidades especiales, integrantes de etnias y “quienes menos tienen”. Además de atender a las personas sin importar su sexo, edad, raza, credo, religión o preferencia política.

El Código destaca que “el servidor público tiene una responsabilidad especial, ya que a través de su actitud, actuación y desempeño se construye la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”.

Delimitan actuación de ministerios públicos

Este jueves también entraron en vigor los lineamientos de actuación del personal del Ministerio Público sobre la retención de personas puestas a disposición que la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) emitió para “reforzar la cultura de los derechos humanos y crear esquemas para su mejor protección”.

Publicado ayer en la Gaceta Oficial del DF y firmado por el procurador Rodolfo Ríos Garza, el acuerdo A/009/2014 asegura que la autoridad ministerial ante quien sea puesta a disposición una persona, bajo el argumento de que fue detenida en flagrancia, debe revisar que se acredite la causa formal y material de la detención, para resolver la procedencia o no de su retención.

También debe corroborar que la detención haya sido en el momento de la comisión del delito, o inmediatamente después de haberlo cometido.

Los lineamientos instruyen que el personal del MP debe establecer la hora en que la persona es puesta a disposición del Ministerio Público y dictar el acuerdo de retención inmediatamente, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

Estar fundado en el marco normativo aplicable, con inclusión de los instrumentos nacionales y tratados internacionales y “estar plenamente motivado por las razones, argumentos y actuaciones que, sin lugar a dudas o interpretaciones, genere certeza sobre la procedencia de la medida y garantice la seguridad jurídica de las personas sujetas a la misma”.

En el acuerdo se destaca que la restricción de la libertad del imputado no podrá exceder de 48 horas, mismas que se computarán a partir de que la persona es puesta a disposición del MP, lo que deberá ser asentado en el acuerdo de retención. Y si durante ese plazo, el MP no tiene elementos para ejercer acción penal, se debe poner en libertad inmediata a la persona.

La PGJDF reitera que a la persona detenida “se le garantizará, al igual que a todas las personas privadas de su libertad, el ejercicio de sus derechos a la dignidad, a la integridad personas, a la defensa adecuada, a la comunicación y al debido proceso”.

Además recuerda que una vez que el agente del MP decrete la retención, deberá hacer pública, a través de las pantallas del Programa MP Transparente, la información relativa al día y hora en que la persona fue puesta a su disposición, así como el plazo para determinar su situación jurídica, además de los datos que se establecen en la normatividad aplicable.

Si existan fallas técnicas o tecnológicas de dicho programa, el agente del MP debe garantizar la publicación de la información, a través de estrados en un área visible para los usuarios.

Como último punto, la PGJDF ordena que la Visitaduría Ministerial supervisará de forma permanente y aleatoria la legalidad de los acuerdos de retención y emitirá las observaciones pertinentes, en su caso, cuando advierta la existencia de una irregularidad a los procedimientos correspondientes de responsabilidad administrativa o penal.

Fuente: Revista Proceso

Saludos

@MarioMeneses_

#LeyTelecom, sin derecho a privacidad la #TelefoníaMovil


#DesventajasTelecom sin privacidad la #TelefoniaMovil

 

#DesventajasTelecom que ni Televisa ni el gobierno te van a decir

Usando propaganda profundamente populista, el gobierno federal y Televisa pretenden hacer creer a la población que hizo falta una reforma constitucional de consenso entre los tres principales partidos, un órgano autónomo constitucional y más de 6 meses de retraso en la expedición de la ley, para combatir el cobro de larga distancia y consultar el saldo del celular sin costo.

  • Que se crea un registro y control de comunicaciones de los usuarios de dispositivos móviles (retención de datos), en contra de la recomendación del Relator Espacial para la Libertad de Expresión de la ONU y en contrasentido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en abril pasado encontró esta medida violatoria del derecho a la privacidad. (Artículo 190, fracción II)
  • Que el Ejército, la Marina, el CISEN, la Policía Federal, los procuradores de los estados y todos los que quepan en “instancias de seguridad”, puedan saber nuestra ubicación geográfica en tiempo real, sin que ningún juez tenga que enterarse si la vigilancia tenía algún fundamento. (Artículo 190, fracción I)
  • Que a pesar de que la SCJN determinó que la geolocalización debe remitirse exclusivamente al combate de delitos graves en casos excepcionales, esta ley da margen para no necesitar siquiera una justificación, pues no hay quien verifica la validez de tal.
  • Que no se introducen obligaciones de transparencia a la intervención de las autoridades a nuestros datos personales obtenidos del uso de las telecomunicaciones, de tal modo que no hay manera de medir siquiera la supuesta efectividad de esta herramienta en el combate al crimen… o lo que sea que pretendan con esta medida.
  • Que no se reconoce el derecho del afectado por la vigilancia del Estado, una vez pasada la emergencia, de ser notificado de esa situación a efectos de buscar la mayor protección de su privacidad y el debido proceso.
  • Que no se elimina el bloqueo de señales de telecomunicaciones, pues se mantiene el de telefonía, que para efectos de lo que se busca proteger es lo mismo, en tanto deja la puerta abierta a ser una medida indiscriminada, desproporcionada y violatoria de derechos. ¿Por motivos de orden público o seguridad nacional? No, para “cesar la comisión de delitos”. Tan vago como en un principio. (Artículo 190, fracción VII)
  • Que durante los primeros 12 meses, los datos retenidos de las comunicaciones estarán a disposición “en tiempo real” para las autoridades competentes (no dice cuáles) “a través de medios electrónicos”. Un auto servicio. (artículo 190, fracción II).
  • Que además de los concesionarios de telefonía, también los proveedores de aplicaciones de servicios y contenidos (como el correo electrónico, Whatsapp, Facebook, Twitter, Netflix, Google) están obligados a acatar los mandamientos de la autoridad competente (no dice cuál) en los términos que establezcan las leyes (no dice cuáles) en materia de vigilancia. (Artículo 189)

 Saludos

@MarioMeneses_ 

Leer Más: http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2014/07/12/desventajastelecom-que-ni-televisa-ni-el-gobierno-te-van-decir/#ixzz37JD5Yb00
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Juez de ejecución penal para evitar extorsiones en penales


En medio de la implementación de la Reforma Penal, expertos reclaman una legislación efectiva que regule las condiciones de vida en las prisiones. Las familias denuncian que los guardias les cobran por visitar a sus reclusos.

Majo Siscar (@majosiscar)

Cárcel en México. //Foto: CNDH

Cárcel en México. //Foto: CNDH

 

El primer pago empieza antes de cruzar la entrada del centro penitenciario. Después de formarse entre una primera alambrada, los familiares de los reclusos llegan a las escaleras que dan acceso a la puerta de vidrio. Un custodio les pone el sello de entrada. Cuesta 200 pesos por persona. Así lo aseguran varios parientes que acuden a ver a sus presos en día de visita en el Centro Preventivo y de Readaptación social Tlanepantla, más conocido como el penal de Barrientos.

Todavía quedan más peajes. 50 pesos por traer determinada comida o fruta, otros 20 cuando dejas la credencial, otros 20 para evitar vejaciones cuando te esculcan. Las familias de los internos en muchos reclusorios del país tienen que pagar extorsiones para ver a sus seres queridos en día de visita.

A Adriana le suenan los bolsillos de la chamarra de tantas monedas de 10 y 5 pesos que trae. “Traigo cambio para poderles dar y que no vean que traes mucho dinero. Si quieres un banquito para no estar parada con tu hijo cuatro horas cuesta 20 pesos, si quieres una mesa cuesta 100, ir al baño son 10, luego si traes una comida que no les parece son hasta 50 pesos, y luego se van quedando cosas de las que entran. Yo le traigo diez pares de calcetines porque después de pasar la revisión de las cosas quedan 5. ¡Se las gastan, pero bonito!”, cuenta Adriana resignada. Su hijo lleva cinco años preso acusado de robo. Todavía no tiene sentencia firme porque han presentado varios amparos, pero entró a los 20 y ya cumplió los 25.

Adriana viene una vez al mes porque entrar es tan costoso que prefiere venir menos y darle más dinero al muchacho para que pueda sufragar los gastos de estar preso. Los internos deben pagar semanalmente cuotas al grupo de presos que controla el penal y a los custodios por derechos como el uso de la cama –una plancha de cemento con una colchoneta–, el derecho a ver la televisión o el pase de lista. Además, si quieren comprar algún insumo como productos de higiene o un refresco, los precios a dentro de la prisión se duplican respecto a la calle. Un rollo de papel higiénico, que en una tienda cuesta en promedio 6 pesos, allá dentro cuesta 10 y una Coca-Cola de 600 mililitros se vende a 18 pesos, frente a los 9 con los que se consigue afuera.

Gloria llegó desde Atizapán cargada de galletas, jabón, papel higiénico, y varios guisados de bistec con jitomate y chicharrón en chile verde, los preferidos de su esposo. “Ahí les dan bien feo de comer así que por lo menos que coma bien algún día”, dice y se le ilumina su cara apesadumbrada. Trae mil pesos para pagar las extorsiones, los pasajes y dejarle a su marido el poco resto que le queda. Viene cada domingo y le invierte todo lo que gana en la cocina económica dónde trabaja. Su padre y una de sus hermanas le ayudan para que pueda seguir criando a sus dos hijos, de 10 y 12 años. “Estamos esperando el juicio, ya lleva ocho meses y como se demore más esto va a ser insostenible, entre los custodios aquí y los internos que mandan ahí dentro, es una sangría económica”.

“Y lo que pasa ahí dentro y que solo ellos saben, a nosotros mi hijo solo nos dice que está muy feo y que prefiere no contarnos para que no suframos”, explica María del Socorro que viaja cada quince días de Tlaxcala para visitar a su hijo y traerle todo tipo de víveres. Entre 2012 y 2013, en las cárceles mexicanas, los motines, las agresiones, los homicidios y las huelgas de hambre tuvieron el aumento más significativo desde 2006con un crecimiento del 134%.

A ello hay que añadir una grave situación de autogobierno, corrupción y altos grados de violencia que no siempre se reportan. El Subcomité para la prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han reconocido en diversos informes que “es común la práctica de golpes y maltratos a los internos por el propio personal de custodia y por otros reclusos”

Los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,  de septiembre de 2013, computaban 248 mil 920 personas privadas de libertad, 35% más que hace diez años. Están internos en 420 penales, de los cuáles según el último informe de Human RightsWatch, 220 están sobrepoblados.

40.1% de los presos no tienen siquiera sentencia, dado que el sistema penal vigente todavía en la mayoría de los estados contempla la prisión preventiva. Con la reforma penal, esta se vuelve excepcional a los delitos más graves, apegándose así a los tratados internacionales en derechos humanos y con la intención de no abarrotar las cárceles de posibles inocentes.

El nuevo sistema de justicia, que deberá estar implementado en todo el país para junio de 2016, además de establecer los juicios orales y públicos supone, a grandes rasgos, el reconocimiento de la presunción de inocencia, más eficiencia en el proceso judicial, implementar mecanismos alternos para resolver conflictos e incorporar nuevos órganos procesales que salvaguarden la digna ejecución de las sentencias. Para ello se sostiene sobre tres patas, una reforma y armonización nacional del Código de Procedimientos Penales, la instauración de la Ley de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal y la Ley de Ejecución de Sanciones Penales.

Aunque el Código de Procedimientos Penales ya se aplica en varios estados del país, las otras dos leyes todavía están pendientes de discusión en el Senado. El pasado jueves 3 de julio, las Comisiones empezaron a dictaminar sobre la Ley de Mecanismos Alternos que regulará que no los conflictos menores no lleguen a los tribunales y se desahogue así el sistema judicial.

Este lunes 7 de julio, el miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas en México, Miguel Sarre, convoca a familiares y expertos en el tema a reunirse ante el Senado de la República para exigir a los legisladores que aprueben la Ley de Ejecución de Sanciones Penales “que proteja tanto a procesados como a sentenciados; que abra las prisiones al escrutinio de los medios y de la sociedad, y que dote de atribuciones plenas a los jueces de ejecución para garantizar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario, incluyendo los derechos de los visitantes, los defensores y los observadores”.  

Para Sarre, que lleva 35 años visitando cárceles como abogado, representante de la CNDH, y ahora de la ONU, las condiciones de vida, los castigos y cuotas en las prisiones suponen una sanción extra a la sanción delictiva.

“Tiene muchos agregados como los golpes, la extorsión, la humillación a la familia visitante, la relegación a sitios distantes, la privación de alimentos, la afectación a los derechos de la personalidad como raparle el cabello como le hicieron a Mireles,… y nada de eso deriva de la sentencia. Necesitamos un sistema judicial que ponga orden en la prisión para que no sea un espacio sin ley”, explica en entrevista.

Discusión en torno a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales

 La nueva norma establecerá los parámetros para la gobernabilidad de los penales con el propósito de garantizar que el régimen de internamiento sea llevado a cabo cumpliendo con condiciones de vida digna y segura para los internos. Su punto toral es el establecimiento de Jueces de Ejecución, es decir un magistrado del poder judicial, que independiente de las Procuradurías que gestionan los penales, vele por los derechos de los presos, y ponga fin a los abusos como los que relatan los familiares a la entrada del penal de Barrientos y que se repiten por todo el país. Y no solo con los familiares, sino cuando la ausencia de observadores facilita la impunidad.

“Para que la ley rija en la prisión necesitamos una autoridad independiente de la encargada de cumplir con la pena, que sería el juez de ejecución, porque los muros de los penales tienen que ver más con que no se vea con lo que hay adentro que con que no se fuguen sus presos. Mientras mayor sea el grado de seguridad de una cárcel más debe ser sujeta al escrutinio público porque hay un mayor grado de vulnerabilidad”, resume Sarre. A lo largo de su 35 años de experiencia asegura que solo ha visto como aumentaban los presos, el hacinamiento y la impunidad. Una vez incluso le tocó ver que un Ombusdman estatal diera dinero al policía encargado de la prisión para agradecerle la visita.

“Esto es un negociazo, por cada preso ganan dinero los policías que custodian, los abogados, los fiscales,…”, espeta Eva a las afueras de Barrientos, una abogada que va a visitar a un familiar con su ración correspondiente de víveres.

La nueva ley debería acabar con esta cadena de corrupción, sin embargo, las funciones del Juez de Ejecución, su eje central, dependerá de cómo se legisle. Ahora mismo hay tres iniciativas para conformar dicha norma, una por parte de la Procuraduría General de la República –la más restrictiva–, otra abanderada por las senadoras panistas Pilar Ortega y Adriana Dávila, y una tercera, coordinada por Miguel Sarre y suscrita por nueve senadores del PRI, PAN y PRD. Mientras las dos primeras limitan la función de jueces de ejecución de sentencias a resolver sobre las modificaciones a las sanciones que se le hayan impuesto al responsable del delito, es decir la competencia se centra en la reducción de la pena (beneficios) y en traslados. En cambio la que exige Sarre es mucho más ambiciosa y supone que tanto los internos –tengan o no sentencia ya– como sus visitas, puedan denunciar cualquier abuso.

De igual manera, la iniciativa de Sarre contempla una serie de mecanismos para que las demandas prosperen, por ejemplo que la queja se pueda poner a través de otra gente que no sean los propios presos, que deberían hacerlo a través de sus propios custodios, y garantizar así que llegue a manos del juez.  O que una vez interpuesta la demanda no se pueda desistir de ella para evitar que los quejosos reciban castigos con la intención de que la quiten.

“El debido proceso pasa por distinguir entre la justicia, y la venganza cuando se aplica la prisión.Que la pena de prisión sea la que impone el juez y no haya castigos de más, abusos y excesos de parte grupos de internos que son el autogobierno o la propia autoridad misma, porque eso rompe con el estado de derecho”, agrega Sarre.

La iniciativa de Sarre cuenta con el apoyo de diversas organizaciones sociales, que ya enviaron una carta a las Comisiones de Justicia, Gobernación y Derechos Humanos del Senado el mes pasado para hacer presión “en contra de los privilegios y grupos de poder en las cárceles mexicanas”.

“Estimamos urgente que los jueces de ejecución penal cuenten con todas las atribuciones para imponer la ley (…)La ventaja moral que gana el Estado cuando juzga conforme a un debido proceso se desdibuja cuando en la prisión imperan los abusos o los privilegios”, esgrimieron en la misiva organizaciones como México Evalúa, Causa en Común o el Observatorio Nacional Ciudadano.

La futura ley ya se está dictaminando en las Comisiones del Senado de la República pero no se discutirá hasta el próximo periodo de sesiones, a partir de septiembre. Desde la Comisión de Justicia, la senadora priísta y una de las suscriptoras de la iniciativa de Sarre, Arely Gómez, aclara que “necesitamos un techo mínimo para garantizar los derechos humanos a las personas privadas de libertad pero hay que escuchar a todas las voces. La iniciativa de Sarre no es la última palabra estamos discutiéndolas con la de las senadoras panistas y la de la PGR, que finalmente son los que trabajan en los penales”.

Fuente: 

La cultura organizacional y el modelo de policía en México


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EDWIN CANTÚ

CIENCIA UANL / AÑO 17, No. 67, MAYO-JUNIO 2014

En la actualidad, existe la necesidad de un cambio sustancial en cuanto a corporaciones policiacas, esto a raíz de diversos factores entre los que destacan: el aumento en tasas de delitos, (a) el bombardeo mediático sobre violencia relacionada con delitos, las exposiciones a la luz pública sobre casos de abuso policial (b) y la baja confianza en la misma policía. (1) Es por esto que a partir de finales del siglo pasado, los gobiernos iniciaron una serie de reformas que pone de manifiesto la necesidad institucional (y discursiva) de un cambio en las corporaciones, para sustituir un modelo policial meramente reactivo por uno anclado en las capacidades investigativas y de inteligencia. (2) A este decir, las legislaturas en turno (a nivel federal y estatales) aprobaron bases en aras de incidir en la deficiencia de las estructuras policiales, y establecieron un marco de reforma utilizado por los tres niveles de gobierno (federación, estados y municipios), con la pretensión de instituir nuevas metodologías con fundamentos científicos, a la par de incentivar procesos de profesionalización en el actuar de los policías.

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Los planteamientos de reforma realizados en este tema están bajo la idea de que el completo cambio en cuanto al accionar del policía es un proceso gradual. Sin embargo, sería un error pensar que la tecnificación de los procesos, el fomento de la prevención del delito, el mejor equipamiento y el aprendizaje de mejores herramientas de investigación criminalística generarían por sí solas un cambio sustancial en el hacer/ ser del policía, en su actuar diario y en la dinámica y relación que tiene con los ciudadanos. Asimismo, la formación ética sobre el quehacer del policía no resulta suficiente para que interiorice los presupuestos preestablecidos y actúe en concordancia con éstos. ¿Qué se puede pensar como condicionante que influya en que las policías (de los tres órdenes de gobierno y tanto judicial como preventiva) se desapeguen de la norma de la legalidad para la cual se forman?

Una respuesta parcial tendría que cimentarse en la comprensión del entorno donde se desarrollan como policías. El entorno es el medio a partir del cual el policía “conjuga complejos valores, actitudes, símbolos, reglas, recetas y prácticas” (3) que le dan sentido a una cultura policíaca o a una cultura propia del sujeto que incluye toda la gama de significaciones construidas desde su posición como agente legitimado para el uso de la fuerza pública. Por lo tanto, se podrán establecer puntuales reformas y propuestas de diferentes enfoques en materia de cambios estructurales sobre cuerpos policiacos; sin embargo, lo anterior se queda en un nivel macroestructural sobre el accionar de los sujetos. Es decir, se podrá dictaminar desde el mundo político y legislativo acerca de cómo debe hacerse el trabajo policiaco; no obstante, toda una serie de condicionantes incide en que el trabajo se desenvuelva de una u otra manera, y como factor de esto se presenta la cultura organizacional.

Para comprender el anterior concepto, es necesario identificar las dos partes que lo componen: una hace referencia a la cultura (del mundo policiaco), y otra hace referencia a dos perspectivas: 1) hacia entender el término de organización como estructura jerárquica, y 2) también entenderlo como el sustantivo que le da solidez e identidad a un grupo de personas que se desenvuelve en el mismo ámbito.

Con respecto al primer componente del anterior concepto, la definición de Tudela (4) sobre cultura policial resulta contundente: “Un sistema compartido de ideas, valores y creencias, y un conjunto de prácticas generalizadas, de reglas y principios de actuación que se aplican en las situaciones propias de la actividad policial (el campo policial), y que es transmitido de unos a otros y tácitamente aceptado por los miembros de la policía. Ésta puede diferir –de hecho así es– entre sus miembros y grupos al interior de ella”.

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Por su parte, Hernández Morón (5) también hace hincapié en la legitimidad y permisividad de las prácticas, es decir, de lo que se puede y no se puede hacer siendo policía, de lo que se tolera y de lo que no, permitiéndole al sujeto reconocerse en un espacio. La autora señala que “son las prácticas cotidianas del quehacer policiaco las que estructuran al sujeto como un elemento de la organización, adquiriendo las prácticas preestablecidas” (p. 35). En México, la serie de condiciones sociohistóricas ha impactado en la conformación de una cultura organizacional que delinea prácticas, modos de actuar y del ser policía. Para ejemplificar, en su estudio sobre la policía y sus encuentros con ciudadanos en el municipio de Nezahualcóyotl, Carlos Silva (6) expone siete elementos presentes en lo que es tolerado y permitido en las corporaciones mexicanas:

1. La idea del combate a la delincuencia (y uso de la violencia) como modelo, tomando como función central el “combate” a la delincuencia.

2. Poco énfasis en capacitación para la solución de conflictos entre la comunidad.

3. Existe el rechazo a los procedimientos formales, esto a raíz de una connotación política, aumentar el número de presentaciones ante el Ministerio Público y dar buena imagen ante la opinión pública.

4. Influencia del pensamiento militar, que constituye un modelo de “atrapar delincuentes”, aunado a poca transparencia y evaluación.

5. Existen el peligro y el estrés ante el auge del contexto criminal ligado al narcotráfico.

6. El pago de cuotas de los cargos inferiores a sus jefes, que incide en prácticas de corrupción.

7. Ambiente interno disciplinario, generalmente marcado por la discrecionalidad, la desconfianza y el autoritarismo.

La conjugación de los anteriores elementos caracteriza una cultura organizacional plagada de irregularidades, de acuerdo a la ley, que genera una propensión a la discreción y a los abusos que conforman el marco del ambiente en el cual trabaja el policía. Es imprescindible, pues, poner énfasis en continuar explorando elementos que permitan entender las condiciones en las que se desarrollan los policías para tratar de, efectivamente, hacer impacto en él. Ante reformas que estructuran partes del proceso de formación y del ser policía (la profesionalización, el equipamiento, la ética), se deben incluir procesos de resistencia al ambiente de trabajo en su relación con la comunidad; (6) de lo contrario, permanecerán la violencia pública, el ofrecimiento de opciones para incurrir en la corrupción, la falta de respeto y la desconfianza ciudadana.

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En síntesis, la relación entre cultura organizacional y reformas macroestructurales se comprende con el ejemplo expuesto por Sabet y Olson (7) sobre la corrupción en la División de Narcóticos de la ciudad de Nueva York. Los autores mencionan:

…sobre la corrupción en la División de Narcóticos de la ciudad dieron lugar a una sustitución gradual de casi todo el personal de la división. Tres años después, se encontró que la corrupción se había mantenido y el personal tuvo que ser reemplazado nuevamente. A pesar de los cambios, la corrupción no disminuyó.

El ejemplo anterior es entendido como la teoría de la manzana podrida, aquélla en la que se señala que un agente corrupto “contamina” a los demás para que también incidan en la corrupción; esto representa un obstáculo para la reformulación de cuerpos policiacos bajo el esquema de la legalidad. Este mismo problema enfrenta México con las corporaciones nacionales. El despido de elementos corruptos y la adhesión de nuevos no implica que la formación de los nuevos bajo el esquema de la profesionalización evite que se practique la corrupción, y esto tendría que relacionarse con valores organizacionales (vale pensar en la necesidad de pagar la “cuota” a los superiores). (6)

En relación al fenómeno de la corrupción, casos como la Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC) (8) exponen formas de afrontar el debate de una de las prácticas que debilitan la confianza y exponen la corruptibilidad de los funcionarios públicos. Por medio de incentivos institucionales, a través de revisiones a los procedimientos y prácticas en el sector público, y también a través de campañas de concientización para socavar la tolerancia cultural, se pretende influenciar la disminución de la corrupción en agentes policiacos.

De esta manera, también se influye en la reforma hacia un nuevo modelo de policía profesional y confiable, en el sentido de que es pertinente incidir en una serie de factores culturales que imposibilita que las corporaciones se apeguen a la legalidad. En este sentido, es necesario que los tres niveles de gobierno desarrollen mecanismos para la solución de estos problemas. Como ejemplo de lo anterior, cabría señalar la implementación del Plan Anticorrupción que establece bases y lineamientos sobre la prevención y erradicación de prácticas corruptas en Nuevo León.

El planteamiento de la reforma policiaca tiene que incluir tanto lo que se ha hecho en términos de reformas institucionales y planes de acción (en los programas) como la modificación de acciones y prácticas que dañan a las mismas instituciones. En plena concordancia con Suárez (2002), (9) quien señala que:

Bajo el convencimiento de que los marcos jurídicos por sí solos no son suficientes para la transformación de las formas de actuar del policía y de la institución policial, es fundamental revitalizar la cultura individual y organizacional, a fin de fortalecer la vigencia de valores y la adopción de nuevas actitudes. En ese sentido, la policía debe asumir el reto de una profunda modernización de sus sistemas educativos para superar los obstáculos ideológicos que impiden la adaptación plena a los principios constitucionales y las reglas del juego democrático (Suárez, 2002; 430). (9)

De acuerdo con Marion Orr y Darrell West, (10) son las pequeñas acciones en el actuar cotidiano las que el ciudadano retoma para la configuración de la imagen del policía. Tanto experiencias positivas como negativas, estructuran una imagen del policía que el ciudadano puede valorar como servicial, de apoyo o como un elemento de miedo y de represión; el foco está en las prácticas toleradas por todos los agentes que se circunscriben (ciudadanos, jefes, además de agentes policiacos) en la lógica del actuar del policía bajo su cultura organizacional.

Habría que entender, además, que las corporaciones policiacas (y su cultura organizacional) son un producto sociohistórico, y su comprensión tendría que realizarse dentro de las reflexiones sobre la calidad de los servicios que ofrecen las administraciones públicas y el ejercicio y comportamiento de éstas para con los ciudadanos. (c) Tal como se toleran las prácticas de actuar dentro del mundo policiaco, las instituciones del sector público aparecen como plausibles de tolerar ese mismo desapego a la legalidad, afianzando la manera “práctica” (de motivación y con fines) del vivir y de hacer el servicio.

Finalmente, como ciudadano y como persona, espero que este trabajo sirva de ejemplo por el surgimiento del interés tanto académico como social y político que exigen las instituciones del sistema de seguridad. Si bien el plano macroestructural está entrando en un proceso de cuestionamiento, de cambio de dirección y de reflexión, a la par deberían surgir ópticas especializadas en cuanto al desenvolvimiento meso y micro del sujeto y organización policiacos, en aras de incentivar el debate sobre la composición de un nuevo tipo de policía en México.

*Universidad Autónoma de Nuevo León, FFyL.
Contacto: ewj-33@hotamil.com

(a) Se puede observar el aumento del delito en las estadísticas que corresponden al periodo 1997- 2013, presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP).

(b) Como se señala en el artículo de José Miguel Cruz (“Maltrato policial en América Latina”, publicado en el 2009 en la revista Perspectiva desde el Barómetro de las Américas, número 11), aunque México no presenta el primer lugar en maltrato físico por parte de los policías, se ubica en el séptimo lugar de 20.

(c) Véase el texto de López Portillo. La policía en México: función política y reforma en inseguridad pública y gobernabilidad democrática: retos para México y Estados Unidos. Smith Richardson Foundation, 2000, México.

Referencias

1. Consorcio Iberoamericano de Investigación de Mercados y Asesoramientos. Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad 2011.

2. Magaloni, Ana Laura. Un nuevo marco normativo para un nuevo modelo de instituciones de seguridad pública. En: Rosas, Cristina (coord.). El nuevo modelo de policía en México, Centro de Investigaciones y Estudios en Seguridad, 2012, México.

3. Terpstra, Jayn y Dorian Schaap. Police culture, stress conditions and working styles. European Journal of Criminology, 10, 2013.

4. Tudela, Patricio. Cultura policial y control interno. Revista de Estudios Policiales, Núm. 7. La Academia Superior de Estudios Policiales, 2010, Chile.

5. Hernández Morón, Adriana. Estudio del clima organizacionalen la policía nacional. Tesis. Universidad Católica Andrés Bello, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 2005, Venezuela.

6. Silva, Carlos. Policía, encuentros con la ciudadanía y aplicación de la ley en la ciudad de Nezahualcóyotl, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2011, México.

7. Sabet, Daniel y Eric Olson. Régimen disciplinario de la policía federal. En: Szekely, Miguel (coord.). Sistema integral de desarrollo policial: la construcción de una policía profesional en México. Centro de Investigaciones y Estudios en Seguridad, 2012, México.

8. Szekely, Miguel (coord.). Sistema integral de desarrollo policial: la construcción de una policía profesional en México. Centro de Investigaciones y Estudios en Seguridad, 2012, México.

9. Suárez, M.E. (2002). De estómago, de cabeza ; de corazón: Un acercamiento antropológico a los mundos de vida de los policías en Guadalajara, México. (Tesis doctoral), Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España.

10. Orr, Marion and Darrel M. West. Citizen Evaluations of Local Police: Personal Experience or symbolic attitudes? En: Administration & Society, 2007 38: 649.

Fuente: Ciencia UANL  - Revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León

Saludos @MarioMeneses_

Seguro Social del Elemento de Seguridad.


Mi verdadero salario!!!

Seguro Social del Elemento de Seguridad

Es una practica común que las empresas de seguridad llamadas “patito” estén ofreciendo seguro social con un sueldo menor al que se devenga, esta mala practica se realiza hasta con las empresas de firma reconocida, pero las “patito” que se mantienen sin registros en la mayoría de las ocasiones dan de alta al elemento de seguridad para confirmar con el empleado su compromiso de dar las prestaciones sociales, pero al cabo de unos meses lo dan de baja sin que el empleado se de cuenta, hasta que requiere de los servicios del IMSS por necesidad de un familiar directo, en cambio otras empresas ni siquiera les dan seguro, ya que se aprovechan de la situación de los solicitantes, los cuales carecen de documentos oficiales (cartilla, certificado de estudios etc),  justificandoles que si les van a dar su seguro social, pero después de un par de meses, les comentan que “si quieren trabajo la condición es esa, ya que en otro trabajo esos son requisitos indispensables o prefieren quedarse sin trabajo”.

Como verán la gran manipulación que se da con los elementos de seguridad es muy variada, algunas empresas están etiquetadas con un mejor salario, por ejemplo,  pagan unos doscientos o trecientos pesos mas pero no te dan seguro, y lo peor que sucede es, que el buscador de empleo lo acepta antes de entrar a trabajar, sin que eso sea una dificultan o imposibilidad de las empresas al realizar las contrataciones, ya que hay miles de personas con necesidad de un empleo, aceptando las condiciones que le impongan, personas con antecedentes penales, personas sin profesión o sin trayectoria laboral o personas que no pueden pasar los controles de confianza  (antidoping, test de personalidad y destreza etc) en empresas de seguridad reconocidas.

Amigo empresario y publico en general si ustedes son victimas de estos abusos por parte de pseudoempresas  de seguridad privada que defraudan a los desempleados y que lucran con los marginados. Denuncien estos abusos laborales a la Comisión Nacional de Seguridad o autoridades correspondientes.

La Secretaría del Trabajo ha detectado incongruencias en el reporte de salarios al IMSS, por lo que iniciará verificaciones en las empresas.

Entre dichas obligaciones de las empresas, que se establecen en la Ley Federal del Trabajo, se encuentran las siguientes:

  • La relación contractual: Se debe contar con la documentación correspondiente que formalice la relación de trabajo: contrato a prueba, de capacitación inicial, por temporada, etc.
  • La forma de contratación: Se refiere a la institución que contrata al trabajador, ya sea por outsourcing o directamente a través de la empresa solicitante.
  • Las prestaciones o derechos: Los conceptos a los que tengan derecho los trabajadores:seguridad social, fondo de vivienda, vales de despensa, vacaciones, utilidades, aguinaldo, etc.

 

Saludos

@MarioMeneses_

Técnicas para vencer a un Detector de Mentiras


8 técnicas para vencer a un detector de mentiras

Se ha escrito mucho acerca de la moral y ética al mentir.  ¿Será cierto que las mentiras son un “engrasante social”? Entre otros aspectos, podemos distinguir las mentiras blancas de las no tan blancas; y el esconder algunos hechos contra “inventar cuentos” abiertamente.  No es fácil dibujar una línea concluyente entre el bien y el mal.

cómo mentir mejorPero, ¿Es necesario decir siempre la verdad? Todo depende;  Si la verdad puede resultar cruel para quien hablas, o si puede crear un conflicto irresoluble, es posible que “obviar algunos detalles” sea una opción. Por supuesto que si mentimos con mucha frecuencia para tapar las embarradas que conscientemente hacemos, no sólo es totalmente falto de ética, puede llegar a ser ilegal.

De cualquier forma, puede haber momentos en los que esté plenamente justificado que mintamos.  Y tal justificación dependerá completamente de la conciencia de cada quien;  de ninguna manera aprobamos el uso de este conocimiento para fomentar actitudes y situaciones perniciosas o perjudiciales para quienes te rodean. ¡Eres absoluto responsable de tus actos!

- Mi mejor recomendación es aprender a ser honesto todo el tiempo. Este esfuerzo se traduce no sólo en prevenir los conflictos, sino actuar como una mejor persona en todo sentido; también lograrás crear una reputación de credibilidad.

- Analiza si mentir va a ser absolutamente necesario. De ser así, trata de tomar la iniciativa en la conversación diciendo sólo parte de lo que te implica.  Los mentirosos nunca hablan primero, así que sacar el tema a colación de manera proactiva suavizará en gran medida a tu interlocutor. No trates de verlo como una conversación ocasional, sino más bien como una confesión de algo que te pesa mucho. Despierta la empatía en tu posible acusador.

- Debes convencerte que la historia que vas a forjarte es real. No basta con aprendérsela de memoria; tienes que hacer un repaso mental de la “experiencia” que vas a imprimir en tu mente. Esto tiene un doble beneficio: primero, relatarás la anécdota de una manera más natural y será mas fácil prevenir inconsistencias en tu relato.

- Pase lo que pase, trata de no desviar tu mirada directamente hacia abajo; esto es muy común al mentir, y puede ser un indicio expreso para cualquier persona, inclusive si no tiene entrenamiento en detección de mentiras.

- Controla por completo los movimientos de tus manos. Evita a toda costa los manipuladores , y por ninguna razón te toques la cara, orejas, cuello, etc.  Generalmente las personas que simplemente relatan un suceso de memoria, no presentan estos gestos.

- Mantén una actitud conversacional casual. A menos que te lo pidan expresamente, no es necesario ver a la gente a los ojos.  Recuerda que los mentirosos miran fijamente para ver si su mentira es creída.

- No te desesperes si tienes que pensar tus respuestas. Eso nos pasa a todos, inclusive si tenemos que contestar preguntas muy triviales (por ejemplo, qué ropa nos pusimos ayer).

- Mantén la complejidad de tu historia bajo mínimos. Trata de adornar lo menos posible.  Mientras más detalles menciones, más tendrás que justificar luego.

- Ante una acusación, las personas inocentes pueden tornarse agresivas, hacer fuertes réplicas y (al calmarse) tratar de cooperar lo más posible para demostrar su inocencia. ¿Puedes tú reaccionar así a conciencia?

Recuerda, nunca mientas a funcionarios públicos, a la policía, a tu doctor o tu abogado.  ¡Me imagino que tu sentido común es suficiente para saber por qué!

Fuente: Universidad Corporativa Fundación Lenguaje Corporal.

Saludos

@MarioMeneses_